OEA – Contundente derrota del FSLN

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, en el marco de la quincuagésima Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue aprobada una resolución que en su parte medular insta al gobierno de Nicaragua a garantizar que las elecciones a celebrarse en noviembre del 2021 gocen de todos los requisitos de legalidad y transparencia que exigen los estándares democráticos. Para tales efectos establecen un plazo que expira en el mes de mayo de ese próximo año 2021.

El texto de la resolución fue aprobado con 20 votos de 34 posibles, 12 abstenciones y 2 votos en contra, de los cuales uno, obviamente, corresponde a la representación del FSLN. Previo a la votación el representante del FSLN leyó un documento en el que se destacó la tradicional retórica antiimperialista y se advirtió que quienes votaran a favor estarían incurriendo en una ilegalidad, una violación a los principios de la Carta de la OEA y al Derecho Internacional.

A pesar de que algunas organizaciones y personas nicaragüenses desde el exilio albergaban la esperanza (infundada) de que el gobierno del FSLN fuese declarado ilegítimo, mientras las organizaciones aglutinadas en expresiones como la UNAB esperaban una resolución más contundente en ruta a la aplicación de la Carta Interamericana; en términos políticos, tanto por su contenido como por el resultado de la votación, la resolución de la OEA es una contundente derrota internacional para el FSLN, la más contundente de los últimos años.

Solamente un país, San Vicente y las Granadinas, apoyó abiertamente la posición del FSLN en el rechazo a la resolución. Las doce abstenciones de ninguna manera pueden interpretarse como un espaldarazo al régimen nicaragüense, sus motivaciones van desde un “no es nuestro problema” hasta el temor de ser evaluados con la misma medida en un futuro cercano (caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo). Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos decir que la resolución de la OEA signifique un triunfo para la oposición nicaragüense o el pueblo de Nicaragua. La incapacidad de la oposición nicaragüense (incluyendo a la que está en el exilio) para presentar una propuesta sólida y unificada de solución a la crisis no es algo que le corresponda resolver a la OEA, los Estados Unidos o alguien más. Los problemas de Nicaragua tenemos que afrontarlos y resolverlos los nicaragüenses.

En el esquema emotivo y hasta pasional que caracteriza a la “política” nicaragüense se suele olvidar que es el Estado de Nicaragua quien pertenece o es miembro de la Organización de Estados Americanos y no su Gobierno, mucho menos el FSLN. Es el Estado de Nicaragua, es decir la población nicaragüense, quien en el ejercicio de su soberanía designa dentro de su marco jurídico a las personas que ejercen el Gobierno y le representan en esa y otras instancias internacionales. Debemos entender y aceptar que de ninguna manera corresponde a la OEA, o a alguno de sus países miembros, resolver los problemas internos del Estado de Nicaragua… y que, en el caso extremo de que la OEA decidiera suspender la participación de Nicaragua dentro de la organización, tampoco habría algún tipo de “acción directa” en contra del actual gobierno, la OEA se limitaría a seguir presionando y negociando para que se restablezca el orden constitucional y se legitime la representación del Estado de Nicaragua mediante procesos democráticos fidedignos dentro de Nicaragua, bajo las leyes nicaragüenses.

El mensaje al FSLN es clarísimo: un futuro ejercicio en el poder que sea alcanzado mediante elecciones fraudulentas o poco creíbles expone a Nicaragua a ser suspendida o expulsada del organismo regional. El mensaje a la ciudadanía nicaragüense, especialmente a la oposición organizada, es igualmente claro: la forma de llegar al poder que la OEA reconoce tiene que pasar por los mecanismos democráticos internos reconocidos, es decir, un proceso electoral.

Así planteado, la última resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA conmina no solo al gobierno de Nicaragua para que garantice unas elecciones creíbles el próximo año, sino que también impone a la oposición la obligación de encontrar una ruta cívica y pacífica para resolver el conflicto interno que padecemos. Somos los y las nicaragüenses quienes tenemos que decidir el tipo de Sociedad que queremos construir, el tipo de país en el que queremos vivir… es nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana.

Coalición sin corrupción

Este mes que llevo descansando, retirado de los espacios políticos, me ha dado la oportunidad de escuchar a la gente y percibir esa otra realidad de la población respecto a la crisis política. Es interesante porque la gente no está desconectada de la crisis, tienen mucho conocimiento de los acontecimientos, sobre la oposición y la represión que ejerce el régimen. Incluso hasta simpatizantes sandinistas han hablado conmigo expresándome que el cambio de gobierno es irremediable. Y no son de estos sandinistas fanáticos o serviles, son sandinistas con un alto nivel de formación que conocen la realidad de la estructura de su partido y reconocen las fracturas internas.

No es cierto que existe “apatía” por la cuestión política del país, existe un descontento generalizado por el papel de la oposición para presionar a Ortega por una salida. Pero así como hay sandinistas descontentos con su partido, hay opositores que han dado marcha atrás y no ven con malos ojos al régimen de Ortega.

La crisis no es lineal, se mueve vertiginosamente en varias direcciones, desde posiciones políticas extremistas a puntos coincidentes entre bandos aparentemente irreconciliables, pero me resulta interesante que estos sandinistas que están casi en la disidencia se estén alejando del partido por la crisis económica y la corrupción dentro de las estructuras del gobierno y no por la represión descarnada. Y, por el otro lado, que opositores que durante abril participaron en las protestas en este contexto valoren más su estabilidad económica y para eso se hayan visto “obligados” a cambiar su posición política y obvien las consecuencias de la represión. Puedo equivocarme con esta aseveración, pero pareciera que son los simpatizantes del régimen los que van a determinar la caída de la dictadura.

Hace unos días se lanzó “la gran Coalición Nacional” en medio de un Estado de sitio descomunal. Cualquier intento de unificar a la oposición debe ser aplaudido, por supuesto. La interrogante de siempre es: ¿unidos alrededor de qué? Aparentar unidad no sirve de nada. La gente desconfía de la UNAB, la Alianza Cívica, los campesinos, los partidos políticos y los estudiantes; que todavía son percibidos con respeto, pero dicen que “les falta experiencia”. Y sobre todo hay un reclamo exigiendo “soluciones”. La oposición no ha sido capaz de catalizar las demandas de los nicaragüenses. Eso es algo que lo dije en muchas ocasiones, que estábamos construyendo un país desde nuestra visión como opositores y no desde las aspiraciones de los nicaragüenses de a pie.

Entiendo perfectamente por qué la gente no se siente identificada con las propuestas hasta ahora planteadas, porque no ven plasmadas sus demandas en esas propuestas. Otro dato interesante es que el tema económico sea más importante que los derechos humanos y la democracia.

La gente percibe mucho más importante la parte económica. Ese debe ser un tema a trabajar: concientizar y hacerle entender a los nicaragüense que para lograr un desarrollo económico y social de calidad necesitamos defender los derechos humanos y construir y defender una democracia fuerte, sin ambos elementos no tendremos un desarrollo económico sostenible o se repetiría el caso de que el crecimiento económico solo beneficiaría a una pequeña cúpula allegada al poder político y económico. Esa desconfianza podría ser erradicada si la oposición fuera capaz de construir un plan de nación para reconstruir el país en la etapa post-Ortega y de tener un plan de acción para reactivar la resistencia contra la dictadura.

Azahalea Solís, dijo en el programa Esta Noche, que: era “impensable construir una Coalición Nacional sin la participación de la Contra”. Yo sigo pensando que siguen apostando por acercarse a estas organizaciones que la población identifica como anti-sandinistas y eso en aras de eliminar esa idea de que se quiere un orteguismo sin Ortega. No me molesta la participación del FDN, pero se le está dando un peso político que no tiene.

Hace poco se le rindió homenaje a Enrique Bermúdez como “héroe de la democracia”, con puros fines politiqueros. Yo no podría estar más en desacuerdo, cuando la contra cometió delitos de lesa humanidad en los años 80’s y firmó en los acuerdos de Sapoá una amnistía general que les absolvía a ellos y al sandinismo de ser investigados y juzgados por estos crimenes. La Contra también es responsable de que no haya habido un proceso de reparación, verdad y justicia al concluir la guerra.

No me molesta la participación de la Contra, sino esa imagen que quieren verder de la Contra. Quieren utilizar las heridas de la guerra para derrotar a Ortega y esa es la peor estrategia que se puede usar, sobre todo en los más jóvenes (60% de la población de Nicaragua es joven). No están trabajando en una visión hacia el futuro. Los más jóvenes trabajamos nuestro presente pensando en el futuro y si van a revivir a reliquias de la guerra no nos va interesar.

También estuvo presente María Fernanda de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán en el acto de la Coalición. En lo particular no estaba de acuerdo con la participación de los partidos políticos tradicionales, pero fui madurando esa idea y creímos necesario que las bases de los partidos fueran parte de la Coalición Nacional, por supuesto proponiamos vetar a las cúpulas de dichos partidos. Miembros jóvenes del PLC nos han expresado que el partido no está controlado por Alemán y su esposa, y que hay mecanismos democráticos internos. El PLC que pactó en el 98 con el FSLN no es el mismo, pero queda ese estigma de que a partir del pacto es que se le permite a Ortega llegar al poder.

A partir de aquí tenemos la participación de una organización implicada en crimenes de lesa humanidad y facilitador de una amnistía, cuando se trata de conseguir justicia, y la inclusión de un partido político pactista, cuando se trata evitar un pacto con el régimen. Todas esas incongruencias que percibe la población en la oposición desalientan la esperanza de encontrar una solución a la crisis política.

La cultura política del último colapso del sistema político nicaragüense (1987 – 2018)*

INTRODUCCIÓN

La crisis sociopolítica nicaragüense continúa estancada, sus efectos en el ámbito económico ya causan estragos y gran parte de la población se encuentra desesperada, angustiada ante la falta de voluntad del gobierno para encontrar soluciones y cuyas acciones represivas más bien parecen acercarnos cada día más peligrosamente a un colapso social de magnitudes incalculables. Sin embargo, como se abordará en esta reflexión, es de suma importancia entender que el actual proceso es consecuencia del colapso del sistema político, en su esencia no tiene que ver con el ascenso al poder del FSLN en el 2007 y tampoco es producto de un problema atribuible a personalidades concretas (aunque estas configuran el modo en que se desarrolla el conflicto), sino, más bien, es el resultado del ejercicio de una cultura política profundamente arraigada en nuestra sociedad.

