Propuesta de solución negociada a la crisis nicaragüense

Estando nuevamente estancadas las negociaciones ente el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Comité Coordinador de Propuesta Ciudadana ha hecho llegar al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el día 2 de los corrientes, una propuesta debidamente razonada que permitiría poner fin a la crisis en el marco de la constitucionalidad que irónicamente demanda el gobierno, pese a ser el principal violador de la Constitución Política.

Justificación fáctica

Consideramos que Nicaragua sufre una crisis del sistema político en general, por la pérdida de legitimidad de todas las fuerzas políticas tradicionales, que ha enrumbado al país hacia un colapso social que amenaza con destruir nuestra endeble economía. Este colapso, como los anteriores que han ocurrido en nuestra historia patria, puede significarnos la pérdida de un número sustancial de valiosas vidas humanas, más población desplazada, profundas pérdidas económicas, fuertes divisiones de nuestra sociedad, más dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses y arruinar el futuro a las nuevas generaciones.

La pérdida de legitimidad de las distintas autoridades e instituciones del gobierno por sus violaciones flagrantes y constantes a los derechos humanos de la ciudadanía, la destrucción de la institucionalidad del Estado, sometido al control partidario, y la descomposición de los sistemas de representación social, demandan una solución de corto plazo que, además, permita reconocer y subsanar, en el mediano y largo plazos, las pérdidas hasta ahora sufridas.

El estado del sistema político de partidos en Nicaragua es inadecuado e inepto para gestionar nuestra diversidad cultural, social, política y económica, así como para permitir el reencuentro y la construcción de soluciones de largo plazo. La corrupción, falta de credibilidad y la carencia de propuestas viables de solución a la crisis han minimizado a los partidos tradicionales al extremo de ser despreciables para buena parte de la población. Unas elecciones anticipadas no van a corregir nuestro sistema político, siendo más probable que el conflicto se profundice y termine definitivamente en un estallido violento y derramamiento de sangre.

Las viejas y nuevas heridas abiertas por la pérdida de vidas y los traumas personales sufridos por las víctimas de la violencia, exigen que se haga justicia, pero en este momento Nicaragua no cuenta con una sola institución que pueda ser creíble y garantice realmente que haya justicia. Esto tampoco se resolvería con un adelanto de elecciones.

Propuesta de negociación

Estando así las cosas, no siendo admisible para el gobierno la realización de elecciones anticipadas y tomando en cuenta que las mismas tampoco representarían una verdadera solución a la crisis para la inmensa mayoría de nicaragüenses, proponemos reorientar la discusión hacia los siguientes puntos:

1.- La realización de un referendo que permitiría la salida del gobierno actual y el adelanto de elecciones, previos ajustes al Consejo Supremo Electoral (CSE) como lo ha sugerido la OEA el 17 de diciembre del 2017 y fuera aceptado por el gobierno 01 de junio de 2018, asegurando que desde ya en dichos ajustes se incluya la participación ciudadana a través de nominaciones independientes y el voto uninominal. La realización de un referendo es absolutamente constitucional y plenamente factible en las condiciones actuales. El referendo estaría orientado a la abrogación* de las reformas constitucionales contenidas en la ley 854 aprobada en segunda legislatura en el mes de enero del año 2014.

2.- Convocatoria y conformación de una Asamblea Constituyente (para un período 2 años) que nos permita restablecer las salvaguardas democráticas de un verdadero Estado de Derecho, modelar un sistema de poderes balanceados y hasta decidir si conviene continuar con el modelo de gobierno presidencialista o explorar algunas otras opciones.

3.- Gobierno de transición a manera de Junta de Gobierno, nombrado por la Asamblea Constituyente, para un período de 2 años, con una agenda de reconstitución de la institucionalidad, administración del Estado y de facilitación del proceso de elaboración del nuevo Pacto Social Nacional (Nueva Constitución Política) de por lo menos 30 años (2050) para un desarrollo incluyente, integrado y sostenible;

4.- La conformación de una Comisión Nacional para la Justicia Transicional y Restaurativa que atienda los casos presentados por todas las víctimas del conflicto, por la violencia sufrida. Este equipo deberá contar con apoyo internacional en el marco normativo suscrito por Nicaragua.

