Bolivia: Lecciones de Cultura Política para Centroamérica

Recientemente se han producido las elecciones presidenciales en Bolivia orientadas a la restitución de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La experiencia boliviana contrasta de manera sustantiva con la experiencia de muchos países latinoamericanos en sus mecanismos de resolución de conflictos como Venezuela, Chile, Nicaragua u Honduras. Este contraste toma mayor relevancia considerando la mayor complejidad étnica-cultural de Bolivia comparada con estos otros países, que hacen en principio más compleja y de estabilidad más difícil la gobernanza en Bolivia, al punto de que se vieron forzados a consensuar la construcción de un Estado plurinacional.

Voy a hacer tres reflexiones cortas sobre elementos relevantes que parecen percibirse en la cultura política boliviana ocupando el cuadro electoral de los últimos cinco procesos de elecciones nacionales que presento a continuación.

La inclusión

La inclusión es la condición social que hace ser cuerpo y desarrollar valores y actitudes de corresponsabilidad. Es fundamental para el equilibrio social.

Lo primero que se observa, viendo la tendencia de crecimiento de población y de votantes inscritos de elección a elección, es la emergencia de una agenda políticamente inclusiva, que beneficia en un primer momento al que la promueve (2005 al 2009). Con el desgaste político esperable en un partido que permanece en el poder, ese incremento va luego repartiéndose a lo largo de los espectros políticos como se observa entre el incremento de inscritos y de votos entre 2005 y 2019.

Esta inclusión ciudadana se vio reflejada en otros indicadores relevantes como el de educación o el índice de GINI (distribución de la riqueza), pero que van más allá de la reflexión de este artículo y son de interés estratégico para Centroamérica.

La legitimidad

La legitimidad es el valor social que convierte la obediencia en adhesión, y es fundamental para la gestión de las diferencias y la tolerancia. Es fundamental para el equilibrio político.

El sistema político en general, y el electoral en particular, parecen contar con credibilidad de parte de la población, y esto se observa en la alta participación ciudadana en los procesos electorales. Las políticas de inclusión ciudadana desarrolladas a partir de 2005 incrementaron la participación relativa y de emisión de votos válidos, fortaleciendo la legitimidad del mecanismo de resolución de conflicto y el reacomodo de las relaciones de poder (las elecciones). Honduras y Nicaragua han dilapidado este capital político en las últimas décadas a través de múltiples procesos señalados de irregulares e irrespetuosos de la voluntad del electorado.

Morales degradó este capital político de legitimidad al darle la espalda al proceso de consulta sobre su reelección que se comprometió a respetar y no lo hizo, llegando a tener un resultado relativo por debajo del obtenido en el 2005. Abrió las puertas a que los grupos más radicales y violentos generaran un movimiento político-militar que terminó degradando aún más la institucionalidad. El papel de la OEA como ente legitimador externo fue un agravante de la situación.

Ha habido unas nuevas elecciones que, por acuerdo con los poderes hegemónicos internos y la participación ciudadana, pese a las tensiones y las diferencias profundas, han sentados las bases para restituir la institucionalidad y la legitimidad que había tomado una curva de degradación peligrosa; problema que no han sabido resolver países como Chile, Venezuela, Nicaragua y Honduras, mientras en El Salvador el presidente Bukele más bien parece encaminado a tomar dicha senda de la degradación.

La agrupación política, la agenda y el líder

El MAS es un cuerpo social, que tomó cuerpo y forma teniendo como líder e imagen a Evo Morales y una agenda inclusiva. El referéndum sobre la reelección de Morales y su negativa a aceptarlo, parecía colocar al MAS en la senda viciada latinoamericana de líderes inmortales. Esa cultura política que coloca a una persona “poderosa” por encima de su organización y la agenda de esta (como Ortega y Alemán en Nicaragua, Hernández y Zelaya en Honduras, Chavez y Maduro en Venezuela). Bajo el argumento de “si no es con él, no se puede nada”.

