¿Legítima defensa?

A raíz de un lamentable suceso en el que se declaró culpable de homicidio a un ciudadano que a su vez fue víctima de robo con fuerza e intimidación, dentro de su hogar; las redes sociales se han inundado de comentarios solidarios y, al parecer, la presión ha sido tal que el Ministerio Público está procediendo a retractarse y, bastante ridículamente, pedir la anulación del proceso penal que ellos mismos instaron y ganaron.

En un país donde la inseguridad jurídica campea a sus anchas (donde un kilo de cocaína se convierte milagrosamente en talco) no es de sorprenderse, claro, pero no deja de ser preocupante que en el nivel social con mejor preparación académica y cierto grado de intelectualidad el debate se centre en puras emotividades y apreciaciones subjetivas alejadas de toda noción de Derechos Humanos y del Derecho mismo. Más lamentable es el hecho de que muchos de los comentaristas sean Abogados, supongo que para granjearse simpatías y popularidad, porque no me atrevo a asumir su ignorancia.

Conviene comenzar diciendo que la defensa legítima NO HACE DESAPARECER el ilícito cometido sino que permite eximir de la responsabilidad criminal o atenuar la pena al autor, NO ES UNA JUSTIFICACIÓN LEGAL para actuar en contra de la ley penal. Matar a una persona es siempre un homicidio, independientemente de que esa persona sea un ladrón o un ciudadano honrado. Por otro lado, para que tenga cabida la legítima defensa, debe ocurrir como respuesta inmediata ante una acción agresiva e ilícita que de forma expresa, inminente y factible ponga en riesgo los bienes jurídicos (propios o ajenos) tutelados por la Ley; la inmediatez de la respuesta y la inminencia del peligro para la vida del que se defiende son fundamentales para lograr una eximente completa en un caso de homicidio como el que comentamos.

Concretamente, en Nicaragua el numeral 4 del artículo 34 del Código Penal establece los requisitos para configurar una defensa legítima que son:

  • Agresión ilegítima; en caso de defensa de los bienes se considerará agresión ilegítima, el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de agresión ilegítima a la morada y sus dependencias, se considerará la entrada indebida en una u otras;
  • Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión;
  • Falta de provocación suficiente por parte del defensor.


Según los detalles del caso que han brindado los distintos medios de comunicación, el ciudadano declarado culpable de homicidio logró matar a uno de los ladrones cuando este se disponía a retirarse del lugar de los hechos, alcanzándole con un disparo por la espalda y otro disparo más cuando el ladrón yacía herido en el piso. Veamos la versión del diario "La Prensa":

Los delincuentes primero entraron a una habitación donde tomaron supuestamente dinero, luego Altamirano Hernández entró al cuarto donde estaba el acusado con otro familiar y su sobrino, y les dijo que era un robo y le dieran sus celulares; estos se los entregaron y el delincuente salió del cuarto para ayudarle al otro a cortar un cable con una tenaza para poder llevarse un televisor, momento que aprovechó el acusado para sacar su arma que estaba debajo de la almohada.

“Cuando el ahora occiso voltea hacia donde están ellos, el procesado le dispara en el cuello y este da la media vuelta para retirarse, pero cae inmediatamente boca abajo en el piso, momento aprovechado por el procesado García para realizarle otro disparo por la espalda”, según acta de juicio.

El otro delincuente salió huyendo del lugar y aunque el procesado le disparó dos veces, no logró darle, según la Fiscalía.

El disparo en el cuello perforó el esófago, lesionó la carótida, la yugular y fracturó la primera y segunda cervical y el sujeto murió instantáneamente, según declaró en el juicio Néstor Membreño, médico forense.

Según ese relato el occiso y su acompañante (los ladrones) en ningún momento pusieron en riesgo la vida del defensor, sino que se dieron a la tarea de continuar robando, que era su objetivo original. El segundo disparo era absolutamente innecesario. De este modo, si nos atenemos a la "legítima defensa" vemos que la misma no debería prosperar, en estricto Derecho, salvo que como atenuante o eximente incompleta. Como complemento a esta interpretación jurídica podemos ver que cuando se arguye un "estado de necesidad" (numeral 5 del mismo artículo) el mal causado no puede ser mayor que el que se trate de evitar.

