Discurso del Embajador de EEUU en evento de AMCHAM

Palabras del Embajador de los Estados Unidos, Kevin K. Sullivan
Evento de AMCHAM
Junio 26, 2019

¡Buenos días! Gracias a todos por darme la bienvenida a AmCham esta mañana. Es un enorme placer estar con todos ustedes. Los planes originales eran poder dirigirme a la membresía de AmCham desde que inicié mis funciones como Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, sin embargo, las circunstancias me lo han impedido y sólo siete meses después se presenta la oportunidad. Durante todo este tiempo he tenido el placer de reunirme con muchos de ustedes individualmente, y vaya que he aprendido mucho de esas conversaciones. Todavía recuerdo una larga charla con alguien llamado Mario Arana, en la casa de un amigo mutuo. Esto ocurrió aproximadamente un mes antes de que esta organización tuviera el gran acierto de elegirlo como su presidente. Me alegré al darme cuenta que AmCham hiciera tan excelente elección. Me gustaría secundar a Mario al reconocer el tremendo liderazgo que María Nelly Rivas demostró al frente de AmCham durante un período tan difícil.

Desde su fundación en 1974, AmCham ha sido una organización ejemplar de la sociedad civil. Durante el corto tiempo que he estado en Nicaragua, he podido experimentar su convicción de que la mejor manera de lograr la meta de fortalecer los vínculos de comercio e inversión entre Estados Unidos y Nicaragua, es mediante el fortalecimiento de los valores que compartimos. Tanto en tiempos de prosperidad, como en los tiempos difíciles, AmCham ha representado fielmente estos valores compartidos, nuestro compromiso común con una economía de libre mercado regida por reglas claras, los cuales son elementos fundamentales de una sociedad libre. Y por supuesto, nuestros objetivos comunes para lograr crecimiento y desarrollo económico para el bienestar de ambos países.

Mi esposa Mariangeles y yo hemos disfrutado mucho conociendo Nicaragua. Sabíamos que habíamos llegado en un momento delicado, en medio de una dolorosa crisis nacional. Agradecemos a las muchas personas que nos han hecho sentir bienvenidos al país y a sus comunidades. Son incontables las personas que me han dicho, con una mezcla de orgullo y tristeza: “Es una pena que haya llegado a nuestro país en un momento como este. Realmente es un lugar maravilloso”. He respondido que, a pesar del momento, la calidez, la energía y la valentía de los nicaragüenses han superado todas nuestras expectativas, tal como la belleza del paisaje de este país. Aún nos queda mucho por descubrir. Ya he visitado muchas de las ciudades más grandes, pero espero conocer las comunidades más pequeñas del país también, las que están más alejadas de la capital. Como mencioné gallo pinto en mi video de presentación, me han servido ese plato de muchas maneras diferentes, en ocasiones varias veces en el mismo día. Ahora que ya soy un experto en gallo pinto, estoy aprendiendo a disfrutar el nacatamal también. Aunque todavía estoy buscando la versión “light”.

Otra cosa que la gente me dice con frecuencia es: ” usted tiene un trabajo realmente difícil”. Puede que no sea lo más fácil ser el Embajador de los Estados Unidos en Managua en estos días, pero no estoy seguro si sea más difícil que administrar un banco, rectorar una universidad, o dirigir un periódico. Dudo que alguien tenga un trabajo fácil hoy en día. Y me siento afortunado de haber aceptado este desafío contando con lo que yo creo son un conjunto de experiencias útiles y relevantes. He pasado más de 20 años trabajando en temas latinoamericanos, tanto en la región como en Washington, por lo que me siento muy cómodo aquí. Mi reciente puesto como jefe interino de la Misión de Estados Unidos ante la OEA me permitió conocer bien esta organización tan respetada, y darme una buena idea de las muchas maneras en que pueda ayudar con la situación que actualmente atraviesa el país. Y afortunadamente, si toda esa experiencia no fuera suficiente, he encontrado que hay muchas personas aquí dispuestas a ofrecerme consejos en las redes sociales. Esto ocurre siempre, y lo mejor de todo es, que es totalmente gratis. Muchos de ellos parecen inclinarse a que se apliquen más sanciones, aunque hay otros que preferirían que yo regresará por el mismo camino por el que llegué. Así que como pueden ver, es realmente un trabajo muy simple.

En verdad, uno de los aspectos más notables de la diplomacia es que muchas cosas ocurren en privado, por necesidad, ya que requieren de mucha discreción. A menudo es más fácil explorar soluciones y salvar las diferencias, apartado de las cámaras y reflectores de los medios. Esa parte de mi trabajo me lo tomo muy en serio, lo mismo que mi relación formal con el Gobierno de Nicaragua. Por esa razón hasta el momento he hablado menos con la prensa de lo que me hubiera gustado, pero hoy voy a compartir más de mi perspectiva, nuestra perspectiva, sobre la situación actual en Nicaragua y la política de los Estados Unidos al respeto. Después de todo, la comunicación periódica con un público más amplio, incluidos los líderes del sector privado como ustedes, también es un aspecto esencial de la misión de cualquier embajador. Sé que a todos les preocupa profundamente Nicaragua, que es su hogar, y tienen serias inquietudes sobre lo que ha estado sucediendo aquí.

No es necesario que les diga que la crisis sociopolítica que Nicaragua ha vivido a lo largo del año pasado ha sido una catástrofe. Todos ustedes lo saben. Todos lo han vivido. Las organizaciones internacionales de renombre lo han investigado y documentado, junto con los medios independientes que todavía subsisten en Nicaragua. El rastro de sangre y destrucción que la crisis ha dejado ha afectado a casi todas las familias nicaragüenses de una u otra manera, ya sea que hayan perdido a un hijo cuando las protestas pacíficas fueron reprimidas brutalmente o hayan soportado el largo encarcelamiento de su padre, madre o hermana. Miles se han visto obligados a exiliarse, dejando atrás sus familias y carreras, así como al país que aman. Otros perdieron su empleo en el sector formal, el que les brindaba la promesa de una vida mejor. No estuve en Nicaragua durante el período más violento de la crisis, pero experimenté algo así como una sensación de pérdida personal cuando el ciudadano estadounidense Eddy Montes fue asesinado, bajo custodia en La Modelo, en circunstancias que aún no se han esclarecido adecuadamente. Aunque no conocí personalmente a Eddy, a su familia sí, y a medida que me daba cuenta de la forma en que él había inspirado a tantas personas, supe que su muerte prematura fue una terrible pérdida.

Desde luego que la crisis ha afectado gravemente la economía nicaragüense. Los números de COSEP, AmCham, FUNIDES y las estadísticas oficiales han puesto de manifiesto el declive de una economía que, hasta el año pasado, había estado creciendo de manera constante durante 25 años. Ese progreso estable, interrumpido sólo brevemente en algunas ocasiones, había puesto a Nicaragua en una trayectoria positiva de reducción de la pobreza, desarrollo de infraestructura y diversificación económica. Pero la desastrosa crisis que afecta al país ha puesto en riesgo todo eso. A este punto ya se han evaporado el crecimiento y la creación de empleo que se había dado en los últimos años y está amenazando con hacer retroceder a Nicaragua décadas, en caso que continúe. La destrucción de negocios viables y, sobre todo, la huida de un talento humano precioso hacia el extranjero, puede que tome muchos años remediarlo.

También se han perdido muchas otras cosas, incluida la capacidad de los nicaragüenses de planificar para el futuro. La tensión persistente y la incertidumbre han hecho difícil o imposible hacer planes, ya sea para estudiar, comprar una casa o invertir en un nuevo negocio. Se trata de miles de sueños que han quedado en suspenso. Una situación verdaderamente lamentable en un país con una enorme capacidad de soñar. Por algo Darío escribió: “si pequeña es la Patria, uno grande la sueña”. Soy un extranjero que ha vivido aquí muy poco tiempo, pero me parece que los nicaragüenses quieren poder soñar nuevamente. A pesar de todos los indicadores desalentadores que hemos visto en el último año, ha sido inspirador ver a los nicaragüenses, especialmente a los jóvenes, reafirmar su compromiso con la democracia genuina. Eso después de varios años en que muchos nicaragüenses, en particular los del sector privado, parecieron priorizar la estabilidad económica por sobre la integridad de las instituciones democráticas del país. Los eventos del año pasado pusieron de relieve los altos costos de descuidar estos cimientos de cualquier sociedad moderna. En las conversaciones que he sostenido desde que llegué en noviembre, los líderes de todo el sector privado me han dicho que ahora reconocen la necesidad de trabajar junto con otros miembros de la sociedad civil, incluidos los estudiantes y activistas cívicos que lideraron las protestas del año pasado, para insistir en una restauración total del Estado de Derecho y otras reformas institucionales esenciales. Y es muy alentador que el AmCham, haya tenido un liderazgo especial en ese sentido. Siempre habrá diferencias sobre la mejor manera de alcanzar estos objetivos, y debatirlas es saludable, pero lo más importante son el compromiso y los valores compartidos.

Todavía me encontraba desempeñando mis funciones en la Misión de los Estados Unidos ante la OEA cuando vi este despertar cívico desde lejos. La pasión y la urgencia de los nicaragüenses que demandaban acciones internacionales para poner fin a la violencia y promover el cambio democrático forzaron que la crisis de Nicaragua fuera incluida en la agenda de la Asamblea General de la OEA en 2018. El amplio apoyo de organizaciones del sector privado como AmCham y COSEP, así como los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ayudaron a convencer a los gobiernos de las principales democracias de las Américas de que los graves problemas de Nicaragua no podían esperar. Todavía me sorprende la rapidez y la fuerza de la respuesta internacional que se dio desde el inicio de la crisis.