Las últimas elecciones de Bolivia y su resultado levantan preguntas sobre cuál es el orden de los factores políticos. Sin el líder, la agrupación política recogió su agenda inclusiva proponiendo la reconstitución institucional y la legitimidad. Pese al agotamiento político de un partido, que produce la permanencia en el poder, alcanzaron mejores resultados que El Líder en las elecciones anteriores, y mayores que los resultados relativos del primer período electoral.

Honduras y Nicaragua, países hermanos tan parecidos, aunque sus discursos ideológicos nos engañen, podrían aprender de Bolivia antes que sea demasiado tarde.

OEA – Contundente derrota del FSLN

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, en el marco de la quincuagésima Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue aprobada una resolución que en su parte medular insta al gobierno de Nicaragua a garantizar que las elecciones a celebrarse en noviembre del 2021 gocen de todos los requisitos de legalidad y transparencia que exigen los estándares democráticos. Para tales efectos establecen un plazo que expira en el mes de mayo de ese próximo año 2021.

El texto de la resolución fue aprobado con 20 votos de 34 posibles, 12 abstenciones y 2 votos en contra, de los cuales uno, obviamente, corresponde a la representación del FSLN. Previo a la votación el representante del FSLN leyó un documento en el que se destacó la tradicional retórica antiimperialista y se advirtió que quienes votaran a favor estarían incurriendo en una ilegalidad, una violación a los principios de la Carta de la OEA y al Derecho Internacional.

A pesar de que algunas organizaciones y personas nicaragüenses desde el exilio albergaban la esperanza (infundada) de que el gobierno del FSLN fuese declarado ilegítimo, mientras las organizaciones aglutinadas en expresiones como la UNAB esperaban una resolución más contundente en ruta a la aplicación de la Carta Interamericana; en términos políticos, tanto por su contenido como por el resultado de la votación, la resolución de la OEA es una contundente derrota internacional para el FSLN, la más contundente de los últimos años.

Solamente un país, San Vicente y las Granadinas, apoyó abiertamente la posición del FSLN en el rechazo a la resolución. Las doce abstenciones de ninguna manera pueden interpretarse como un espaldarazo al régimen nicaragüense, sus motivaciones van desde un “no es nuestro problema” hasta el temor de ser evaluados con la misma medida en un futuro cercano (caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo). Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos decir que la resolución de la OEA signifique un triunfo para la oposición nicaragüense o el pueblo de Nicaragua. La incapacidad de la oposición nicaragüense (incluyendo a la que está en el exilio) para presentar una propuesta sólida y unificada de solución a la crisis no es algo que le corresponda resolver a la OEA, los Estados Unidos o alguien más. Los problemas de Nicaragua tenemos que afrontarlos y resolverlos los nicaragüenses.

En el esquema emotivo y hasta pasional que caracteriza a la “política” nicaragüense se suele olvidar que es el Estado de Nicaragua quien pertenece o es miembro de la Organización de Estados Americanos y no su Gobierno, mucho menos el FSLN. Es el Estado de Nicaragua, es decir la población nicaragüense, quien en el ejercicio de su soberanía designa dentro de su marco jurídico a las personas que ejercen el Gobierno y le representan en esa y otras instancias internacionales. Debemos entender y aceptar que de ninguna manera corresponde a la OEA, o a alguno de sus países miembros, resolver los problemas internos del Estado de Nicaragua… y que, en el caso extremo de que la OEA decidiera suspender la participación de Nicaragua dentro de la organización, tampoco habría algún tipo de “acción directa” en contra del actual gobierno, la OEA se limitaría a seguir presionando y negociando para que se restablezca el orden constitucional y se legitime la representación del Estado de Nicaragua mediante procesos democráticos fidedignos dentro de Nicaragua, bajo las leyes nicaragüenses.