Se ha señalado reiteradamente, en otras ocasiones y foros, que Ortega y Murillo son sólo la expresión visible de los aspectos más negativos de nuestra cultura política tradicional, ellos son la materialización de los problemas de fondo que ahora enfrentamos.

¿Son reconocibles los mecanismos que en este nuevo proceso de colapso del sistema político nos condujeron al problema que se manifiesta en la degradación de la legitimidad, la concentración del poder y el incremento de la exclusión social?

LAS BASES DEL NUEVO COLAPSO A PARTIR DEL COLAPSO DE 1979

Del colapso de 1979 emergió un Estado con legitimidad limitada, por la exclusión automática de toda la población identificada como somocista, que se resquebrajó aún más por las tensiones y las imposibilidades de diálogo entre los actores envueltos en los conflictos de los años inmediatos. En este contexto, la Constitución Política de 1987 nace de una Asamblea Constituyente electa en un período de guerra, con espacios muy reducidos de negociación, dados por la realidad nacional y su contexto internacional[1], que impiden construir la legitimidad plena del Estado constituido (independientemente del argumento de por qué se haya producido esta brecha).

La brecha de la legitimidad limitada del Estado Nacional resultante del colapso de 1979, tendió a cerrarse con las elecciones de 1990 (único proceso documentado en la historia post colonial que ha dado como resultado un Estado legítimo producto de un[2] proceso de paz-negociación-elecciones[3]). Las elecciones permitieron un traspaso del poder al oponente en el marco de una cultura de paz. No obstante, como veremos a continuación, la forma escogida para salir de la crisis y la guerra civil marcó el inicio de la inestabilidad jurídica constitucional y sentó las bases del proceso de degradación del sistema político que nos trajo a la tragedia actual.

LA CULTURA POLÍTICA DEL ÚLTIMO PROCESO POLÍTICO EN SU RUTA HACIA EL COLAPSO

Podemos decir que desde el último colapso (1979) al menos tres mecanismos de nuestra cultura política nos condujeron al proceso de pérdida de la institucionalidad democrática y al consecuente fracaso del sistema político actual: los pactos políticos y las leyes “marco” que produjeron, las salvaguardas democráticas deficientes para aplicar cambios constitucionales y el deficiente ejercicio de la ciudadanía frente a los cambios constitucionales.

1.1. Los pactos políticos y las leyes “marco”

Con el término “ley marco” se conoce al instrumento utilizado en 1990 para adelantar las elecciones y poner fin a una guerra fratricida que se había intensificado por el conflicto internacional conocido como “la guerra fría”, que enfrentaba a las potencias occidentales con el denominado “bloque socialista” encabezado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Concretamente el texto de esa primera ley “marco” de 1990 está contenido en los considerandos de la primera reforma a la Constitución Política de 1987 que literalmente dicen:

I. Que el Presidente de Nicaragua suscribió el 4 de Agosto de 1989, un Acuerdo con dieciocho partidos políticos donde convinieron que las autoridades ejecutivas y legislativas que resulten electas el 25 de Febrero de 1990, tornarán posesión de sus cargos el 25 y 24 de Abril de 1990, respectivamente.

II. Que para el cumplimiento de dicho Acuerdo se hace necesario reformar transitoriamente la Constitución Política de Nicaragua, reforma que se ha realizado en dos legislaturas y en dos debates: El diez de Octubre de 1989 el primero, y el treinta y uno de Enero del corriente año el segundo.

Y es de este modo que se introduce en nuestro sistema político la posibilidad de reformar a conveniencia la Constitución Política como resultado de un pacto entre cúpulas en un período de gobierno. Esto tiene como consecuencia directa que los cambios constitucionales de aquí en adelante responden a intereses de gobierno y no a intereses de Estado.

La justificación de esta primera ley marco de 1990 parece evidente: había que detener la guerra dando cumplimiento a los acuerdos suscritos, sin embargo, la decisión abrió las puertas a una flexibilidad jurídica tal que la Constitución Política de Nicaragua de 1987 ha sido reformada nueve veces para satisfacer las necesidades y caprichos de las élites políticas y económicas de nuestro país. Es así como la misma figura jurídica (ley marco) se volvió a utilizar en los años 1995 y 2005, luego de cambios a la Constitución Política de 1987 que, por falta de un juego político asertivo, generaron gran inestabilidad. De igual manera, aunque no se utilizara el mismo instrumento, comparte la misma naturaleza el “Pacto Alemán – Ortega” de 1998, que provocó las reformas constitucionales que a la postre permitieron al FSLN ganar las elecciones del 2006 en primera ronda (mediante la reducción del porcentaje de votos necesario).

Durante el desarrollo del conflicto actual se continúa proponiendo la negociación de una “ley marco” como un mecanismo válido y necesario para dar solución a la crisis, sin embargo el uso recurrente de una negociación que requiere de una “ley marco” para dar salida a los conflictos de intereses políticos produce inevitablemente el deterioro de la legalidad y la legitimidad institucionales, deterioro que es la verdadera raíz del colapso actual del sistema político nicaragüense por dos razones fundamentales:

  • Primero, está el hecho de que una “ley marco”, resultante de un pacto político, termina siendo más importante que la Constitución Política, es decir, en el sistema político nicaragüense actual la Constitución Política no es la “Ley Suprema” y puede ser modificada a conveniencia de quienes ejercen el poder.
  • Segundo, como consecuencia directa de lo anterior, el Estado y el ejercicio del Gobierno dependen de la voluntad de cúpulas o élites y no de la voluntad popular, desapareciendo la noción de soberanía y, con ella, la legitimidad general del Estado y sus instituciones jurídicas.

1.2. Ciclos legislativos y reformas constitucionales

En Nicaragua a partir de 1989-1990 adoptamos de facto la interpretación del término “legislatura” (que se menciona en la parte final del artículo 192 constitucional) como ciclo administrativo y no como ciclo electivo (duración del mandato alcanzado por la vía electoral) para realizar reformas constitucionales y que las mismas produzcan efectos casi inmediatos. Es decir, se hace suficiente dar por concluido un ciclo administrativo (o período legislativo) de la Asamblea Nacional, cosa que puede ocurrir de un momento a otro pues es potestativo de la Asamblea Nacional abrirlos y/o cerrarlos, para proceder a realizar estos cambios en el Contrato Social y no mediante la ratificación de un órgano legislativo renovado por la vía electoral, que con un posible nuevo balance de poder en su composición permitiría valorar si lo que las reformas entrañan es un verdadero interés del Estado y no del gobierno de turno.

Recordemos que, como parte del proceso de refundación del Estado de Nicaragua y como consecuencia del colapso social de 1979, habían sido derogadas la Constitución Política previa (1974) y con ella las leyes que organizaban los distintos Poderes del Estado. Nicaragua funcionaba con un “Estatuto Fundamental” y con un “Consejo de Estado” que hacía las veces de órgano del Poder Legislativo. Es con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1987 que nace la Asamblea Nacional de Nicaragua y comienza a funcionar con nuevas disposiciones y normativas internas. Este dato es de suma importancia para explicar que el término “legislatura” utilizado en el artículo 192 de la Constitución de 1987 en ese momento no tiene definición legal en el ordenamiento jurídico vigente.

En 1989 el “Estatuto General de la Asamblea Nacional” (Ley No. 26 de 3 de Agosto de 1987) ni siquiera contemplaba el procedimiento a seguir para la reforma parcial a la Constitución Política y tuvo que ser reformado mediante la Ley N° 69 del 21 de noviembre de 1989, luego de un pacto político y para responder a sus exigencias, para incluir los siguientes artículos (nótese que se utilizan bien diferenciados los términos legislatura y período legislativo):

Artículo 53.- En el caso de la iniciativa de Reforma Parcial de la Constitución Política se procederá conforme lo establecido en ésta y en el presente Estatuto, en lo relativo a su presentación, su dictamen y su primera discusión y aprobación.

 Artículo 54.- La Junta Directiva someterá directamente al Plenario, para su segunda discusión, la iniciativa de Reforma Parcial tal como fue aprobada en la primera legislatura, en los primeros 60 días del siguiente período legislativo.

 Artículo 80.- El sexto período legislativo correspondiente al año 1990 dará inicio el día 22 de Enero del mismo, fecha en se efectuará la Sesión Inaugural respectiva.

El término “legislatura” es polisémico y puede referirse, en general, al órgano que legisla como también al período en el que desempeñan sus funciones los legisladores electos (Diccionario Jurídico RAE). Su definición legal en el ordenamiento jurídico nicaragüense aparece hasta en el año 2006 con la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, como: “período en el que se verifican las sesiones de la Asamblea Nacional que comienza el día nueve de enero y concluye el quince de diciembre de cada año”.

Resulta casi evidente que al establecerse la exigencia de que las reformas constitucionales tengan que ser aprobadas en dos legislaturas se está creando una salvaguarda democrática que impide la manipulación de la “Ley Suprema de la Nación”, que es de interés superior del Estado, para favorecer los intereses particulares de quien se encontrara ejerciendo el gobierno. Como antecedentes de esta salvaguarda democrática en la legislación constitucional nicaragüense tenemos que en la Constitución Política de 1948 se establecía:

Art. 287.- La Constitución y las leyes constitutivas sólo podrán ser reformadas en virtud de una ley aprobada en la forma prescrita en los Artículos 149, 150, 151 y 152 en lo que fueren aplicables, y a condición de que la ley reformatoria sea ratificada por el Congreso Pleno en las sesiones ordinarias siguientes a las nuevas elecciones de diputados y senadores. El Ejecutivo solamente podrá vetar la reforma cuando la reciba para su promulgación después de la ratificación del Congreso Pleno, en cuyo caso éste podrá ratificarla constitucionalmente conforme las reglas generales.” (las negrillas son nuestras)

Por su parte la Constitución Política de 1974 no establece la salvaguarda democrática en los mismos términos que la Constitución Política de 1948, para la reforma constitucional en dos legislaturas (entendidas como períodos electivos), pero al menos contemplaba un proceso que involucraba a las dos Cámaras del Congreso (Poder Legislativo de la época) y al Presidente, como representante del Poder Ejecutivo, en dos períodos legislativos. Es también obvio y remarcable que la Constitución de 1974 ya responde abiertamente a los intereses de la dictadura somocista y de ahí su flexibilización.