La política de la Administración Trump desde el comienzo de la crisis ha sido fuerte y clara. No tomaré tiempo esta mañana para repasar todo lo que el Poder Ejecutivo y el Congreso de mi país han hecho desde abril del año pasado, pero quiero resaltar los aspectos más importantes de la política nuestra. En esencia, esa política se centra en promover el fin a la represión, restaurar el pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho y apoyar elecciones anticipadas, libres y justas, como la mejor manera de resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua. Los principales responsables de la formulación de políticas de Estados Unidos, incluidos el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, han reiterado esta postura durante el último año, y los líderes del Congreso de ambos partidos han hecho eco de ella. Estos mismos criterios fueron consagrados en la Nica Act (Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua), aprobada por unanimidad en ambas cámaras a finales de 2018. Y, permítanme decirles, ¡la aprobación unánime no es algo que ocurra muy a menudo en Washington en estos días! El Gobierno de Estados Unidos aceptó la idea de elecciones anticipadas como una solución, luego de que fuera propuesta durante el primer diálogo nacional, en el que los Obispos de la Conferencia Episcopal actuaron como mediadores. Fue una respuesta pacífica, orgánica, y Nicaragüense a una crisis sin precedentes. Visité Washington a principios de este mes y puedo confirmar que el compromiso de Estados Unidos con estos objetivos, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, se mantiene más fuerte que nunca.

Para promover estos objetivos, que equivalen a apoyar la agenda democrática de los nicaragüenses, los Estados Unidos ha desarrollado una política multifacética. Hemos trabajado mano a mano con otros miembros de la comunidad internacional, en particular con los de nuestro hemisferio, en foros multilaterales como la OEA y las Naciones Unidas. De hecho, hoy, mientras este acto se lleva a cabo, los Ministros se están reuniendo en la Asamblea General de la OEA en Medellín, donde esperamos que los Estados Miembros aborden la situación en Nicaragua a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos ha participado activamente en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua establecido el año pasado por el Consejo Permanente de la OEA, trabajando con democracias afines para proteger los derechos humanos y defender el ejercicio de la democracia en un Estado miembro. Mientras fui Jefe interino de la Misión de Estados Unidos, pude apreciar que la OEA ha recuperado su voz en estos últimos años al abordar este tipo de asuntos y no creo que dé marcha atrás.

Estados Unidos también ha desarrollado e implementado nuevos mecanismos de sanciones en virtud tanto de la Orden Ejecutiva del Presidente del noviembre pasado, como de la Nica Act. Estos esfuerzos están diseñados para crear incentivos para que el gobierno nicaragüense ponga fin a la represión y aborde las demandas legítimas para reformas democráticas. Las sanciones, incluidas las anunciadas la semana pasada, también tienen la intención de responsabilizar a los individuos señalados como autores de graves violaciones a los derechos humanos y otros abusos. No son un fin en sí mismos, sino un mecanismo para promover el cambio democrático y pacífico que tanto necesita Nicaragua. Tal como ocurrió en Venezuela, se espera que su implementación continúe y se amplíe para incluir a más individuos, entidades e instituciones, hasta que se alcancen los objetivos establecidos en la Nica Act y la Orden Ejecutiva.

Finalmente, Estados Unidos también ha apoyado la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica para buscar acuerdos que puedan brindar una solución pacífica y democrática a la crisis. Seguimos creyendo que una negociación seria, una que aborde de lleno la agenda completa originalmente acordada en marzo por ambas partes, es el mejor camino. He escuchado una y otra vez que estas conversaciones ofrecen un horizonte de esperanza a todos los nicaragüenses, independientemente de su afiliación política. Los obispos católicos y otros líderes religiosos los han apoyado públicamente, al igual que las Fuerzas Armadas de Nicaragua. El presidente de AmCham, Mario Arana, quien se unió al equipo negociador de la Alianza Cívica, ha participado directamente en estas negociaciones y se refirió a ellas en sus comentarios, pero también me gustaría compartir mi perspectiva.

El Gobierno de Estados Unidos ha apoyado las negociaciones en curso desde su inicio, luego de una visita a Nicaragua del Embajador Mike McKinley, Asesor Principal del Secretario de Estado Pompeo. No fue tarea fácil establecer un mecanismo que inspirara confianza adecuada, y que pudiera abordar de manera efectiva los temas altamente delicados y complejos que enfrenta el país. Hubo momentos en los que yo no estaba seguro de que las presiones políticas permitieran que el proceso continuara, pero al final se pudo, y ha sumado apoyo tanto en Nicaragua como en la comunidad internacional. Me gustaría reconocer la tenacidad y el compromiso que Mario y sus colegas de la Alianza Cívica han demostrado al llevar adelante estas conversaciones en condiciones muy difíciles, así como los esfuerzos incansables de los testigos y acompañantes, el Nuncio Apostólico Monseñor Sommertag y el Representante Especial de la OEA, Señor Luís Ángel Rosadilla.

Por supuesto, todo esto se trata en última instancia de lograr resultados, y no de enfocarse en el proceso. Las conversaciones lograron hitos importantes en su primer mes, incluida una agenda acordada que creemos refleja fielmente las aspiraciones reales del pueblo nicaragüense, un mecanismo de facilitación sólido que incluye tanto al Vaticano como a la OEA, así como dos acuerdos importantes: 1) liberar a todos los prisioneros políticos dentro de un plazo no mayor de 90 días; y 2) restaurar los “derechos y garantías” que todos los nicaragüenses deberían disfrutar al amparo de la Constitución vigente, pero que se le han negado sistemáticamente durante la crisis. Después de esos éxitos iniciales, sin embargo, las negociaciones no han avanzado más, a pesar de los valientes esfuerzos de los testigos. Un impedimento importante ha sido la negativa del Gobierno en implementar el acuerdo de “derechos y garantías”, que ha retrasado las discusiones sobre otros temas y ha socavado la credibilidad de todo el esfuerzo. El gobierno tampoco ha demostrado la apertura o flexibilidad necesaria hasta ahora en las discusiones sobre los principales temas de la reforma electoral o de la justicia. Sin lugar a dudas, en ocasiones, la Alianza Cívica, también ha enfrentado dificultades de coordinación y de manejar los tiempos. No obstante, el gobierno de los Estados Unidos cree que la delegación del Gobierno tiene la responsabilidad primordial de garantizar el éxito de estas conversaciones por el bien del país. La intransigencia que ha mostrado hasta el momento ha constituido el principal obstáculo para alcanzar la meta. Estados Unidos va a continuar apoyando las negociaciones solo si sirven como una forma de lograr soluciones reales en tiempo real.

Un resultado concreto de las negociaciones hasta la fecha ha sido la liberación de la mayoría de los presos políticos antes de la fecha límite del 18 de junio. Pude sentir, como muchos de ustedes también la sintieron, la alegre reacción de la mayoría de los nicaragüenses a causa de estas liberaciones de personas que han sacrificado tanto por la democracia en Nicaragua. Estas acciones también renovaron las esperanzas de que sería posible seguir avanzando en la negociación. Al mismo tiempo, como declaró nuestra Subsecretaria para el Hemisferio Occidental, Kim Breier, el Gobierno de Estados Unidos no puede apoyar la Ley de Amnistía utilizada para llevar a cabo estas liberaciones. La ley aplica condiciones inaceptables a los derechos políticos de estos ex presos y evita cualquier tipo de justicia por las violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido desde el año pasado. Nos unimos al Secretario General de la OEA Almagro y otros miembros de la comunidad internacional para pedir la liberación de todos los presos políticos que todavía quedan en las cárceles. Una solución negociada a la crisis sigue siendo urgente, por todas las razones que mencioné anteriormente. Una negociación exitosa tiene el potencial de dar vuelta a la página de la pesadilla nacional que el país ha vivido y construir un camino hacia una verdadera reforma y una auténtica reconciliación nacional. En ausencia de un acuerdo político, las actuales tensiones y el declive económico de Nicaragua solo empeorarán, y la presión internacional sólo se va a intensificar, como dejó en claro el anuncio hecho por Estados Unidos y Canadá al imponer de manera conjunta sanciones la semana pasada.

Todavía hay una oportunidad de avanzar dentro del actual marco de negociaciones, si ambos lados ponen la voluntad necesaria. Hay pasos urgentes que hay que tomar, que incluyen la liberación de los presos políticos restantes, la resolución de discrepancias sobre los mismos según sea necesario, así como la implementación inmediata de los compromisos del Gobierno para restablecer a los nicaragüenses sus derechos civiles y libertades fundamentales. La Alianza Cívica, por supuesto, también debe hacer su parte, centrándose en los objetivos a largo plazo de la negociación y representando fielmente las aspiraciones de los nicaragüenses para un futuro mejor. Varios analistas nicaragüenses respetados, con amplio conocimiento de la situación, me han dicho que el proceso de cambio político profundo que comenzó en abril de 2018 puede que no sea lineal, pero es, en definitiva, irreversible. Me han afirmado, que después de todo, Nicaragua no es Cuba. No es una isla, geográfica ni metafóricamente hablando. Es una democracia centroamericana con una constitución republicana que pertenece al SICA y al acuerdo CAFTA-DR. Todavía es un miembro pleno de la OEA, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esa membresía. La economía de Nicaragua está estrechamente vinculada con vecinos como Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, y por supuesto con Estados Unidos y Europa también. Muchos nicaragüenses deciden viajar, hacer negocios y estudiar en esos lugares, demostrando con sus decisiones individuales el tipo de sociedad que anhelan y el rumbo que quieren dar a sus vidas. Es cierto que algunos líderes nicaragüenses, de diversos partidos políticos, han aprobado medidas desafortunadas en las últimas dos décadas para menoscabar las instituciones democráticas del país, pero no creo que una mayoría de Nicaragüenses haya votado nunca conscientemente para renunciar a sus libertades civiles, ni para criminalizar la disidencia.

