Resolución 02-2019 PN: delitos contra el orden constitucional

El día de hoy, mediante la resolución 02-2019, la Policía Nacional de Nicaragua (PN) nuevamente prohíbe a la ciudadanía la realización de una manifestación pacífica solicitada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Una vez más la Policía trata de sustentar su decisión en una interpretación errada y antojadiza de las leyes, amparada en su investidura y en la fuerza de las armas con que ahora se desplaza por el territorio nacional para amedrentar a la población.

El artículo 30 de nuestra Constitución Política vigente establece que los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. En concordancia con lo anterior, el artículo 54 constitucional establece que los nicaragüenses tenemos derecho a la concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Al decir “de conformidad con la ley” efectivamente se pretende que el ejercicio de este derecho no entre en conflicto con el derecho de otros ciudadanos a su libre movilización y al mantenimiento del orden público, por lo cual se debe acudir a la Policía Nacional para lo de su cargo, es decir para que garantice el ejercicio ordenado de todos los derechos involucrados.

La función de la Policía Nacional, según el literal “p” del numeral “7” del artículo 1 de la Ley 872, muy claramente dice que la Policía Nacional está obligada a otorgar permisos y autorizaciones a las solicitudes de actividades especiales estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales, previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas. Del mismo modo el numeral 6 del artículo 17 de la citada Ley 872 establece que corresponde a “Seguridad Pública” regular, supervisar y controlar eventos o actividades cuya autorización legal le corresponda a la Policía Nacional. Ninguna de ambas disposiciones dice o puede ser interpretada en el sentido de que la Policía pueda prohibir el ejercicio de un derecho constitucional, más bien el artículo 1 inicia diciendo que las funciones de la Policía Nacional están orientadas a garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas.

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política los pobladores en general, sin discriminación alguna, tenemos derecho de organizarnos con el fin de lograr la realización de nuestras aspiraciones según nuestros propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines. Este derecho fundamental no está sujeto a normativa alguna, la Policía Nacional no puede restringir el ejercicio de los derechos constitucionales, que son establecidos para cada ciudadano o ciudadana nicaragüenses, con el argumento de que no se posee una personalidad jurídica colectiva.

Según el artículo 130 de nuestra Constitución, ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquéllas atribuidas por la Constitución y las leyes, asumir que la función de “autorizar” implica la atribución de “prohibir” es una interpretación extensiva que viola la Constitución y no corresponde a la Policía Nacional que, por definición legal es un cuerpo profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que se regirá en estricto apego a la Constitución Política, que es a la que debe su respeto y obediencia.

Los artículos 182 y 183 de la Constitución Política íntegra y literalmente dicen: “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.”

La Policía Nacional no puede pretender que está dentro de sus facultades obligar a la ciudadanía a constituir alguna organización o adquirir personalidad jurídica para poder ejercer sus derechos constitucionales. La Policía Nacional no puede prohibir u obstaculizar el ejercicio de un derecho ciudadano constitucional, aunque esté entre sus facultades regular la forma en que ha de ejercerse.

Estando debidamente explicados los alcances de nuestros derechos constitucionales y los límites que la misma Constitución establece a funcionarios y autoridades, tenemos que concluir advirtiendo que con la emisión de la resolución 02-2019 la Policía Nacional está incurriendo una vez más en acciones debidamente tipificadas en los artículos 427, 431, 432 y 433 de nuestro Código Penal vigente (Ley 641), los cuales a su letra dicen:

Vivir con miedo

Nacer mujer es vivir con miedo, muchas personas pensarán que exagero, que sí es un poco difícil, pero que no da miedo. Otras dirán que no es cierto, que yo miento y que debo ser de esas personas que tienen un problema para cada solución y no es así, lo digo porque así lo siento.

Soy una mujer joven, originaria del occidente del país. Cuando pequeña me cuidaba mi mamita (abuela), porque mi mamá trabajaba largas y cansadas jornadas, era doméstica, lo que ahora llamamos asistente del hogar y que por cierto cambiarle el nombre no generó ningún efecto, mismo trabajo, sin prestaciones de ley, mismo trato y misma explotación, pero ese es otro tema… A pues sí, como se imaginarán viví en medio de muchas carencias y, por loca que suene, las agradezco. En muchos momento me faltó alimento, salud, recreación, educación de calidad, afecto y orientación… pero así fue como supe como quería que fuera mi vida más adelante y que debía buscar la manera de servir a los demás, porque quien no sirve para servir, no sirve para: NADA, me decía mi mamita.

Y es en ese contexto que empecé a tener miedo, desde chiquita, cuando ya era noche y mi mamá no había llegado. Los niños y las niñas intuyen cuando algo no está bien y poquito después comprendí que sentía eso porque mi mamá de camino a la casa pasaba por una calle que era peligrosa y que existía el riesgo de que „algo-malo-le pasara“ (como si ese algo malo se lo hiciera ella misma) también supe que ser niña no era tan seguro, ni tan bonito, cuando en conversaciones de adultos escuchaba: “tiene que cuidarla, usted sabe con los niños no hay problema, pero con las niñas, ¡ufff!, son otros 100 pesos¨. Y desde esa época hasta hoy, puedo referirles muchísimas situaciones que me hicieron sentir que ser mujer da miedo y que el miedo que sentimos nosotras no se parece al miedo que sienten los hombres, pero fue el mes de abril del año pasado el momento en que lo que les digo se volvió un monstruo real, no solo para mí o para las mujeres, sino para todas y todos en mi país, sin distinción de ningún tipo.

En abril del año pasado, el gobierno de Nicaragua se quitó de una vez y para siempre la máscara, dejó de fingir, de engañar, dejó de violar, de secuestrar y de matar a escondidas para hacerlo de manera pública y sin límites, creo que sintieron que si lo hacían delante de todos, nos darían una lección y que el pueblo comprendería que todo debía estar como antes: normal. Tenían décadas de hacerlo, ¡pero que va a ser!… que se va indignando el pueblo y que se levanta y que se le vienen a él y a sus socios un mar de protestas y ante eso el gobierno resolvió con su forma especial de arreglar todos sus asuntos: PLOMO para el pueblo, que se traduce en Crímenes de lesa humanidad…y entonces quienes vivíamos en un letargo, porque estábamos bien ocupados, atendiendo a la familia, estudiando, trabajando, sobreviviendo y lógicamente no teníamos ni tiempo ni ganas de involucrarnos en política o teníamos miedo, nos despertamos, bañados con la sangre de nuestras hermanas y hermanos, con el llanto de toda la nación y sentimos MIEDO, ese miedo que como mujer yo desde hace tanto tiempo he sentido, miedo de ir por un lugar y que „algo-malo-me pase“, miedo de que le hagan daño a mis hijos,  a mi familia, miedo a que me golpeen, a que me violen y/o a que me maten  y miedo a que le hagan eso a otras personas, nadie debería ser capaz de hacer tanto mal, se me hiela el alma con solo pensarlo.