Cabe detenerse un momento a reflexionar y sopesar los bienes jurídicos en juego: cuando lo que está en peligro es tu vida o la vida de otra persona, podés actuar en contra de la vida del agresor… si lo que está en juego es simplemente un bien material, NO. El derecho a la vida de cualquier ser humano es un bien jurídico superior y eso tiene que estar bien claro. Si a alguien sirve de consuelo, el desprecio por la vida humana de un delincuente no es exclusivo de los nicaragüenses, en otros países se organizan verdaderas cacerías humanas… en Brasil, por ejemplo, hace poco tres niños fueron asesinados luego de que supuestamente intentaran asaltar un vehículo y es también conocida la carnicería humana decretada en Filipinas.

Para no extender demasiado esta nota, cabe decir que la defensa jurídica del procesado no radica en una legítima defensa, como ha sido visto, sino que, muy probablemente habría prosperado basada en dos causales, también eximentes de la responsabilidad penal, que están contenidas en los numerales 2 y 6 del mismo artículo 34 (que es lo que la gente intuye en este caso concreto); la primera relacionada con el estado de perturbación que obviamente provoca ver a dos desconocidos, presuntamente armados, robando dentro de tu casa y la segunda consistente en el miedo insuperable causado por la incertidumbre en cuanto a las posibles siguientes acciones de los delincuentes. Es menester decir que las causales no son aplicables arbitraria o antojadizamente y varían de caso en caso, dependiendo de las condiciones personales y habilidades de los involucrados; no te recomiendo creer que siempre podés matar a un ladrón impunemente.

El Abogado defensor erró en su cálculo de lograr convencer al jurado que, para mi sorpresa, ha actuado en estricto apego al espíritu de la Ley. Cualquier Abogado con mediana experiencia sabe que estos casos es mejor ventilarlos en un juicio técnico, para poder contar con los recursos correspondientes en caso de una sentencia desfavorable. Ahora todo el sistema entra en un juego absurdo de ilegalidades para ganar legitimidad.

La actual solicitud de nulidad impulsada por el Ministerio Público tampoco tiene asidero jurídico aparente, habrá que esperar para ver con qué número continúa la triste función circense. Lo "bueno" es que el público está contento y aplaude muy alegremente convencido de su "poder". La institucionalidad y la seguridad jurídica de este país hace rato fueron debidamente sepultadas, una palada más de tierra o una menos no harán mucha diferencia y no podemos aspirar a mucho, pensando y actuando como lo hacemos y con la calidad de profesionales del Derecho que nos gastamos.

 

Editorial: El derecho a la protesta no es ilegal en Nicaragua

El sábado 22 de abril, del presente año 2017, el gobierno de Nicaragua por medio de la Policía Nacional una vez más ha obstaculizado el ejercicio del derecho ciudadano a la movilización pública. La marcha número 87 de los ciudadanos afectados por la Ley 840, y otros ciudadanos nicaragüenses que les apoyan desde distintos lugares de nuestro país, logró ser casi completamente desmontada mediante el despliegue de fuertes contingentes de tropas antimotines que obstaculizaron las vías de acceso a la ciudad de Juigalpa.

En una nota de prensa hecha circular entre los medios de comunicación la Policía Nacional afirma que los días 21 y 22 de abril del 2017 "personas identificadas como miembros del denominado Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía provocaron graves alteraciones al orden público, obstaculizando el derecho constitucional a la libre circulación", afirmando además que la "denominada marcha número 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales".

Nota de Prensa 06-2017 Policía Nacional de Nicaragua

Más allá de que las innumerables pruebas documentales (fotografías y videos) y testificales demuestran fehacientemente que quien obstaculizó la libre circulación de la ciudadanía en las fechas indicadas fue la misma Policía Nacional, es incoherente y hasta abiertamente ilógico que se incurra en la violación de un derecho humano, constitucional, para supuestamente salvaguardar otro. La Constitución Política de la República de Nicaragua, en los artículos correspondientes dice:

Artículo 53 Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.

Artículo 54 Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

Se hace necesario destacar que cuando el precitado artículo 54 constitucional dice "de conformidad con la ley", de ninguna forma quiere decir, o puede interpretarse como, que alguna ley o autoridad puede válidamente impedir el ejercicio del derecho que esa misma norma suprema ha dejado establecido, sino que la concentración, manifestación y movilización pública deben estar enmarcadas en lo que nuestro ordenamiento jurídico considera lícito, concretamente nuestra legislación penal tipifica los delitos de motín y rebelión que implican el uso de la violencia y la alteración del orden público con el fin de romper el orden constituido.