Más adelante, en el intento frustrado de reforma constitucional de 1994 (Ley 173 del 23 de febrero de 1994), se trata de eliminar absolutamente la salvaguarda democrática de las dos legislaturas contenida en los artículos 192 y 195[4] de la Constitución Política; esto con el fin de allanar el camino a otras reformas constitucionales que provocaron un conflicto de poderes en 1995. Como resultado de este conflicto de poderes, que en realidad era un conflicto de intereses políticos personales y entre facciones de la Unión Nacional Opositora (UNO) se acudió a la figura de la ley “marco”, como ya ha sido relacionado en el acápite anterior.

Esta flexibilidad interpretativa, que parecía de utilidad en 1989-1990 para dirimir el conflicto fratricida, fracturó definitivamente lo que pretendía ser una salvaguarda democrática y ha llevado a que en los últimos casi 40 años las reformas constitucionales se encuentren orientadas por los intereses y la visión del grupo gobernante del momento.

1.3. Constitución, democracia y ciudadanía

A lo largo del ciclo político que colapsó en el año 2018 el ejercicio de la cultura política oportunista de las élites económicas y políticas logró debilitar paulatina e irremediablemente la legitimidad de las instituciones del Estado, de tal suerte que en este momento ninguna goza de la mínima credibilidad.

Haciendo una somera revisión de las reformas hechas a la Constitución Política de 1987, incluyendo su redacción y entrada en vigencia, podemos resumir que:

  • en todo momento han respondido a la visión del gobernante y/o a un pacto entre las cúpulas políticas y económicas,
  • se han empleado mecanismos con apariencia de legalidad que desvirtúan totalmente la noción de la Constitución Política como una “Ley Suprema”,
  • han ocurrido pasando por encima de las salvaguardas democráticas mínimas establecidas y sin contar en ningún momento con un mecanismo de legitimación democrática popular (plebiscito o referendo).

Con relación al último punto, resulta sugerente el hecho de que el planteamiento de un referendo, que promueve Propuesta Ciudadana como la opción democrática idónea para dar solución a la crisis, sea soslayado de plano por la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Desde la cultura política tradicional de las élites y el autoritarismo del gobierno de turno resulta inimaginable la aplicación de esta figura democrática. En su praxis a lo largo de la historia la única opción viable, para quienes detentan el poder y quienes lo pretenden, es una negociación o pacto que desemboque en una adecuación de las leyes a sus pretensiones; es decir, el mecanismo por el cual llegamos al colapso del sistema político y nos enrumbamos a un nuevo colapso social.

La ciudadanía, por su parte, carente de una cultura democrática desarrollada, pero con ciertos liderazgos visibles que practican y promueven elementos importantes de una nueva cultura política emergente, todavía no ha logrado incidir en los procesos y conflictos resultantes del colapso del sistema político descrito que, de no ser resueltos democráticamente, nos conducirán al próximo colapso social.

COMENTARIOS FINALES

Aunque hay otros posibles mecanismos de nuestra cultura política que aún no han sido suficientemente abordados, este breve análisis nos permite concluir que en una propuesta de salida a la crisis, para evitar el colapso social en proceso de configuración, las actuales fuerzas de oposición tendríamos que:

  1. evitar una negociación política, en el formato tradicional, que culmine en un pacto entre cúpulas y una nueva manipulación de la Constitución Política que pueda significar un reparto de poder y/o la posibilidad de evadir la aplicación de la Justicia a los autores de acciones criminales a partir de abril del 2018 a la fecha, pertenezcan al bando que pertenezcan dichos autores;
  2. intentar un mecanismo de participación ciudadana que permita a la población refrendar o abrogar las reformas constitucionales del año 2014, esto es un referendo, y/o;
  3. adoptar el compromiso de que un futuro gobierno será en esencia transitorio y tendrá en su programa la tarea fundamental de refundar el Estado de Nicaragua en un corto plazo, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que puedan tener participación activa todas las fuerzas políticas de la nación y, principalmente, la ciudadanía.

Actuar de otro modo, pretender aprovechar la crisis para simplemente ir a unas elecciones con ciertas garantías que permitan alcanzar el poder, o defenderlo a ultranza en el caso de una eventual victoria del gobierno actual, para dar inicio a un nuevo proceso de exclusión del segmento de la población que resultare “derrotado” en el futuro, no solo terminaría de configurar el proceso de colapso social que hoy vivimos, sino que sentaría las bases para el próximo colapso del sistema.

Nuestra meta en este momento histórico tiene que ser la corrección de los errores cometidos en el pasado, estableciendo mecanismos de control ciudadano y las salvaguardas democráticas que impidan los abusos de poder y la manipulación de las leyes, en especial los mecanismos que protejan a la ley que contiene y representa nuestro “contrato social”, nuestra Constitución Política. Con la mira puesta en ese horizonte es que tiene sentido ir a elecciones.


* Escrito en colaboración por Adolfo Hurtado y Carlos Pérez Zeledón

[1] El contexto global al momento del colapso en 79 y su no resolución en los ´80, del siglo pasado, tuvo un severo impacto en la intensidad del conflicto, al punto que hoy sigue siendo un análisis dominante en los diversos pensamientos políticos, la guerra fría como motor del conflicto y se aparta la mirada de las contradicciones internas del Estado-Nación que recurrentemente nos devuelven al mismo punto histórico: el colapso del sistema político.

[2] El traslado del poder de manos de quien lo detenta a la oposición no se produce por colapso institucional, ni de se da una exclusión política de una parte de la sociedad, en términos históricos.

[3] Habría que revisar a la luz de criterios de gobernanza si el proceso de Constituyente y elecciones de 1857-1859 es un hito equivalente. Se hace necesario revisar la Constitución 1857-1859, el fraude electoral de 1864 (tercera presidencia de Tomás Martínez elegido por primera vez en la Constituyente de 1857) y los mecanismos de exclusión de los Liberales en este período.

[4]      En la reforma de 1994 fueron eliminadas, del artículo 192 y 195 de la Constitución las referencias a las reformas constitucionales y legislaturas, se cortaron estos fragmentos:      

  • Arto. 192.-… La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas;      
  • Arto. 195.-… con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

Programa urgente para Nicaragua

Antes del 18 de abril de 2018 en Nicaragua ya se realizaban esfuerzos por evitar la instauración de un Gobierno autoritario. Decenas de organizaciones políticas y de sociedad civil habían construido los primeros puentes de unidad para enfrentar el desmantelamiento de las instituciones del Estado, la recuperación de la democracia, el retorno de la confianza en los procesos electorales y las mejoras a la calidad de vida de los nicaragüenses.

En ese trayecto una decena de organizaciones se dieron a la tarea de construir un programa de nación mínimo que abordara las futuras crisis políticas y económicas que ya se proyectaban en un horizonte cercano. Si bien no había claridad de que habría un estallido social de la magnitud del que se vivió desde abril de 2018 y sus consecuencias, se vislumbraba ante las demandas ciudadanas, exigencias que forzaban la apertura al sistema político, y soluciones a una crisis económica que se veía venir producto de la corrupción promovida por los agentes del Estado, en contubernio con las nuevas élites económicas y las establecidas entre 1990 y 2006, así como la centralización del poder de las fuerzas armadas y de seguridad bajo el mando absoluto del Ejecutivo.

La anterior “reseña” es para introducir la presentación de un plan de nación que fue elaborado en junio de 2013 por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), el Grupo Patriótico de Militares Retirados (GPMR), el Grupo de Reflexión de la Izquierda (GRI), el Grupo de Reflexión, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (RESCATE), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Movimiento Patriótico por la República (MPR) y el Partido Socialista de Nicaragua (PSN). Hoy día algunos de estos actores forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este artículo presento cuáles fueron las propuestas concretas para encontrar la salida a la crisis económica y que para mí son tan válidas de abordar en este momento como la necesidad de adelantar elecciones.

Cambios que necesitamos en las diferentes esferas de la vida nacional

Algunas características del modelo económico e institucional propuesto:

El modelo económico debe tener como centro y principal sujeto a la persona humana, el fortalecimiento de su dignidad, sus valores, sus derechos y sus libertades. La inversión más importante del Estado debe centrarse en el desarrollo del capital humano, condición vital para el incremento de la productividad y la competitividad, sin descuidar la inversión productiva y de infraestructura.

El Estado debe centrar esfuerzos para potenciar las capacidades de formación asignando como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y garantizando la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa, por medio del fortalecimiento en coherencia a los sub-sistemas educativos, diversificando ofertas en los diferentes niveles educativos y brindando opciones técnicas para aprovechamiento del bono demográfico.

Las políticas económicas deben propiciar la inversión y la generación de empleo, consensuadas entre el sector privado, los representantes de la clase trabajadora, la sociedad civil y las universidades, a fin de generar consensos sobre el rumbo económico y social del país y la necesidad de construir un Estado con la participación de toda la ciudadanía.

La institucionalidad democrática debe hacer énfasis en la construcción de un sistema político que permita la libre elección de las autoridades nacionales y locales, respetando la voluntad de la ciudadanía, garantizando la igualdad de participación de todas las organizaciones políticas y la incidencia efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en la selección de personal idóneo para los poderes del Estado y para la definición de políticas públicas.

Institucionalidad y Estado de Derecho:

La construcción y establecimiento de un pacto social para el establecimiento de un nuevo Estado de Derecho, y por tanto de la institucionalidad democrática, es indispensable para garantizar el desarrollo de una sociedad moderna y para construir una nueva cultura política basada en el pleno funcionamiento de la gobernabilidad. Instituir un Gobierno de instituciones, racionales, inclusivas y con independencia entre los poderes del Estado, fomentando la cultura de legalidad y diálogo. Para estas acciones se propone:

  • Despartidización e independencia de los distintos Poderes del Estado e instituciones de control de la gestión pública.

  • Reducción del número de magistrados y altos funcionarios en las instituciones del Estado y reducción de privilegios de acuerdo a la crítica situación del país.

  • Restablecimiento de los contrapesos entre las instituciones en base a los preceptos constitucionales y el respeto pleno al marco Constitucional para el funcionamiento de las instituciones.

  • Reformas a la Constitución y a la Ley Electoral orientadas a la construcción de un sistema electoral que garantice la independencia del poder electoral, la transparencia, imparcialidad y profesionalismo en la administración de los procesos de elección de las autoridades nacionales y locales, así como la inclusividad mediante la eliminación de todas las formas de discriminación o de desventaja a partidos minoritarios, para que se respete la voluntad de los votantes.

