Editorial: Ley de Amnistía del FSLN, un obstáculo para la paz

El día de ayer, 8 de junio del 2019, los diputados del FSLN en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con mayoría absoluta de 70 votos la Ley de Amnistía presentada con trámite de urgencia por el Presidente Daniel Ortega Saavedra como un intento por detener las presiones y sanciones internacionales en contra de su gobierno a causa de la violenta represión con que mantiene sometida a la población nicaragüense.

Como todas las decisiones que toma el Presidente Ortega, y como es característico de los sistemas dictatoriales, la propuesta de Ley fue rápidamente aceptada y aprobada en tan solo 24 horas, sin consultar a las bases de su propio partido ni a las asociaciones de madres y víctimas de la represión de abril, mucho menos a la población en general. Así, esta ley es una nueva imposición de carácter arbitrario, oscuro y carente de compromisos en materia de justicia, reparación y no repetición.

Cabe destacar que el uso del término “no repetición” en la Ley de Amnistía del FSLN es una tergiversación del Principio del mismo nombre que contempla la Justicia Transicional y aplica exclusivamente al Estado, como garante del orden, el respeto a los Derechos Humanos y la estabilidad social.

Implicaciones de la Ley de Amnistía

En primer lugar, más allá de exonerar de responsabilidad penal a los posibles e indefinidos autores de crímenes contra la población nicaragüense, la ley ordena suspender todas las investigaciones por los hechos ocurridos a raíz de las protestas iniciadas en abril del 2018. Evidentemente, aunque el régimen trata de ocultarlo, esta disposición se convierte en un manto protector para los grupos paramilitares, parapoliciales y efectivos de la Policía y el Ejército que reprimieron con armas de grueso calibre a la población causando centenares de muertes y miles de personas lesionadas con distintos niveles de gravedad. El cierre de las investigaciones implica la denegación de justicia y reparación a las víctimas directas e indirectas del conflicto.

Un segundo elemento maliciosamente formulado es el que otorga una libertad condicionada a las actuales presas y presos políticos, dado que la condición consiste en que estas personas “liberadas” se abstengan de volver a repetir las conductas por las cuales están siendo procesadas. Lo que el régimen parece establecer es que las personas serán liberadas, pero deben de abstenerse de volver a protestar en contra del gobierno. Es evidente que al cerrarse las investigaciones, incluso las que no hayan sido iniciadas, y los expedientes procesales, la determinación de esas conductas queda al arbitrio de las autoridades policiales y judiciales del régimen, esto es una espada de Damocles que permanecerá dispuesta a ser activada por el gobierno de Ortega y el FSLN en contra de estas personas, supuestas beneficiarias de la amnistía.

Cultura de impunidad

El efecto jurídico de una amnistía, en términos generales, puede traducirse en “perdón y olvido” y es un recurso bastante utilizado por los regímenes dictatoriales para “pasar la página” cuando han cometido abusos y crímenes como los perpetrados por el gobierno del FSLN desde abril 2018 a la fecha. En Nicaragua, tierra de dictadores y dictaduras (tanto como de lagos y volcanes), contamos ya más de medio centenar de amnistías que han desarrollado una cultura de impunidad y resignación junto a la connatural rebeldía y violencia que genera el rechazo a ser gobernados por criminales despóticos.

El caso nos recuerda mucho a la Ley de Amnistía promulgada en Chile en 1978 con el fin de proteger a los colaboradores de la dictadura militar encabezada por Pinochet. Esta ley era necesaria puesto que la dictadura había operado sin marco legal, violando la constitución y los derechos humanos desde el 11 de septiembre 1973. Hasta su Constitución de 1980 Chile se mantuvo de facto bajo un estado de sitio.  Al momento de entrar en vigencia la Ley de Amnistía, en abril de 1978, gran parte de los tribunales se declaró incompetente en materia de derechos humanos, trasladando estos casos a la justicia militar que mantuvo hasta los años 2000 un silencio absoluto sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. La Ley de Amnistía fue uno de los principales obstáculos para la investigación de los hechos ilícitos cometidos durante la dictadura. Fue solo en 1998 que el Tribunal Supremo de Chile resolvió no aplicar esta ley para los casos de violaciones a los derechos humanos. Su paralelo con el caso nicaragüense, es que el gobierno, además de ser responsable de crímenes de lesa humanidad, decide concederse la amnistía a sí mismo para mantenerse en el poder e impedir el trabajo de la Justicia.