Base Jurídica

Más allá de que el reclamo del gobierno en cuanto a la inconstitucionalidad de pedir elecciones anticipadas nos parezca y sea cínico, es verdad que la misma ACJD se ha encargado de confirmar en distintas alocuciones que para alcanzar dichas elecciones anticipadas se tendría que reformar la Constitución Política (que establece taxativamente un período de gobierno de cinco años) e incluso modificar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para que esa reforma constitucional se produjera en este mismo año. En cambio para discutir y llegar a los acuerdos planteados por nosotros no es necesario siquiera tocar ningún artículo de la Constitución Política o leyes en general, pues todo está debidamente sustentado en las disposiciones siguientes:

  • Artículos 2, 173 (numerales 1 y 8) 191 y 193 de la Constitución vigente,
  • Artículos 134 y 136 de la Ley Electoral.

La convocatoria a un referendo puede integrar dos preguntas:

  • ¿Está de acuerdo con las reformas constitucionales contempladas en la Ley 854 del mes de enero del año 2014?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se convoque y conforme una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política?

Los detalles a negociar, concretamente, serían:

  • Que el resultado del referendo sea vinculante, establecer los porcentajes mínimos de participación y decisión.
  • Las preguntas del referendo y sus alcances. Si la respuesta a la primera pregunta es NO, por ejemplo, el efecto sería abrogatorio de las reformas constitucionales y el actual gobierno tendría que abandonar el poder sin posibilidades de reelección.
  • Fechas y procedimientos.

Como puede apreciarse, esta propuesta (que es una profundización de la que fuera realizada por nosotros a la Alianza Cívica en el mes de julio del año pasado) ofrece una salida inteligente a la crisis, resolviendo sus aspectos fundamentales y brindando una oportunidad a la transición pacífica en el marco de la legalidad nicaragüense. Lo más importante, para garantizar la legitimidad y la estabilidad social, es que la respuesta estará en manos de la ciudadanía, quien a la postre es el soberano (según el artículo 2 constitucional) y siempre tendrá la última palabra.


* Abrogar es suprimir, anular, definitivamente una ley o cuerpo jurídico (código, reglamento, etc.) y todos sus posibles efectos. Se diferencia de la derogación en el hecho de que esta última puede ser parcial y deja con efecto los actos realizados al amparo de la norma antes de ser derogada.

No hay igualdad sin libertad, no hay libertad sin igualdad.

Ciudadano X

Entre quienes se aferran a los autoritarismos de la “izquierda” una defensa favorita consiste en demonizar a sus contrarios como oligarcas, o elitistas indiferentes ante las enormes brechas sociales y económicas que tajan las sociedades iberoamericanas. Enfrente tienen a quienes, en nombre de un supuesto “liberalismo” o “neoliberalismo”, borran de la agenda del Estado democrático la meta de reducir las distancia sociales y económicas entre los ciudadanos.

Ambas nociones subrayan la pobreza intelectual del debate en nuestro medio, y en verdad dicen más del creyente que del santo: para la “izquierda”, porque ha sido incapaz, desde la catástrofe de los proyectos comunistas en la antigua Unión Soviética y Cuba, de presentar un programa que convenza en positivo; para la “derecha” “liberal” o “neoliberal”, porque se trata apenas de un barniz muy flaco con que intentan cubrir la inacción quienes buscan proteger sus privilegios, sin pensar ni muy largo ni muy ancho en el futuro.

Porque en verdad no hay necesariamente una contradicción entre aspirar a la libertad política y aspirar a la equidad social y económica. Todo lo contrario. A pesar de las diferencias aparentes, somos iguales en esto: nacemos con la capacidad, y por lo tanto el derecho, de no ser súbditos, de no tener más sujeción a los demás que los demás a nosotros, de ejercer nuestra capacidad de ser libres sin que los demás nos la limiten más de lo que nosotros limitamos la suya en el pacto de reciprocidad que hace falta para la convivencia de todos.

Por eso, porque lo que nos hace iguales es ser por naturaleza libres, proteger la libertad es proteger la igualdad: las dos causas son inseparables. No en vano el conflicto de Nicaragua ha puesto al desnudo nuestra doble derrota: una carencia crónica de libertad y una herida honda de desigualdad. Derrota doble que es en realidad un solo fracaso, el fracaso de construir un Estado democrático. De ahí que sea imprescindible, para poner fin a nuestros ciclos perversos de violencia y miseria, proceder a construir dicho Estado.

El paso inevitable: Constituyente democrática y referéndum.
Todo ser humano, en tanto que miembro de la sociedad, debe tener voz y voto en la estructura del poder político: en la construcción, y en la eventual reforma y reemplazo, de la dimensión legal de aquello que Rousseau llamó “contrato social”: la Constitución.