  • Despartidizar el Poder Judicial haciendo prevalecer el sumo imperio de la Constitución y las leyes en la administración de la justicia.

  • Garantizar la independencia jurisdiccional de los y las jueces en relación a las instancias superiores del Poder Judicial.

  • Separar el órgano de administración y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

  • Despartidizar y restablecer las funciones de la Contraloría de la República, la Procuraduría y la Fiscalía.

  • Restablecer la autonomía y la descentralización municipal, y garantizar el respeto a la Ley de Municipios y Ley de Participación Ciudadana.

Estado y sociedad civil:

  • Promover y garantizar la participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal.

  • Cumplir con la Ley de Participación Ciudadana y sus instancias de participación tales como el Consejo de Planificación Económica y Social (CONPES), el Consejo de Desarrollo Departamental (CDD), el Comité de Desarrollo Municipal (CDM) y el Consejo Regional de Planificación Económica y Social (CORPES).

  • Reconocer y respetar la libertad de organización, reunión y movilización de los diferentes sectores de la sociedad.

  • Garantizar el respeto y la no discriminación hacia la sociedad civil, independientemente de su sexo, edad, identidad, raza, religión, posición política e ideológica.

  • Respetar los mecanismos establecidos para la participación ciudadana, especialmente de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, personas con discapacidad y otros sectores vulnerados.

Economía y finanzas:

– Modelo económico:

El modelo económico actual basado en la exclusión y la concentración de los ingresos en manos de unos pocos, será transformado por un modelo más justo y equitativo que permita superar la enorme brecha entre la riqueza y la pobreza, fortaleciendo el papel del Estado en las áreas estratégicas que beneficien a los sectores sociales más desprotegidos; para eso se elaborará un plan de concertación con todos los actores nacionales, para con ello:

  • Promover un proceso de cambio estructural de la economía, en el sentido de un proceso de incesante diversificación de la estructura productiva mediante el cual, como resultado de la innovación tecnológica, se irán implantando nuevos sectores, incluyendo de forma creciente los intensivos en tecnología.

  • Aprovechar plenamente el bono demográfico mediante un proceso de permanente cambio estructural, que signifique que la población en edad de trabajar, que está creciendo con fuerza debido al cambio en la estructura de edades y a la creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica, encuentre ocupación en actividades económicas, cada vez con mayor productividad, y cada vez más intensivas en conocimiento.

  • Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, pero el estado debe asumir los costos de la economía del cuidado, la cual recae fundamentalmente en las mujeres, trabajo hasta ahora invisibilizado, no remunerado y con serias implicaciones para la salud y calidad de vida de las mujeres.

  • Desarrollar una base amplia de recursos humanos con los conocimientos y destrezas requeridas para hacer posible este proceso de cambio estructural, y para que los jóvenes que se incorporen a la edad de trabajar, encuentren empleos, cada vez con mayor calidad, para los cuales deberán estar adecuadamente preparados. Ello exige materializar el derecho a una educación de calidad para todos y todas.

  • Desarrollo de un sistema nacional de entrenamiento y capacitación laboral que combine y complemente esfuerzos del sector público y privado. El papel de las empresas es central: el desarrollo del capital humano no solamente requiere educación formal, sino el adecuado entrenamiento y capacitación de la fuerza económicamente activa o trabajadora por parte de las empresas.

  • Desarrollar mecanismos de fomento del desarrollo, convirtiendo al Banco Produzcamos en un verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, para asegurar el financiamiento a bajo intereses de las inversiones de medio y largo plazo a la pequeña y mediana producción.

  • Establecer políticas especiales para fomentar el empleo y formación de jóvenes y mujeres.

  • Desarrollar la capacidad del país para asimilar, adaptar, mejorar y desarrollar el conocimiento y la tecnología, que lo capacite para llevar a cabo su propio esfuerzo de emulación tecnológica orientado a reducir la brecha tecnológica. Esto es lo que hará posible la constante diversificación de la economía hacia actividades con mayor valor agregado y contenido tecnológico, indispensable para generar empleos de cada vez mayor calidad.

  • Coordinar acciones e inversiones Públicas y Privadas, para desarrollar ventajas comparativas dinámicas, basadas en la creciente diversificación del aparato productivo.

– Crear mecanismos de fomento del desarrollo:

  • Instituciones financieras de fomento al desarrollo (Verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, cuyos nombramientos dependan de la Asamblea Nacional) para asegurar el financiamiento de las inversiones de medio y largo plazo, indispensables para modernizar y diversificar el aparato productivo, hacia actividades de mayor valor agregado, rendimientos crecientes y elevada densidad de encadenamientos.

  • Otras Instituciones de fomento: investigación y apoyo a la innovación tecnológica, difusión de la tecnología, inteligencia de mercados y apoyo a la comercialización, desarrollo de la infraestructura adecuada y otros servicios de apoyo.

  • Estimular la inversión, en especial aquella que se oriente a desarrollar actividades de alto valor agregado, generación de externalidades tecnológicas, y una mayor densidad de encadenamientos intersectoriales.

  • Establecer políticas crediticias, fiscales, comerciales más eficaces y de fomento de la producción y la comercialización a la pequeña y la mediana producción agropecuaria, artesanal, y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.

  • Invertir en infraestructura vial agrícola durable.

  • Asignar conforme plan nacional, recursos financieros para la pequeña y mediana producción.

  • Elevar producción y productividad, así como darle valor agregado a nuestra producción agrícola en todos los órdenes. Fomento del riego.

  • Desarrollar la agroindustria.

  • Alcanzar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria.

  • Establecer de un banco de tierras estatal para impulsar la reforma agraria que beneficie al campesinado pobre.

– Presupuesto y fiscalidad:

El sistema tributario permite al Estado contar con los recursos indispensables, que luego se incorporan al presupuesto nacional, para financiar las inversiones en capital humano e infraestructura básica requeridos por el proceso de cambio estructural y para lograr un desarrollo con equidad, para lo cual proponemos lo siguiente:

  • Impulso de ley de Justicia tributaria con equidad, con el fin de disminuir la brecha entre los más enriquecido y los mas empobrecidos, asegurando que todos aquellos con capacidad contributiva aporten al financiamiento de los bienes públicos que provee el Estado, y que quienes tengan mayor capacidad contributiva aporten relativamente más.

  • Reducción al mínimo necesario de las exenciones y exoneraciones.

  • Aplicación del principio de progresividad, de manera que quienes ganen más aporten más y los que tengan menos aporten menos.

  • Racionalización del Gasto Público, y pasar a un presupuesto que se convierta en la expresión financiera de programas nacionales orientados a cumplir objetivos y metas de desarrollo en diferentes campos, especialmente en educación, salud, infraestructura básica, protección ambiental y desarrollo de la capacidad nacional para asimilar conocimiento y tecnología.

  • Reducción de los gastos superfluos de las instituciones estatales y combate a la corrupción.

– Derechos de propiedad:

  • Deberá garantizarse el respeto a la propiedad y a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, siempre y cuando se correspondan y cumplan estrictamente con el marco jurídico legal y de soberanía nacional de Nicaragua.
  • La corrupción en las instituciones del Estado será asumida como un delito de lesa humanidad.

  • Política de premio castigo: Premiar la denuncia de la corrupción y castigar a los corruptos.

  • Todos los bienes adquiridos mediante la cooperación internacional que hayan sido privatizados en manos particulares, deben ser restituidos al Estado nicaragüense. Asimismo, toda deuda pública generada por negocios privados no será reconocida como deuda del Estado nicaragüense.

  • Los bienes obtenidos ilícitamente, por tráfico de influencia y por actos de corrupción u otros, serán reinvertidos socialmente en base a las políticas de Estado de desarrollo rural y urbano.

  • Protección y respeto a la legislación existente relacionadas con los derechos ancestrales sobre las propiedades de las comunidades indígenas del Caribe, del pacífico, centro norte y, afro- descendientes .

– Protección del medio ambiente:

  • Aprovechamiento racional y sostenible de nuestros recursos naturales, aplicando las medidas necesarias que la ley establece para su protección.

  • Toda inversión ya sea local o extranjera, debe estar en función de los intereses nacionales, asegurando por la vía institucional y legal, que al país le correspondan márgenes justos de ganancia para la inversión social y se preserve la soberanía nacional y la sostenibilidad ambiental.

  • Realizar con inmediatez, rigurosidad y apego a la ley, los Estudios de impacto ambiental a los mega proyectos en función de su viabilidad y pertinencia y la construcción de un consenso nacional en torno a los mismos.

  • Asegurar la sostenibilidad de la reserva hídrica de Nicaragua.

  • Definir una política de Estado referida a los recursos mineros (incluida la minería metálica) en correspondencia con el aprovechamiento sostenible y respeto a la dignidad humana y sus derechos laborales.

En lo social:

– Educación:

La educación es un derecho de todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza. La educación debe caracterizarse por ser una educación liberadora del ser humano y de la sociedad, constructora de ciudadanía. Por se propone:

Garantizar la cobertura y el acceso de la población a la educación:

  • Diversificando la oferta educativa existente, y ampliando la educación básica y superior.

  • Erradicar el analfabetismo y ampliando la educación básica y habilitación laboral para adultos y adultas.

  • Garantizar a los y las más pobres la gratuidad de la educación y las condiciones necesarias para brindarles una educación de calidad.

  • Ampliar la infraestructura educativa en los sectores rurales y la Costa Caribe.

  • Asegurar las condiciones básicas para el funcionamiento de los centros.

  • Asegurar una educación pertinente y de calidad.

  • Universalizando la educación preescolar de tres niveles para niños y niñas de 3 a 6 años garantizando la continuidad del sistema hasta la educación media con salidas intermedias de educación técnica/tecnológica.

  • Asegurar que el personal más calificado y mejor remunerado del MINED, esté en los territorios, especialmente en aquellos donde existe mayor pobreza, adecuando los currículos a las necesidades, potencialidades y planes de desarrollo local.

  • Establecer un sistema de contratación por concurso para el personal técnico del MINED.

  • Garantizando la oferta educativa para personas con Capacidades Diferentes.

  • Fortaleciendo el Sistema educativo autonómico regional (SEAR) de la Costa Caribe.