El mensaje al FSLN es clarísimo: un futuro ejercicio en el poder que sea alcanzado mediante elecciones fraudulentas o poco creíbles expone a Nicaragua a ser suspendida o expulsada del organismo regional. El mensaje a la ciudadanía nicaragüense, especialmente a la oposición organizada, es igualmente claro: la forma de llegar al poder que la OEA reconoce tiene que pasar por los mecanismos democráticos internos reconocidos, es decir, un proceso electoral.

Así planteado, la última resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA conmina no solo al gobierno de Nicaragua para que garantice unas elecciones creíbles el próximo año, sino que también impone a la oposición la obligación de encontrar una ruta cívica y pacífica para resolver el conflicto interno que padecemos. Somos los y las nicaragüenses quienes tenemos que decidir el tipo de Sociedad que queremos construir, el tipo de país en el que queremos vivir… es nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana.

Las elecciones en Bolivia

A propósito de las elecciones en Bolivia, es necesario  hacer un análisis técnico antes que ideológico. La salida de Evo Morales del poder puso en evidencia la influencia que los militares siguen teniendo en América Latina. Desde mi punto de vista, la salida de Evo Morales no fue un golpe de Estado, pero si una intentona golpista.

Ambos términos pueden parecernos iguales, pero no, hay matices. No fue un golpe de Estado porque Evo Morales renunció como Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, fue intento de golpe porque su renuncia se debió a  la presión de los militares, mismos que pusieron la banda presidencial a Jeanine Añez, actual presidenta de Bolivia.

El mandato de Añez se suponía era transitorio, pero enseguida fue notorio el cambio de administración gubernamental en Bolivia. El primer giro político fue el reconocimiento a Juan Guaido como presidente legitimo de Venezuela, desconociendo de esta manera a Nicolás Maduro. Apelando al discurso religioso y conservador, restableció las relaciones diplomáticas con Israel y, por último, decidió cortar las relaciones con Cuba. En política interna Añez inició un proceso represivo contra sectores afines al MAS y contra Evo Morales, exiliado primero en México y actualmente en Argentina.

Las estrategias electorales de la oposición al MAS fueron confusas, utilizaron el aparato estatal para perseguir y eliminar la figura de Evo Morales. El bloque opositor al MAS además de dividirse en tres bloques, no logró conquistar al electorado desencantado con Morales, decepcionados con este por no respetar la voluntad popular del referéndum que le negó la reelección presidencial y que el Tribunal Constitucional decidió anular con una sentencia. El desencanto con el mandato de Evo Morales no significó que los sectores indigenistas se retiraran de los espacios de poder conquistados por Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. No es coincidencia que Arce, actual presidente electo, hubiese tenido muchos más apoyos que Morales.

¿Por qué el MAS gana las elecciones?

Hay muchas variables que explican la derrota electoral de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho y el triunfo de Luis Arce. Los candidatos Mesa y Camacho se centraron en discursos alejados de la realidad boliviana, contrario a Luis Arce, que se centró en una campaña apartada de la figura de Evo Morales, con la intención de conquistar a ese electorado descontento con la actuación inconstitucional de Morales de no respetar el resultado del referéndum que prohibía su reelección, pero que a la vez es un electorado favorable al partido MAS por su fuerte discurso obrero, indigenista y favorable a la buena gestión económica de Arce, el ideólogo de la gestión económica del gobierno de Evo Morales. Es importante resaltar las palabras de Luis Arce cuando se le preguntó por el regreso del ex presidente Morales ‘’Dijimos que teníamos que tener renovación en el MAS, para la gente joven. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema’’. Con estas palabras, Arce toma distancia de su antecesor, deja claro que Morales no tendrá una influencia notoria en su Gobierno.

La segunda cuestión a tratar es la falta de estrategia electoral de Mesa y Camacho, al no lograr rentabilizar el gobierno de Añez ni de explotar el discurso del ‘’retorno a la democracia’’ con la salida de Morales del Gobierno. Por ultimo, un elemento decisivo fue la pandemia del COVID-19, la gestión del gobierno de Añez ha sido ineficaz para enfrentar la pandemia y en tiempos electorales una gestión de estas magnitudes se convierte en un elemento importante para inclinar la balanza hacia un candidato u otro.