El renovado compromiso de los nicaragüenses con la reforma democrática y los cercanos lazos de amistad entre nuestros dos países, me generan una gran esperanza para el futuro de este país y para nuestra relación bilateral. Muchos de ustedes saben por experiencia personal que el comercio, la inversión y el turismo de los Estados Unidos han sido motores poderosos del progreso de Nicaragua en los últimos años, y creo que seguirá siendo así. También saben que empresas estadounidenses claves han asumido compromisos a largo plazo con este país. Los ejecutivos de esas compañías me dicen que los trabajadores y gerentes nicaragüenses se encuentran entre los mejores de la región, con una ética de trabajo excepcional y un compromiso con la superación personal. Hay muchas cosas que me gustaría hacer como embajador, y espero poderlas hacer en el futuro cercano, dentro de ellas está renovar y profundizar nuestra colaboración en pro del desarrollo económico. En mis asignaciones anteriores, supervisé grandes programas de la USAID, lideré el desarrollo de un Acuerdo del Desafío del Milenio (MCC), ayudé a negociar un acuerdo bilateral de libre comercio y promoví inversiones de miles de millones de dólares en energía limpia. Espero colaborar con AmCham y otros líderes nicaragüenses para aprovechar el vasto potencial de nuestra cooperación, en tanto Nicaragua retorna a un camino de paz, libertad y desarrollo económico inclusivo. Hagamos todos lo que podamos, desde donde estamos, usando lo que tenemos a mano, para que eso suceda.

Muchas gracias!

Fuente: Sitio oficial de la Embajada de EEUU en Nicaragua

¿Qué sostiene a la dictadura?

A más de un año de aquel abril en el que el gobierno orteguista arremetió con todo en contra de los manifestantes autoconvocados que protestaban por la negligencia del gobierno ante el incendio de Indio Maíz, y quienes días después también se oponían a la reforma del seguro social, Ortega sigue atornillado en el poder.

La represión fue documentada, denunciada por la población, organismos de DDHH y condenada a nivel internacional. El tema de la crisis socio-política de Nicaragua llegó hasta el consejo de Seguridad de la ONU. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un total de 325 personas han perdido la vida y más de 2,000 han resultado heridas. Lo cierto es que la cifra asciende a más. EL GIEI ha señalado al Estado como responsable de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Ortega ha convertido a Nicaragua en un estado policiaco en el que es prohibido disentir de las políticas públicas, y se niega a cumplir las demandas del pueblo: Justicia, Libertad y Democracia.

Pero, ¿qué es lo que sostiene a Ortega en el poder?

En primer lugar, lo sostienen las armas. Una Policía que baila al son del “comandante se queda”. Ortega a través de su consuegro, Francisco (“Paco”) Díaz, dispone de una Policía Nacional desnaturalizada, capaz de contradecir su razón de ser, al disparar contra civiles desarmados que protestan pacíficamente. Además de crear un Estado Policiaco, Ortega ha equipado a antiguos militares sandinistas, ex miembros de las fuerzas de seguridad y delincuentes, quienes a la luz del día y en las oscuridades de las galerías de la modelo secuestran, intimidan, torturan y asesinan de manera conjunta con la policía orteguista para callar las voces disidentes que atormentan la paz del gobierno. Estos últimos se identifican como un Consejo Defensores de la Patria (CODEPAT), un ejército paralelo equipado con armas de guerra que, desde abril 2018, Ortega- Murillo utilizó para sofocar las protestas.

El segundo Pilar: Maridaje Gran capital-Estado. Una dictadura bicéfala. Habría que recordar que la reanudación del diálogo nacional (Diálogo 2.0 2019) se da por solicitud e intervención de los grandes capitales. El gran capital que durante once años cogobernó con Ortega y quien ahora, ante las amenazas de sanciones internacionales, ve en riesgo sus activos, así como un retroceso irreversible de la economía nacional.

A Ortega y al gran capital solo les interesa una cosa: el dinero. Por lo que los grandes capitales que hace un año reconocían que el modelo que traía el país se había agotado, y que se necesitaba de manera urgente acordar un nuevo modelo de nación, son los que aún no se deciden a romper el vínculo con el régimen, llamar a un paro indefinido, y promover la desobediencia fiscal. En cambio, han minado las decisiones de la Alianza Cívica que en ocasiones anteriores ha aconsejado a la UNAB bajar la intensidad de las protestas con el objetivo de no entorpecer las negociaciones estériles con el régimen, y se victimiza ante sus amenazas manteniendo un perfil pasivo que les permite la convivencia sangrienta y monstruosa que durante siglos han permitido que el rico y el déspota exploten al pobre.

Otro pilar, es el “sapismo” o “sequedismo”. Llámese así a la muestra clara y desvergonzada de aquellos que en pro de una revolución perdida se hacen llamar defensores de la misma. Se caracterizan por obedecer ciegamente las órdenes del comandante y de la compañera (Rosario). Abastecidos de recursos del estado (bonos, regalías, transporte) realizan proselitismo político, fabrican mentiras, promueven mensajes y acciones de odio, además de realizar trabajo de espionaje comunitario. Este fenómeno impulsado por el asistencialismo ha dado como resultado un clientelismo que vela por los intereses del régimen y por reducidos beneficios -que en algunos casos son derechos constitucionales- que en comparación con la gran mayoría empobrecida se han de considerar como privilegios.

La indiferencia también es uno de los pilares que sostienen a la dictadura. Meses atrás Taiwán, en búsqueda de reconocimiento internacional, otorgó préstamos al Estado que lograron oxigenarlo. De igual forma, el BCIE se ha declarado “apolítico” y ha concedido financiamiento que ha servido para dotar a la Policía de armamentos y equipos que son utilizados para reprimir a los protestantes, asegurando que Nicaragua cumple con los requisitos técnicos para continuar recibiendo fondos. Indiferencia total. La indiferencia y la memoria de corto plazo son aliados de la dictadura. A través de actividades que fomentan la normalidad, la dictadura apuesta a un ambiente en el que los nicaragüenses desistan de la resistencia pacífica que tanto daño le ha hecho. La “Ley del Perdón” se suma a este objetivo, es decir, aquellos que aún permanecen egoístas e indiferentes ante el dolor ajeno, y que bajo el pretexto de que la vida debe de continuar, se niegan a formar parte de la trasformación social que beneficiaría a todos los nicaragüenses.

El dinero se agota, el sapismo se derrumba, pero es necesario que el capital golpee la mesa sin miedo a romper el canal con el régimen y que los indiferentes y olvidadizos formen parte la lucha, porque solo unidos y organizados podremos derrotar a la dictadura.

Negociaciones AC – gobierno estancadas otra vez. ¿Qué hacemos?

El reciente “intercambio de comunicados” entre el Consejo Político de la UNAB, la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua con motivo de la suspensión de las negociaciones, ante la pretensión del gobierno de que se suscriba una petición para el levantamiento de sanciones por parte de los EEUU, nos llama a reflexionar sobre el desarrollo de la crisis sociopolítica que enfrentamos y está derivando en una crisis económica de magnitudes aún no determinables.

Insostenibilidad de la posición gubernamental

En primer lugar es necesario destacar que el gobierno de Nicaragua mantiene una posición alejada totalmente de la realidad que ha provocado con sus acciones, en especial con la represión desmedida a que ha sometido a la población nicaragüense, al extremo de provocar la muerte de centenares de ciudadanos, herir y encarcelar a miles de personas e impulsar al exilio a decenas de miles que huyen de la represión o buscan mejores oportunidades en países vecinos.

El estado de negación en que se han sumido el partido en el poder y sus seguidores es extremadamente preocupante, acercándose peligrosamente a la abyección y enajenación patológicas. Mientras el gobierno persista en su intento de convertir las protestas populares en actos de terrorismo e insista en que ha sido víctima de un intento de golpe de Estado inexistente es simplemente imposible intentar cualquier tipo de conversación seria para solucionar la crisis.

Inutilidad de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno

Es evidente que la intervención de “el Gran Capital” para provocar este segundo intento de diálogo o negociación estaba orientado a encontrar una salida a la crisis que minimizara sus repercusiones económicas, conteniendo o evitando de plano la aplicación de más sanciones económicas a personas particulares vinculadas al gobierno de Nicaragua y al gobierno mismo. También parece razonable asumir que este nuevo intento de negociaciones contaba y cuenta con el beneplácito de la máxima representación de la Iglesia Católica en Nicaragua y sectores del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es de suponer que el gobierno ha asumido que ese apoyo al “diálogo” podía capitalizarse a su favor, entendiéndolo quizás como un apoyo a su permanencia en el poder. Esto último solo pueden saberlo a ciencia cierta los mencionados representantes del “Gran Capital”, los EEUU y el Vaticano; pero obviamente sería un craso error de cálculo ante la gravedad de las acciones gubernamentales.

