Acerca del delito de “discriminación” y la institucionalidad perdida

El sábado recién pasado, 16 de marzo de 2019, nuevamente fuimos testigos de la represión gubernamental a un intento de marcha pacífica convocada por la Unidad Nacional. La violencia con que fueron atacados grupos de personas que apenas se estaban congregando en distintos puntos del recorrido establecido para marchar produjo alrededor de 200 capturas solo en Managua, mientras se informaba que hubo también capturas en algunos departamentos.

Desde abril del 2018 el FSLN, desde el gobierno, ha criminalizado los símbolos patrios. Portar los colores de la bandera nacional, o la bandera en sí, abre al portador o portadora la posibilidad de ir a parar a las celdas del régimen y de ser acusado(a) de vándalo(a), golpista o terrorista. En realidad toda persona que no esté de acuerdo con el gobierno actual corre ese riesgo de ser llevado a la cárcel sin mayor justificación y ser procesada y condenada de forma expedita por los operadores del FSLN en el Ministerio Público y la autoridad judicial.

Los partidarios del régimen argumentan que las marchas no autorizadas por la Policía Nacional son ilegales y deben ser reprimidas por cuanto generan violencia y caos en las calles por donde transitan. Los opositores al régimen argumentan que no vale la pena pedir autorización policial porque la Policía no la concede, cosa que en efecto hemos visto en los últimos meses y con el agravante de que la Policía esgrime como justificación la misma absurda versión de “golpismo”, “terrorismo” o “vandalismo”.

Desde una perspectiva jurídica (que algunas personas acusan de ser extremadamente “legalista”) he sostenido en todo momento que el permiso se tiene que solicitar, porque es el mecanismo para configurar y dejar probado el delito en el que incurren el FSLN y su Policía Nacional. Lo triste del caso es que incluso profesionales del Derecho justifican que no se tienen que seguir las reglas porque el partido en el poder es el primero en violarlas. ¿Así vamos a construir un Estado de Derecho?

Según el Secretario General, el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos) Documento PDF (S/2004/616).

Según el artículo 54 de nuestra Constitución Política: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley“; y ese de conformidad con la ley se refiere a la función policial de “Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas“; es decir, la Policía Nacional no tiene entre sus funciones denegar un permiso para ejercer un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política, sino la de regular que se ejerza sin afectar el derecho de otros ciudadanos, como efectivamente hacen cuando quien marcha son los empleados públicos acarreados por el FSLN.

Asumiendo que la Policía Nacional tuviera la función u obligación de impedir una marcha “no autorizada” (y ya vimos que no), tendría que hacerlo en el proceso de darse inicio a la marcha y no cuando la gente apenas se concentraba en distintos lugares de la ruta anunciada, esto porque según el artículo 53 de nuestra Constitución Política dice: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo“. Claramente la invasión de espacios como centros comerciales (Metrocentro) y edificios particulares (LAFISE – BANCENTRO) es un abuso policial flagrante y repudiable desde cualquier perspectiva legal. La Policía Nacional bajo el mando directo del Presidente de la República se sigue comportando como un ejército de ocupación, reprimiendo a la población civil, aterrorizándola con armas de guerra que lucen sin ningún pudor.

¿Pedir o no seguir pidiendo permisos para marchar?

Si lo que realmente nos anima es la construcción de un Estado de Derecho donde todos y todas estemos sometidos(as) al mandato de la ley, comenzando por las instituciones del Estado, la respuesta es obviamente que sí, pero, además, con cada permiso que se solicita y es denegado por la Policía Nacional esta última incurre en abuso de autoridad y delitos contra el orden constitucional. En nuestro Código Penal vigente encontramos:

CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Art. 427 Discriminación

Quien impida o dificulte a otro el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, reglamentos y demás disposiciones, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal u otras condiciones, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o de trescientos a seiscientos días multa.

Art. 428 Promoción de la discriminación

Quien públicamente promueva la realización de los actos de discriminación, señalados en el artículo anterior, será penado de cien a quinientos días multa.