Las elecciones en Bolivia nos dejan distintas lecturas. Una de ellas es que las crisis políticas pueden ser solucionadas mediante mecanismos de elección popular, por lo menos para devolver la legitimidad política a un Estado y sus instituciones, no es el caso de Venezuela y Nicaragua, países en los cuales la transición política parece más compleja. La crisis política boliviana puso sobre la mesa el  poder que siguen teniendo las fuerzas armadas, como elementos de presión, una cuestión bastante preocupante, dado al temor a los golpes de estado y la no subordinación de los militares al poder civil. Sin embargo, a pesar del poder de los militares, el MAS sale fortalecido por haber dado una enorme batalla institucional, al perder el poder y recuperarlo institucionalmente y no a través de la violencia. Es encantador el marketing electoral de Arce, porque su discurso no solo atrajo a los movimientos indigenistas, sino que fue capaz de atraer a sectores de clase media, poniendo al partido en un tablero ideológico más amplio no solamente identificándose como de izquierda.

Habrá que ver qué papel tendrá Añez una vez deje el poder y cuál será la influencia de Morales en este nuevo gobierno. ¿Se apartará Arce de Evo Morales como lo hizo Lenin Moreno en Ecuador con Rafael Correa? Es imposible saberlo por ahora, pero en cualquier caso hay que estar atentos, porque en política todo cambia con mucha rapidez. De algo que estoy muy seguro es de la derrota de la OEA como organismo garante de la “democracia y el orden Constitucional de sus países miembros” porque su actuación en la crisis boliviana ha sido un desastre, pasaron de acusar a Bolivia de un fraude electoral a desmentirlo meses después, su fracaso no radica en las acusaciones de fraude, sino en su falta de imparcialidad a la hora de tomar decisiones políticas.

Crisis nicaragüense en punto muerto… la absurda guerra de desgaste.

La reciente visita a Nicaragua de una delegación del gabinete del Secretario General de la OEA generó inquietudes, esperanzas y, como siempre, suspicacias entre los nicas que seguimos de cerca la evolución de la crisis. El segmento triunfalista de la población y liderazgo opositor (los “vamos ganando”) trata de interpretar la invitación del gobierno como una señal de desgaste y debilidad, mientras el segmento fatalista, por su parte, asume que nuevamente “Almagro está oxigenando a Ortega”. Aunque la escueta nota de prensa publicada por la Secretaría General de la OEA es bastante clara, sobran las interpretaciones de quienes “leen entre líneas” lo que sus emociones quieren leer.

En realidad lo que refleja la nota de prensa en cuestión es el arribo de la crisis interna a un punto muerto: el gobierno intenta retomar el diálogo con el Secretario General de la OEA ofreciendo “fortalecer el proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la ley“, que es el acuerdo de negociación que ya existía antes de la crisis, dicho de otro modo, para el gobierno “aquí no ha pasado nada“. En ese sentido no cabe hacer ningún cálculo optimista, dado que la propuesta u oferta del gobierno lo que implica básicamente es la aplicación de cambios menores en la constitución del Consejo Supremo Electoral por el vencimiento en el plazo de nombramiento de algunos de sus Magistrados.

Para forzar una “negociación” en los términos de “vuelta a la normalidad” previa a la crisis, el gobierno cuenta con más de 700 rehenes visibles, que son las presas y presos políticos, cuyo número tiende a aumentar en la medida en que las detenciones y condenas arbitrarias e injustas siguen siendo nuestro pan de cada día. Al mismo tiempo, como respuesta a las presiones económicas y sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica, se preparan nuevos golpes a la economía nacional aumentando las cargas impositivas que sacarán de juego a muchos pequeños y medianos empresarios, ahogando a nuestra ya minimizada clase media, que ha sido el principal motor de la rebelión cívica que explotó por la represión gubernamental.