Durante el proceso de negociación ahora en suspenso el gobierno solamente se había comprometido a la liberación de las presas y presos políticos, como también a restablecer los derechos constitucionales de la población; en especial los derechos a la manifestación y concentración pacíficas y a la libertad de expresión. Está de más decir que esos “compromisos” no serían otra cosa que el simple cumplimiento de lo que la Constitución Política de Nicaragua ya obliga a hacer al gobierno, así que no eran siquiera necesarios. Hasta este momento persisten la actitud y actuación ilegales e incluso delictivas de las instituciones y funcionarios del gobierno en contra de la población.

Más allá de las críticas que la población dirige, muchas veces con justa razón, a los representantes de la Alianza Cívica, es el gobierno quien ha hecho imposible que se obtengan resultados positivos del intento de diálogo, que sigue siendo la mejor opción para salir de la crisis.

¿Debería de insistirse en una salida negociada?

Sí, sin lugar a dudas la negociación es la forma más civilizada y rápida para resolver cualquier tipo de conflictos entre seres humanos razonables. Para ello, sin embargo, y fundamentalmente debido a la incapacidad del gobierno para actuar razonablemente, ahora se vuelve indispensable que se impongan las siguientes condiciones a cualquier intento de reanudar el diálogo:

  1. El cumplimiento previo a los acuerdos alcanzados en los dos intentos de diálogo antecedentes, es decir, la liberación de las presas y presos políticos, el levantamiento del estado de excepción de facto a que el gobierno tiene sometida a la población y la presencia de los organismos creados por la CIDH para acompañar el proceso de restablecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua y de una delegación de la OACNUDH que den seguimiento al diálogo y garanticen sus posibles resultados.
  2. La recomposición del equipo dialogante por parte de la ciudadanía. La Alianza Cívica ha sido voluntariamente reducida a una mínima expresión y ya no goza de la legitimidad requerida para cumplir tan importante encargo.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) debería también de reformularse, abriéndose a un mayor número de organizaciones que aún no están representadas en ella y entrar en un proceso de diálogo con los partidos políticos existentes, esto con el fin de consolidar sus capacidades de interlocución y de legitimidad frente a las posiciones gubernamentales.

El actual momento histórico exige de nosotros entereza y humildad para reconocer que no seremos capaces de revertir la crisis y sus posteriores efectos sin antes lograr una verdadera UNIDAD de la ciudadanía nicaragüense alrededor de un programa mínimo de nación que convoque y aglutine a la más amplia mayoría de organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas. Se hace urgente un proceso de concertación nacional incluyente que abarque a todo el espectro político y económico de la nación, es momento incluso de abandonar la polarización y los ataques pseudoideológicos a las personas.

Programa mínimo de nación

Una propuesta programática de la UNIDAD tendría que girar, como mínimo, alrededor de tres ejes fundamentales:

  1. Refundación del Estado de Nicaragua. El modelo actual es absolutamente insostenible, la ilegalidad y la corrupción han corroído la base institucional del Estado y han logrado hacer del ordenamiento jurídico un instrumento de dominación en contra de la población. No podrá haber una verdadera transición a la democracia mientras no se realice una depuración profunda y extensa de todas las instituciones y poderes del Estado. Para lograrla es necesario convocar a una Asamblea Constituyente.
  2. Justicia Transicional. Ante la negativa del gobierno actual para asumir sus responsabilidades e iniciar los procesos de pacificación y democratización que la ciudadanía demanda, cualquier nuevo gobierno deberá de priorizar la creación y aplicación de un modelo de Justicia Transicional que garantice la transición a un estado de paz social sin revanchismo, pero sin impunidad.
  3. Concertación económica nacional. Para hacer frente al estado en que se encontrará Nicaragua una vez el gobierno actual abandone el poder será necesario un proceso concertado de democratización de la economía y la elaboración de un plan nacional de recuperación de corto y mediano plazos.

Por último, tenemos que reconocer que la comunidad internacional tiene razones fundadas para dudar de nuestra capacidad para salir de la crisis, por nuestra incapacidad evidente para organizarnos y llegar a acuerdos. En lugar de preocuparnos porque el gobierno esté “ganando tiempo” en las negociaciones, deberíamos de apresurarnos y aprovechar ese mismo tiempo para terminar de organizarnos.

¿Qué se negocia en Nicaragua?

La historia de Nicaragua demuestra que las salidas a las crisis han sido a través de acuerdos entre cúpulas que se han repartido el país como si fuese una partida de ajedrez, dejando de lado las exigencias populares. La actual negociación entre el régimen orteguista, la Alianza Cívica y la empresa privada en el INCAE es similar a los acuerdos entre Somoza y el partido conservador llamado pacto de los generales o al pacto Ortega-Alemán con la aprobación de reformas constitucionales y la repartición de cargos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. En cualquier caso, en la negociación actual se juegan muchas cosas para Nicaragua y desafortunadamente veo que no se llegará a los objetivos planteados por la inmensa mayoría de los nicaragüenses que salieron a las calles en abril de 2018 y que la policía y paramilitares reprimieron con brutalidad.

La Alianza Cívica planta cara al Gobierno sin tener claro que pueden hacer ellos como alianza para llevar a cabo cualquier acuerdo, entre sus propuestas está el adelanto electoral, sin embargo la alianza no está organizada ni preparada para unos comicios, a eso se le suma la desconfianza que tienen los nicaragüenses en los miembros de la alianza cívica, muchos de ellos han tenido cargos en el PLC y en el FSLN; no gozan de la legitimidad popular. En esa mesa también se está utilizando a los presos políticos como moneda de cambio entre el régimen y la oposición; la empresa privada por su parte intenta salvar el capital perdido durante los meses de crisis en el país. El orteguismo juega sus cartas tratando de ganar tiempo, prometió soltar a los presos en 90 días.

No es casual el actuar del gobierno, son 90 días que le dan un respiro, no a lo interno sino a nivel internacional, necesita a toda costa reconstruir su legitimidad y fortalecer sus alianzas internacionales, son 90 días que pueden cambiar muchas cosas. Menciono algunos ejemplos:  en  mayo hay  elecciones al parlamento europeo, el régimen espera el resultado de estas elecciones para medir fuerzas, cabe la posibilidad de que nuevos actores políticos entren al parlamento europeo y que el tema de Nicaragua salga de agenda para un parlamento que ha sido crítico con el Gobierno de Nicaragua; Europa está ocupada y distraída por la salida del Reino Unido del club comunitario y el tema de Nicaragua podría dejar de ser una prioridad para la Comisión Europea. En abril, en España hay elecciones, un cambio de gobierno puede beneficiar al régimen o aumentar la presión hacía este, todo depende de las alianzas que se hagan para formar gobierno en el ejecutivo español. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido clave para que el FSLN fuese expulsado por la Internacional Socialista.

En cuanto a los pocos aliados que le quedan al régimen orteguista, estos 90 días ponen a prueba el poder de Nicolás Maduro en Venezuela, país que sustentaba económicamente a Nicaragua gracias a acuerdos petroleros que son controlados por ALBANISA. La situación en Venezuela ha cambiado, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, no ha conseguido derrotar a Maduro, quien sigue controlando el ejecutivo venezolano; la llegada de militares rusos a territorio venezolano ha proporcionado un respiro al gobierno venezolano ante las sanciones internacionales.

En el área centroamericana, el régimen orteguista pierde un aliado en la Organización de Estados Americanos (OEA), al asumir el próximo 1 de junio de 2019 la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, poniendo fin al gobierno del FMLN presidido por Sánchez Cerén, aliado y socio de Daniel Ortega.

La gran incógnita de todas es qué se negocia realmente en Nicaragua, porque no estamos preparados para unas elecciones, los movimientos sociales no están organizados, hay presos políticos, muertos, acoso policial, periodistas encarcelados, los medios de comunicación opositores han sido cerrados y las propuestas de la Alianza Cívica no son fuertes, carecen de legitimidad y de fuerza política. Si la propuesta que hace la alianza de adelantar las elecciones llega a ser aceptada por el gobierno, con la situación actual, cabe la probabilidad de que el orteguismo gane.

Es urgente la incorporación de nuevas fuerzas políticas con rostros frescos y con propuestas útiles que sean capaces de tener una organización política responsable que plante cara a los abusos del régimen y le obliguen a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, adelantar las elecciones o buscar alternativas democráticas y que cese la represión. Es preciso entender que la crisis actual no es responsabilidad de Ortega, sino de nuestra cultura política caudillista; las protestas de abril de 2018 fueron el resultado de décadas de caudillismos, amarres y arreglos políticos debajo de la mesa a espaldas de los nicaragüenses. La salida a la crisis debe de ser una solución política y negociada, pero de soluciones al país y no de reparto de cuotas de poder entre las élites que utilizan a los presos políticos y a las victimas mortales de la represión de abril como piezas de ajedrez.

Propuesta de solución negociada a la crisis nicaragüense

Estando nuevamente estancadas las negociaciones ente el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Comité Coordinador de Propuesta Ciudadana ha hecho llegar al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el día 2 de los corrientes, una propuesta debidamente razonada que permitiría poner fin a la crisis en el marco de la constitucionalidad que irónicamente demanda el gobierno, pese a ser el principal violador de la Constitución Política.