La Policía Nacional omite decir, en su Nota de Prensa, que la información acerca de la marcha número 87 vino de la propia dirigencia del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, mediante carta que contiene el sello y firma de recibido correspondientes:

Solicitud de acompañamiento a la marcha 87

A la vista del documento antecedente, de conformidad con la Ley 872 (Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional), las autoridades policiales estaban obligadas a garantizar al petente "el libre ejercicio de sus derechos", estableciendo en conjunto con él los "horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales" que garantizaran el mantenimiento del orden público y previnieran la comisión de cualquier posible delito o se alterara la normal convivencia de la población. Esto es lo que literalmente dice la Ley 872 al respecto:

Art. 7 Funciones: Para el cumplimiento de su m1s1ón constitucional, la Policía Nacional, desempeñará sus funciones generales en los siguientes ámbitos:

1) En el ámbito de prevención y seguridad ciudadana y humana. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a garantizar la vida, la seguridad e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus derechos, el mantenimiento del orden público y la prevención de los delitos, estas funciones son:

p) Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas.

A la luz de los documentos y las disposiciones legales citadas podemos apreciar que la Policía Nacional no sólo ha incumplido la ley, sino que ha actuado abiertamente en su contra, incurriendo por enésima vez en abuso de su autoridad para reprimir a un grupo de ciudadanos nicaragüenses que se aproximaron solicitando correctamente la tutela de un derecho constitucional que les asiste .

Los miembros de Propuesta Ciudadana nos solidarizamos con la lucha justa y válida que promueven los pobladores de las zonas que han sido afectadas directamente con la Ley 840 e instamos una vez más al gobierno de Nicaragua para que se abstenga de manipular las leyes de nuestro país para tratar de justificar medidas represivas, ilegales e injustas en contra de quienes no estamos obligados a someternos a sus arbitrariedades y desatinos.

La única forma civilizada y conveniente de resolver los problemas es la negociación y el diálogo, sólo acudiendo a estos mecanismos democráticos es que podremos garantizarnos la estabilidad y la paz social, que son indispensables para poder aspirar al desarrollo humano sostenible que nuestro pueblo merece.

Nicaragua en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía

El Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI por sus siglas en inglés), realizado por el International Police Science Association (IPSA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), es un proyecto que según sus autores intenta, en primer lugar, medir el desempeño de los proveedores de seguridad en los cuatro ámbitos de la seguridad interna: capacidad, proceso, legitimidad y resultados. En segundo lugar, ver cómo estos dominios se relacionan entre sí y, finalmente, dar seguimiento a las tendencias en estos dominios a lo largo del tiempo, para así informar el trabajo de las agencias, investigadores y profesionales de la seguridad en el campo de la paz y los estudios de los conflictos.

En el reporte correspondiente al año 2016 Nicaragua ocupa el puesto número 99 entre 127 países estudiados, reflejando los siguientes datos:

En este ranking los primeros diez lugares los ocupan mayoritariamente países europeos, aunque el primer lugar correspondió ocuparlo a Singapur y Australia se ubicó en la sexta posición:

  1. Singapur – 0.8978
  2. Finalndia – 0.8637
  3. Dinamarca – 0.8594
  4. Austria – 0.8499
  5. Alemania – 0.8475
  6. Australia – 0.8413
  7. Holanda – 0.8405
  8. Noruega – 0.8315
  9. Suecia – 0.8300
  10. Suiza – 0.8250

 

En la región centroamericana las posiciones se distribuyeron así (el segundo dato, a manera de fracción, es la posición dentro del ranking global):

  1. Panamá – 73/127 – 0.5514
  2. El Salvador – 86/127 – 0.4965
  3. Costa Rica – 87/127 – 0.4949
  4. Nicaragua – 99/127 – 0.4528
  5. Guatemala – 107/127 – 0.4260
  6. Honduras – 116/127 – 0.3989

 

Para entender por qué, por ejemplo, El Salvador aparece mejor ubicado que Nicaragua, pese a la percepción negativa que se tiene en cuanto a los niveles de violencia en ese hermano país, vale la pena leer una aclaración importante que realizan los autores de este proyecto:

"El WISPI no debe considerarse como una medida del nivel de "seguridad interna" a nivel de país. Más bien, el índice apunta a medir la capacidad del aparato de seguridad dentro de un país para responder a los desafíos internos de seguridad, tanto ahora como en el futuro. A efectos del índice, el término «aparato de seguridad» se refiere predominantemente a la policía, aunque varios indicadores también se refieren a la capacidad de los militares, el sistema judicial y el sector privado para abordar cuestiones de seguridad interna. Esto significa que un país que actualmente no tiene muchas cuestiones de seguridad interna, o se basa en la aplicación tácita en lugar de explícita, puede tener una clasificación peor que un país que tiene más problemas, pero también ha dedicado más recursos policiales a mantenerlos contenidos".

Podés visitar el sitio oficial del WISPI siguiendo este enlace.

Accidentalidad y Transporte Urbano Colectivo – Entrevista

Para conocer la visión de los distintos sectores de la sociedad nicaragüense involucrados en problemáticas específicas, en Propuesta Ciudadana hemos decidido comenzar un proceso de conversaciones, a manera de entrevistas, con representantes de dichos sectores. En nuestra organización consideramos que, más allá de la denuncia y la protesta, es necesario que la ciudadanía converse y genere propuestas de solución a los problemas que afectan el diario vivir, la convivencia pacífica y, finalmente, nuestro desarrollo social.

Para dar inicio a estos procesos de diálogo ciudadano decidimos abordar el tema de los accidentes de tránsito, que desgraciadamente vienen creciendo en número y gravedad en nuestro país. Jenny Rodríguez conversó con el Presidente de la Cooperativa Colón, para conocer su visión del asunto.

Según las estadísticas, los accidentes que involucran a buses del servicio de transporte urbano colectivo son relativamente pocos, pero suelen ser los que más llaman la atención mediática, ¿a qué cree usted que se debe esto?

Bueno, quizás se pueda dar porque, nosotros consideramos que, hay personas que quieren de alguna manera a través del sector transporte golpear al gobierno, porque el gobierno siempre, además de la renovación de la flota, ha tratado de hacer un cambio en el sistema del transporte, ya que éste se encuentra regido, supervisado, regulado a través del IRTRAMMA que corresponde a la alcaldía de Managua, por ende, al gobierno. Pero si nosotros observamos, hay otros sectores como las motos, que se ven involucrados a diario, no solamente una ni dos motos, sino que hay un sinnúmero de conductores de motos que manejan en una actitud bastante temeraria.

Todos en general, como parte del estrato social de este país, necesitamos una campaña fuerte para que los conductores cambien de actitud en cuanto al manejo se refiere. También hay otras situaciones que nosotros observamos y por eso decimos, que a veces el sector transporte siente que va dirigido, cuando los medios de comunicación hacen ese tipo de ataque, porque aquí si miramos la señora del lado del Caribe, que verdaderamente con ventaja, alevosía, del susodicho ese pastor, la amarraron y la tiraron a quemarse, la señora lamentablemente falleció, uno o dos días comentaron el fallecimiento de la señora, sin embargo, esto es un asesinato, prácticamente, y ese problema como que lo tocan muy poco los medios de comunicación, simplemente por el hecho de que están metidas grandes iglesias de este país en la parte evangélica, entonces, es necesario que aquí todos, como dicen, seamos criticados de manera constructiva y por igual.

¿Qué tan cierto es que la mayoría de miembros de las de las cooperativas de transporte ya no conducen sus autobuses?

Sí, recordemos que las cooperativas datan de los años ochenta, en los años ochenta una persona que adquirió una unidad de transporte para la subsistencia de su familia, a estas alturas, si esa persona tenía 25 años, ya hoy tiene 60 años, sesenta y pico de años, ya padecen de algunas enfermedades, como la diabetes, en fin, múltiples enfermedades y verdaderamente ya no tienen la capacidad física como para conducir las unidades, entonces, ya hoy en su mayoría son conducidos por familiares, hijos de socios y algunos particulares, en el caso de los socios que no tienen familia o hijos que les conduzcan las unidades.

¿Existen requisitos especiales para que un conductor de autobuses sea contratado para manejar una ruta de bus o buses interlocales?