El objetivo del gobierno es simple: preservar el poder a toda costa… y la estrategia también es clara: eliminando física, moral o económicamente a quien se oponga. El gobierno no se plantea otro escenario que llegar a las elecciones del 2021 y hasta “ganarlas”. No me parece necesario o inteligente complejizar esta realidad tratando de ver más allá de lo que hay, mucho menos asumiendo posiciones “optimistas”. Evidentemente la posición adoptada por el gobierno es absurda, pero por desgracia no es insostenible… realmente pueden gobernar por la fuerza hasta el 2021 y seguir, aunque sea sobre una pila de cadáveres y sobre las ruinas de lo que fue nuestro país.

Ante la situación planteada la oposición nicaragüense, organizada o no, carece de una estrategia de respuesta. Muchas organizaciones y personas han apostado todo a las medidas y acciones que puedan tomar los países amigos, las organizaciones y organismos internacionales… todavía hay quienes albergan la vana ilusión de que alguna potencia extranjera vendrá a llevarse a los gobernantes para juzgarlos. Hay un fuerte rechazo a la apertura de un diálogo y negociaciones, se establecen “requisitos o condiciones indispensables” para acceder a un diálogo que, por alguna extraña razón, se asume solamente interesa al gobierno… como si no fuera toda la población quien sufre las consecuencias directas de la crisis.

Como he dicho ya en notas anteriores, los y las nicaragüenses necesitamos desarrollar una cultura del diálogo como condición indispensable para vivir en paz y tener alguna esperanza de desarrollo. En el contexto actual la verdad es que el diálogo es necesario e indispensable para salir de la crisis. Las empresas de los miembros y simpatizantes del FSLN necesitan exactamente lo mismo que las empresas de los miembros del COSEP: paz y estabilidad social. La gente que cree que hubo víctimas del FSLN en el conflicto, tanto como la gente que protesta por las víctimas de los grupos autoconvocados, al igual que los familiares y amigos respectivos de esas víctimas necesitan lo mismo: justicia. Sobre esas bases una negociación es posible.

Por otro lado, Ortega y la cúpula del FSLN necesitan tener opciones de salida y nosotros necesitamos que salgan de tal forma que no se constituyan en un grupo armado rebelde y destructivo… para esto ya demostraron que tienen la voluntad, los recursos y la gente inescrupulosa necesaria; esto hay que negociarlo. La excusa de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la demanda de salida se resuelve negociando un referendo, para que sea la población quien decida si se van o se quedan. Al mismo tiempo, todos y todas necesitamos renegociar las condiciones en que podamos convivir como nación sin revanchismos, sin imposiciones o chantajes… pero esta negociación es demasiado amplia y profunda como para tratar de resolverla con unas “elecciones anticipadas” o en una negociación de unos cuantos meses… y es por eso que en Propuesta Ciudadana hablamos de una Asamblea Constituyente, podemos negociar su convocatoria.

La grave situación de las personas que guardan prisión arbitraria y han sido injustamente condenadas, la suspensión de las detenciones arbitrarias que permita el retorno de las decenas de miles de exiliados también pueden y deben de negociarse. Por ejemplo, los opositores podríamos aceptar y hasta impulsar que se suspendan las sanciones en curso de aplicación por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica si:

1) Se produce la tregua en las detenciones arbitrarias,
2) Se incluye a la UNAB y otros actores políticos nacionales dentro de las negociaciones en cuanto a los cambios en el sistema electoral que el gobierno propone a la OEA,
3) Se invita nuevamente al MESENI y GIEI, así como a una delegación de OACNUDH para que observen in situ el desarrollo de los acuerdos y la crisis nacional,
4) Se conforma, bajo los auspicios de los organismos mencionados, una Comisión Nacional por la Justicia Transicional que organice un sistema de investigación y revisión de casos, así como la instalación, bajo la legislación nacional, de un Tribunal Especializado que nos permita confiar en que se administrará justicia,
5) Se retoma el diálogo nacional con la mediación de la CEN que ha sido abandonado por el gobierno. Este diálogo iniciaría con el replanteamiento de la agenda, en los términos ya indicados: negociar una forma de decidir la salida o permanencia en el poder del FSLN y negociar la forma de convocar a una Asamblea Constituyente.