Justificación fáctica

Consideramos que Nicaragua sufre una crisis del sistema político en general, por la pérdida de legitimidad de todas las fuerzas políticas tradicionales, que ha enrumbado al país hacia un colapso social que amenaza con destruir nuestra endeble economía. Este colapso, como los anteriores que han ocurrido en nuestra historia patria, puede significarnos la pérdida de un número sustancial de valiosas vidas humanas, más población desplazada, profundas pérdidas económicas, fuertes divisiones de nuestra sociedad, más dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses y arruinar el futuro a las nuevas generaciones.

La pérdida de legitimidad de las distintas autoridades e instituciones del gobierno por sus violaciones flagrantes y constantes a los derechos humanos de la ciudadanía, la destrucción de la institucionalidad del Estado, sometido al control partidario, y la descomposición de los sistemas de representación social, demandan una solución de corto plazo que, además, permita reconocer y subsanar, en el mediano y largo plazos, las pérdidas hasta ahora sufridas.

El estado del sistema político de partidos en Nicaragua es inadecuado e inepto para gestionar nuestra diversidad cultural, social, política y económica, así como para permitir el reencuentro y la construcción de soluciones de largo plazo. La corrupción, falta de credibilidad y la carencia de propuestas viables de solución a la crisis han minimizado a los partidos tradicionales al extremo de ser despreciables para buena parte de la población. Unas elecciones anticipadas no van a corregir nuestro sistema político, siendo más probable que el conflicto se profundice y termine definitivamente en un estallido violento y derramamiento de sangre.

Las viejas y nuevas heridas abiertas por la pérdida de vidas y los traumas personales sufridos por las víctimas de la violencia, exigen que se haga justicia, pero en este momento Nicaragua no cuenta con una sola institución que pueda ser creíble y garantice realmente que haya justicia. Esto tampoco se resolvería con un adelanto de elecciones.

Propuesta de negociación

Estando así las cosas, no siendo admisible para el gobierno la realización de elecciones anticipadas y tomando en cuenta que las mismas tampoco representarían una verdadera solución a la crisis para la inmensa mayoría de nicaragüenses, proponemos reorientar la discusión hacia los siguientes puntos:

1.- La realización de un referendo que permitiría la salida del gobierno actual y el adelanto de elecciones, previos ajustes al Consejo Supremo Electoral (CSE) como lo ha sugerido la OEA el 17 de diciembre del 2017 y fuera aceptado por el gobierno 01 de junio de 2018, asegurando que desde ya en dichos ajustes se incluya la participación ciudadana a través de nominaciones independientes y el voto uninominal. La realización de un referendo es absolutamente constitucional y plenamente factible en las condiciones actuales. El referendo estaría orientado a la abrogación* de las reformas constitucionales contenidas en la ley 854 aprobada en segunda legislatura en el mes de enero del año 2014.

2.- Convocatoria y conformación de una Asamblea Constituyente (para un período 2 años) que nos permita restablecer las salvaguardas democráticas de un verdadero Estado de Derecho, modelar un sistema de poderes balanceados y hasta decidir si conviene continuar con el modelo de gobierno presidencialista o explorar algunas otras opciones.

3.- Gobierno de transición a manera de Junta de Gobierno, nombrado por la Asamblea Constituyente, para un período de 2 años, con una agenda de reconstitución de la institucionalidad, administración del Estado y de facilitación del proceso de elaboración del nuevo Pacto Social Nacional (Nueva Constitución Política) de por lo menos 30 años (2050) para un desarrollo incluyente, integrado y sostenible;

4.- La conformación de una Comisión Nacional para la Justicia Transicional y Restaurativa que atienda los casos presentados por todas las víctimas del conflicto, por la violencia sufrida. Este equipo deberá contar con apoyo internacional en el marco normativo suscrito por Nicaragua.

Base Jurídica

Más allá de que el reclamo del gobierno en cuanto a la inconstitucionalidad de pedir elecciones anticipadas nos parezca y sea cínico, es verdad que la misma ACJD se ha encargado de confirmar en distintas alocuciones que para alcanzar dichas elecciones anticipadas se tendría que reformar la Constitución Política (que establece taxativamente un período de gobierno de cinco años) e incluso modificar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para que esa reforma constitucional se produjera en este mismo año. En cambio para discutir y llegar a los acuerdos planteados por nosotros no es necesario siquiera tocar ningún artículo de la Constitución Política o leyes en general, pues todo está debidamente sustentado en las disposiciones siguientes:

  • Artículos 2, 173 (numerales 1 y 8) 191 y 193 de la Constitución vigente,
  • Artículos 134 y 136 de la Ley Electoral.

La convocatoria a un referendo puede integrar dos preguntas:

  • ¿Está de acuerdo con las reformas constitucionales contempladas en la Ley 854 del mes de enero del año 2014?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se convoque y conforme una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política?

Los detalles a negociar, concretamente, serían:

  • Que el resultado del referendo sea vinculante, establecer los porcentajes mínimos de participación y decisión.
  • Las preguntas del referendo y sus alcances. Si la respuesta a la primera pregunta es NO, por ejemplo, el efecto sería abrogatorio de las reformas constitucionales y el actual gobierno tendría que abandonar el poder sin posibilidades de reelección.
  • Fechas y procedimientos.

Como puede apreciarse, esta propuesta (que es una profundización de la que fuera realizada por nosotros a la Alianza Cívica en el mes de julio del año pasado) ofrece una salida inteligente a la crisis, resolviendo sus aspectos fundamentales y brindando una oportunidad a la transición pacífica en el marco de la legalidad nicaragüense. Lo más importante, para garantizar la legitimidad y la estabilidad social, es que la respuesta estará en manos de la ciudadanía, quien a la postre es el soberano (según el artículo 2 constitucional) y siempre tendrá la última palabra.


* Abrogar es suprimir, anular, definitivamente una ley o cuerpo jurídico (código, reglamento, etc.) y todos sus posibles efectos. Se diferencia de la derogación en el hecho de que esta última puede ser parcial y deja con efecto los actos realizados al amparo de la norma antes de ser derogada.

Nicaragua secuestrada: negociaciones ACJD y gobierno terminan sin acuerdos

El día de ayer se venció el plazo establecido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y representantes del Gobierno de Nicaragua para alcanzar acuerdos en distintos temas que permitieran una salida cívica y pacífica a la crisis que tuvo su origen en la represión violenta y criminal del gobierno a las protestas iniciadas en el mes de abril del año pasado. La ACJD anuncia que, ante la falta de acuerdos, tiene por suspendido el diálogo hasta tanto el gobierno no dé muestras de buena voluntad para negociar y no se permita la presencia de la CIDH como garante de los posibles acuerdos a alcanzar, mientras tanto, dicen los miembros de la ACJD, estarán velando por el cumplimiento de los dos únicos acuerdos alcanzados, en materia de justicia y restablecimiento de los derechos democráticos..

La ACJD insiste en que la salida a la crisis tiene que pasar por un proceso de “elecciones adelantadas”, que el gobierno insiste en definir como una pretensión que es inadmisible por ser “inconstitucional”. Tengo que decir que realmente me molesta que la ACJD insista en justificar “legalmente” su pretensión diciendo que es perfectamente constitucional “porque ya se hizo en 1990” o porque “nada más” es necesario modificar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para, léase bien, “modificar la Constitución”. En este punto siempre hay quien diga que no tenemos que cumplir la Constitución porque el gobierno es su principal violador, evidentemente el juego no es convertirnos en él, ¿o sí?

Como Propuesta Ciudadana seguimos insistiendo en que para superar este obstáculo de la legalidad lo que cabe es someter el asunto a la discusión y la consulta ciudadanas por la vía de un referendo. Este mecanismo del referendo es constitucional, totalmente válido y muy útil en el contexto actual, puesto que permitiría una campaña informativa y de empoderamiento ciudadano.

Más allá de las críticas, en algunos casos virulentas, de que es sujeto la ACJD, debemos entender que la situación es extremadamente complicada. Estamos frente a un grupo de personas que han perdido toda racionalidad y escrúpulos, personas que tienen mucho qué perder y casi nada que ganar con las negociaciones. El hecho de que la delegación gubernamental la encabece el Canciller y que los comunicados relativos a las negociaciones salgan del Ministerio de Relaciones Exteriores nos deja bien claro que se dialoga con la única intención de brindar una imagen conciliadora a la comunidad internacional, tratando de detener las sanciones que han sido advertidas e iniciadas. Al gobierno en realidad no le preocupa la opinión pública nacional y nos ha dejado también claramente demostrado que no tiene intenciones de cumplir con lo acordado.

En este momento pienso que el rol de la ACJD ha sido agotado y que en caso de retomarse el diálogo o negociación sería conveniente y necesario reestructurar el equipo negociador, garantizando representatividad y legitimidad. Es indispensable que en la mesa de negociaciones haya una representación de las víctimas de la represión, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (de la cual la ACJD es apenas una parte), de los partidos políticos tradicionales (tienen que unificar esa representación) y de los empresarios, en menor número. Esta pausa tiene que ser aprovechada por la sociedad nicaragüense para seguirse organizando y articulando hacia una propuesta viable de nación.

El gobierno ha iniciado una intensa campaña para recuperar su base social, para inducir una especie de “síndrome de Estocolmo” entre quienes prefieren estabilidad y seguridad a cambio de su libertad, que, créanme, no son pocos(as). Tenemos que reagruparnos y organizarnos mejor para esta etapa de lucha que se avecina, siempre en el marco de lo cívico, de lo pacífico y lo legal.