Y entre tanto terror, parece que nuestras vidas dependieran de la voluntad de otros, nos hemos creído débiles, que si esos otros, que son más grandes, más ricos o más valientes y no nos defienden, ya no habrá más nosotras y nosotros, pero como en casi todo, nada es lo que parece, y tenemos que reconocer que el miedo es una de las emociones más básicas y más productivas que como animales recién evolucionados poseemos y que lo necesitamos para autopreservarnos y para  proteger a los demás, es una emoción tan poderosa que se transfiere a lo físico, yo jamás me atrevería a decir: „no pasa nada, no tengás miedo“ o „todo estará bien, no tengamos miedo“, por el contrario no me parece natural, es incluso cruel, creo que en este momento ser nicaragüenses es vivir con miedo, pero debemos reconocerlo, sentirlo y  gestionarlo de una manera sana para que de él nazca el coraje, la fuerza y la unión con la que construiremos la democracia, la justicia y la equidad que nos merecemos, para que nunca más nos despertemos sabiéndonos rehenes y victimas de sufrimientos, sino libres y protagonistas del progreso.

Para que nuestros hijos e hijas no tengan que vivir con miedo, nunca más.

¿Amnistía a cambio de renuncia?

Fuente: Ciudadano X

Tras la renuncia del magistrado Solís, quien fuera figura clave en la construcción de la dictadura Ortega-Murillo, y en vista de la aparente utilidad propagandística de tal deserción para el campo democrático, ha comenzado un debate acerca de si debe darse a otros desertores la garantía que un comentarista certeramente etiquetó, en una encuesta informal, como “protección y amnistía”.

Pienso que no.

En primer lugar, porque en vista de las circunstancias internacionales que enfrentan los desertores, no hace falta–y en algunos casos no es posible—conceder una amnistía generalizada.

Es cierto que bajo ciertas condiciones, desertores y delatores pueden recibir un trato generoso a cambio de su colaboración con el sistema judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, un matón de la mafia que delate a sus jefes, y contribuya claramente a que sus jefes vayan a la cárcel, puede ser incluido en un programa especial de protección, donde recibe el equivalente a amnistía y sale en libertad; pero lo pierde todo, hasta su nombre, amigos y parientes, y antes de recibir clemencia tiene, no solo que renunciar, sino que denunciar.

En el caso de la organización criminal que usurpa el poder en Nicaragua, dudo que ese tipo de tratos sea practicable, y no creo que pueda justificarse ética y legalmente. Es más, el perdón y amnistía que recibe el mafioso se otorga cuando ya al delator solo le queda su propia vida por resguardar. Esa medida extrema–proteger al asesino de la venganza de sus jefes–no hará falta en Nicaragua, porque la organización criminal de la que proceden los delatores, la mafia de El Carmen, perderá en su momento toda capacidad de hacerles daño: desaparecerá.

Por tanto:

¿Protección? No solo para los desertores/delatores, sino para todos los ciudadanos. Se llama “debido proceso“. Nada de linchamientos, ni juicios amañados, ni venganzas, ni torturas, ni penas en exceso de lo que la ley exige. No más expropiaciones sin establecer claramente el origen ilícito de las propiedades. Ni siquiera hay que asumir que todos los empleados públicos de alto nivel tienen cuentas pendientes con la ley. Toda acusación debe investigarse con seriedad, exhaustivamente. Porque una cosa es que puedan tener una deuda moral, que por su conveniencia o comodidad hayan aceptado puestos de privilegio, y otra es que hayan cometido crímenes. Debería haber sanción social, y es esencial que haya castigo político [¡ni un voto para ellos, ni un puesto de responsabilidad pública!], pero el sistema judicial debe penar únicamente crímenes, tal y como están definidos en las leyes nacionales e internacionales.

¿Amnistía? Por mi parte, un rotundo “No”. Sin embargo, un juez como los que deben formar el nuevo poder judicial debe tomar en cuenta, a favor del acusado, la medida en la que este haya colaborado con la justicia. Sin embargo, esta lenidad puede otorgarse a delatores acusados de participar en el aparato político del estado represor–algunos quizás “atrapados” en un tren en marcha al que se montaron por oportunismo–pero no debe nunca concederse a quienes dan las ordenes de represión violenta o las ejecutan. Amnistiar a estos últimos es, aparte de inmoral, irresponsable, porque se trata de personas que evidentemente–lo han demostrado—son un peligro para la sociedad. De todos modos, lo más probable es que no sean ellos quienes apuesten a “renuncia/denuncia” para salvar el pellejo.

La visión de Noam Chomsky sobre la crisis en Nicaragua

Aunque este artículo es del mes de julio del año pasado (publicado el 27 de julio en el sitio democracynow.org) contiene aspectos que son vigentes en cuanto a los antecedentes históricos y las condiciones que dieron lugar a la crisis sociopolítica que enfrentamos.

Los organismos internacionales de derechos humanos afirman que más de trescientas personas murieron en Nicaragua desde que las protestas estallaron en el mes de abril y que la amplia mayoría fue asesinada por fuerzas aliadas al gobierno. A comienzos de esta semana, el presidente Daniel Ortega rechazó un pedido de renuncia, en medio de las crecientes protestas y la agitación social. Para saber más de este tema, puede ver la conversación que mantuvimos con Noam Chomsky acerca de la actual crisis y el papel que tuvo EE.UU. en Nicaragua en la década de 1980”.

Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Continuamos informando sobre la situación en Nicaragua. En una entrevista poco habitual, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó recientemente las presiones para dimitir del poder, en medio de crecientes protestas y disturbios civiles. Escuchemos al presidente Ortega en Fox News el lunes 23 de julio.

PRESIDENTE DANIEL ORTEGA: Fuimos electos a través del voto. Entonces, hay períodos electorales que tienen su límite. Y nosotros estamos en un período electoral que tiene su límite en el año 2021. Ahí celebraremos las próximas elecciones en Nicaragua. Y tendremos que ver quién sale electo, quién asumiría el nuevo gobierno.

AMY GOODMAN: Escuchábamos al presidente Daniel Ortega. Los grupos empresariales más importantes de Nicaragua vienen demandando a Ortega que convoque elecciones anticipadas, a lo que Ortega ha respondido diciendo que Nicaragua “no es propiedad privada”. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que más de 300 personas han muerto desde que estallaron las protestas en abril —protestas contra las medidas de austeridad del gobierno— y que la gran mayoría han sido asesinados por fuerzas afines al gobierno. En junio entrevistamos al ex líder sandinista Alejandro Bendaña, que se desempeñó como embajador en la ONU y como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua durante el gobierno Ortega… durante el gobierno sandinista de 1979 a 1990. Esto es lo que Bendaña dijo en Democracy Now!

ALEJANDRO BENDAÑA: Es necesario recordar algunos hechos históricos clave. La revolución sandinista comenzó en 1979 y terminó en 1990 con la derrota electoral de Daniel Ortega. Pero esto no significó el fin de la carrera política de Ortega, que durante 17 años trabajó tenazmente para volver al poder. Pero para lograrlo, se fue deshaciendo de sus competidores potenciales y de muchos viejos partidarios sandinistas. Recibió al capital corporativo en Nicaragua. Adoptó las posturas más retrogradas de la Iglesia, con quien formó una alianza, y llegó a un acuerdo con Estados Unidos. Y así pudo ganar por pocos votos las elecciones presidenciales en 2007. Pero para ese momento, él ya había dejado de ser sandinista. Sí, sigue usando los símbolos, los colores sandinistas, pero su gobierno ha sido, en esencia, neoliberal. Y luego se volvió autoritario, represivo.