De nuestra apertura al diálogo depende el futuro de Nicaragua, el futuro de sandinistas y opositores, nuestro futuro.

Discurso de Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA (27-12-2018)

Hace unos días el presidente Ortega me dirigió una carta. A cada una de las referencias principales, nuestra respuesta: Es una pena que uno de los principales revolucionarios históricos vivos de América latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria y democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas del mantenimiento en el poder.

Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática hoy por hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de torturas, de mantener presos políticos, de intimidar, de perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su Gobierno.

El Estado de Derecho es la esencia misma de la democracia, no con un sentido de justicia innecesario sino porque es un fundamento mismo de la preservación de garantías fundamentales de libertades y derechos. Los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos y medios de denuncias y justicia. Primero con la cooptación del poder judicial, luego con la criminalización de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ahora con la expulsión del Meseni y el  GIEI.

La lógica de las dictaduras está definitivamente instalada. Esta acción nos obligará a buscar la justicia internacional y la justicia universal de los derechos humanos, nos obliga a buscar acciones concretas. Ninguna revolución deja a la gente con menos derechos que cuando empezó, pero todas las dictaduras sí, todas las que tenemos en nuestro continente hoy. Creo que hay una falta de comprensión grave y una simple negación de los hechos, quizás por las presiones que reciben de afuera o quizás por lo que perciben como la posibilidad de dejar su posición de poder.

Las dictaduras contaminan malas prácticas, polarización, inculcación de derechos, violación de derechos humanos, corrupción, vínculos con el crimen organizado, torturas, asesinato. Se ha hecho lo posible por evitar esta contaminación en Nicaragua, no queríamos ni queremos tener nunca un camino de muerte, de odio, no queríamos que se lo impusieran a un pueblo más en el continente.

A la secretaría general lo que le interesa es que el Estado nicaragüense cumpla con la normativa interamericana, que cumpla para bien de la gente nicaragüense y es lamentable que en esta coyuntura el Estado nicaragüense se muestre lejos de cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel internacional para con la democracia y los derechos humanos, la prueba más clara es la existencia de presos políticos en su país y la tortura denunciada, es inconcebible que sea así.

La misión de la CIDH, del Meseni y el GIEI en Nicaragua es estar con los familiares de los asesinados en búsqueda de la verdad, fuera de Nicaragua es investigar y velar por los derechos humanos de las víctimas y sus familiares fueran del bando que sea, no estuvieron ahí para favorecer la versión oficial ni cumplir con sus expectativas y guión. Trabajaron para abogar por los intereses de las víctimas y denunciar un Gobierno que viene adoptando rasgos de dictaduras.

No soy yo el responsable de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura en Nicaragua, asuman su responsabilidad, sean dignos, se han perdido la credibilidad en la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron.

Con todo respeto por su historia les pido en nombre de quienes en su momento valoramos su espíritu revolucionario que no se escuden en discursos infantiles que los descalifican a vosotros mismos, para  esconder violaciones de derechos humanos. Nadie creerá a quien usa ese lenguaje para apañar la tortura. Según las denuncias que hemos recibido usted deberá asumir la responsabilidad del Estado por lo actuado por la fuerza de su régimen que tortura y mantiene presos políticos.

Se está haciendo costumbre que la referencia a no injerencia en asuntos internos sea la usada por los regímenes de incursionan en el autoritarismo creciente, en la violación de los principios democráticos. Creen que es su última línea de defensa cuando saben que están cometiendo atrocidades contra su propia población, es el argumento al cual recurren cuando saben que hay culpa y cuando saben que la comunidad internacional ha brindado un argumento que no los protegerá.