Nicaragua: tiempos de cambio

El secreto del cambio está en centrar toda tu energía, no en luchar contra lo pasado, sino en construir todo lo nuevo.

El recién pasado sábado 30 de marzo la Policía Nacional y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional volvieron a reprimir a grupos de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en las instalaciones de centros comerciales privados en Managua y en otros departamentos. Apenas el día anterior se anunciaban “acuerdos” en los que el gobierno se comprometía a respetar la Constitución Política y las leyes, entre otras disposiciones las relativas precisamente a los derechos de manifestación, movilización y reunión pacífica.

Durante los altercados provocados por ciudadanos de filiación sandinista uno de ellos fue reducido y lesionado luego de disparar y herir a por lo menos tres manifestantes opositores. La reacción de la Policía Nacional fue la emisión de un Comunicado en el que sin ningún pudor, cosa a la que ya nos tienen acostumbrados, tergiversa los hechos y acusa a los manifestantes pacíficos por una serie de delitos inexistentes. Las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) quedan nuevamente en entredicho y se va generalizando la idea de que esas negociaciones no tienen otro sentido que constituirse en un pacto favorable a la posición gubernamental.

Por su parte la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anuncia que durante la próxima semana continuará la “movilización popular” mediante una marcha que será notificada a la Policía Nacional y diversas actividades por el estilo. De esta manera se “estrena” el recién nombrado Consejo Político de la UNAB, solicitando, además, la intervención de organismos y organizaciones de la comunidad internacional ante la gravedad de la crisis nicaragüense. El conflicto y la crisis permanecen así estancados, sin indicios de que sea posible encontrar solución negociada.

¿Qué debemos hacer ante este escenario?

Hace exactamente nueve años, y con motivo de no sé qué situación critica nacional, escribía en mi cuenta de Facebook:

La solución a la crisis es sencilla: 1.- Tomar distancia del pacto y de los pactistas, 2.- Organizarse y proyectar la nación que queremos terminar de construir, 3.- Encontrar los mecanismos para hacernos representar correctamente y ejecutar el proyecto conjuntamente elaborado. ¿Lo ves? Eso es todo.

No recuerdo a qué crisis me refería, pero en el fondo da igual. Nuestras crisis recurrentes tienen como característica principal una excesiva concentración de poder alrededor del grupo o persona que llega a ejercer el gobierno, lo que implica la exclusión de grandes grupos poblacionales y, consecuentemente, la ilegitimidad en el ejercicio del poder político. Tradicionalmente en el contexto de estas crisis aparece un grupo oportunista que aprovecha la explosión desorganizada de la gente para acceder al poder y dar inicio a un nuevo ciclo que desembocará, indefectiblemente y tarde o temprano, en una nueva crisis.

Sinceramente me parece una pérdida de tiempo y un despropósito mayúsculo el que se continúe tratando de acelerar la destrucción de la economía y arriesgando la vida de las personas en movilizaciones que son reprimidas por todas las fuerzas del régimen, las pseudolegales (como el Ministerio Público y el Poder Judicial) y las abiertamente criminales (como la Policía Nacional y los paramilitares); peor aún cuando no existe absolutamente ninguna propuesta política de cambio real en el bando “opositor” y todo se reduce a unas “elecciones anticipadas”, es decir, a un “quitate vos para ponerme yo”.

Siguiendo la idea de la cita con que inicia este post, y que se atribuye a Sócrates, se hace necesario agilizar los procesos de articulación de las distintas expresiones organizadas para consolidar una masa crítica que nos permita diseñar el modelo de país a que aspiramos, un modelo de país en el que nunca más vuelva a ser necesario ver morir a la juventud en busca de libertad y progreso, un modelo que descentralice y, más bien, distribuya el poder poniéndolo en manos de la ciudadanía. Es un peligro caer en la tentación de volver a la centralización del poder, por muy buenas que sean las intenciones que digan tener quienes pretenden asumirlo, llámese ACJD, UNAB o como se llame.

Las negociaciones entre las élites representadas en la ACJD y el gobierno seguramente continuarán y seguramente producirán algunos resultados mínimamente positivos. Considero imposible que en esa mesa de negociación se obtenga todo aquello a lo que aspiramos, porque nuestras aspiraciones no son las de los negociantes. Habrá o no elecciones anticipadas, quizás el gobierno logre su cometido de llegar en el poder hasta el 2021, en realidad eso no es tan importante como lo es saber que NO ESTAMOS PREPARADOS para esos procesos electorales que se avecinan y tenemos que organizarnos, para dar la estocada final al sistema, democráticamente, en las urnas.

En Propuesta Ciudadana te estamos esperando.

Solo el pueblo salva al pueblo

Es difícil concebir la historia de Nicaragua sin poder hablar de los grandes flagelos que la han azotados por siglos: la desigualdad, la pobreza, pactos y dictaduras. La historia reciente demuestra que, a pesar de estos grandes flagelos, el pueblo nicaragüense ha sido aguerrido y ha mantenido inquebrantable su espíritu de lucha y la esperanza de salir de este círculo vicioso, al que regresamos una y otra vez, sin aprender de la historia.

Los pactos políticos a lo largo de la historia sólo han beneficiado a las grandes élites, caudillos, partidos políticos, y potencias extranjeras. El Pacto del Espino Negro (1927), El Pacto de los Generales (1950), El pacto del Kupia Kumi (1971), y el más reciente el pacto entre Ortega y Alemán, son toda una muestra de cómo estos actores se han repartido dinero, poder político y militar, concesiones territoriales y cargos en el Estado.

El Pacto Ortega – Alemán le devolvió a Daniel Ortega las esperanzas de volver al poder, una vez que la Asamblea Nacional aprobara una reforma constitucional que permitía ganar una elección presidencial al que recibiera un 35% del voto en una primera vuelta. Solo así pudo Ortega retomar el poder a principios del 2007. Por su parte, Alemán sigue operando y engusanando los poderes del Estado al frente del extinto PLC, luego de habérsele encontrado culpable y fuese sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. El 15 de enero de 2009, Arnoldo Alemán fue sobreseído de los cargos de corrupción por la Corte Suprema de Nicaragua, que en ese entonces era presidida por Manuel Martínez Sevilla un cercano allegado de Alemán.

Una vez ya en el poder Ortega junto a Rosario Murillo, quien además de ser la primera dama funge como vicepresidenta y coordinadora del consejo de poder ciudadano, han desarrollado toda una parafernalia que incluye el desmantelamiento de las estructuras democráticas, voces disidentes y medios de expresión críticos, basados en el clientelismo y asistencialismo, a eso también podríamos sumar la deserción de figuras importante del sandinismo y el naciente orteguismo como el endiosamiento de la familia y su permanencia en el poder.

Ortega ha llamado al periodo comprendido entre 2007-2019 la segunda fase de la revolución. Una revolución que, según el Poeta y Sacerdote Ernesto Cardenal, terminó en los años 90 y fue traicionada. “Los sandinistas no deben confundirse: el FSLN de Daniel Ortega no es sandinismo, sino su traición. Votar por Daniel es votar por Alemán” (El Nuevo Diario – Managua, Nicaragua – 26 de octubre de 2006)

Lo cierto es que gracias a ese pacto Ortega sigue en el poder hasta el día de hoy. Sin embargo, el panorama no es el mismo después de abril 2018. Ortega ordena, ejecuta, controla y castiga, pero no gobierna. Sobrevive. La insurrección popular dio paso a la protesta masiva y creativa de un pueblo que durante once años fue indiferente a los abusos de lo que algunos llamaban “dicta blanda” una combinación de elementos democráticos y autoritarios”

Antes de abril, el pueblo no protestaba por el precio de la canasta básica, el precio del combustible, el salario mínimo, las reformas a la seguridad social y la situación del seguro social, la eliminación de los subsidios a la electricidad, el excesivo gasto presupuestario en propaganda, las comisiones por desembolso e intereses de préstamos de financieras. Todo esto era tolerado por la “bonanza económica” que atravesaba el país. Una bonanza gracias al maridaje “Gobierno- Cosep”. Bonanza que permitía que la banca privada del país y grandes empresas de diferentes sectores y testaferros se sumaran al sector privado, construyendo de esa manera acuerdos en conjunto en donde Ortega funge como el presidente eterno de Nicaragua y como representante de todos sus compañeros multimillonarios. Señor de toda Nicaragua. Se estableció de esta manera un sistema de gobierno basado en el consenso Ortega – Cosep .

El rumbo de la historia cambia cuando el 12 de abril, un grupo de Jóvenes autoconvocados protesta contra la negligencia del Gobierno frente al incendio de la reserva Indio Maíz. Y días más tarde estudiantes universitarios se levantan a protestar en contra la reforma del seguro social. Ortega respondió con represión, balas y muerte. El saldo al día de hoy son más de quinientos muertos, más de ochocientos presos políticos, y el rechazo masivo de la población que pide: liberación, justicia y adelanto de elecciones.