  • Priorizando la educación rural y el multigrado.

  • Incrementando el salario básico de los y las docentes.

  • Diseñando, consensuando e implementando la carrera profesional de los y las docentes y una política diferencial de remuneración por desempeño.

  • Mejorando la calidad de la formación inicial de los y las docentes y el correspondiente aumento de plazas para asegurar contratación y cobertura.

  • Invirtiendo en una adecuada formación continua y acompañamiento pedagógico para los y las docentes.

  • Dar continuidad y completar las políticas de educación para la primera infancia (0 – 3 años), consensuando con diferentes sectores de la sociedad un currículo para esta etapa del desarrollo.

  • Garantizar la laicidad de la educación pública y la educación no sexista.

  • Articular y generar sinergia entre los tres subsistemas educativos del país y los diversos sectores de la sociedad civil que trabajan y apoyan la educación, promoviendo una cultura de rendición de cuentas basado en un compromiso cuantificado en indicadores y metas a las que la sociedad civil, los medios,

  • Aumentará la inversión pública en educación preescolar, básica y media, incrementando el presupuesto asignado a la educación, pasando paulatinamente del presupuesto actual al 7% del PIB, tal y como lo exigen las necesidades educativas del país y los compromisos internacionales que ha asumido Nicaragua.

  • Asegurar el financiamiento estatal a la educación superior y promover la discusión en torno a la Educación Superior necesaria para el país y el establecimiento de compromisos de las universidades con relación a sus resultados, que la sociedad debe monitorear

– Salud:

La salud es un derecho humano esencial que debe ser compartido por todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza, por ello proponemos:

  • Establecer un sistema de salud que garantice la salud de todas las personas.

  • La violencia contra las mujeres debe ser considerada como un problema de estado y de salud pública, la seguridad humana de las mujeres requiere de la aplicación y destinar recursos económicos para la implementación de la ley 779 en su perspectiva integral.

  • El modelo de salud deberá estar acorde a las necesidades de la ciudadanía, en el que la prevención, la atención y la recuperación de la salud sean un bien social que el Estado debe garantizar

  • El Presupuesto General de la República debe disponer de los recursos suficientes para atender las necesidades de salud de la población, con énfasis en la población mas empobrecida.

  • Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios en todo el territorio nacional, dando prioridad a las zonas desprotegidas, carentes de infraestructura y/o de más difícil acceso.

  • Garantizar la atención diferenciada y la calidad de los servicios, en todo el ciclo de la vida de las personas.

  • Los programas deben tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, según sus ciclos vitales.

  • Se deben incluir programas específicos para la niñez, la adolescencia y juventud, las personas adultas y las adultas mayores, con discapacidades, tomando en cuenta las necesidades propias del envejecimiento.

  • Contar con programas nacionales que incorporen la salud sexual y la salud reproductiva de la población, la atención integral y los insumos necesarios para el control de la fertilidad, prevención de las ITS, el VIH y el Sida.

  • Reconocer la feminización de la epidemia del VIH Sida, y el acelerado incremento de la infección en la juventud, desarrollar programas de prevención y atención especializada dirigidos a las mujeres, adolescentes y jóvenes de áreas rurales y urbanas.

  • Contar con programas respetuosos de los derechos reproductivos, procurando que la maternidad y la paternidad sean asumidas responsablemente, contando con información actualizada, respetando su capacidad de tomar decisiones informadas.

  • Los servicios de salud deben garantizar una atención respetuosa de los derechos sexuales, sin discriminaciones de ninguna índole.

  • Nicaragua debe enfrentar el problema de los embarazos en las niñas y adolescentes mediante la educación sexual científica y universal, la lucha contra la violencia y la atención especializada, cuidando del interés superior de las niñas y adolescentes.

  • Promover la más amplia participación comunitaria en las tareas del cuidado y saneamiento del medio ambiente, la prevención de las epidemias y de las enfermedades inmuno-prevenibles.

  • Estimular una mejor nutrición para la niñez y garantizar programas comunitarios específicos para atender las enfermedades crónico degenerativas, la desnutrición, el envejecimiento y asistir a la niñez huérfana y/o a las personas en fase avanzada del Sida.

  • Mejorar la formación universitaria de profesionales de la salud, promover becas de capacitación por méritos y fortalecer los programas docentes para el personal médico y paramédico en ejercicio de su profesión, de modo de lograr su acceso al manejo de las nuevas tecnologías.

  • Garantizar la capacitación continua al personal de sistema de salud, garantizando una salario digno y condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

  • Garantizar el derecho de la población asegurada y en retiro a gozar de buena atención en las Clínicas Previsionales. Controlar los egresos y transferencias del INSS por cada persona que se atiende en este sistema, garantizando el uso racional de los recursos de la seguridad social.

– Seguridad social:

La sostenibilidad del Seguro Social está íntimamente ligada a la transformación del modelo de crecimiento económico, de manera que este se sustente en una cada vez mayor productividad, y que produzca más empleo de calidad y con mayor remuneración. El aumento sistemático en la productividad del trabajo a lo largo del tiempo es la única manera en que un número más reducido de personas en edades productivas, como el que cabe esperar en la fase de envejecimiento, será capaz de generar los crecientes recursos necesarios para sostenerse a sí mismas, incrementando su nivel de vida, y a la vez sostener niveles de vida también crecientes para los menores de edad y el número en rápido aumento de adultos mayores. Para ello proponemos:

  • Recuperación de la capacidad financiera del Seguro Social, y conciliación previa de la deuda del Estado con el INSS, tanto de las instancias nacionales y locales.

  • La ampliación de asegurados está en estrecha vinculación al aprovechamiento del bono demográfico, incremento del presupuesto educativo 7 % del PIB, y a la alineación y armonización de los sistemas educativos para elevar el nivel educativo y logar mejor generación de empleo y una mejor asimilación tecnológica.

  • Crear una pensión mínima, financiada por el Presupuesto, para todos aquellos adultos mayores para quienes su pensión este por debajo del salario mínimo y para aquellas personas que arriben a la vejez sin ningún tipo de respaldo.

Reformas administrativas a través de la ley, dirigidas a:

Independizar el INSS del Ejecutivo, y sus autoridades nombradas por la Asamblea Nacional, quienes no deben tener inmunidad.

– Establecer requisitos para los nombramientos, tales como:

  • No ser dirigente de ningún nivel de partidos políticos

  • Ser profesional de reconocida honorabilidad.

  • Establecer requisitos para los principales cargos del INSS

– Reforma estructural al INSS:

  • Organizar la contabilidad del INSS y corregir todos sus defectos y vicios.

  • Establecer objetiva y claramente la deuda del Estado.

  • Establecer por ley el arreglo de pago, y que ésta se registre como deuda pública.

  • Los pagos futuros del Estado en su conjunto, instancias nacionales y locales, deben hacerse directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deduciendo las cotizaciones del Presupuesto y transfiriendo directamente al INSS.

  • Deberá emitirse un protocolo de las inversiones que garantice que los recursos sean invertidos eficaz y eficientemente.

  • Vigilancia y control serán ejercidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

  • Asunción de mayor responsabilidad social y fiscal del sector empresarial.

  • Ejercer control riguroso del sistema médico previsional, que dé mayores garantías a las personas usuarias.

– Una nación que mira a sus migrantes:

  • Diseñar y ejecutar una política para atender y apoyar a la población migrante.

  • Promover un acuerdo migratorio con Costa Rica, Estados Unidos y los países de destino de la migración nicaragüense que contribuya a la legalización de estas personas en dichos países.

  • Promover acuerdos con el resto de países centroamericanos para legalizar y facilitar el trabajo temporal de los nicaragüenses, con respeto a sus derechos.

  • Desarrollar programas y políticas para facilitar las inversiones de la población migrante y la reincorporación de los que deseen regresar al país.

  • Impulsar el voto de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en el exterior.

Plena incorporación de la Costa Caribe, derechos de los pueblos indígenas y fortalecimiento de su autonomía:

  • Promover y preservar los derechos históricos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y distritos multiétnico de la Costa del Caribe Nicaragüense y del pacífico norte centro.

  • Gozo y respeto de los deberes y derechos que les corresponden como nicaragüenses, de a acuerdo con nuestra Constitución política.

  • Desarrollo de infraestructura vial que conecte de manera efectiva a la Costa Caribe con el resto del país.

  • Respeto a la diversidad cultural y fomento de la educación multicultural y multilingüe

  • Desarrollo de políticas sociales y económicas que articulen la Costa Caribe y demás pueblos indígenas con el desarrollo global del país.

  • Demarcación y respeto de los territorios indígenas y étnicos, Distritos Multiétnicos y comunidades indígenas y afro descendientes, que se establecen y se regirán conforme a sus tradiciones y la ley de la materia en lo que corresponde.

Defensa y seguridad:

– Ejército Nacional y Policía Nacional

  • Restitución institucional de las facultades de los ministerios de Gobernación y Defensa.

  • Restablecer y despartidizar la Policía Nacional.

  • Formación en Derechos humanos, Estado de Derecho y no violencia a la Policía Nacional y el Ejército nacional.

  • El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia.

  • Tanto la Policía como el Ejército, como instancias no deliberantes están obligados a rechazar cualquier intento de partidización.

– Seguridad ciudadana:

Las amenazas del crimen organizado que se cierne sobre los países centroamericanos que cada año tienen mayor presencia en nuestro país, requiere de una política estatal de carácter integral de Seguridad Ciudadana con status de Ley, la que debe ser asumida con urgencia ante los avances de ese flagelo, priorizando la inversión social para el desarrollo e inclusión.

Relaciones exteriores:

– Una nación soberana:

  • Defender la soberanía nacional y desarrollar relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo.

  • De respeto al marco jurídico internacional suscrito por el Estado.

  • Impulsar esfuerzos binacionales para convertir los conflictos fronterizos en oportunidades de desarrollo en esas zonas.

  • Promover el avance de la integración centroamericana en todos los campos, estrechando las relaciones económicas, ambientales, comerciales, de ciudadanía y culturales entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.

  • Participar en todos los foros internacionales promoviendo la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia del derecho internacional.

Integración de la región centroamericana:

  • Fortalecer el proceso de integración desde las personas, y los valores que fomenten una conciencia integradora.

  • Construcción de una estrategia de desarrollo Centroamericana que contribuya a lograr el bienestar de la población en donde lo regional agregue valor.