Para Nicaragua, esto implica que no puede haber libertad sin una nueva constitución, una constitución democrática; y no puede haber constitución democrática sin que el proceso mismo de la constituyente sea democrático.

Un proceso que podría resumirse en dos grandes pasos:

(1) Elección, en sufragio universal y libre, de representantes que preparen y propongan un proyecto de Constitución;

(2) Referéndum, en el que los ciudadanos aprueben o veten el proyecto.

Conviene, para asegurar la mayor libertad posible, que no se apruebe ningún proyecto de Constitución a menos que voten a favor de él dos tercios del electorado, o más.

Conviene, para que la constitución no sea un corolario del poder, sino su fundamento y límite, que se establezca una regla similar para reformas constitucionales: toda reforma debe ser aprobada en referéndum; ninguna debe ser aprobada a menos que voten a favor dos tercios del electorado, o más.

Constitución democrática: lo esencial.
No basta que el proceso constituyente sea democrático. Es esencial cuidar que el contenido de la Constitución lo sea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nueva Carta Magna debe estructurar el poder del Estado de manera tal que guarde la libertad del individuo ante las innumerables e inevitables amenazas que surgen en la selva humana.

El nuevo orden necesita satisfacer al menos dos requisitos:

Uno es no obligar al ciudadano a actuar en contra de su libre voluntad moral; no dictarle comportamientos que el individuo considere contrarios a los que tendría en ausencia de contrato social, a menos que dichos comportamientos infrinjan la libertad de otros.

El otro es crear un muro de contención que proteja a las minorías [políticas, ideológicas, étnicas, sexuales, religiosas, etcétera.] frente al poder de las mayorías. Sin esto, no es posible mantener el mecanismo por el cual la democracia se ratifica y rejuvenece periódicamente. Es esencial permitir que quien hoy no cuenta con el apoyo o aceptación mayoritaria tenga la oportunidad de procurarla, sin antes ser aplastado por la mayoría.

La implicación para Nicaragua es que hace falta:

• Abandonar la idea de que el fin último de una democracia es dar poder a la voluntad de la mayoría y convertirla en avasalladora voluntad general. La democracia es, necesita serlo para sobrevivir, bastante más que un mecanismo a través del cual la mayoría impone su voluntad en todo. La democracia necesita precisamente ser un sistema que delimite el poder de las mayorías, el peso de la voluntad general, e impida que esta invada totalitariamente todos los espacios.

• Adoptar la idea de que el sistema político debe tener como objetivo asegurar la libertad de cada ciudadano. No es esta solamente una aspiración ética, sino una necesidad vital, porque sin libertad para todos, termina habiendo libertad para muy pocos, si es que se puede llamar libertad al privilegio de los opresores.

El buen gobierno no es el que hace el bien
En la práctica, todo esto requiere que el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia queden fuera del alcance del Estado. Requiere también abandonar otra idea: que la legitimidad de un acto de gobierno depende de si ese acto es moralmente bueno en la opinión de la mayoría. O, visto desde otro ángulo, que el gobierno actúa bien si lo que hace es bueno.

En un régimen democrático, el gobierno no actúa bien si hace el bien. Actúa bien si actúa con la mayor energía posible dentro de sus límites. Actúa mal, aunque haga lo que es visto a corto plazo como bueno, si rebasa los límites de su ámbito, e invade –aunque sea para bien—el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia.

Un ejemplo: que la mayoría sea creyente, y considere el culto a Dios como bueno, no significa que el gobierno deba apoyarlo, por la misma razón por la que no debe atacarlo: porque pertenece al ámbito privado, al de la conciencia de los ciudadanos. Demás está decir que, generalmente, los gobiernos que dicen apoyar la religión lo que hacen es apoyarse en ella y eventualmente hacer el mal con ella, porque el uso de la fe religiosa en el proceso político tiene un rastro fatídico en la humanidad, y en nuestra propia historia. Es apenas una ilustración, entre muchas, del daño que ocurre cuando el Estado cruza la frontera e invade espacios en los que solo la conciencia de los individuos debe moverse.

Constitución democrática: bebé rodeado de coyotes
No basta crear una constitución democrática a través de una constituyente democrática. No basta establecer límites legales a la acción del gobierno. En Nicaragua la Constitución democrática es una criatura tierna y vulnerable que nacerá, si logra nacer, rodeada de peligros.