Bueno, eso más bien diría yo que lo da a conocer la ley de tránsito, las autoridades competentes del tránsito nacional, porque la ley es bien clara, ahí dice que toda persona tiene que ser mayor de 25 años para poder conducir un autobús, en este sentido, nosotros como sector hemos planteado inclusive, y no sólo a este gobierno, a gobiernos anteriores, que a través de tránsito se hiciera un colegio, una escuela, donde se capacitaran conductores para éste tipo de servicio, y que llevara algunos requisitos, como que fueran bachilleres, por poner un ejemplo, uno de los requisitos sería que fueran bachilleres, para que tuvieran algún grado académico y que a través de su grado académico tuvieran la capacidad de darle un mejor trato al usuario, sin embargo, ha sido en vano nuestro planteamiento, quizás ahora que va en aumento esta situación las autoridades le pongan un poco de mente a esto.

También debemos recordar que el parque vehicular en Managua ha crecido enormemente, la cantidad de vehículos que circulan en la capital, a diario, ya rebasa prácticamente la infraestructura que tiene la red vial de Managua, los autobuses no tienen las debidas condiciones en lo que son las bahías, las paradas. Si una unidad se mete a una bahía, hay poca cortesía de parte de los vehículos particulares, no se dan cuenta de que un autobús lleva 50 a 60 pasajeros, y todos quieren llegar (esos pasajeros, esos usuarios) quieren llegar a su trabajo, y talvez en un vehículo particular sólo va uno, y no somos capaces de darle esa cortesía al autobús para que salga de esa bahía, que esos pasajeros que lleva transportando también puedan cumplir con su horario de trabajo.

¿Las cooperativas brindan algún tipo de formación o capacitación a sus conductores?

Esto da pesar a veces, cuando nosotros como transporte, por qué no decirlo, la policía de tránsito, hacemos esfuerzos para estar brindando seminarios a los conductores con que contamos actualmente, estos seminarios los hacemos cada año, ahorita se encuentran taxistas, se encuentran conductores de buses de transporte urbano colectivo, pasando seminario en tránsito nacional, refrescando, como dicen, un poco, los conocimientos de lo que es la ley de tránsito. También haciéndoles tomar conciencia a los conductores de que lo que transportan son personas, son seres humanos y que cada accidente que ocurre en los autobuses que circulan en la capital para nosotros es lamentable.

Démonos cuenta de que no solamente sufre la familia de las personas que se ven afectadas en accidentes, sino también sufren la familia de los conductores, porque tienen hijos, tienen padres, tienen familiares que tienen que mantener y si estos por motivos de accidente tienen que ser condenados, porque hay conductores que han sido condenados y talvez van a parar 4 o 5 años a la cárcel, su familia que dependen de él quedan en una situación también difícil, entonces tenemos que sopesar las dos partes, sabemos que una vida humana no se repone y por eso nosotros como sector sí lamentamos las personas que fallecen en estos accidentes.

¿Qué tipo de comunicación mantienen las cooperativas con las autoridades de tránsito o de transporte para evaluar el desempeño del transporte público?

Sí, nosotros mantenemos una comunicación fluida con ambas autoridades, tanto las que nos regulan como las autoridades de tránsito, como repito, reitero que con las autoridades de tránsito siempre estamos en conjunto haciendo esfuerzo para capacitar a los conductores, darle seminarios a los conductores, y si es el IRTRAMMA también aplica la ley, aquí los autobuses diario, en las diferentes cooperativas, en las diferentes unidades, son multadas por irregularidades que cometen sobre las rutas. Entonces lo que pasa es que son acciones que no se dan a conocer en los medios de comunicación, ninguno de estos esfuerzos los medios de comunicación se preocupan por darlos a conocer, solamente se enfrascan en dar a conocer la parte negativa.

¿Existe en la actualidad algún proyecto para mejorar el servicio de transporte público o renovar la flota de buses?

Bueno, nosotros hemos escuchado a través de algunos organismos como los de Defensa al Consumidor, hay otras personas que han salido en los medios de comunicación diciendo algunas, inquietudes que dizque plantea la población: que tal vez nosotros exigimos un tiempo demasiado corto para que las unidades den la vuelta por cada ruta de las que existen en Managua, por ejemplo, mencionaba el INDEC que en una vuelta una Unidad recorre 120 km en 1 hora y 45 minutos, eso no es cierto, es negativo.