  • Fortalecer la integración de la Región Mesoamericana y el fortalecimiento de la cooperación y solidaridad Sur-Sur.

Así pues este programa básico para iniciar el camino a la transformación de las fuerzas productivas, económicas, sociales y políticas del país debe ser consensuado como parte de esfuerzos nacionales y debe dar un norte, un sentido estratégico a una propuesta de salida electoral.

¿Por qué la vía electoral?

A propósito de una reciente entrevista realizada por Jaime Bayly a un reconocido político nicaragüense y el revuelo que ha causado en algunos sectores de la población, en especial usuarios de las redes sociales que demandan “medidas de presión”, el derrocamiento del gobierno del FSLN o la condición de que Daniel Ortega no sea candidato en el próximo proceso electoral; vale la pena retomar algunas ideas expuestas en un artículo anterior y agregar nuevas observaciones a partir del contexto presente.

Derrocar a Ortega

Comencemos diciendo que el comentarista Bayly esperaba que su entrevistado, por ser promotor y abanderado de un bloque “antisandinista”, le proporcionaría alguna declaración incendiaria. El entrevistado, sin embargo, solo atinó a decir que su apuesta es la vía electoral, la participación masiva de la población y la defensa del voto para evitar un fraude. A despecho de quienes quisieran que exista un mecanismo mágico que haga desaparecer milagrosamente a la dictadura, debo decir que la posición del político en cuestión es correcta, aunque no necesariamente el resultado va a beneficiar a su propuesta.

Pensar en que es posible encontrar un mecanismo que logre la salida anticipada de Ortega antes de noviembre del 2021 es bastante rebuscado, entre otras razones, porque para lograrlo sería necesario activar y movilizar a un número no menor que 300,000 ciudadanos y ciudadanas decididos a ir hasta las últimas consecuencias. La falta de organización y articulación entre los distintos grupos que surgieron a partir de las protestas de abril del 2018 fueron la causa principal de su derrota y, al mismo tiempo, el uso excesivo y criminal de la violencia del régimen no ha cesado. Actualmente miles de policías y paramilitares controlan las calles y reprimen indiscriminadamente cualquier tipo de protesta o reunión. No podemos ni por un momento dudar que en caso de ser necesario volverían a asesinar a quienes intenten acciones rebeldes de tipo insurreccional.

Sumado a lo anterior es también necesario reflexionar acerca del posible resultado de un intento de rebelión similar al ocurrido en el 2018. Asumiendo que la empresa privada se hubiese verdaderamente sumado a la lucha mediante un paro indefinido, simplemente no podemos saber cuál habría sido el desenlace; las probabilidades de victoria o derrota son exactamente desconocidas e indeterminables. El hecho de que Policía, Ejército y fuerzas irregulares, la violencia criminal desatada por el régimen y el alto grado de indefensión de la población me llevan a pensar que el resultado habría sido el mismo, con más muertes y víctimas junto al derrumbe absoluto de la economía nacional, que aunque a algunas personas les parezca sin importancia redundaría en más sufrimiento para millones de personas.

¿Y si la insurrección del 2018 hubiese triunfado?… Sencillamente estaríamos inmersos en una guerra civil, porque es extremadamente ingenuo (y hasta estúpido) suponer que los grupos armados adeptos al régimen se iban a quedar de brazos cruzados ante el pueblo desarmado. Más allá de la victoria insurreccional también habría sido necesario acudir a un proceso de legalización y legitimación de quienes accedieran al poder político mediante negociaciones y acuerdos que desembocarían en un proceso electoral, indefectiblemente, con todas las singularidades que enfrentamos ahora mismo: una clase política carroñera disputándose los restos de Nicaragua y una clase económica depredadora tratando de sobrevivir, en medio del desastre.

Ya he señalado que 300,000 personas permanentemente activadas son suficientes para tener posibilidades reales de triunfo en una lucha cívica, al FSLN le bastaría con 10,000 delincuentes armados para truncar cualquier intento de establecer un gobierno postinsurreccional… y el problema es que los tiene y tiene suficientes recursos económicos para mantenerlos. Así planteado, derrocar a Ortega en un escenario no electoral no solo no es la solución a la crisis, sino que se convierte en un verdadero colapso social del cual no podemos saber cuántas décadas nos costará levantarnos.

La salida electoral

Frente al posible escenario electoral los detractores oponen como principales argumentos la obvia posibilidad de que Ortega y el FSLN intenten un fraude, el hecho de que la campaña y las elecciones ocurrirían en un ambiente de violencia y hostilidad del que seguramente resultarán víctimas fatales y que en definitiva lo único que se lograría sería la legitimación del resultado fraudulento. A este negativismo le agregan que es “inadmisible” la candidatura de Ortega, por su innegable condición criminal… Ortega es un asesino, eso nadie lo duda, por lo tanto, según los “genios” de la “propuesta insurreccional”, no podemos admitir que compita en unas futuras elecciones. Está de más decir que, como suele suceder, los críticos no tienen la mínima idea para salir de la crisis por una vía que no sea la electoral, asumen que mágicamente desaparecen todos los obstáculos mencionados en el capítulo anterior y luego de no sé qué milagro llega no sabemos quién al poder sobre los hombros de las masas populares sublevadas.

Debo decir que la negatividad de los detractores de la vía electoral está bien justificada. Ortega y el FSLN van a intentar mantenerse en el poder por todos los medios a su alcance, habrá un intento de fraude y seguramente nuestras vidas correrán peligro durante la campaña y mientras se luche por evitar el fraude, pero… ¿no correríamos igual o más peligro intentando nuevamente una insurrección?… ¿acaso estamos seguros ahora?

Si el éxito de una insurrección cívica es altamente probable cuando tenemos a trescientas mil personas protestando en las calles, ¿qué pasaría si logramos movilizar al menos a un millón de personas en el marco de un triunfo electoral opositor?… ¿Y si se desbordan dos millones de personas en protesta por el fraude?… ¿Cuál sería la reacción del Ejército y la Policía?… ¿Cuál sería la reacción de quienes hasta el día de hoy justifican los crímenes del FSLN con el pueril argumento del “golpismo”?

Si bien es cierto no podemos dar una respuesta positiva tajante a las preguntas anteriores, también lo es que hay un cambio radical de contexto favorable a quienes queremos terminar con la dictadura. Las insurrecciones, nos guste reconocerlo o no, están fuera del marco legal de todos los países del mundo… los fraudes electorales también. En este nuevo escenario a nosotros nos asiste no solo la razón, sino que también la ley… y eso es mucho más importante de lo que parece a simple vista, si pretendemos enrumbar a Nicaragua por el camino de la democracia.

Los escenarios posibles

Resumiendo este análisis, tenemos que estamos frente a cinco posibles escenarios, que en realidad son cuatro (ya expliqué que el triunfo de un intento de insurrección nos llevaría, indefectiblemente, a una guerra civil y/o a un escenario electoral):

  • El escenario haitiano: Que ocurriría si el FSLN logra perpetrar el fraude electoral y se organizan grupos fuertes de oposición que le impidan gobernar.
  • El escenario cubano: Que ocurriría si el FSLN ganara limpiamente las elecciones o si un nuevo intento de rebelión fuera nuevamente aplastado por la fuerza.
  • El escenario venezolano: Que tendría lugar si la oposición no logra ganar con la cantidad de votos suficientes para controlar y reorganizar los Poderes del Estado actualmente bajo el dominio total del régimen. Este escenario es factible tanto si la oposición unificada no alcanza al menos el 70% de los votos como si los votos se distribuyen entre grupos opositores divididos.
  • El escenario boliviano: Donde una victoria aplastante de la oposición obliga al Ejército y a la Policía a reconocer los resultados y someterse a la voluntad popular.

Para concluir, remitiéndome nuevamente a mi artículo anterior, tengo que decir ahora que aunque exista una serie de condiciones exigibles y deseables es altamente probable que dichas condiciones no sean facilitadas por la dictadura y nos correspondería a nosotros, la ciudadanía organizada, decidir cómo actuar. Los escenarios, invariablemente, serán los mismos, con o sin las condiciones a que aspiramos.

Yo apuesto por la vía democrática, por el civismo y el apego a lo legal; es evidente que mientras los criminales sigan en el poder no habrá manera de hacer que enfrenten a la Justicia y respondan por sus acciones. Creo que la ruta electoral es donde tenemos la mejor oportunidad de salir de la crisis con menores costos en vidas humanas y menos sufrimiento para más familias nicaragüenses, que, al final de cuentas es lo que tiene que importarnos.

Posicionamiento de la Coordinadora Universitaria (CUDJ) sobre la Coalición Nacional

Sobre la Coalición:
1- El núcleo fundacional de la Coalición deberá ser exclusivamente entre la Unidad Nacional y Alianza Cívica.
2- La Coalición tendrá como prioridad que se cumpla a cabalidad las reformas electorales consensuadas entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, para reestablecer la confianza a los nicaragüenses y tengan el pleno derecho a elegir y ser elegidos. Las reformas electorales, son el primer paso para lograr los cambios estructurales que necesita el país y romper con las paralelas históricas de leyes marcos a través de pactos políticos entre el gobierno y las élites.
3- La Coalición no participará en un escenario electoral que no cumpla con las condiciones y garantías que respete la voluntad de los nicaragüenses. Eso implica lo siguiente;

a- Reformas electorales profundas.
b- Un nuevo CSE.
c- Desarme de los grupos paramilitares.
d- Cese de la represión.
e- Reestablecer nuestras garantías constitucionales
f- Respeto a nuestros derechos humanos.
g- Liberación de los presxs politicxs.
h- Retorno seguro de los exiliados.

4- Consideramos que es de gran importancia la unidad de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y estudiantiles para encontrar una salida a la crisis sociopolítica por vías pacíficas y constitucionales.
5- El sector estudiantil debe formar parte de la Coalición, no solo como fiscalizadores del proceso, también como actores claves en las tomas de decisiones.
6- Establecimiento de un soporte social fuerte, a través de la creación de mecanismos de inclusión que permita una amplia participación ciudadana, con un enfoque hacia las bases y no únicamente hacia las cúpulas.
7- La Coalición no es el repartimiento del Estado (Estado-botín), ni se trata de llegar al poder por la vía rápida. El problema apremiante es Ortega-Murillo, pero no el origen del problema. Los cambios deben ser estructurales para que le den cabida a un sistema político sostenible en el tiempo. La participación de la ciudadanía en la solución a los problemas sociales, políticos, económicos y culturales es indispensable. La ciudadanía es el mejor fiscalizador y constructor de la democracia.
8- La Coalición debe girar entorno a un plan de nación. Presentarle a los nicaragüenses planes para solucionar los problemas planteados. Este plan de nación deberá ser asumido por el próximo gobierno y de obligatorio cumplimiento.
9- No puede haber ningún acuerdo con las élites y la dictadura a espalda de los nicaragüenses.