La apertura que usted demostró a su inicio para reformar el sistema electoral y someterse al escrutinio internacional se ha terminado. Han lanzado al país por el abismo de las dictaduras, en este contexto cuando los líderes caen en el precipicio de las dictaduras y no se dan cuenta o ellos no se quieren dar cuenta, la OEA existe y siempre existirá para proteger a las familias de las víctimas, de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo nicaragüense.

La reciente expulsión de la CIDH es prueba de eso, al sistema interamericano de derechos humanos no hay que suspenderlo, no hay que temerle, quien lo hace tiene qué esconder, maquillar, aquí se llega a un límite donde la responsabilidad de mantener la democracia y la justicia en Nicaragua se traslada a un sistema de pesos y contrapesos de la comunidad internacional, en específico de la comunidad interamericana, es inevitable.

Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la carta democrática interamericana a Nicaragua. La falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera, la solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos interamericanos para abordarlo, que para bien o para mal los incluye a ustedes al Gobierno.

El futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador, que bueno sería con un Ortega demócrata, Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia, tiene más años de dictadura que de debida democracia en total, esto no es un juego político, esto se trata de la vida y los derechos de los nicaragüenses.

Al inicio el presidente Ortega mostró apertura hacia la democracia y la justicia, es decepcionante observar como ha cambiado la dirección y se ha lanzado a ese precipicio de las dictaduras. Al comenzar el camino hacia la carta democrática se abre también un camino para que el Gobierno considere sus acciones, la carta así lo prevé, quisiera aferrarme a esa última esperanza, a la esperanza de que usted y su Gobierno recuperen la dignidad revolucionaria, la dignidad de la autocrítica y la verdad, reconocerla y hacerla responsable. La dignidad de asumir errores, la dignidad de demostrarle a los jóvenes ilusionados con la idea de una sociedad más justa que los proyectos colectivos son más importantes que las personas que están en el poder, por supuesto más importantes que los privilegios que ostentan esas personas. La dignidad es volver a la raíces, la dignidad es volver a los principios que los llevarán a la reconciliación y la democracia en Nicaragua. Tengan toda la seguridad que por el bien de Nicaragua y toda su gente pondremos estos principios en práctica.

Las acciones a futuro por las que trabajaremos están en: restablecer el diálogo nacional, iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la carta democrática interamericana a como solicitaron ante este Consejo Permanente en la sesión del 19 de octubre del corriente año, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe del grupo independiente y pida una reunión para su exposición.

De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad solicitaremos a los Estados parte de la OEA así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la justicia universal.

Enviaremos las conclusiones del GIEI a la Unión Europea para que sean tenidas en cuenta en sus relaciones con el sistema interamericano.

Fuente: El Nuevo Diario

¿Injerencia de la OEA en Nicaragua?

A raíz de la creación de un Grupo de Trabajo para Nicaragua en el seno del Consejo Permantente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno del FSLN ha expresado su rechazo y advertido oficialmente que no recibirá a ninguna misión en nuestro país por considerar que tal actividad es injerencista y está siendo promovida por los Estados Unidos de Norteamérica en detrimento de la soberanía nacional. Dada la trascendencia del tema, me parece necesario hacer algunas observaciones al respecto.

En primer lugar conviene decir que hay una confusión de fondo que proviene de la manera de pensar absolutista y totalitaria del FSLN en cuanto a que para ellos Estado, Gobierno, Partido y Daniel Ortega son una misma cosa. El Estado es una abstracción jurídica que comprende un territorio, una población dentro de ese territorio y una forma político-social/institucional de organizarse (generalmente dividiendo el poder entre las estructuras u órganos Legislativo, Judicial y Ejecutivo), el Gobierno es comprendido como la parte que desempeña la función Ejecutiva dentro del Estado (una especie de Administrador). Visto de ese modo, el Estado de Nicaragua lo conformamos igualmente quienes apoyan al gobierno del FSLN y quienes no lo hacemos… juntos todos los nicaragüenses constituimos lo que se denomina “el soberano”.