Son números que no sé de dónde los sacan, son personas que se ponen a hablar sin tener los números técnicos, la 114, por poner un ejemplo, es una de las rutas más largas de Managua, que circula de polo a polo Managua, y tiene apenas 44 km la vuelta completa, y la recorre en 2 horas y media, no en 1 hora 45 minutos y no son 120 km, 120 km estamos hablando como que fuera a Chichigalpa, al Occidente, es absurdo, entonces, también decían que las unidades apenas están cumpliendo 4 años y que están totalmente ya destruidas, si hay unidades que ya prácticamente necesitan de su renovación, y el Gobierno está consciente de eso, está trabajando en eso, en continuar renovando la flota, porque los buses rusos ya cumplieron 8 años, no 4.

Entonces un bus de esos en este país, prácticamente la vida útil vence en 8 años, no 25 como decía el del INDEC, 25 años tenían las unidades amarillas, porque aparte de prestar un servicio siendo nuevas en los Estados Unidos, todavía las traíamos a Nicaragua y venían a prestar un servicio de 10 a 15 años, entonces ahí si prestaban un servicio de 25 años, ya unidades que prestaban condiciones, sin embargo estas, las unidades DINA si tienen 4 años, su vida útil es de 8, no tienen el mismo deterioro de los buses rusos, no es cierto.

Rrecordemos también que tanto el gobierno como el transporte hacen el gran esfuerzo para que la ciudadanía, los usuarios de Managua se transporten con un pasaje social, como dice el gobierno, a C$2.50, que me mencionen un país de la región centroamericana, aquí nomás tenemos a Costa Rica, vemos Panamá, allí el costo del pasaje es caro, claro que todo es relativo ya que los salarios son mejores, pero eso no es culpa del sector que los salarios estén bien bajos, sin embargo, hacemos esos esfuerzos, hace esfuerzo el gobierno en garantizar el subsidio, y los medios de comunicación a veces plantean como si el subsidio es ganancia del socio de la unidad, y no es cierto, eso es para darle hasta cierto punto mantenimiento a la unidad, pagar todo lo que conllevan las obligaciones de esa unidad, llantas, pago de conductor, comida del conductor, lavado, mantenimiento de lubricantes, etc. Hay un sinnúmero de ítems, de repuestos, que el socio debe cumplir para mantener activas estas unidades.

Eentonces, sí existen proyectos para hacer cambio a estas unidades, pero bueno, esas son las autoridades, en este caso el gobierno central, que van a dar a conocer en su momento cuando lo va a hacer, porque, gracias a Dios, eso sí, nosotros agradecemos de gran manera a este gobierno que nos dio la oportunidad de renovar la flota cuando los bancos no confiaban en el sector transporte, que nosotros sí podíamos pagar las unidades, y hasta el momento demostramos que sí podemos pagar las unidades a pesar de algunas dificultades que tenemos como sector.

¿Qué piensa usted de la idea de crear un tribunal especializado en asuntos de tránsito como multas, accidentes, etc.?

Yo creo que, en vez de actuar inquisitivamente, lo mejor sería invertir desde los centros de educación, propaganda que venga alusiva a mejorar lo que es la educación vial, en vez de estar imponiendo multas que únicamente conlleva a quitarle parte de la comida de una familia. Démonos cuenta que si un conductor a la hora que lo multan con 4 mil, 3 mil, mil pesos, esos 1000, 1500 pesos ya no llegan a la familia, al sustento de esa familia, entonces, además otra cosa, creo que oigo mencionar que en ese tribunal van a haber personas que no van ser parte de la policía, ser civiles, entonces todo va a depender de la capacidad que tenga esa persona para participar en ese tribunal de tránsito. Creemos que eso no va a venir a resolver el problema. La red vial de Managua está demasiado saturada, bastante saturada.

¿De qué forma podría lograrse que se amplíen los horarios del servicio público en Managua?