Para empezar, el de la experiencia centralista, autoritaria, y recientemente totalitaria, de la política nicaragüense.

Está también el de la desigualdad económica.

Le sigue el de una cultura acostumbrada, a pesar de mucho ruido revolucionario, al racismo y a la estigmatización de la pobreza (o al igualmente vil anverso, su glorificación demagógica).

Por último, en esta lista breve, el riesgo que procede de poderes externos, tanto políticos como económicos, cuyo interés fundamental no es otro—como es natural–que el de su propio beneficio, en ocasiones a expensas de nuestra libertad.

Una meta esencial: atomizar el poder central
Ante estos grandes retos los demócratas necesitan idear soluciones realistas, que reflejen la enormidad de los peligros y no asuman que los políticos “de la nueva era” van a ser un dechado de bondad, honestidad, e integridad: la prédica moralista no basta, y ya sabemos que “el hombre nuevo” no existe, o al menos nadie lo ha visto desde hace más de dos mil años.

Por tanto, hay que preocuparse de descentralizar –yo diría “atomizar” –el poder del gobierno. Y hacerlo de manera permanente, estructural, para que ningún gobernante de turno, por más popular o astuto que sea, logre entronizarse.

Este es un reto fundamental, de vida o muerte para la democracia, y de paz o guerra para la sociedad. No se trata de elegir un ‘buen presidente’, una persona ‘íntegra y competente’, sino de diseñar el sistema y dispersar el poder para que la democracia logre sobrevivir a quienes no lo son.

Una idea que se me ocurre (habrá muchas y mejores) es fragmentar el poder en gobiernos regionales que no dependan para su financiamiento del gobierno central. Otra es que no haya una Policía Nacional; que los cuerpos de policía dependan de gobiernos regionales y municipales, financiadas también a ese nivel.

Y en cuanto al ejército, reemplazarlo por fuerzas no militares, con mandos separados; y que se encarguen de funciones diferenciadas, tales como: cuido de fronteras terrestres, cuido de fronteras marítimas, cuido de recursos naturales.

Otra meta esencial: reducir la influencia del fuerte, apoyar el acceso del vulnerable.
La desigualdad económica es un reto particularmente complejo, que merece, aun si se trata apenas de esbozarlo, de mucho más espacio del disponible aquí. Porque Nicaragua padece un caso extremo. Unas pocas fortunas nacionales son de nivel mundial, y su suma estimada equivale a un porcentaje del Producto Interno Bruto inusualmente alto. Convive tanta riqueza con un alto porcentaje de la población que apenas subsiste, y con una clase media pequeña, frágil, y sin muchas avenidas de progreso en una economía dominada por empresas familiares que son además de carácter monopólico u oligopólico.

La tarea doble es quitar poder político y económico a los grandes, facilitar la adquisición de poder económico y político a los pequeños, para ir cerrando la brecha, todo dentro de un régimen de garantías que asegure derechos, y de leyes que combatan privilegios.

La estrategia necesita incluir regulación, tributación, y un gasto masivo en educación de matiz ‘futurista’, es decir, que prepare a la población para el mundo actual, el de la globalización, la tecnología y la alta productividad.

Nada de esto es posible si simultáneamente no se educa en la igualdad de derechos ciudadanos, si no se fomenta la autoestima de la nación en la conciencia de sus niños, inculcándoles que son, independientemente de cómo lucen, de cuánto tienen sus padres en propiedades o en el banco, de si han nacido pobres o no, ciudadanos de una república que les pertenece. Trabajo difícil, evidentemente, pero necesario, y no imposible. Dicho sea de paso, la formación de esta nueva conciencia ciudadana debe apoyarse en leyes que combatan la discriminación.

Los pies sobre la tierra
Yo no me hago ilusiones: recorrer el camino desde donde hoy nos encontramos hasta una sociedad como la que nunca hemos tenido, libre y próspera, va a costar mucho trabajo y mucho sacrificio.

Con toda seguridad que los nicaragüenses sabrán mandar a la actual dictadura al museo de los malos recuerdos, pero lo más probable es que el proceso sea mediatizado por intereses que hoy en día son mucho más organizados y poderosos que el resto de la sociedad. Estos sectores tendrán, o creerán tener, la sartén por el mango al acabar el capítulo trágico que hoy se vive, y buscarán cómo preservar sus privilegios. Es probable que lo logren en el corto plazo.