Después de un dialogo fallido en mayo del 2018, en donde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por diferentes sectores, entre ellos estudiantes, campesinos y empresa privada, quienes demandaban muestras claras y exponían el camino a seguir para una salida pacífica de la crisis socio política que enfrentaba el país, a través de reformas electorales, anticipos de elecciones y cese a la represión a la manifestación ciudadana, sin resultado alguno. Ortega hizo un nuevo llamado a negociaciones ante las sanciones de la Unión Europea, de EEUU y la condena internacional, pero esta vez no están todos los que estuvieron la vez anterior. Algunos de ellos están en el exilio y otros encarcelados. Dicha negociación fue convocada una vez que Ortega se reuniera con grandes empresarios y banqueros del país, quienes ven en riesgo su capital y un inminente retroceso de la economía nacional, según especialistas se pronostica una caída del PIB en un veinte por ciento.

A estas nuevas negociaciones se han unido nuevos rostros por ambas partes. Por parte del Gobierno está el ex somocista y ex correligionario liberal de Arnoldo Alemán, y ahora orteguista, Wilfredo Navarro, y por parte de la Alianza Cívica, José Pallais otro exmiembro del PLC de Alemán. Además, la Conferencia Episcopal, quien durante toda la crisis ha acompañado al pueblo nicaragüense, ha renunciado a ser testigo y mediadora en estas negociaciones, ya que el gobierno no da muestras de buena voluntad.

Para algunos esta encerrona en el INCAE, sólo son una estrategia dilatoria de Ortega para evitar la aplicación de la carta democrática por parte de la OEA, las sanciones de la UE y el recrudecimiento de la Nica Act. Estas negociaciones son la estrategia central del gobierno Ortega-Murillo y consisten llanamente en mostrar un rostro negociador ante la comunidad internacional y poder detener de esa forma su inminente caída o al menos poder ganar tiempo. Hasta el día de hoy las negociaciones llevan más de quince días, y no se han restablecido los derechos que han sido suprimidos, ni se ha liberado a los presos políticos que Ortega maneja como fichas en el tablero en las negociaciones. Lo único que nos recetan después de cada encerrona son comunicados superfluos, llenos de eufemismos y pocos resultados.

Darles larga al asunto, dar casa por cárcel a presos políticos y cambiar de condición a los excarcelados, de presos políticos “terroristas” a presos comunes con algunos de los maquillajes cosméticos que la dictadura ha realizado, asi como emitir comunicados en conjunto con la AC en donde dicen que van a “fortalecer” los derechos que no tienen los nicaragüenses. Ortega pude poner su firma en cualquier documento. Durante el diálogo de mayo 2018 Ortega se comprometió a respetar las orientaciones emitidas por la CIDH. El resto ya lo saben. En junio quemó a una familia entera.

A pesar de todo esto, hay quienes no han perdido la fe, puesto que hay una representación de universitarios en la AC, minada mayormente por empresarios, y figuras como Carlos Tünnermann, quien ha fungido como vocal en lectura de algunos comunicados prensa por parte de la Alianza Cívica.

La Unión Nacional Azul y Blanco conformada por la Articulación de Movimientos Sociales (que aglutinan a sectores estudiantiles, campesinos, movimientos sociales, feministas, indígenas y empresariales), el Frente Amplio por la Democracia (FAD), y plataformas de la Sociedad Civil, como la Coordinadora Universitaria (CUDJ), los Movimientos 19 de Abril de varios departamentos y la Alianza Cívica ha criticado el actuar de esta última por lo poco que ha logrado en la mesa de negociación y el secretismo con que se manejan las libertades públicas.

La Alianza Cívica aceptó negociar con la dictadura, quien prometió liberar a los presos políticos y que dicha libertad sea condicionada por un “ordenamiento jurídico” manejado al antojo y capricho de la dictadura, quien hasta el día de hoy no asume su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad que han sido debidamente denunciados y hasta documentados por organismos nacionales e internacionales.

“Hay que esperar” “Hay que ser paciente” “Es un proceso”

Algo que posiblemente mata las esperanza de seguir luchando es el cortoplacismo, es querer una democracia express. Nadie dijo que sería de un día para otro, pero aquellos que dicen: “Hombre, no critiques”, “Hay que ser positivo”; son los mismos que se molestan por simple hecho de disentir y son esos mismos que avalan las decisiones y los pactos.

En múltiples ocasiones, Ortega ha dejado claro que no habrá elecciones anticipadas y que lo que paso en abril 2018 fue un intento de golpe fallido, por lo que deberíamos esperar hasta el 2021 para que se realicen elecciones. ¿Será entonces que el objetivo de los negociadores es crear un “ambiente de consenso” que permita que Ortega llegue al poder hasta el 2021? Porque esto de liberar presos políticos, dejar de torturar en el chipote y de arrestar a todo aquel que se manifieste contra la dictadura está dentro de la norma de un país en que desde abril 2018 los titulares y los medios de comunicación solo hablan de arrestos, muertos, exiliados y desaparecidos.

¿Será acaso que estamos ante una segunda fase del maridaje Ortega- Cosep? ¿Será que la Alianza Cívica busca como contribuir con el régimen para desmantelar las movilizaciones ciudadanas porque estas “entorpecen” las negociaciones? ¿Será que estaremos condenados a someternos a los acuerdos de las grandes élites que siempre salen inmunes y beneficiadas y que están acostumbradas a danzar sobre la sangre de nuestros muertos? ¿Estamos frente a otro pacto? ¿Qué le está ofreciendo la Alianza a la Dictadura? ¿Amnistía? ¿Yo me rehúso a creerlo así, porque ni la comunidad internacional quiere seguir teniendo tratos con un gobierno genocida.

La lucha cívica sigue viva y el futuro de Nicaragua no puede, ni va a, depender de la voluntad de un pequeño grupo selecto. Sólo el pueblo salva al pueblo.

La elegancia del erizo

Tomado de Ciudadano X

Pienso en la imagen del erizo al que Muriel Barbery compara su personaje:

“…por fuera está cubierta de púas, una verdadera fortaleza, pero intuyo que, por dentro, tiene el mismo refinamiento sencillo de los erizos, que son animalillos falsamente indolentes, tremendamente solitarios …

Dos realidades, dos identidades. Una, fuerte, firme, diríase tosca; la otra, engañosa.

Esta “elegancia” — añado comillas para enfatizar que su refinamiento, más que sencillo, es provinciano y retrógrado—es la marca de los políticos nicas.  No solo de los que hoy detentan el gobierno, sino de los cientos de mediocres ambiciones que vuelan como polillas sobre la luz que muere en El Carmen.

Dos realidades.  Pero, desafortunadamente, la realidad.

Con ella tiene que vérselas el espíritu de quienes no han sido corrompidos todavía, de todo aquel que tenga años jóvenes o joven la ilusión de hacer de Nicaragua un país mejor.  Con erizos tiene que sentarse a discutir, a debatir, a negociar, a sabiendas de que al interior de la coraza presuntamente renovadora de la mayoría de ellos, vive el de siempre, el falsamente indolente, el taimado que habla con dos lenguas, que arrastra como una corriente cansada pero terca el sedimento traicionero de nuestra historia.  De ese lodo se hacen los falsos reformadores, los falsos revolucionarios, los falsos demócratas.  De ese lodo nacen los engaños, y nace la perversión de valores de la sociedad.

Con todo lo repulsivo y repugnante que parezca, ese lodo no puede ser excluido de la mezcla.  La casa se construye con lo que hay, con los materiales de que uno dispone.  Pero anímense, hombres y mujeres de buena voluntad, que no solo ese lodo existe.  Tampoco, la corriente que lo arrastra es única, ni indetenible.  Hay una reserva moral en el alma de la nación, una roca debajo del fango. Y hay aguas frescas que pujan por fluir.

Si solo hubiera lodo y sedimento, el pacto entre el COSEP, la Iglesia de Obando, y la dictadura, estaría intacto, festivo en el bacanal sicodélico de la emperatriz demente.  Si la reserva moral a la que hago referencia fuera apenas producto de mi imaginación idealista, no habría ocurrido, desde el 18 de abril, la multitud de actos anónimos de entrega y solidaridad que nacen naturalmente, como un gesto maternal, del corazón de personas que no están acostumbradas a premio por nobleza.

Esta reserva moral debe ser la fuerza con que los soñadores se enfrenten a los cínicos, la fuerza con la que combatan la tentación que por todos lados acecha.  No es una lucha fácil.  No se vive como hemos vivido por doscientos años sin que nuestro comportamiento rutinario asuma como naturales los hábitos que en momentos de mayor lucidez, momentos de rebeldía, condenamos con asco: el falso discurso, el servilismo, la voluntad de adaptarnos a un poder opresor para sobrevivir, la lealtad al clan, a la familia, el pragmatismo cínico que los políticos despliegan con orgullo.

La lucha es también difícil porque la pobreza crea un círculo vicioso de corrupción y dependencia.  Las élites lo saben.  Por eso hacen de todo para enfriar la rebeldía colectiva del pueblo, y comprar al detalle sus voluntades. Y no me refiero solamente al orteguismo. Noten cómo desde un inicio, cuando los grandes propietarios y sus empleados se “convirtieron” –- dicen— a la causa democrática, volcaron sus esfuerzos a cooptar a cuanto líder, activista o grupo pudieran.  Entre los logros de su prédica se encuentra la epifanía de antiguos revolucionarios anticapitalistas que han visto la luz y defienden al Cosep a capa y espada. Y voy más lejos, han conseguido que —por el momento — la lucha salga de las calles y entre al palacio, donde su experiencia en intrigas cortesanas les da una ventaja clara. Dentro del palacio van armando su juego, apoyados en copiosos recursos financieros y en su red de contactos internacionales. Dentro del palacio, en silencio y en secreto, pactan. Y para hacerlo al menor riesgo posible, se esfuerzan en convencer al pueblo de la “dificultad” de su “lucha” contra la dictadura.  Y se esfuerzan en convencer a los soñadores más perseverantes que su causa está perdida, que el juego se juega como lo juegan ellos, que mejor se les unan, que apoyen sus maniobras, que abandonen sueños de libertad y democracia porque no son “realistas”, o si algo de realista tienen, son “para después”.