AMY GOODMAN: Escuchábamoa a Alejandro Bendaña, que se desempeñó como embajador ante la ONU y como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Ortega, luego de la victoria sandinista en Nicaragua, entre 1979 y 1990. Según las organizaciones estudiantiles, el gobierno es el principal responsable de los asesinatos. ¿Cuáles es tu opinión, Noam?

NOAM CHOMSKY: Bueno, en 1990, es cierto que… en primer lugar, ya en los años 80 Nicaragua tenía muchos problemas, pero su situación era casi excelente en comparación con el resto de la región… difícil pero bien según los estándares de la región. En 1990, el presidente Bush, el primer presidente Bush, básicamente informó a la población de Nicaragua que si no votaba por “nuestro” candidato, la guerra de los contras, la guerra terrorista, continuaría y se aplicarían duras sanciones que estrangularían al país. Así que, pues, a punta de pistola, la población votó en contra del Sandinismo, y en parte también lo hizo por cuestiones internas. Había muchas cosas que se estaban haciendo que no se debían haber hecho. Desde entonces, la situación no ha sido de ningún modo tan mala como en otros países de América Central, los cuales están, en mayor o menor medida, tremendamente influenciados por Estados Unidos. Pero aún así, ha habido mucha corrupción, mucha represión. Es un gobierno autocrático, sin dudas. La oposición tampoco genera muchas expectativas en general. Entonces, desde ningún punto de vista es una situación bonita. Podría ser que las negociaciones reduzcan las tensiones. Y mi opinión personal es que sería bueno para Nicaragua que Ortega convocara a elecciones anticipadas y permitiera que se celebren sin corrupción ni brutalidad. Pero no parece que… se ve realmente difícil que se logre una resolución simple a esta altura. Es una situación lamentable.

Debemos tener en cuenta que a principios de los años ochenta la situación era extremadamente esperanzadora en Nicaragua. Incluso los organismos internacionales, como el Banco Mundial y otros, elogiaban los pasos progresistas que daban los Sandinistas. El país estaba lleno de esperanza, de entusiasmo, de campañas de alfabetización y lucha contra la pobreza. Con casi… La intervención de Estados Unidos había comenzado a mediados del siglo XIX y había sido totalmente destructiva. Pero se estaban empezando a recuperar, a salir de eso; hasta que comenzó la guerra terrorista de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el único país que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya por cometer terrorismo internacional —técnicamente, por el uso ilegal de la fuerza— y se le ordenó pagar reparaciones de gran magnitud a Nicaragua por el ataque que estaba llevando a cabo. Por supuesto, EE.UU. rechazó el fallo y rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional. La Corte Internacional fue repudiada no solo por el gobierno estadounidense sino también por la prensa. El periódico New York Times la calificó como foro hostil porque había fallado contra Estados Unidos, por lo que por supuesto no se le debía prestar atención. Estados Unidos incluso vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a los Estados a acatar el derecho internacional. Así que la contrarrevolución continuó en Nicaragua, las sanciones continuaron, las otras formas de subversión continuaron y las esperanzas quedaron prácticamente destrozadas. Se podía ver el cambio en las expectativas y las actitudes. Y uno de los resultados dentro del país fue la corrupción, la represión, eso que ahora está implosionando. Pero insisto, es una situación fea y lamentable, que no se puede comparar con lo que han vivido otros países que han estado bajo el control de Estados Unidos todo ese tiempo.

Pero creo que lo importante… volviendo a la crisis de inmigración, que es en realidad una crisis moral para Estados Unidos, y algo parecido pasa en Europa, debemos tener en cuenta que los y las inmigrantes no quieren abandonar sus países. Estarían felices si pudieran quedarse en sus propios países en lugar de venir aquí a pasar situaciones desagradables y difíciles. Pero no pueden, porque hemos arruinado sus países. Entonces, el primer paso para resolver la crisis de inmigración debería ser ayudar a recomponer y reconstruir lo que hemos destruido. De ese modo, la gente no seguirá huyendo de su hogar, que es donde quisiera poder vivir. Y bueno, eso está ciertamente dentro de las posibilidades de un país súper rico como Estados Unidos que tiene ventajas incomparables. Es el primer paso para lidiar con la crisis de inmigración que, insisto, es una crisis moral, no una crisis de inmigración.

En segundo lugar, deben establecerse las condiciones para facilitar la llamada inmigración legal —no me gusta ese término, pero técnicamente se le dice así— en términos decentes: con muchos puntos de entrada, con asesoramiento jurídigo gratuito y apoyo del gobierno de EE.UU. para que la gente inmigrante pueda defender su situación; así como establecer condiciones decentes para la gente que solicita asilo político —nada de ponerla en campos de detención y robarles a sus niños— y facilitar el pedido de asilo garantizado por el derecho internacional. Eso debería realizarse automáticamente, especialmente en un país rico como el nuestro. Ese es el segundo paso.

También podemos ver que hay países pobres que de alguna manera han logrado lidiar con una gran avalancha de inmigrantes. Por ejemplo El Líbano, un país pobre, donde actualmente cerca del 40% de la población es gente refugiada, desplazada de Israel por distintas guerras israelíes como las de 1948 y 1967. También tiene refugiados sirios y refugiados iraquíes que huyen de la invasión estadounidense a Irak. Es un país pobre, con muchos problemas internos, pero de alguna manera están sobreviviendo con un 40% de gente refugiada en su población. Lo mismo ocurre en Jordania, otro país pobre. También en Kenia, África, otro país pobre con una gran cantidad de refugiados. Bangladesh ha recibido un gran número de gente refugiada que huyó de Birmania. Pero los países ricos del mundo —Estados Unidos, los países de la Unión Europea— que tienen una responsabilidad abrumadora sobre las circunstancias de las cuales huye la gente refugiada, no pueden ayudar. No pueden lidiar con eso. “Es demasiado para nosotros”. Que se vayan a otra parte. Que se vayan a un país pobre, pero no a los países que provocaron las condiciones de las cuales están huyendo. O sea, se trata de una crisis moral grotesca de todos los países industrializados.

AMY GOODMAN: Volveremos con el profesor Noam Chomsky en 30 segundos para hablar del gran sacudón que sufrió la base tradicional del partido Demócrata en Estados Unidos y de otras noticias que no salen en los grandes medios.

Del estado de necesidad al “derecho” de rebelión

Desde del inicio de la crisis nicaragüense es bastante usual escuchar o leer que muchos ciudadanos, incluso profesionales del Derecho y activistas defensores de los derechos humanos, categóricamente afirman la existencia de un denominado “derecho de rebelión” y considero que es necesario hacer algunas aclaraciones importantes al respecto.

En primer lugar es necesario decir que en Nicaragua, como seguramente en la mayoría de los países en el mundo, la rebelión es en realidad un delito debidamente tipificado en los códigos penales en el marco de los delitos en contra de la Constitución y la integridad del Estado. Así, según el artículo 420 de la Ley 641 (Código penal nicaragüense), comete el delito de rebelión quien se alcen en armas con el fin de:

a) Modificar, suspender o derogar la Constitución Política de la República de Nicaragua total o parcialmente.
b) Sustituir cualquier Poder del Estado o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
c) Sustituir al Presidente de la República o al gabinete de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
d) Sustraer a la nación en todo o en parte de la obediencia del gobierno constituido.