Sin embargo, los demócratas necesitan tratar la transición hacia un gobierno no-dictatorial como apenas un primer paso en la construcción de la democracia sostenible. Porque si la desigualdad que es reflejada en los privilegios de unos cuantos no desaparece, tarde o temprano estaremos otra vez donde estamos hoy.

Por eso hay que poner sobre la mesa, debatir de la manera más inteligente, informada y amplia que se pueda, soluciones prácticas guiadas por el principio de que no puede sostenerse la libertad sin igualdad, ni la igualdad sin libertad.

Ese es el reto que me atrevo a lanzar desde mi pequeña esquina.

¿Cuál es la ruta para salir de la crisis desde la perspectiva de una ciudadana común?

Soy una ciudadana común, generación X y, como se presentan los miskitus, hija de Wawa Bar, comunidad miskita de Bilwi, donde pasé parte de mi niñez y adolescencia. Ecóloga de profesión y ornitóloga por pasión.  Soy mamá de dos niñas que son el futuro de Nicaragua.  Por razones sociopolíticas mi papá desapareció cuando tenía casi 4 años; lo que hizo que fuera una niña migratoria (como las aves) pero forzada por las circunstancias y capacidades de una mamá viuda y soltera.  Viví con abuelos, tías, primas en diferentes ciudades: Rivas, Masaya, Managua, Bilwi, Wawa, después en Granada y sigo migrando, total, soy ciudadana de Nicaragua.  Mi niñez estuvo plagada del dolor y resentimientos por la ausencia familiar, la desaparición de mi padre y del resentimiento profundo hacia quienes lo desaparecieron.  Entender el contexto en que cada uno de nosotros creció es importante para comprender las posturas, perdonarlas o respetarlas.

Estudié en la UCA y quizás en la primera lucha en que participé voluntariamente fue en la del 6% universitario, que defendimos en las calles todos los estudiantes universitarios. Dejamos a las nuevas generaciones de estudiantes ese derecho y beneficio de estudiar y profesionalizarse, que en su momento corría el riesgo de ser reducido por el gobierno de turno.

Mis jefes en toda mi carrera han sido los bosques, las aves, la biodiversidad y la gente que cohabita con ellos. Desde esa perspectiva, los asuntos políticos se limitaban a participar en la ley de medio ambiente, en reglamentos ambientales, ordenanzas ambientales, etc. Como ciudadana no participé nunca de la vida política del país, fui bastante indiferente hasta que en el abril 2018 de un solo sacudón me desperté en medio del caos, sin trabajo formal, con vecinos que habían sido asesinados por puro abuso de poder. Desperté a una realidad donde me di cuenta del verdadero alcance que tiene un gobierno que tiene el control total del Poder Judicial, Ejecutivo, Electoral y Legislativo. Además, un presidente que es jefe supremo de la policía nacional; una policía que al menos yo respetaba y estimaba hasta antes de abril.  Con mi indiferencia voté por el sistema.

A partir del 18 de abril nos vimos envueltos en un despertar de la conciencia ciudadana y humanitaria; producto de la indignación masiva al ver a vecinos, amigos, conocidos y no conocidos asesinados, agredidos y un uso de la fuerza desproporcional de la policía nacional tanto como el terror de civiles armados. Fui consciente de que al final tener un trabajo digno, alimentar a mi familia, movilizarme libremente, que mis hijas estudien y absolutamente todo es una cuestión POLITICA y sobre todo de voluntad política.  No hay ni un solo ciudadano, sea del Partido en el poder, de los neutrales o de los que están en contra del gobierno que no sufriremos las consecuencias de cada decisión y acción tomada. Me indigné, me indigna y me indignarán los niveles de violencia a los cuales llegó el actuar del gobierno y cualquier otra fuerza.

Ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, un tipo de delito que no tiene prescripción y por el cual los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía. ¿Cómo llegamos a esos niveles de violencia estatal?  Esta ciudadana común a quien le tocó reconciliarse con su doloroso pasado no comprende por qué otra vez se repite la historia. ¿Qué Nicaragua estoy heredando a mis hijas?

Después de ocho meses de una crisis interminable, de ver cada día un nuevo atropello, acusaciones rayando en lo absurdo, cientos de condenas al Estado, me pregunté ¿Cuál es la ruta para salir de esta crisis?  En mi búsqueda me encontré a Propuesta Ciudadana y una propuesta concreta EL REFERENDUM, para que el soberano (dice la constitución política de Nicaragua que el pueblo es el SOBERANO) sea quien decida su futuro.  El gobierno de Estados Unidos recomienda elecciones anticipadas, Cosep, OEA, PLC piden lo mismo, pero, ¿qué pide el ciudadano común como yo o como vos?, ¿qué pedirán nuestras hijas, hijos, nietos?