Sobre los partidos políticos:
1- Que el ingreso de los partidos sea al sector político de la Alianza Cívica o Unidad Nacional, como cualquier otra organización que forman parte de estas plataformas.
2- No pueden ingresar a la Coalición los dirigentes de partidos políticos que tengan antecedentes en actos de corrupción, fraudes electorales o hayan tenido vínculos con el Frente Sandinista. Esto no limita la participación de la ciudadanía que, dentro de sus derechos, continua siendo integrante de alguna entidad partidaria. No se les puede excluir, siempre y cuando, no se hayan visto involucrados en los históricos actos de corrupción y
violaciones a los derechos humanos.
3- Una vez ingresen al sector político de la Unidad Nacional o Alianza Cívica, deberá crearse una coalición interna de partidos político, de igual manera, los movimientos políticos dentro de la Unidad Nacional, serán parte de esa coalición una vez reciban su personalidad jurídica. Esa coalición de partidos tendrá la labor de poner a disposición sus
estructuras territoriales para organizar a la población, así como elegir la casilla que participará en la contienda electoral.
4- Establecimiento de pautas sólidas y novedosas de competencia contra el status quo político en Nicaragua, mismo que fue establecido a través de la corrupción imperante en el sistema de partidos políticos, lo que llevó al colapso del mismo.
5- No buscar poder ni imposición sobre las demás organizaciones, sino,estar unidos, para alcanzar un mismo beneficio, es decir, que todos mantengan el objetivo de salir de la dictadura.
6- Elecciones primarias para la elección de candidatos con aspiraciones a cargos públicos.
7- No podemos pensar en cambiar el sistema con los mismos actores ya desgastado. Los partidos y organizaciones que estaban antes de abril deben reconocer que sus propuestas, métodos y acciones, no han producido ningún resultado. Deben depurar su alta dirigencia partidaria.
Tuvieron la oportunidad durante tantos años, no impulsaron propuestas de cambios  estructurales que favorecieran el establecimiento de una democracia solida, sino que favorecieron el retroceso de la institucionalidad en nuestro país.

Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia

Cambiar todo para que nada cambie

Desde abril 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, Nicaragua se ha visto envuelta en una crisis permanente. A diario miles de nicaragüenses huyen del país y la crisis no parece tener solución. La oposición, llámese UNAB o ACJD, tiene un plan para salir de la crisis y del propio régimen orteguista; el plan consiste en ir a elecciones en 2021 y derrotar al FSLN.

Las críticas y las alarmas llueven sobre la “oposición” nicaragüense, porque hay serias dudas de las estrategias electorales que llevan a cabo. Ninguna ha sido efectiva, porque se basan en denunciar al régimen internacionalmente y promover sanciones en su contra. El problema de fondo es que las estrategias dentro del país no existen, no hay proyecto de nación y parece ser que su único propósito es ir a elecciones. Es urgente hacer reflexiones históricas del tremendo error que están cometiendo los grupos de oposición en Nicaragua, en primer lugar porque no se puede ir a elecciones sin tener claras las estrategias electorales y políticas internas, porque participar en el proceso electoral con este régimen significa no competir en igualdad de condiciones.

En 1990 el FSLN perdió el Gobierno en unas elecciones vigiladas por la Comunidad Internacional, la UNO (Unión Nacional Opositora) fue capaz de ganar al sandinismo a pesar de todas las trampas institucionales. Sin embargo, aunque el sandinismo perdió el Gobierno no perdió el poder. Recordemos el discurso de Ortega y el famoso “vamos a gobernar desde abajo”, que dio lugar a dos ejes de poder, uno el institucional que representaba Violeta Barrios y otro el FSLN a través de la utilización del poder judicial. Durante estos años, ese poder en la sombra del orteguismo fue capaz de paralizar el país a través del monopolio de la violencia, obligando a los gobiernos de turno a aceptar condiciones del sandinismo.

¿Son las elecciones una salida a la crisis? Efectivamente, es la salida más razonable que puede haber, el problema consiste en creer que si cambiamos de gobierno cambiamos de régimen. Hoy somos testigos de que el sandinismo tiene el control total de todos los poderes del Estado, Policía y Ejército. Por lo tanto el cambio y las estrategias tienen que abarcar más allá del compromiso de ir a elecciones; hasta la fecha ninguna formación política se plantea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las estructuras de poder en Nicaragua, con o sin proceso electoral previo, pese a que grupos emergentes, como Propuesta Ciudadana, han hecho el planteamiento reiteradamente.

Ya no solo es la falta de estrategia de la UNAB y ACJD, sino la falta de confianza de una buena parte de la población en los líderes opositores. Algunos medios de comunicación como La Prensa y 100% noticias han insinuado que quienes critican a la oposición son divisionistas y el principal argumento de muchos de los “líderes” contra quienes cuestionan sus estrategias, es que se necesita la unidad para poder ganarle al orteguismo. Yo no diría que la población sea divisionista, sino más bien que el pueblo tiene una enorme desconfianza en los “líderes” de oposición. Muchos de los miembros de la UNAB y la Alianza Cívica tuvieron en el pasado responsabilidades políticas en el accionar del FSLN y del PLC, ambos partidos responsables del pacto entre Ortega y Alemán. Otro socio incómodo es el COSEP, actor que ahora apoya a la oposición, pero que genera desconfianza porque hasta abril de 2018 ha sido socio del gobierno de Ortega y ambos se han beneficiado de sus alianzas.  El régimen durante la última década otorgó numerosas exenciones fiscales a empresas y en su momento el COSEP cabildeó en Washington a favor de Ortega para evitar las sanciones.

No se es divisionista por ser crítico con aquellos que tuvieron responsabilidades políticas, al contrario, el pueblo es prudente al desconfiar de personajes que no han dudado en repartirse el país o venderlo al mejor postor.

La cúpula política y económica nicaragüense, tanto detrás de la ACJD como de la UNAB, está compuesta por personajes de reconocidos apellidos, esa cúpula ha logrado desplazar, cuando no cooptar, a los movimientos sociales y personas destacadas que lucharon en abril 2018 en contra del orteguismo, pero para que la famosa unidad pueda tener apoyos la oposición tiene la obligación moral de democratizar sus filas. La gente no es ingenua para confiar nuevamente en personas que obviamente quieren utilizar al pueblo como un arma que obligue al régimen a negociar. La lógica política no debe ser que el pueblo ponga los muertos y una élite de la oposición se siente con el dictador a negociar para repartirse cuotas de poder.

Es urgente la necesidad de construir alternativas políticas a la ACJD-UNAB, aun sabiendo que nos enfrentamos a fuerzas poderosas, porque si el orteguismo tiene una maquinaria capaz de destruir físicamente a sus adversarios, esos grupos “opositores” cuentan con financiamiento del exterior, empresa privada y tienen medios de comunicación a su disposición. Es difícil hacer frente a ambas fuerzas al mismo tiempo, pero hay algo que tanto el Gobierno como la oposición no tienen y es que no gozan de la legitimidad popular.

Nosotros, la ciudadanía, sabemos muy bien cual es la ruta a seguir; todos pedimos democracia con justicia social, ver a nuestros presos políticos libres, que los exiliados puedan regresar al país sin que sus vidas corran peligro y que los ciudadanos que viven en el exterior puedan votar.  Aspiramos a reformas electorales, sí, pero sobre todo a una Asamblea Nacional Constituyente que cambie las estructuras del Estado. No nos basta con cambiar la cara de nuestros gobernantes, porque no es conveniente cambiar todo para que nada cambie.

Escenario electoral como salida a la crisis

En mi artículo anterior, acerca de los escenarios de salida a la crisis nacional, mencioné que uno de ellos sería el próximo proceso electoral (anticipado o no), siempre que la oposición resulte vencedora con una mayoría calificada, es decir, con más que el 70% de los votos. Siendo este el escenario óptimo para resolver la crisis y dar inicio a un proceso de democratización y recuperación económica, conviene analizar algunos detalles.

Condiciones deseables

Lo primero a tener en cuenta es que sería absolutamente absurdo pretender la realización de un proceso electoral en las condiciones impuestas actualmente por el gobierno del FSLN, con los impedimentos para realizar labores de proselitismo, la represión policial a cualquier manifestación popular y la existencia de grupos paramilitares amenazando y asesinando a los opositores que puedan parecer “peligrosos” al régimen.

Cuando hablo de un proceso electoral como salida a la crisis estoy presuponiendo la existencia de las siguientes condiciones:

  • Cumplimiento fiel y efectivo de los acuerdos alcanzados en las dos fases agotadas hasta ahora del diálogo nacional:
    • Ingreso al país del GIEI y el MESENI para acompañar los procesos de diálogo, desarme de paramilitares, investigación de los crímenes cometidos por ambos bandos durante la crisis y pacificación,
    • Liberación de todos los presos y presas políticas,
    • Restablecimiento de los derechos de expresión, información, movilización y organización.
  • Reformas electorales que garanticen:
    • Observación nacional e internacional,
    • Despartidización de todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral,
    • Auditoría, depuración y actualización del padrón electoral, así como la entrega de cédulas a toda la población en edad de votar,
    • Voto en el exterior para los nicaragüenses radicados en otros países, incluso los recientemente exiliados,
    • Facilidades y agilización para la inscripción de nuevos partidos políticos,
    • Inscripción de candidaturas por suscripción popular para todos los cargos de elección.

Evidentemente estas condiciones tendrían que ser negociadas por el FSLN dentro del plazo de 75 días que ha señalado la Asamblea General de la OEA en el marco de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y no se puede hacer la mínima concesión desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) o quien ocupe su lugar en una nueva ronda de negociaciones o diálogo nacional.