Enfrentamos una situación compleja que no puede ser soslayada por un nuevo gobierno, entre cuyas tareas principales deberá estar la creación y ejecución de un modelo de Justicia Transicional y Restaurativa que ponga fin a estas prácticas que atentan contra la paz y la armonía social.

¿Amnistía a cambio de renuncia?

Fuente: Ciudadano X

Tras la renuncia del magistrado Solís, quien fuera figura clave en la construcción de la dictadura Ortega-Murillo, y en vista de la aparente utilidad propagandística de tal deserción para el campo democrático, ha comenzado un debate acerca de si debe darse a otros desertores la garantía que un comentarista certeramente etiquetó, en una encuesta informal, como “protección y amnistía”.

Pienso que no.

En primer lugar, porque en vista de las circunstancias internacionales que enfrentan los desertores, no hace falta–y en algunos casos no es posible—conceder una amnistía generalizada.

Es cierto que bajo ciertas condiciones, desertores y delatores pueden recibir un trato generoso a cambio de su colaboración con el sistema judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, un matón de la mafia que delate a sus jefes, y contribuya claramente a que sus jefes vayan a la cárcel, puede ser incluido en un programa especial de protección, donde recibe el equivalente a amnistía y sale en libertad; pero lo pierde todo, hasta su nombre, amigos y parientes, y antes de recibir clemencia tiene, no solo que renunciar, sino que denunciar.

En el caso de la organización criminal que usurpa el poder en Nicaragua, dudo que ese tipo de tratos sea practicable, y no creo que pueda justificarse ética y legalmente. Es más, el perdón y amnistía que recibe el mafioso se otorga cuando ya al delator solo le queda su propia vida por resguardar. Esa medida extrema–proteger al asesino de la venganza de sus jefes–no hará falta en Nicaragua, porque la organización criminal de la que proceden los delatores, la mafia de El Carmen, perderá en su momento toda capacidad de hacerles daño: desaparecerá.

Por tanto:

¿Protección? No solo para los desertores/delatores, sino para todos los ciudadanos. Se llama “debido proceso“. Nada de linchamientos, ni juicios amañados, ni venganzas, ni torturas, ni penas en exceso de lo que la ley exige. No más expropiaciones sin establecer claramente el origen ilícito de las propiedades. Ni siquiera hay que asumir que todos los empleados públicos de alto nivel tienen cuentas pendientes con la ley. Toda acusación debe investigarse con seriedad, exhaustivamente. Porque una cosa es que puedan tener una deuda moral, que por su conveniencia o comodidad hayan aceptado puestos de privilegio, y otra es que hayan cometido crímenes. Debería haber sanción social, y es esencial que haya castigo político [¡ni un voto para ellos, ni un puesto de responsabilidad pública!], pero el sistema judicial debe penar únicamente crímenes, tal y como están definidos en las leyes nacionales e internacionales.

¿Amnistía? Por mi parte, un rotundo “No”. Sin embargo, un juez como los que deben formar el nuevo poder judicial debe tomar en cuenta, a favor del acusado, la medida en la que este haya colaborado con la justicia. Sin embargo, esta lenidad puede otorgarse a delatores acusados de participar en el aparato político del estado represor–algunos quizás “atrapados” en un tren en marcha al que se montaron por oportunismo–pero no debe nunca concederse a quienes dan las ordenes de represión violenta o las ejecutan. Amnistiar a estos últimos es, aparte de inmoral, irresponsable, porque se trata de personas que evidentemente–lo han demostrado—son un peligro para la sociedad. De todos modos, lo más probable es que no sean ellos quienes apuesten a “renuncia/denuncia” para salvar el pellejo.