Les dan, además, una advertencia: van con ellos, o quedan fuera del futuro que las élites de todos los tintes diseñan con confianza, a su gusto y antojo.  Porque, les aseguran, “todo está amarrado”, es decir, todo ha sido decidido donde debe decidirse, no solo fuera de la vista de la ciudadanía, sino que incluso fuera del alcance de los “recién llegados” a quienes renuentemente han tenido que ceder un asiento en el palacio.  A ellos los hacen sentarse en la antesala, con un pie adentro y un pie afuera.  Entrarán, si aceptan servir la agenda de los señores. Saldrán, si persisten en oponerse a lo que los señores ya han decidido.

Un dilema que tiene complejidad y drama para cualquier reformador.  Fuera del “juego”, el temor a no tener ninguna influencia en el futuro que –le dicen — es inevitable, en gran medida por falta de recursos materiales.  Dentro del “juego”, el temor a perder totalmente identidad, mensaje, y causa.  Una disyuntiva terrible con dos posibles caminos hacia la irrelevancia.

Ante tal disyuntiva, ¿qué hacer?

Primero, lo de siempre: dudar. Parte de la magia está en el aura del prestidigitador, en el brillo del sombrero y su capa, en la anticipación que crea en la audiencia, que contiene la respiración a espera del desenlace anunciado.  Es, ni más ni menos, lo que hacen los políticos del “todo está amarrado” en Nicaragua.  Porque para que lo supuestamente “amarrado” sobreviva en medio de la conmoción social, necesitan que la gente esté resignada a un destino inevitable.  Necesitan que todo el que tenga interés en incidir se monte al tren que ellos conducen.  Y mienten. Porque nadie, en este momento, puede estar seguro de cómo terminará la crisis.  Lo que sabemos es que ha habido un cambio que solo podría llamarse revolucionario en la política nicaragüense. Revolucionario en el sentido de que las instituciones anteriores a abril del 2018 han muerto, son insuficientes para sostener el orden social.  Y han muerto donde mueren las instituciones: en la mente de los ciudadanos.  Porque las instituciones, al fin y al cabo, son una serie de creencias, de costumbres, de leyes aceptadas por la mayoría, y en estos momentos la mayoría rechaza, no solo lo que había inmediatamente antes de abril, sino gran parte de la tradición que lo antecede.  ¿Logrará este rechazo convertirse a corto plazo en un triunfo que dé forma a nuevas estructuras de poder, verdaderamente democráticas?  Eso depende de tantos factores, tanto domésticos como internacionales, tanto materiales como espirituales, que aunque uno puede especular, no puede estar seguro.

En segundo lugar, sacar la lucha del palacio a los espacios de la sociedad que las élites no controlan.  Hoy en día esto incluye las redes sociales, pero no hay todavía un sustituto virtual para la calle, para la desobediencia civil, para todas las formas creativas de protesta física que mantengan la zozobra de los opresores y la esperanza del pueblo ansioso de libertad.

En tercer lugar, concentrarse en ganar, no en “ganarle” a los grupos opositores que pujan por un lugar en el palacio.  Nada es más importante para quien quiera contribuir a que el futuro de Nicaragua sea uno de modernidad y democracia, que mantener vivo el ideal, evitar que se corrompa, evitar que, por el afán de no ser excluido a corto plazo, los ciudadanos terminen pensando que uno es “igual a los demás”.  Este es un momento crucial en la historia de Nicaragua, en el que por primera vez el grito de ¡democracia! es la consigna generalizada. Nunca antes.

Siempre que en nuestra accidentada historia se luchó, se fue tras un caudillo, tras una bandera partidaria, o tras una utopía importada.  Y siempre se buscó el camino más corto, el de las armas.  El camino más corto, ya sabemos, ha tenido resultados desastrosos, impidiendo que el sistema político evolucione y nazcan formas de sucesión y alternancia en el poder que no dependan de la guerra.

Las nuevas generaciones de nicaragüenses quieren un camino diferente.  Los jóvenes luchadores aceptan el reto y saltan al frente; reconocen, sensata, sensiblemente, un cambio en la conciencia de la población.  Su reto es grande, porque no solo tienen ante sí una dictadura criminal, sino que corren el riesgo de empantanarse en la tradición que aflora como basura de playa cuando el mar de la protesta se retira.

Hay mañosos y corruptos en todos los grupos, hay intereses creados y maquiavelismo, hay intrigas y alianzas oscuras, e inestables.  Todas esto es bastante normal en la política, pero se mueve a paso más feroz cuando los ambiciosos intuyen el fin de un régimen y ven a su alcance la posibilidad de crear uno nuevo a su imagen y en su provecho.

Por eso es esencial restablecer el rol protagonista del pueblo, dejar a los corruptos encerrados en sus cortes, donde pelean el poder por el poder, y plantar en el terreno fértil de la nueva conciencia las ideas que tarde o temprano necesitan imponerse, las de un programa político democrático.

Vale más ese diálogo con el pueblo que mil reuniones y mil contactos con los políticos del pacto, o con los del “todo está amarrado”.

Urge un programa popular de reformas democráticas.

La nueva Nicaragua, con las mañas de siempre

Abril marca un antes y un después en nuestra cultura política. Un antes porque los nicaragüenses despertaron del letargo que los hacia “tolerantes” con la atropellada realidad del país y un después porque fiscaliza y critica el proceso de negociación que realiza el gobierno y la Alianza Cívica. No todos los males están resueltos y tomará años construir un acervo cultural democrático. La democracia no se construye en días, se hace en años. Es mediante la práctica de valores y participación ciudadana en las gestiones públicas que se puede construir un sistema político fuerte y sostenible.

Parte de esos males continúa siendo la oligarquía nicaragüense, que ahora asume la batuta para resolver una crisis que ellos ayudaron a construir. Una pequeña élite, representada en la Alianza Cívica, está al mando de las negociaciones. El 50% de los negociadores titulares, es decir, tres de los seis negociadores, representan al sector empresarial. Precisamente son las élites a lo largo de nuestra historia las que han excluido a las mayorías. A pesar que la lucha autoconvocada es protagonizada principalmente por jóvenes, los representantes en la Alianza Cívica provienen de la política “rancia” del pasado y Max Jerez, líder estudiantil, es la excepción a la regla. Podemos añadir que los familiares de las víctimas, representados en la Asociación Madres de Abril (AMA), tampoco son parte en las negociaciones y únicamente son “consultados”, cuando todos sabemos que la última palabra la tienen los representantes de COSEP, FUNIDES Y AMCHAM.

El triunvirato entre Gobierno, empresa e iglesia llegó a su fin en malos términos. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ― la institución más respetable en el país― decidió declinar su participación en las negociaciones. “No queremos ser usados para tácticas dilatorias ni mucho menos para avalar arreglos ya construidos”, dijo el Obispo de Estelí, Abelardo Mata, y además añadió que no están representados todos los sectores populares del país en la Alianza Cívica.

Por su parte los campesinos retiraron a su delegación de la Alianza debido a que sus exigencias “no fueron escuchadas”. La falta de representatividad dentro de la ACJD ha provocado una ruptura en la legitimidad de las negociaciones. No solo la falta de voluntad política del gobierno es culpable de la poca credibilidad en las negociaciones, la Alianza Cívica se ha autoadjudicado la representación de la amplia mayoría de los nicaragüenses que quieren una salida pacífica y creíble a la crisis sociopolítica, pero solo han logrado socavar la confianza de los mismos. Hasta ahora el único logro es la impresora disponible en el salón de las negociaciones del INCAE.

Ha surgido, sin embargo, en medio de la tormenta el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde de manera transparente y democrática eligieron a sus representantes y limitaron su duración en el cargo a un término de seis meses. Más de 70 organizaciones llegaron a un consenso para formar este consejo político y llenar ese vacío de poder en la oposición y la confianza que la Alianza Cívica ha perdido entre la población por sus desacertadas decisiones.

La UNAB puede que consagre el sueño de Pedro Joaquín Chamorro con UDEL, donde tuvo cabida todo el espectro político nacional: conservadores, liberales, socialcristianos, socialdemócratas y socialistas marxistas-leninistas en un solo propósito: dar al traste con la dictadura somocista y sembrar las bases de una nueva república. Ahora la tarea no es diferente con Ortega. Solo la pluralidad de ideologías puede construir un verdadero movimiento democrático.

En el caso de unas elecciones adelantadas en Nicaragua, espero que sea la UNAB quien enfrente al Orteguismo en las urnas. Optar por la Alianza Cívica solo sería dar continuidad a un Orteguismo sin Ortega.

No podemos construir “la nueva Nicaragua” con las mañas de siempre, una pequeña élite robándose la lucha de un pueblo que ha sacrificado a sus hijos para construir un nuevo país. No es a ellos a quienes les corresponde elegir la dirección que debe tomar Nicaragua, es a los jóvenes que desde las calles o las trincheras en que se encuentren, son ellos quienes decidirán lo que mejor le convenga al país y la élite-oligárquica pasará a ser parte de la vieja historia.