Articulación de las fuerzas opositoras

Independientemente de que el diálogo sea retomado o no, es evidente que todas las fuerzas interesadas en alcanzar la salida de la crisis sociopolítica que enfrentamos tenemos que encontrar la manera de organizarnos para poder alcanzar el resultado esperado (más que el 70% de los votos). Es también absurdo asumir que el 70% de las personas que declaran no tener simpatías partidarias se van a movilizar masivamente a votar por el candidato o candidata que cualquier facción opositora presente, máxime cuando existen contradicciones sustanciales en la interpretación de la crisis, sus motivos y las expectativas de los principales actores involucrados o la población en general.

En mi artículo anterior he destacado la emergencia de actores que promueven y profesan una nueva visión de las cosas, una nueva cultura política (NCP) que demanda una democracia participativa desde una perspectiva de derechos y no desde la tradicional “lucha por el poder” que caracteriza a la cultura política tradicional o vieja cultura política (VCP). Estos actores ciertamente no se van a conformar con algunas componendas que terminen en un nuevo y simple reparto de cuotas o posiciones de poder y posiblemente opten por forzar una “tercera vía” que fragmentaría el voto y haría bastante complicado el escenario electoral. La única forma de resolver este conflicto es dialogando y negociando desde ahora la forma de articular a todos los actores alrededor de un mismo proyecto electoral.

Aquí también cabe decir que si bien tiene que preocuparnos la posibilidad de una elección a tres bandas, ante una posición cerrada de la ACJD y sus aliados, sería necesario crearla para evitar que el sistema tradicional se regenere y queden los mismos de siempre negociando y arreglándose a espaldas de la población. En este caso TODAS las fuerzas políticas y sociales que no compartan una alianza exclusiva de las fuerzas tradicionales tendrían que encontrar el mecanismo para articularse de tal forma que no participen más que tres fuerzas con opciones de triunfo electoral.

Programa electoral mínimo

Otro problema a resolver, de cara a un futuro proceso electoral que pretenda lograr la salida del FSLN del poder, es que la VCP condiciona a la gente para buscar involuntaria y desesperadamente la figura de un líder mesiánico en quien depositar todas sus esperanzas… aunque casi siempre le terminan luego crucificando, siempre en la tradición mesiánica, cuando se descubre que no era tan santo como el imaginario popular lo construyó. Un acuerdo sólido y viable debe ser construido alrededor de organizaciones y programas y no alrededor de personas.

La fuerza electoral a construir tiene que tener clara su tarea de constituirse en un “gobierno de transición” para dar respuesta a tres temas fundamentales:

Los problemas que enfrentará el futuro gobierno de transición son enormes y en este momento todos los esfuerzos deberían estar encaminados a encontrar las soluciones e irlas aplicando desde antes de llegar a ocupar los espacios o cargos de elección popular, los y las “candidateables” deberían de estar encabezando los grupos de trabajo que encuentren esas soluciones, antes que encabezar las listas de popularidad… la fama, como la vida, es efímera y hay que enfocarse, aprovechar el tiempo.

La experiencia de Venezuela para Nicaragua

La crisis de Nicaragua no tiene las dimensiones de la catástrofe venezolana. No es mi intención en este post compararlas, pero quiero evidenciar la irresponabilidad e ineptitud de una oposición para emancipar al país de una tiranía .

En enero de este año el parlamento venezolano – último reducto democrático del país – desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y para tal efecto designaron como Presidente encargado de Venezuela al presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó. Desde entonces, casi un centenar de venezolanos han sido asesinados por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Maduro en las protestas convocadas por la oposición.

CARNE DE CAÑÓN

Desde que Guaidó es Presidente encargado de Venezuela, la liberación de Venezuela del régimen de Maduro es una promesa incumplida. Esta iniciativa ha sido acompañada con el beneplácito de los EE.UU y una cantidad considerable de países de la región. En febrero de este año, el secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró que los días de Nicolás Maduro estaban contados. Han pasado cinco meses desde sus declaraciones y Maduro sigue siendo presidente de Venezuela y no parece que las cosas vayan a cambiar.

Ese centenar de venezolanos asesinados no es únicamente responsabilidad de la dictadura de Maduro, la oposición venezolana ha utilizado como punta de lanza la vida de los venezolanos que desesperados por la grave crisis de su país ofrecen lo poco que tienen: ¡la vida! Tal irresponsabilidad estuvo a punto de provocar una guerra extraregional. Venezuela es de interés geopolítico por sus grandes reservas de petróleo y la gigantesca deuda externa que tiene con China y Rusia. La vida de esos venezolanos nadie las repondrá, ni las promesas incumplidas de la oposición venezolana podrá recompensar a los familiares de los asesinados.

LA HIPOCRESÍA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Distintos países del mundo han dicho apoyar la lucha de los venezolanos para liberar a su país de la tiranía de Nicolás Maduro, pero mientras los venezolanos huyen de su país por la falta de condiciones para vivir, estos les niegan la entrada. Países como Ecuador están considerando solicitar visa a los venezolanos para que puedan ingresar a sus territorios. En otros países del cono sur como Brasil los venezolanos son víctimas de xenofobia. Solo Colombia ha abierto sus fronteras solidariamente. Mientras la comunidad internacional dice apoyar las aspiraciones de los venezolanos, les cierran sus fronteras a miles que buscan una oportunidad para sobrevivir.

LO QUE DEBEMOS APRENDER LOS NICARAGÜENSES

El día de hoy un grupo de muchachos se manifestaron en la Catedral Metropolitana de Managua. Una joven fue secuestrada por la Policía y otro muchacho salió herido por una bala de goma en su cabeza. Una adolescente de catorce años no debe de servir como carne de cañon para una oposición patética como la nicaragüense. La juventud de Nicaragua no debe convertirse en “santos de la catatumba”. Sin la vida, cualquier aspiración, por muy noble que sea, no tiene sentido.

Los supuestos representantes del pueblo, esos que se autoadjudicaron la lucha de los nicaragüenses, son los que tienen la responsabilidad de organizarse y conformar un bloque opositor que haga frente al régimen de Ortega. Esa organización debe ir acompañada de una propuesta o proyecto de nación que logre cambiar el sistema actual. La fiebre de presidencialitis que en las última semanas ha proliferado tiene que terminar. Ese bloque opositor tiene que llevar a cabo unas elecciones primarias para seleccionar a los candidatos que representarán las aspiraciones de los nicaragüenses. Debe cumplir sí o sí, ese proyecto de nación que en consenso se logró construir con anterioridad con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

No es momento de candidatos, es hora de organizarse y presentar propuestas que coadyuven a lograr la unidad. La oposición venezolana presumió de unidad, sin embargo, Maduro continúa en el poder. En Nicaragua la situación es peor, la desconfianza y las agendas ocultas han provocado la división de la ya débil unidad opositora nicaragüense. El tiempo apremia y la correlación de fuerzas se debilita. Algunos ya proponen una tercera vía a la UNAB y ACJD para enfrentar a Ortega en unas elecciones.

La comunidad internacional en este momento es nuestro mayor aliado, pero puede convertirse en nuestro peor enemigo. La última Asamblea de Cancilleres de la OEA en Medellín, Colombia, dejó en evidencia que no se cuenta con los 24 votos para aplicar la carta democrática a Nicaragua. A pesar de los 75 días que le dan a la dictadura para reestablecer todas las garantías ciudadanas, la liberación definitiva de todos los presos políticos y elecciones adelantadas, ese tiempo se puede extender hasta el 2021 si no nos organizamos. No podemos apostar a que nuestros problemas se resolverán en el exterior. Los únicos que podemos hacer posibles los cambios que necesita el país somos los nicaragüenses.

¿Elecciones anticipadas?

La dinámica electoral, en un sistema democrático que no tenemos, más que perseguir la “alternancia en el poder”, promueve la constante renovación, y un supuesto o posible perfeccionamiento, de la “oferta de servicios” de la administración pública. Se pretende que los aspirantes a ocupar los cargos públicos, en el gobierno del Estado, impriman nuevas visiones y formatos, para evitar el estancamiento social y económico en determinado modelo político-ideológico, produciendo, como consecuencia del necesario debate, una mejora en los procesos tendientes al desarrollo socioeconómico del país donde se implementan dichos sistema y dinámica.
Lo interesante de estos procesos, desde una perspectiva dialéctica, es que, por regla general e independientemente del apellido ideológico que ostenten los contendientes, el partido (o personas) en el poder tiende(n) a asumir una posición conservadora que trata de preservar el status quo, el estado actual de las cosas, bajo el presupuesto de que “vamos por buen camino”, “lo estamos haciendo bien”. La expectativa es que la contraparte, también independientemente de su apellido ideológico, sea promotora de un cambio… lo que, de alguna manera, la vuelve “revolucionaria” en ese contexto.
Cuando esta dinámica se relaciona con la formación de las Asambleas, Parlamentos o Congresos permite que todas las facciones ideológicas predominantes (según sean votadas por los ciudadanos) logren una representación que posibilite la permanente y continua discusión de todos aquellos asuntos que interesen a la población, culminando con la emisión de las normativas o disposiciones legales pertinentes. En este sentido parece altamente importante que los partidos políticos tengan bien definidas y claras sus líneas ideológicas y programáticas, su “oferta electoral”, de modo que el ciudadano pueda conocerla, evaluarla y decidirse por ella.
Partiendo de estas ideas, brevemente esbozadas, desde hace un buen rato llegué a la conclusión de que en Nicaragua no vamos a tener democracia mientras no existan claras y definidas propuestas socioeconómicas sustentadas ideológicamente, mientras todos los grupos sean un “arroz con mango” y la única bandera sea “todos contra” el que está en el poder y/o viceversa. Desde esa misma perspectiva, adelantar las próximas elecciones nicaragüenses, como una salida a la crisis, no sería más que un paliativo temporal y hasta un peligro, una amenaza a las pretensiones de replantearse las bases de un sistema democrático.
El que un determinado grupo “arroz con mango” se organice para conformar un “frente” que derroque al gobierno actual no garantiza mínimamente la instauración de una democracia si él mismo no ha superado las tradicionales formas anómalas de gestión del poder y de la representación ciudadana, si no ha desarrollado esquemas internos realmente democráticos. Esto es algo sobre lo que es muy oportuno reflexionar, habida cuenta de la experiencia histórica que ya tenemos con el derrocamiento de la dinastía somocista y la posterior aparición de la Unión Nacional Opositora que puso fin al período de gobierno revolucionario a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.