Recordemos que este tema es un poco complejo, cuando digo que es un poco complejo porque, casualmente ahorita nos encontramos llevando a cabo lo que es la cobertura en la salida de los estudiantes de la UCA, que son los que entraron, nos hemos venido dando cuenta, nosotros pusimos veinte y pico de unidades, a la disposición, parqueadas ahí en las universidades, sin embargo, se ocupó la mitad el primer día, el segundo día, de esa mitad que se ocupó aun así salieron alrededor de unas 5 unidades más, que llevaban cuatro pasajeros, cuatro pasajeros son diez córdobas, por eso es que digo que es complejo, diez córdobas no es ni siquiera lo que gana el conductor, por prestar ese tipo de servicio, ese conductor ya va a regresar después de las diez de la noche, hay que pagarle taxi o va a pagar el taxi, es un conductor que va a llegar a su casa como a las once de la noche, va a regresar a las cuatro o cinco de la mañana, entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta si conviene o no conviene, debemos también de revisar que eso es parte de la seguridad, y aquí debemos estar los diferentes actores: policía, para brindar la seguridad tanto de las unidades como de los conductores y como del usuario mismo, y ver la posibilidad de existir un pasaje diferenciado, que pueda corresponder a los gastos que va a incurrir esa unidad después de las 10 de la noche.

¿Qué opina usted de la idea de implementar reductores electrónicos de velocidad en las unidades de transporte público?

Bueno, aquí se ha venido implementando ya, por poner un ejemplo, los semáforos inteligentes, los buses ya no cuentan con ayudantes y ahora cuentan con barras electrónicas, y ese es un sistema que podría funcionar, como repito, siempre y cuando tuvieran las unidades del servicio público condiciones sobre las vías. Hay muchos países que le destinan un carril, el carril totalmente de la derecha, sólo para circulación de las unidades, entonces la unidad no tiene la necesidad de caer en un manejo temerario, por qué, porque ahí se echa a andar el sistema de las barras electrónicas, ahí el ente regulador podría echar a la práctica en ciertos tramos aplicar a qué velocidades, por decir algo, de las Mercedes a la Siemens, el rango de velocidad es tanto, de la Siemens a la Róbelo, tanto, sobre el bypass, tanto y el que se pase de esas velocidades ahí está el ente regulador que aplique la ley.

Otro de los aparatos que podría funcionar, que se está trabajando en poner a las unidades, llega a una parte, a veces se piensa que dotar de algunos sistemas las unidades es tan sencillo, ahí son costos económicos, los GPS también darían buen resultado, pero que todas las unidades en su totalidad anden esos GPS, porque a través de una pantalla gigante en una base de datos que mantiene el IRTRAMMA porque sí, ya está hecho el montaje de esa pantalla donde van a haber operadores que van a estar revisando el funcionamiento de todo el sistema del transporte colectivo de Managua, y todas aquellas unidades que no cumplan los rangos de velocidades, que se salgan fuera de la ruta, que se pasen los semáforos en rojo, etc. Vendría a mejorar bastante lo que es el problema del manejo temerario de las unidades.

¿Tiene usted alguna otra idea concreta que podría ser de utilidad para mejorar el transporte público en Managua?

Bueno, todos estos planteamientos que te he venido haciendo no solamente son planteamientos que los ha puesto el gobierno central, como vial, porque si algo ha tenido el gobierno es el diálogo y el consenso, y todos estos proyectos, todas estos sistemas que se les han puesto a las unidades verdaderamente son consensuados con el sector de transporte, son planteamientos que también hace el sector transporte.

Así como te mencionaba de la escuela de educación de conductores para el sistema de transporte urbano colectivo, otro de los planteamientos que hemos hecho es también en vez de estar, diría, haciendo aplicaciones de algunas multas fuertes, que mejor formáramos también una base de datos de los conductores, esto lo puede hacer tránsito, lo puede hacer el IRTRAMMA, nosotros lo podríamos hacer pero quizás no va a tener la suficiente confianza porque van a decir que somos juez y parte, pero si una cooperativa, ejemplo, una vez que existiera una base de datos en cualquiera de las dos instituciones y una cooperativa despide por una irregularidad grave a un conductor, que sea reportado a esa base de datos, para que cuando ese conductor llegue a buscar trabajo a otra cooperativa, tiene que pedir la información, que sea un requisito sine qua non pedir la información, ya sea a tránsito o al IRTRAMMA, de cómo está ese conductor, si fue despedido por alguna irregularidad, o lo reportaron que se fue por su espontánea voluntad, pero que es un buen conductor, entonces al final va a ser tránsito o el instituto quien va a dar el OK para contratar al conductor, esa puede ser una de las alternativas, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a decir, como sector, que solamente tenemos blancas palomas, pues no es cierto, hay conductores que si verdaderamente caen en cierto maltrato a los usuarios, pero tampoco se puede generalizar a todos.