Bajo el mismo concepto, pero considerado de menor gravedad, encontramos que el artículo 421 del mismo cuerpo legal establece la existencia del delito de “motín” o amotinamiento en el que incurrirían quienes “sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alzaren públicamente con violencia para impedir el cumplimiento de las leyes o de resoluciones de las autoridades, funcionarios o empleados públicos; obligarles a tomar una medida u otorgar alguna concesión, o impedir el ejercicio de funciones públicas, provocando grave alteración al orden público“.

De la simple lectura de estas disposiciones legales se extrae que cualquier llamado a desobedecer a las autoridades constituidas legalmente es también en sí mismo un acto delictivo (apología). Seamos claros en esto: no es permisible que un grupo de personas, independientemente de su número, quebranten el ordenamiento jurídico para deponer a un gobierno que ha sido electo siguiendo las disposiciones de ese ordenamiento… si esto fuese posible los Estados serían absolutamente inviables y las sociedades perecerían en las constantes pugnas de grupos que quisieran llegar al poder por la fuerza, ejerciendo violencia.

Si la rebelión es un delito, que en caso de ser exitosa podría producir hasta la suspensión del Estado como miembro en organismos como la OEA  (ver artículo 9 de la Carta de la OEA), ¿por qué se persiste en el error jurídico de afirmar que existe un “derecho de rebelión”?

Sucede que en el Derecho Penal se reconoce la existencia de circunstancias o situaciones en presencia de las cuales los seres humanos nos vemos obligados a actuar de forma ilícita, dicho de otro modo: nos vemos obligados a delinquir. Ejemplos clásicos los constituyen la defensa legítima y el estado de necesidad, cuando para salvaguardar la vida propia o ajena podemos lesionar los derechos de otros. La determinación de estas circunstancias, que según su grado de gravedad e inminencia pueden atenuar, o eximir de, la responsabilidad penal, no corresponde al que delinque sino al juzgador.

Es en esa línea de pensamiento que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa:

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…

Así pues, del mismo modo en que no existe un “derecho de herir o matar a otro” o de “robar para alimentar a mi familia hambrienta”, no existe un “derecho de rebelión”; sin embargo, cuando los derechos humanos dejan de ser protegidos por el Estado y cuando, más bien, es el gobierno quien utiliza a las instituciones del Estado para conculcar esos derechos, entonces es comprensible que las víctimas de la tiranía y la opresión se rebelen y se produzca un estallido social penalmente justificado.

El gobierno de Nicaragua ciertamente ha elegido la ruta equivocada y más peligrosa para tratar de impedir una rebelión, porque precisamente la represión y la violencia en contra de la población, o una parte de ella, son el combustible idóneo del que se alimentan las rebeliones y son, al mismo tiempo, su justificación jurídica.  Si el gobierno no modifica su accionar en los próximos días y no deja de comportarse como ejército de ocupación a través de su Policía y sus paramilitares, el peligro de una insubordinación masiva y la confrontación directa estará a la vuelta de la esquina.

A nosotros nos corresponde buscar la ruta correcta para evitar el conflicto, que es la ruta del diálogo y las urnas.

Crímenes de lesa humanidad y jurisdicción universal

A raíz del reciente informe del GIEI y el discurso del Secretario General de la OEA ante el Consejo Permanente de dicha organización es conveniente hacer algunas observaciones.

Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad se hace referencia a delitos que se caracterizan por un alto grado de atrocidad, delitos que por su gravedad constituyen una ofensa a la Humanidad entera… de ahí que se consideren imprescriptibles e imperdonables, no susceptibles del beneficio de la amnistía. Para la ONU los delitos contra la humanidad comprenden aquellos actos que entrañan un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Son crímenes de lesa humanidad los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un grupo de personas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

El 8 de mayo de 1986 el entonces (y actual) Presidente de la República de Nicaragua, mediante el Decreto 189 declaró su adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre de 1968.

La idea de una jurisdicción o justicia universal nace precisamente del concepto de los delitos de lesa humanidad o “contra la humanidad“, e implica la posibilidad de iniciar procesos judiciales penales en cualquier país del mundo para evitar que tales crímenes queden impunes. No es sorprendente que Nicaragua sea uno de tantos países que ha acogido esta importantísima idea en materia de protección de los Derechos Humanos y la haya incluso incorporado a su ordenamiento jurídico.

En efecto, la legislación nicaragüense establece en artículo 19 del Código Procesal Penal que: “La jurisdicción penal se extiende a los hechos ilícitos cometidos total o parcialmente en el territorio nacional y a aquellos cuyos efectos se producen en él, así como a los cometidos fuera de territorio nacional conforme el principio de universalidad que establece el Código Penal…”; a su vez, en nuestro Código Penal vigente (Ley 641) encontramos que en el artículo 16, bajo la denominación de “Principio de Universalidad” se expresa: “Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: a) Terrorismo; b) Piratería; c) Esclavitud y comercio de esclavos; d) Delitos contra el orden internacional;…” entre varios otros.

La misma tipificación (descripción) de los “Delitos contra el orden internacional” plasmada en el Título XXII del ya citado Código Penal nicaragüense (Ley 641) integra en nuestra concepción jurídica del mundo la existencia de delitos que no solo atentan contra las personas de una determinada jurisdicción territorial, sino que constituyen una afrenta a la Humanidad y son perseguibles, como ya vimos, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, a las voces de las disposiciones legales citadas, cualquier ciudadano sirio o iraquí podría válidamente interponer en Nicaragua una denuncia penal en contra de los miembros del “Estado Islámico” y la justicia nicaragüense estaría facultada para admitir y abrir la causa correspondiente.

El Título XXII de nuestro Código Penal comprende tres capítulos en los que extensamente se abordan delitos que perfectamente pueden ser procesados en cualquier tribunal del mundo que admitiera una denuncia de un ciudadano nicaragüense, en contra de funcionarios de gobierno de Nicaragua, por estar contemplada esa facultad en su propia legislación nacional. De hecho, la Nica Act aprobada recientemente por los Estados Unidos de Norteamérica faculta expresamente a las cortes de ese país para admitir tales denuncias y abrir los procesos penales que corresponda.

Aunque obviamente depende del poderío del transgresor, cuando este es un gobierno, la violación de los Derechos Humanos en el mundo moderno cada vez es menos susceptible de encubrirse esgrimiendo la existencia de las soberanías nacionales.

Discurso de Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA (27-12-2018)

Hace unos días el presidente Ortega me dirigió una carta. A cada una de las referencias principales, nuestra respuesta: Es una pena que uno de los principales revolucionarios históricos vivos de América latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria y democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas del mantenimiento en el poder.

Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática hoy por hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de torturas, de mantener presos políticos, de intimidar, de perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su Gobierno.

El Estado de Derecho es la esencia misma de la democracia, no con un sentido de justicia innecesario sino porque es un fundamento mismo de la preservación de garantías fundamentales de libertades y derechos. Los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos y medios de denuncias y justicia. Primero con la cooptación del poder judicial, luego con la criminalización de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ahora con la expulsión del Meseni y el  GIEI.