En este instante nuestro país es un desastre, todos los espacios cívicos han sido cerrados, no hay procesos democráticos reales, los mecanismos de justicia no funcionan y los ojos del mundo están sobre Nicaragua, están por aplicarse sanciones que nos van a afectar a todos y todas ¿Cuál es la ruta para salir del desastre?

El principio del cambio es que nos devuelvan el poder soberano de decidir nuestro presente y el futuro que se avecina y dos preguntas resuenan en mi mente: ¿queremos los ciudadanos elecciones anticipadas?, ¿queremos que el sistema actual continúe? Y cuando me refiero a sistema es al tipo de democracia que hay, al tipo de justicia que vivimos en este momento y al funcionamiento de los poderes del Estado. ¿Queremos este sistema?

Tomando el antecedente de Chile durante la dictadura de Pinochet y ante el caos económico, la violencia desatada, desapariciones forzadas. Pinochet aceptó en 1988 que el soberano decidiera el futuro de su nación a través de un Referendum con la pregunta de Si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997.  Se organizaron dos movimientos conformados por partidos y articulaciones sociales que promovían el SI (si continúa) y No (no continúa).   Si ganaba el , Pinochet continuaba en el poder; si ganaba el No, se convocaba a elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios.  Así cambió el rumbo de su historia Chile, con un proceso participativo y democrático donde cada ciudadano promotor del Si o el No tuvo voz y voto.  ¿Podemos aspirar como nicaragüenses a que nuestra voz sea escuchada y salgamos de este trágico episodio de nuestra historia personal y nacional?

Al mismo tiempo, ¿bastará con cambiar al Ejecutivo y al Legislativo? Nuestra historia necesita ser refundada y para cambiar el sistema actual circulan propuestas de una Asamblea Constituyente. Como ciudadana común ambas propuestas me parecen acciones concretas que deberíamos plantearnos a través de una propuesta de ley con las 50,000 firmas correspondientes o todas las que querramos.  Esta propuesta implica primero que nada que todos los ciudadanos, alianzas, articulaciones, movimientos y partidos nos pongamos de acuerdo, ya estamos divididos nos toca unirnos.  Una vez que la Asamblea apruebe la ley o el presidente la acepte trabajaríamo en cómo serán los mecanismos específicos.

Como verán hice mía esta Propuesta Ciudadana.  Este sería nuestro primer referéndum en la historia, una propuesta que traeríamos los ciudadanos comunes.  Mientras tanto necesitamos organizarnos, unirnos y ojalá empecemos el 2019 con la esperanza de que todos juntos encontraremos una salida y un cambio profundo para el futuro de Nicaragua, con paz, justicia, equidad e igualdad y cerrar así un círculo de guerras, violencia y tristeza de forma cívica y democrática, con ciudadanos que trabajemos con una nueva conciencia cívica y una nueva cultura política: una cultura de paz.

El referéndum como único mecanismo para salir de la crisis sociopolítica nicaragüense

Este domingo recién pasado (09-12-2018), los miembros de Propuesta Ciudadana realizamos un Foro – Debate para analizar y discutir las opciones o mecanismos legales de que disponemos para enfrentar y resolver la crisis sociopolítica que inició con la represión gubernamental a las protestas ciudadanas de abril de este año y que en este momento ya ha ocasionado pérdidas humanas y económicas irreparables, pero que, además, atenta seriamente contra la estabilidad y el desarrollo de la nación en el mediano y largo plazos.

Ratificando la propuesta de solución a la crisis emitida el 19 de julio de este año y nuestras reflexiones del 5 de agosto, llegamos nuevamente a la conclusión de que la única forma válida que nos permitiría recuperar cierta estabilidad social es el referéndum, tomando en cuenta dos aspectos fundamentales: que es legal y que legitima las siguientes acciones a emprender por los distintos actores políticos y sociales involucrados. Hasta este momento los discursos del gobierno y de los opositores más visibles se atribuyen una representación popular que es por lo menos dudosa o debe de ser verificada en las urnas.