Así pues, el primer punto a destacar es que Nicaragua es miembro de la OEA como Estado, sea quien sea el gobernante de turno e independientemente de que sea el Gobierno quien ejerza la representación legal del Estado. Al mismo tiempo vale la pena señalar que entre los propósitos esenciales de la OEA, según el artículo 2 de su carta fundacional están: “… a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención…” y el Estado de Nicaragua se ha obligado a cumplir esos propósitos.

En segundo lugar, a las voces del artículo 2 de nuestra Constitución Política: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito…”, es decir, para que haya soberanía es indispensable que existan y se respeten las formas democráticas de expresión y participación ciudadanas. La capacidad legal del Gobierno de Nicaragua para representar al Estado de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos depende directamente de su legitimidad y de la legalidad con que ejerce su mandato, esto es, del propio respeto del Gobierno a la soberanía nacional consagrada en nuestra Carta Magna.

Para entender el segundo punto podemos remitirnos a un ejemplo de la vida cotidiana: si vas a contratar con alguien que dice que actúa en representación de otra persona lo primero que hacés es verificar si cuenta con un poder de representación válido, de otro modo corrés el riesgo de que tu contrato sea anulado, perdás tu dinero o bienes involucrados e incluso podés verte envuelto en graves problemas legales. Una organización como la OEA sigue exactamente la misma lógica al admitir la representación legal de los Gobiernos y es por eso que en el artículo 9 de su carta fundacional tiene prevista la forma de actuar cuando un gobierno “democráticamente constituido” es derrocado por la fuerza:

“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.

a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.

c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General.

d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización.

f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros.

g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la presente Carta.”

Un gobierno que para sostenerse en el poder asesina, reprime y encarcela a sus detractores no puede menos que considerarse de dudosa legitimidad. Si a esto le sumamos las constantes denuncias de fraude en los procesos electorales, debido a deficiencias que ya han anotado la OEA y la Unión Europea en su oportunidad, así como el evidente control del FSLN sobre todos los Poderes del Estado, que pone en evidencia la falta de separación que es indispensable en toda organización social democrática… digamos que el FSLN está proclamando a gritos su inconsistencia jurídica, su incapacidad para ejercer un gobierno democrático y, por ende, la irregularidad de su calidad de representante de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos por el irrespeto a nuestra soberanía nacional.

Los ahora “policías voluntarios” apertrechados con armas de guerra, la Policía Nacional desplegada en constantes operativos de rastreo y captura de ciudadanos opositores al régimen y la cantidad de procesos judiciales irregulares a los que no se permite el acceso de organismos de la OEA pese a haber suscrito los convenios correspondientes, son pruebas más que fehacientes de que el gobierno del FSLN se sostiene por la fuerza y no por medios democráticos, de tal suerte que el artículo 9 de la Carta de la OEA es plenamente aplicable y seguramente se aplicará.

Por último, y para mayor abundancia, cabe anotar que la Carta Democrática Interamericana (del 11-09-2001) es más específica en cuanto a la ruptura del orden democrático de un Estado miembro de la OEA y las consecuencias de dicha ruptura, con sustento en las mismas apreciaciones arriba esbozadas:

“Artículo 19: Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20: En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21: Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.”

En términos estrictamente jurídicos el FSLN no tiene ninguna oportunidad de evadir las consecuencias de sus actuaciones en contra de la población nicaragüense, antes bien, cada reacción tendiente a obstaculizar las gestiones de apoyo de la OEA, y los diferentes grupos o comisiones creadas, apuntala su imagen de culpabilidad y responsabilidad, acelerando los procesos para su suspensión de conformidad con las disposiciones citadas. Capítulo aparte merece el análisis de las consecuencias personales que esta crisis acarreará a los principales funcionarios del gobierno del FSLN, incluyendo los procesos penales y civiles de resarcimiento que pueden alcanzar incluso a sus descendientes.