La lógica de las dictaduras está definitivamente instalada. Esta acción nos obligará a buscar la justicia internacional y la justicia universal de los derechos humanos, nos obliga a buscar acciones concretas. Ninguna revolución deja a la gente con menos derechos que cuando empezó, pero todas las dictaduras sí, todas las que tenemos en nuestro continente hoy. Creo que hay una falta de comprensión grave y una simple negación de los hechos, quizás por las presiones que reciben de afuera o quizás por lo que perciben como la posibilidad de dejar su posición de poder.

Las dictaduras contaminan malas prácticas, polarización, inculcación de derechos, violación de derechos humanos, corrupción, vínculos con el crimen organizado, torturas, asesinato. Se ha hecho lo posible por evitar esta contaminación en Nicaragua, no queríamos ni queremos tener nunca un camino de muerte, de odio, no queríamos que se lo impusieran a un pueblo más en el continente.

A la secretaría general lo que le interesa es que el Estado nicaragüense cumpla con la normativa interamericana, que cumpla para bien de la gente nicaragüense y es lamentable que en esta coyuntura el Estado nicaragüense se muestre lejos de cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel internacional para con la democracia y los derechos humanos, la prueba más clara es la existencia de presos políticos en su país y la tortura denunciada, es inconcebible que sea así.

La misión de la CIDH, del Meseni y el GIEI en Nicaragua es estar con los familiares de los asesinados en búsqueda de la verdad, fuera de Nicaragua es investigar y velar por los derechos humanos de las víctimas y sus familiares fueran del bando que sea, no estuvieron ahí para favorecer la versión oficial ni cumplir con sus expectativas y guión. Trabajaron para abogar por los intereses de las víctimas y denunciar un Gobierno que viene adoptando rasgos de dictaduras.

No soy yo el responsable de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura en Nicaragua, asuman su responsabilidad, sean dignos, se han perdido la credibilidad en la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron.

Con todo respeto por su historia les pido en nombre de quienes en su momento valoramos su espíritu revolucionario que no se escuden en discursos infantiles que los descalifican a vosotros mismos, para  esconder violaciones de derechos humanos. Nadie creerá a quien usa ese lenguaje para apañar la tortura. Según las denuncias que hemos recibido usted deberá asumir la responsabilidad del Estado por lo actuado por la fuerza de su régimen que tortura y mantiene presos políticos.

Se está haciendo costumbre que la referencia a no injerencia en asuntos internos sea la usada por los regímenes de incursionan en el autoritarismo creciente, en la violación de los principios democráticos. Creen que es su última línea de defensa cuando saben que están cometiendo atrocidades contra su propia población, es el argumento al cual recurren cuando saben que hay culpa y cuando saben que la comunidad internacional ha brindado un argumento que no los protegerá.

La apertura que usted demostró a su inicio para reformar el sistema electoral y someterse al escrutinio internacional se ha terminado. Han lanzado al país por el abismo de las dictaduras, en este contexto cuando los líderes caen en el precipicio de las dictaduras y no se dan cuenta o ellos no se quieren dar cuenta, la OEA existe y siempre existirá para proteger a las familias de las víctimas, de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo nicaragüense.

La reciente expulsión de la CIDH es prueba de eso, al sistema interamericano de derechos humanos no hay que suspenderlo, no hay que temerle, quien lo hace tiene qué esconder, maquillar, aquí se llega a un límite donde la responsabilidad de mantener la democracia y la justicia en Nicaragua se traslada a un sistema de pesos y contrapesos de la comunidad internacional, en específico de la comunidad interamericana, es inevitable.

Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la carta democrática interamericana a Nicaragua. La falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera, la solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos interamericanos para abordarlo, que para bien o para mal los incluye a ustedes al Gobierno.

El futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador, que bueno sería con un Ortega demócrata, Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia, tiene más años de dictadura que de debida democracia en total, esto no es un juego político, esto se trata de la vida y los derechos de los nicaragüenses.

Al inicio el presidente Ortega mostró apertura hacia la democracia y la justicia, es decepcionante observar como ha cambiado la dirección y se ha lanzado a ese precipicio de las dictaduras. Al comenzar el camino hacia la carta democrática se abre también un camino para que el Gobierno considere sus acciones, la carta así lo prevé, quisiera aferrarme a esa última esperanza, a la esperanza de que usted y su Gobierno recuperen la dignidad revolucionaria, la dignidad de la autocrítica y la verdad, reconocerla y hacerla responsable. La dignidad de asumir errores, la dignidad de demostrarle a los jóvenes ilusionados con la idea de una sociedad más justa que los proyectos colectivos son más importantes que las personas que están en el poder, por supuesto más importantes que los privilegios que ostentan esas personas. La dignidad es volver a la raíces, la dignidad es volver a los principios que los llevarán a la reconciliación y la democracia en Nicaragua. Tengan toda la seguridad que por el bien de Nicaragua y toda su gente pondremos estos principios en práctica.

Las acciones a futuro por las que trabajaremos están en: restablecer el diálogo nacional, iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la carta democrática interamericana a como solicitaron ante este Consejo Permanente en la sesión del 19 de octubre del corriente año, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe del grupo independiente y pida una reunión para su exposición.

De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad solicitaremos a los Estados parte de la OEA así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la justicia universal.

Enviaremos las conclusiones del GIEI a la Unión Europea para que sean tenidas en cuenta en sus relaciones con el sistema interamericano.

Fuente: El Nuevo Diario

Informe final GIEI – Nicaragua (resumen ejecutivo)

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SOBRE HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS
ENTRE EL 18 DE ABRIL Y EL 30 DE MAYO EN NICARAGUA
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI)
21 DICIEMBRE 2018

El presente Informe fue elaborado en virtud del mandato contenido en el “Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Nicaragua para la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril a la fecha en Nicaragua” (El Acuerdo) (1). El GIEI destaca la voluntad de las partes que suscribieron el Acuerdo del 30 de mayo de 2018 de conformar un mecanismo internacional de coadyuvancia para el esclarecimiento de los hechos de violencia.

El GIEI quiere manifestar su profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron con su labor y que participaron en diferentes reuniones y talleres en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, México y España, quienes, con valentía entregaron sus testimonios, así como a los organismos que colaboraron con el GIEI, en particular CENIDH y CPDH, sin estas contribuciones el trabajo no habría sido posible. El GIEI agradece a la cooperación internacional por sus aportes y cooperación que facilitaron su labor dentro y fuera del de país. Asimismo, el GIEI quiere agradecer, en especial, al equipo de trabajo y a las personas y organizaciones que compusieron su equipo extendido.

El contenido del informe es el resultado de seis meses de trabajo en Nicaragua y de contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas, organizaciones de derechos humanos, revisión de miles de documentos y de constante consultas con expertos internacionales de diferentes disciplinas. Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos, lo que planteó retos metodológicos y la incorporación de nuevas herramientas de investigación y de especialistas en la materia.

Desde el inicio de sus labores, el trabajo del GIEI se desarrolló sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, quien negó en forma sistemática la información requerida y en un contexto de violencia y represión estatal que continuó después de su instalación en Nicaragua, lo que significó una seria limitación para el trabajo encomendado.

El hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI, representó una seria limitación para el trabajo que le había sido encomendado, así como el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. La represión a las protestas y manifestaciones pacíficas, así como la persecución y el acoso a los líderes estudiantiles, campesinos, indígenas y otros líderes sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado se mantuvo durante todo el mandato del GIEI.

A pesar de los obstáculos por la falta de cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar posibles responsables.

Caracterización de los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo de 2018

Las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril, como se observó, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en las figuras del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque.

En el mes de abril de 2018 dos hechos detonaron una serie de protestas sociales: un incendio en una reserva natural y las reformas al sistema de seguridad social. La información recolectada demuestra que el día 18 de abril manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por una modalidad de violencia que ya tenía antecedentes en los últimos años, hasta el punto de haberse convertido en una modalidad habitual. Se trata de la represión de la protesta por medio de grupos de choque afines al gobierno que llegan al lugar de la manifestación y agreden a los manifestantes para disolver la actividad de protesta. En esta modalidad represiva, la Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan y omitiendo detener a agresores.

Las acciones de represión desarrolladas durante el 18 de abril, tanto en Managua como en León, muestran las mismas características que han tenido en ocasiones anteriores, solo que esta vez los eventos fueron difundidos mientras sucedían y causaron gran indignación en amplios sectores de la población, probablemente por afectar a personas mayores y porque existía una enorme indignación acumulada.

La represión por medio de grupos de choque el 18 de abril no logró el efecto esperado, sino todo lo contrario: se produjo un aumento notorio en la cantidad y masividad de las protestas a partir del 19 de abril.

Frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización armas de fuego, entre ellas armas de guerra. Las armas se dirigieron directamente contra los manifestantes. Esto se verificó en diversos escenarios en los que la población civil desarrollaba acciones de protesta: en marchas o concentraciones en la vía pública, en tomas de universidades y en cortes de calles (barricadas y “tranques”).

A su vez, pudo observarse, como característica central, la articulación entre sí de diversas estructuras del Estado o vinculadas al Estado: la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, que van desde los grupos de choque recién mencionados hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”. Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales.

Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas vinculadas al contexto, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos. De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en cráneo, cuello y tórax. Tal como surge de los eventos narrados en el informe y de la información disponible sobre cada una de las víctimas, la gran mayoría de las muertes por disparo de arma de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales.

Con relación a los heridos, de las cifras oficiales se desprende que de un universo de 1400, al menos 599 son por herida de arma de fuego, lo cual da una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto. A su vez, la información disponible permite observar que las fechas en las que se registra mayor cantidad de heridos se corresponden exactamente con eventos en los que hubo una fuerte represión. Estas cifras de heridos, sin embargo, no reflejan el universo total, dado que, como el GIEI pudo comprobar, muchas personas heridas no figuran registradas en las cifras oficiales, aún cuando recibieron atención en hospitales públicos. Por otra parte, muchas personas han recibido atención médica en instituciones privadas, no incluidas en las cifras oficiales, y otras han sido atendidas en puestos médicos improvisados, a cargo de médicos, paramédicos y otros voluntarios.

El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país. La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de gobierno frente a ellas refleja que no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales, o bien por la actuación de grupos de civiles que por su cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de las protestas, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.

El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales. Estas acciones por parte de la Policía Nacional fueron llevadas a cabo tanto por la Policía de Managua o de las secciones departamentales correspondientes a los lugares donde ocurrieron los hechos, como por unidades especiales de la estructura central de la PN. La dimensión de la represión determinó que se hayan utilizado prácticamente todos los recursos de la Policía Nacional. La información recolectada demuestra la coordinación entre diversas áreas de las Policía en la represión, básicamente entre los elementos policiales de cada región o departamento y agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), estructura que ha tenido un papel central en la represión en todo el territorio.

Este nivel de articulación entre las distintas área de la Policía Nacional, de manera reiterada, solo se puede explicar por una decisión tomada por las máximas autoridades y mantenida en el tiempo, por lo que el GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente de la Nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional; las autoridades de las distintas Delegaciones Departamentales y Regionales; de las autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina y los jefes de las unidades especializadas que integran la DOEP, entre otros funcionarios.

Desde el inicio mismo de las protestas el gobierno sostuvo un encendido discurso de construcción de un enemigo y de descalificación de los manifestantes. Fueron presentados como jóvenes manipulados, personas vandálicas, desestabilizadoras, llenas de odio, golpistas, terroristas, entre muchos otros calificativos que implican negarles su entidad de ciudadanos plenos y de sujetos capaces de decidir autónomamente participar de protestas cívicas. Paralelamente, el discurso del gobierno frente a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal consistió en negarles esa condición. Incluso se intentó llevar a cabo una apropiación política de algunas víctimas para hacerla pasar como afectadas por la violencia de grupos opositores. Al mismo tiempo, el gobierno avaló políticamente la actuación de la Policía Nacional, no solo al omitir toda referencia a los graves abusos, sino también mediante gestos activos que incluyeron nombramientos y ascensos de los principales responsables de las acciones llevadas a cabo en la represión de las protestas.

El GIEI constató, asimismo, que la Policía Nacional llevó una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes en contexto de razzias policiales. Asimismo, se registró un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza sobre las personas detenidas, y denuncias sobre sometimiento a condiciones inhumanas de detención en centros de reclusión policiales y penitenciarios. Por otro lado, se registran relatos que describen diversas formas de tortura y agresiones sexuales que merecerán ser investigados cuando existan condiciones institucionales adecuadas. La situación de los detenidos se vio agravada aún más por la inefectividad del recurso de exhibición personal y del control judicial de tales prácticas abusivas.
Conforme la documentación a la que tuvo acceso el GIEI, existió un patrón de denegación del acceso a la justicia de las personas víctimas de las arbitrarias detenciones masivas ejecutadas por la Policía Nacional, tanto en el trámite como en la resolución de los Recursos de Exhibición Personal (REP).

El GIEI, a lo largo de todos estos meses de trabajo recopiló numerosa y variada información que da cuenta de la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas durante los hechos de violencia producidos en el marco de las protestas sociales realizadas en el país a partir del día 18 de abril.

Numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicio en los puestos de emergencia fueron despedidos de sus puestos de trabajo y hasta incluso tuvieron que irse del país por temor a sufrir represalias. El despido y desplazamiento de los médicos también se dio con aquellos que, sin formar parte de estos puestos de emergencia, cumplieron el juramento hipocrático de su profesión y atendieron igualmente a los heridos en contextos en los cuales pretendía negarse la atención o que simplemente fueron considerados disidentes u opositores. Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. En este sentido el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad de la Ministra de Salud, Sonia Castro, y de la Dirección de cada hospital público, qué rol tuvo la estructura sindical FETSALUD en los hechos, y qué medidas se tomaron -o no- para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad.