Consideramos que la presente crisis nos plantea dos grandes preguntas a las que debemos de dar respuesta como sociedad:

1) ¿Debe el gobierno actual terminar su mandato antes de vencerse el período para el cual fue electo?

2) ¿Deberíamos de modificar el sistema o la organización del Estado para evitar que volvamos a caer en situaciones como la actual?

Es evidente que estas no son las preguntas a plantearse en el referéndum, pero las preguntas deberán ser formuladas de tal manera que nos permitan inequívocamente resolver ambas cuestiones.

Tenemos claro que existen posiciones irreconciliables y extremas que han polarizado a nuestra sociedad, pero tanto los ciudadanos progobierno como los que demandan la salida inmediata del FSLN del poder tienen que entender que esas posiciones son insostenibles por la fuerza y que no representan a la mayoría de la población, por lo menos no hasta que la población se pronuncie en las urnas, que es el método democrático por excelencia. Persistir en el capricho de imponer la posición particular de cualquiera de ambos grupos solamente puede tener dos consecuencias: la confrontación armada y la destrucción total y definitiva de Nicaragua.

Por increíble que pueda parecernos a las personas cuerdas, los extremistas progobierno y antigobierno precisamente apuestan por una solución que lograra exterminar al otro o reducirlo a la mínima expresión. Del lado del gobierno continúan los secuestros de supuestos opositores por su supuesta participación en actividades “golpistas”, encarcelamientos y hasta absurdas condenas judiciales; mientras del lado de los opositores surgen propuestas “definitorias” como un paro nacional o acciones subversivas como tranques express, quema de llantas en carreteras, etc. La “lógica” obcecada de cada grupo es imponerse sobre el otro a toda costa y a cualquier costo, sin importar cuánta gente tenga que seguir sufriendo y hasta muriendo para lograr el objetivo; asumiendo a la vez, de forma casi enfermiza, que TODOS estamos de acuerdo con ellos o deberíamos de estarlo… so pena de ser declarados “enemigos del pueblo”.

Es en este contexto de polarización y locura colectiva que como organización (Propuesta Ciudadana) nos planteamos la necesidad de dar un paso al frente para pedir a la ciudadanía, sin distingo de ideologías, que tomemos el control antes de que sea demasiado tarde. Estoy seguro de que existen decenas o centenares de miles de sandinistas que NO ESTÁN DE ACUERDO con la forma en que se ha manejado la crisis desde el gobierno, como también habemos decenas y centenares de miles de nicaragüenses que NO ESTAMOS DE ACUERDO con la forma en que se ha manejado la oposición… nos toca unir esfuerzos Y PONERNOS DE ACUERDO para apaciguar a los extremistas y llevar la discusión al medio más civilizado posible: una votación.

Las estructuras de Propuesta Ciudadana están ya trabajando en función de generar una propuesta formal y diseñar el proyecto con los pasos a seguir por los cauces legales para llevarla a cabo, como también en el establecimiento de articulaciones para el intercambio de ideas, colaboración y trabajo con todas aquellas organizaciones y personas individuales que compartan nuestra preocupación y propuesta de solución.

La ‘Nica Act’ en la continuación de la crisis nicaragüense

Con la reciente aprobación de la “Ley de condicionamientos a la inversión nicaragüense” por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica las probabilidades de su aprobación definitiva y entrada en vigencia se ven aumentadas sustancialmente, no obstante tiene como plazo los primeros quince días del mes de diciembre para cumplir con el proceso nortamericano de formación de la Ley, que incluye la suscripción de la misma por el Presidente Donald Trump. Tomando en cuenta la reciente orden ejecutiva presidencial que impuso sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada, así como la declaración del Presidente Trump en cuanto a que el gobierno de Nicaragua representa una amenaza a la seguridad del coloso del norte y la previa aprobación del Congreso, muchos nicaragüenses, dentro y fuera del país, tienen expectativas fundadas de que la ley en cuestión será aprobada antes del vencimiento del plazo señalado.

De aprobarse la Ley, Nicaragua podría ingresar al “selecto” grupo de países que en algún momento han sido o están siendo sancionados por el gobierno de los EEUU e incluye a: Corea del Norte, Cuba, Irán, Iraq, Yugoslavia, Birmania, Zimbabue, Bielorrusia, Siria, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Ucrania, Yemen, Sudán del Sur, Rusia y Venezuela. De la simple revisión de este listado se puede extraer la conclusión de que la efectividad de las sanciones norteamericanas es, cuando menos, dudosa para alcanzar el objetivo propuesto de democratizar o presionar los procesos de democratización de las sociedades de esos países, pero esto no es obstáculo para que en su visión optimista o desesperada los nicaragüenses acaricien la esperanza de lograr una pronta salida a la crisis que nos agobia desde finales del mes de abril de este año.