Los malos conductores son un buen indicador de corrupción gubernamental

Tráfico en Managua

Los accidentes de tránsito matan a 1,25 millones de personas por año, y es bien sabido que esas muertes son desproporcionadas en los países de ingresos bajos y medianos. Mas en CityMetric el escritor James O'Malley ha añadido un matiz interesante, mostrando una correlación entre el número de muertes de tránsito en un país y la corrupción de su gobierno.

A modo de ejemplo utiliza Rumania, un país de ingresos medios que recientemente ha iniciado la lucha para erradicar la corrupción. Sin embargo, un mejor ejemplo podría ser Tailandia, que tiene la tasa más alta de muertes de tránsito en el mundo y donde la corrupción se escurre entre acuerdos comerciales internacionales, o Irán, que tiene casi tantas muertes y donde la presión de las sanciones han dado lugar a esquemas que mueven miles de millones de dólares.

Es fácil mirar cínicamente en una gráfica como esta y pensar: "la correlación difiere". Pero O'Malley está lejos de ser la primera persona en hacer esta observación. De hecho, los investigadores académicos y gubernamentales han escrito numerosos artículos que tratan de explicar la relación entre los accidentes de tráfico y la corrupción. Sus conclusiones no son uniformes, pero en conjunto presentan un caso convincente de que existe una conexión real entre los dos fenómenos.

El único factor que conecta, indiscutiblemente, a la corrupción con la conducción es el ingreso. Las tasas de muertes de vehículos de motor tienen una relación de U invertida con el ingreso. Los países pobres tienen pocas muertes. A medida que se hacen más ricos, las muertes aumentan hasta que el ingreso alcanza un nivel crítico, después de lo cual las muertes comienzan a disminuir de nuevo. Un estudio pone ese punto de inflexión entre $10,000 y $11,000 per cápita (barrera de pago). Como resultado de esta conexión común a los ingresos, las muertes de tráfico y la corrupción estarán siempre correlacionadas de alguna forma.

Pero esa no es toda la historia. La corrupción puede variar independientemente de los ingresos. Un estudio de 2010 encontró que el nivel de corrupción en un país puede moderar o intensificar los efectos de los ingresos sobre los accidentes de tráfico (barrera de pago). La relación no es lineal. Un país pobre con altos niveles de corrupción es relativamente más seguro para los conductores, mientras que un país rico con una alta corrupción tiene las carreteras más peligrosas de lo que debería.

Los autores identifican varias maneras en que la corrupción podría influir en el riesgo de accidentes, como: minar el desarrollo de infraestructura, limitar las oportunidades de progreso económico o desalentar el cumplimiento de la ley. Es esta última la que O'Malley identifica. Hay países donde la policía no tiene el poder o no está dispuesta a hacer cumplir las leyes y, como resultado, los conductores tienden a ignorarlas.

Otro estudio de 2010 encontró correlaciones similares entre gobernanza y muertes de tránsito y, a continuación, pasó a observar los factores culturales (barrera de pago). Ciertos valores culturales, como la autonomía intelectual, se observa que reducen las muertes de tránsito. Otros, como los que tienen una estructura social jerárquica, los hacen más comunes. Se encontró que una buena gobernabilidad es un moderador eficaz de algunos de esos valores que, de otro modo, hacen aumentar las muertes. En los países con gobiernos ineficaces, los efectos culturales negativos tienden a ser más pronunciados.

Ninguna de estas correlaciones puede explicar completamente el mecanismo mediante el cual la corrupción influye en las muertes de tránsito. Sin embargo, numerosos y diferentes análisis, usando diferentes conjuntos de datos, apoyan la idea de que de alguna manera están conectados.

En pocas palabras: Si estás en un país donde todo el mundo conduce por la acera y nadie se detiene en las señales de alto, puedes estar bastante seguro de que el gobierno no está funcionando bien.


En el artículo original podés encontrar los enlaces a las distinitas fuentes y estudios mencionados aquí.

Autor del artículo original Christopher Groskopf

Traducido con la colaboración de Jenny Rodríguez desde Quartz: Bad drivers are a good indicator of a corrupt government