El GIEI también ha constatado que, si bien las manifestaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del gobierno, que se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada. El GIEI no encontró evidencia de que estos actos violentos hubieran sido planificados o coordinados. El GIEI recogió información de actos aislados de violencia en algunas manifestaciones. Actos de los cuales se mantuvieron ajenos la inmensa mayoría de participantes. Los actos de violencia ejecutados por personas vinculadas con las protestas se dieron invariablemente en escenarios represivos de la protesta o durante incidentes vinculados con su desarrollo -cuando las marchas eran reprimidas, cuando las universidades tomadas intentaban ser desalojadas o cuando se ejecutaban acciones dirigidas a despejar los tranques-. Resulta elocuente que el GIEI no ha registrado hechos de violencia contra marchas o actos oficialistas.

A partir del análisis de los hechos relatados, el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución.

Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma.

Actuación del sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal -Ministerio Público y Poder Judicial- ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho uso ilegitimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. El GIEI ha constatado la existencia de patrones de comportamiento en los procesos de criminalización, en donde la congruencia entre los hechos y la adecuación típica de las conductas es inexistente.

En todos estos procesos ha habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención arbitrarias, hasta el uso generalizado de la prisión preventiva, sin cumplir con la necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de plazos para el control judicial de la privación de libertad. La prisión preventiva se utiliza sin acreditar la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como, la ausencia de prueba que permita acreditar los hechos que se les atribuye a los imputados; o bien, la utilización de prueba que no cumple con los estándares de legalidad y pertinencia.

Asimismo, son notorias las restricciones sin justificación a la publicidad de los juicios y al derecho a la defensa. Finalmente, se ha establecido que el hábeas corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz. En síntesis, los procedimientos iniciados en contra de las personas acusadas de haber infringido la ley en este contexto no satisfacen los estándares mínimos del debido proceso  (2).

De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad. En estas investigaciones también se evidencian graves debilidades. La fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas. Situación no solo injusta para los acusados, sino también para las víctimas y familiares al no obtener una respuesta verdadera.

En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la ausencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de la realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales en la materia. A pesar de la obligatoriedad de la práctica de estas diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco se ha incorporado prueba digital a los casos, como información de telefonía o de geolocalización. A pesar de existir abundantes videos que registraron los graves crímenes, estos no se han presentado como prueba en los juicios sino en una mínima parte. Ni se han realizado en todos los casos pruebas de correspondencia balística. Las investigaciones no han sido exhaustivas ni imparciales. En síntesis, para el GIEI el Estado de Nicaragua ha infringido su deber de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

Experiencia de las víctimas y propuesta de un Plan de Reparación Integral

La violencia desatada a raíz de la protesta social ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares.

Otro mandato que le fue solicitado al GIEI fue la de presentar recomendaciones para elaborar un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. Para ello era imprescindible partir del impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos en las víctimas y familiares y recoger su experiencia y sus expectativas desde sus propias voces. En este sentido, el GIEI desarrolló una serie de reuniones con la sociedad civil, incluyendo grupos de víctimas y sus familiares y organizaciones de derechos humanos, lo que permitió recoger valiosas informaciones que le permitieron evaluar el impacto personal y social de los hechos.

El GIEI realizó 23 talleres y reuniones informativas sobre el derecho a la reparación, en los cuales 410 personas afectadas aportaron medidas que, desde su punto de vista, son fundamentales para un proceso de reparación. El GIEI invitó a diversos órganos del Estado de Nicaragua a una reunión informativa para presentarles los contenidos que serían parte del proceso de consulta con víctimas y familiares, así como con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Estado no respondió a la invitación ni se presentó a la reunión.

La obligación de los Estados de resolver los problemas derivados de las violaciones a los derechos humanos está claramente establecida en el derecho consuetudinario, la jurisprudencia internacional y regional y los instrumentos internacionales. En este sentido el informe recoge el cconjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y recuerda cuales son los deberes que le corresponde al Estado en materia de verdad, en su dimensión individual y colectiva; de justicia, en los planos internacional, regional y nacional; de reparación, incluyendo la necesidad de incorporar garantías de no repetición; y de preservación de la memoria colectiva.

Recomendaciones

Consciente de que los períodos de graves violaciones a los derechos humanos tienden a debilitar fuertemente la calidad de las instituciones públicas, más aún cuando el poder político usa dichas instituciones para cometer o refrendar sus abusos, el GIEI recomienda:

1. Al gobierno a asegurar que el derecho de reunión sea plenamente respetado y garantizado a través del debido resguardo de las manifestaciones públicas, de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables.

2. Al gobierno a cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos. En particular, la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

3. Al Estado nicaragüense que inicie en una reforma integral de las instituciones orientada a modificar las condiciones que generaron y ahondaron la represión y la persecución política. Esta reforma se hace necesaria para materializar el compromiso de cambio y garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos, buscando que la violencia sea desterrada como medio para resolver los conflictos y establecer un nuevo pacto social inclusivo de modo que el Estado sea realmente expresión de todos y todas lo/as nicaragüenses.

4. Se recomienda al Estado la implementación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR) que repare y compense la violación a los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Capítulo XII.

De manera genera frente a las actuaciones de los funcionarios públicos de diferentes instancias del aparato estatal que han participado en prácticas violatorias a los derechos humanos durante los hechos de violencia a raíz de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018, el GIEI recomienda:

5. Investigar y eventualmente destituir a los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos. Reformar las instituciones y propiciar la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio nacional. Reconocer a las organizaciones populares, las identidades locales y la diversidad cultural, promoviendo la participación ciudadana desde la pluralidad de las diferentes opciones y posiciones políticas.

6. Disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales y proteger a la población de todo acto ilegal y violento. Determinar a través de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes si éstos han participado en hechos delictivos, especialmente en atentados contra la vida y otros derechos fundamentales, y en su caso procesarles y juzgarles.

En relación con la actuación de la Policía Nacional de Nicaragua, que ha revelado un conjunto de prácticas institucionales violatorias a los derechos humanos que se han extendido en el tiempo y se han incrementado en gravedad; así como considerando la experiencia de otros países y la urgente necesidad de dotar nuevamente al Estado de una institución policial que asegure el orden interno a partir de principios de control democrático y respeto a los derechos humanos, el GIEI recomienda:

7. Depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos. Esta separación deberá hacerse luego de una investigación administrativa exhaustiva a fin de deslindar responsabilidades y evitar represalias e independiente de las investigaciones penales correspondientes. Para garantizar la transparencia de esta tarea podrían designarse veedores de la sociedad civil.

8. Revisar el marco jurídico normativo de la institución, simultáneamente al proceso sugerido, a fin de asegurar la garantía de no repetición, considerando: restablecer el retiro obligado del director o directora de la Policía Nacional cada cinco años, una vez que haya cumplido su período; incorporar mecanismos de supervisión y control civiles, externos a la institución; reglamentar la ley 872 conforme pautas profesionales y respetuosas del los derechos humanos; implementar una carrera policial a fin de garantizar el ingreso y ascenso por méritos y la profesionalización policial; eliminar la figura de los policías voluntarios; trasladar los programas de recuperación de jóvenes a otras instancias de gobierno por fuera de la policía; revisar las normativas internas y procedimientos administrativos que regulan la actuación de los agentes.

9. Reformar el artículo 231 párrafo tercero del Código Procesal Penal para que toda privación de libertad sea autorizada por una juez, eliminando la posibilidad que se realicen detenciones con orden policial.