¿Ni perdón ni olvido?

“Ni perdón, ni olvido” suena bien, pero ¿qué significa en nuestra actual coyuntura?

La próxima etapa de la lucha debe definir una instancia que agutine y de legitimidad al movimiento auto-convocado, que logre reunirnos alrededor de propuestas e ideales que se alejen de lo fallido que ya hemos experimentado. Designar representantes que definan las aspiraciones diversas de cada grupo, es una tarea pendiente; es una tarea urgente. Necesitamos quién defina los esloganes de la resistencia. Necesitamos consenso sobre qué entendemos por “democracia, por libertad”, o, por ejemplo, esto de “ni perdón, ni olvido”.

En las próximas semanas y meses habrá quienes abandonen el lado del Orteguismo.

El caso del Magistrado Rafael Solís es interesante como ejemplo. Hay personas afectas y cómplices del régimen cuya conciencia chocará en algún momento con sus lealtades y con sus concepciones de lo que se debe o puede hacer o no hacer. Muchos, y repito, muchos dentro de la sociedad nicaragüense, hemos, por razones ideológicas o de historia personal, sido partícipes de episodios que quienes nos adversaron, consideran lesionó profundamente su derecho a existir y a vivir de una determinada manera.

Muchos, desde somocistas a sandinistas, desde liberales a conservadores, hemos reconocido errores, hemos abandonado determinados comportamientos y engrosado las filas del descontento y la condena hacia los crímenes que hoy comete la dictadura Ortega-Murillo.

Que hayamos recapacitado, evolucionado y comprendido el sufrimiento del otro, la injusticia cometida contra la otra, es una señal de crecimiento, de avance hacia un estado de ánimo y de conciencia que ha permitido, a través del tiempo, una verdadera reconciliación entre los nicaragüenses que, por años, estuvimos en aceras contrarias.

Este proceso, en una situación como la actual, se repetirá numerosas veces. Entonces hay que pensar en cómo le haremos frente. “Ni perdón, ni olvido” es la negación absoluta de la oportunidad del equivocado a redimirse, aceptar su equivocación y sumarse al lado correcto de la historia.

Sin duda que hay comportamientos criminales que deben considerarse como tales. Sin duda que hay quienes son más responsables que otros y que están manchados de sangre inocente. Hay asesinos, hay ejecutores, pero hay niveles de responsabilidad y niveles de participación y, en toda justicia, esos niveles deben deslindarse. Para esto, será esencial que una Comisión de la Verdad, actuando dentro de la ley que tendrá que ser escrita pues no existe, escuche testimonios y dilucide cargos.

Mal haríamos, sin embargo, en comparar el papel de un empleado público con el de un paramilitar que disparó y mató.

Los funcionarios, los empleados públicos, incluso los policías que rehusen seguir siendo cómplices de este régimen represivo, deben actuar según su conciencia y sin temor. Su oportuna dimisión sin duda contará a la hora de que el juicio social los considere más o menos culpables.

En esta situación, una renuncia, como la del Dr. Rafael Solís, una denuncia como la suya, tiene valor. En la medida en que contribuye al resquebrajamiento del régimen, en que cuestiona desde dentro las estructuras de poder capaces de asolar el país y sumirlo en las honduras de una dictadura sanguinaria, tiene un valor incuestionable.

Siempre habrá quienes piensen y digan que son las ratas huyendo del naufragio, pero yo quisiera pensar que de ellas, hay muchas que nadarán y llegarán a buen puerto. Quiero pensar que nuestro patriota corazón sabrá encontrar el perdón para esos pródigos ciudadanos, que reconozcan sus yerros y se unan a la causa de todos.

Gioconda Belli
Escritora nicaragüense
Fuente: Facebook de la autora