Analizando los posibles escenarios que nos plantea la aprobación y entrada en vigencia de la ‘Nica Act’ tenemos que, efectivamente, uno de ellos sería que en algún momento antes del año 2021 el gobierno de Nicaragua acepte realizar reformas al Consejo Supremo Electoral y convoque a un proceso electoral adelantado. En este momento, y pese al recrudecimiento de la represión en contra de la ciudadanía, el FSLN podría perfectamente acceder a estas pretensiones. Dado el control absoluto que ejerce sobre todos los poderes del Estado el FSLN no requiere de la participación de nadie más para presentar un proyecto de reformas y adelanto de elecciones viables a la comunidad internacional. Si consideramos el alto grado de desorganización que caracteriza a los grupos opositores nacidos durante la presente crisis nos asalta la pregunta de por qué no lo ha hecho aún.

Se suele decir que el tiempo cura todo y que los pueblos tienen una memoria muy corta… y, en efecto, a siete meses de iniciado el conflicto podemos apreciar el cansancio de una buena parte de la población que ansía “volver a la normalidad”, al mismo tiempo las repercusiones económicas de la crisis (sin las sanciones) son un factor evidente de distracción para quienes buscan desesperadamente algún trabajo u ocupación que le permita solventar sus gastos y la subsistencia, muchos no estamos en condiciones de dedicarnos a resolver la situación política del país mientras buscamos como sobrevivir. Si bien es cierto el recrudecimiento de la crisis económica por causa de las sanciones podría provocar algún tipo de estallido social, también lo es el hecho de que el gobierno ha dejado muy clara la respuesta probable a ese posible estallido. Así, la ciudadanía nicaragüense va siendo sometida poco a poco, querramos reconocerlo o no.

Los partidos políticos tradicionales, salvo las acciones individuales de algunos de sus miembros durante el proceso insurreccional truncado violentamente, han guardado distancia del conflicto y en estos momentos se aprestan a participar en unas elecciones regionales bajo las mismas condiciones de siempre, de esa manera continuarán siendo descalificados y despreciados por la ciudadanía como opciones posibles de cambio en un proceso electoral nacional, anticipado o no.

El exilio voluntario o forzado de una buena parte de la ciudadanía más beligerante en las protestas, cívicas o no, la atomización de muchas de las organizaciones espontáneas surgidas durante la insurrección frustrada y los conflictos internos por liderazgos o figureo, el descabezamiento de los movimientos estudiantil y campesino, así como la incapacidad real demostrada por expresiones como la Alianza Cívica para abrirse y aglutinar a más actores en un solo frente unido, son aspectos a tener en cuenta para comprender las acciones del gobierno y sus fríos cálculos. Podemos ver que el proceso de “pacificación” emprendido por el gobierno persigue el objetivo de ganar el tiempo suficiente para llegar a un posible proceso electoral, adelantado o no, en condiciones óptimas para preservar el poder.

Considero un gravísimo error estratégico el que la Alianza Cívica y posteriormente la UNAB todavía no hayan modificado su discurso y línea de actuación hacia la conformación de una fuerza política de tipo partidario que confronte al FSLN en unas elecciones, adelantadas o no. El gobierno no ha dado una mínima muestra de disposición para continuar el diálogo, las sanciones externas son insuficientes para forzar negociaciones (mucho menos cambios radicales) sin una verdadera organización y movilización efectiva interna… y estas últimas no pueden estar orientadas al derrocamiento de Ortega (es ilegal, nos guste o no) o a la obtención de “justicia” (es absurdo, nos guste o no) cuando no existe un órgano confiable que la administre.

Desde mi perspectiva la única verdadera solución posible a la crisis nacional es la organización de una fuerza política de tipo partidario que se plantee negociar con el FSLN una de estas tres opciones:

  1. Las reformas profundas a la Ley Electoral para competir en un proceso electoral supervigilado, sea este anticipado o no,
  2. La realización de un referendo para que sea la ciudadanía quien decida si el FSLN puede seguir o no en el poder,
  3. Las condiciones para la instalación de una Asamblea Constituyente.

Cualquier otra cosa es una distracción innecesaria en este momento.