En relación con el sistema de administración de Justicia, las investigaciones muestran que el sistema judicial no utilizó adecuadamente las leyes para defender los derechos de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, se convirtió en una herramienta de criminalización de la protesta social. “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de sus gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público” (3), el GIEI recomienda:

10. Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

11. Establecer una carrera judicial con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de jueces y magistrados, que incluya la Corte Suprema de Justicia. Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de magistrados y jueces. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

12. Realizar el nombramiento de magistrados y jueces, a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.

13. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el sistema judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril sean juzgados por instancias judiciales compuestas por magistrados que garanticen imparcialidad, idoneidad y cuenten con los recursos adecuados. Para ello deberían evaluarse distintas posibilidades que incluyan la eventual participación de jueces internacionales y/o el asesoramiento y apoyo de la cooperación internacional, en particular de países que han tenido que enfrentar y juzgar procesos de represión violenta.

14. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el poder judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar la revisión de las sentencias que fueron dictadas y las que se dicten en el futuro por los actuales tribunales, a fin de determinar si se han violado garantías constitucionales o disposiciones legales en afectación al debido proceso. Este proceso de revisión debe efectuarse con las personas acusadas o condenadas en libertad. Esta labor debe ser llevada a cabo por magistrados debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Se recomienda evaluar la posibilidad de convocar a magistrados de otros países y/o solicitar el apoyo o la cooperación internacional para esta tarea.

15. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

16. Instar al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018, conforme lo establecido en el art. 12 inc. 3 (4).

17. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

El Ministerio Público como institución independiente del poder ejecutivo y a cargo del análisis, investigación y ejercicio de la acción penal de los casos, ha incumplido su deber de representar a las víctimas cualquiera fuese su ideología o el contexto socio político, y realizar investigaciones exhaustivas independientes e imparciales; por lo que el GIEI recomienda para su reforma:

18. Investigar y eventualmente remover a los fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

19. Establecer una carrera fiscal con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de fiscales, que incluya al Fiscal General. Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de fiscales. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

20. Realizar el nombramiento de fiscales a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.

21. Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Por ello, la sociedad civil tiene que participar tanto del proceso de identificación de los perfiles como en el de selección de los fiscales. Asimismo, para fortalecer su independencia y autonomía y asegurar investigaciones imparciales que incluyan a todos los responsables directos e indirectos como su cadena de mando, se recomienda evaluar, al menos en una primera fase, la conveniencia de que se convoquen, junto a los fiscales nacionales, fiscales internacionales para hacer parte de la Fiscalía Especial. Se recomienda en este sentido que los países de la comunidad internacional pongan a disposición del Estado de Nicaragua perfiles de fiscales de su nacionalidad idóneos para tal fin y acompañen el proceso de creación.

Recomendaciones a otros actores:

22. Con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.

23. Se recomienda a la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como las entidades financieras regionales e internacionales, que incorpore un análisis de la situación de derechos humanos del país y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que su contribución sea enfocada en la superación de los desafíos y obstáculos identificados por los órganos de supervisión de tratados y por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

24. Finalmente, el GIEI considera imprescindible que la sociedad nicaragüense en general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen en el reclamo de justicia y reparación.


(1) Anexo 1: Acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018 entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Nicaragua.

(2) OACNUDH, Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua. 18 de abril – 18 de agosto de 2018, pág. 33.

(3) CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. 2013.

(4) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Ver informe completo:

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La deriva del gobierno orteguista: El Estado Policial descarnado

No es que sea novedoso para los nicaragüenses el tema del Estado Policial que ha instaurado el gobierno de Daniel Ortega durante los últimos años de su mandato, pero la actual negativa a autorizar una marcha ya tradicional desde años anteriores, convocada por organizaciones políticas y de la sociedad civil para este próximo domingo, expone abiertamente esa triste realidad nicaragüense ante la opinión pública internacional.

La Policía Nacional de Nicaragua, y más concretamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, poco a poco van desperdiciando las oportunidades de tratar de enderezar el rumbo y corregir algunos de los gravísimos errores que han cometido durante su mandato, especialmente los innumerables crímenes y vejámenes en contra de la población que se vieron terriblemente multiplicados desde el mes de abril del presente año. Por otro lado, la Policía nuevamente ocupa el dobre rol de Juez y parte interesada al condenar a priori (la prohibición de marchar equivale a una “condena administrativa”) a personas a quienes no se les ha seguido ningún proceso que les restrinja sus derechos civiles… mucho menos sus derechos humanos. ¿En qué cabeza cuerda cabe que una autoridad decente puede llamar antojadizamente “terroristas” y “golpistas” a ciudadanos y ciudadanas que se presentan personalmente ante ellos con una petición legal de orden constitucional y ni siquiera les detienen o abren proceso en el acto?

Es realmente lamentable el grado de alienación a que se han sometido todas las personas que ocupan cargos dentro del gobierno, se hace desconcertante que no surjan voces críticas desde el mismo gobierno o de entre las filas del partido que detenta el poder. Más aún, el día de ayer circulaba un video en el que Carlos Fonseca Terán profería improperios y era retenido por los asistentes de un “foro mundial del pensamiento crítico” como cualquier parroquiano pasado de tragos en un bar de mala muerte… no hay argumentos, es ya imposible sostener ante personas pensantes la versión de un “golpe de Estado” fraguado por mentes perversas, delincuenciales o imperiales (el discurso oficial varía de vez en cuando y de cuando en vez) ante la abundante evidencia que van recabando los organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros que trabajan en el territorio, dentro del país.

Vendedores ambulantes que trabajaban en las calles durante las distintas expresiones de protesta o marchas pacíficas, un ciudadano de la tercera edad que corre por las calles pidiendo libertad para las presas y los presos políticos, un padre de familia que abogaba por la libertad de su hija, una gran cantidad de estudiantes universitarios y de campesinos… los mismos delegados nombrados por la Conferencia Episcopal para presentarse a un Diálogo Nacional… esos son los reos políticos del régimen. También ayer fuimos testigos del secuestro de un menor de edad en el Colegio República Argentina en la ciudad de Managua, en el video se escucha claramente a los NIÑOS Y NIÑAS reclamar fuertemente a elementos que desde su posición de autoridad les grababan y llegaron incluso a amenazarles con sus armas.

El problema de fondo, que debería de preocupar a los mismos funcionarios de gobierno y sus aliados, aún más allá de las posibles sanciones y condenas internacionales, es que si el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo persiste en manejar a Nicaragua y a los nicaragüenses como se maneja un territorio ocupado, cada vez serán más frecuentes las escenas en las que el pueblo les confronte y se rebele, hasta llegar a un desenlace funesto para todos… No necesita de planificación, como no lo necesitó la insurrección popular de abril de este año, porque la verdadera noción de autoridad no depende de tener las armas o los uniformes ni de tener el control absoluto del aparato judicial, sino de la percepción y hambre de justicia que llegue a tener la ciudadanía.

Al final de cuentas es el pueblo quien decide si obedecer o no, es el pueblo quien confiere la autoridad a los gobernantes y la retira, a las buenas o a las malas, cuando lo estima necesario y conveniente, cuando ya no soporta tanta maldad, injusticia y represión. Como bien lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” y para eso ningún pueblo, nunca, ha necesitado permiso.