TÍTULO XIX

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD

Art. 432 Abuso de autoridad o funciones

La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años.

Art. 433 Incumplimiento de deberes

La autoridad, funcionario o empleado público que sin causa justificada omita, rehúse o retarde algún acto debido propio de su función, en perjuicio de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período.

Pienso que una de las intenciones que persigue el gobierno con su grotesca y absurda represión es la de provocar brotes de violencia que de alguna manera logren justificar su increíble versión del “terrorismo” y el “golpe de Estado”, fraguados por quien sabe qué seres imaginarios. Hasta el día de hoy, salvo raras excepciones, los nicaragüenses hemos mantenido una actitud ejemplar, realmente cívica… persistamos en ella, hay que pedir permisos e ir archivando las denegatorias para seguirle mostrando al mundo quienes son los delincuentes en esta triste historia.

¿Amnistía a cambio de renuncia?

Fuente: Ciudadano X

Tras la renuncia del magistrado Solís, quien fuera figura clave en la construcción de la dictadura Ortega-Murillo, y en vista de la aparente utilidad propagandística de tal deserción para el campo democrático, ha comenzado un debate acerca de si debe darse a otros desertores la garantía que un comentarista certeramente etiquetó, en una encuesta informal, como “protección y amnistía”.

Pienso que no.

En primer lugar, porque en vista de las circunstancias internacionales que enfrentan los desertores, no hace falta–y en algunos casos no es posible—conceder una amnistía generalizada.

Es cierto que bajo ciertas condiciones, desertores y delatores pueden recibir un trato generoso a cambio de su colaboración con el sistema judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, un matón de la mafia que delate a sus jefes, y contribuya claramente a que sus jefes vayan a la cárcel, puede ser incluido en un programa especial de protección, donde recibe el equivalente a amnistía y sale en libertad; pero lo pierde todo, hasta su nombre, amigos y parientes, y antes de recibir clemencia tiene, no solo que renunciar, sino que denunciar.

En el caso de la organización criminal que usurpa el poder en Nicaragua, dudo que ese tipo de tratos sea practicable, y no creo que pueda justificarse ética y legalmente. Es más, el perdón y amnistía que recibe el mafioso se otorga cuando ya al delator solo le queda su propia vida por resguardar. Esa medida extrema–proteger al asesino de la venganza de sus jefes–no hará falta en Nicaragua, porque la organización criminal de la que proceden los delatores, la mafia de El Carmen, perderá en su momento toda capacidad de hacerles daño: desaparecerá.

Por tanto:

¿Protección? No solo para los desertores/delatores, sino para todos los ciudadanos. Se llama “debido proceso“. Nada de linchamientos, ni juicios amañados, ni venganzas, ni torturas, ni penas en exceso de lo que la ley exige. No más expropiaciones sin establecer claramente el origen ilícito de las propiedades. Ni siquiera hay que asumir que todos los empleados públicos de alto nivel tienen cuentas pendientes con la ley. Toda acusación debe investigarse con seriedad, exhaustivamente. Porque una cosa es que puedan tener una deuda moral, que por su conveniencia o comodidad hayan aceptado puestos de privilegio, y otra es que hayan cometido crímenes. Debería haber sanción social, y es esencial que haya castigo político [¡ni un voto para ellos, ni un puesto de responsabilidad pública!], pero el sistema judicial debe penar únicamente crímenes, tal y como están definidos en las leyes nacionales e internacionales.

¿Amnistía? Por mi parte, un rotundo “No”. Sin embargo, un juez como los que deben formar el nuevo poder judicial debe tomar en cuenta, a favor del acusado, la medida en la que este haya colaborado con la justicia. Sin embargo, esta lenidad puede otorgarse a delatores acusados de participar en el aparato político del estado represor–algunos quizás “atrapados” en un tren en marcha al que se montaron por oportunismo–pero no debe nunca concederse a quienes dan las ordenes de represión violenta o las ejecutan. Amnistiar a estos últimos es, aparte de inmoral, irresponsable, porque se trata de personas que evidentemente–lo han demostrado—son un peligro para la sociedad. De todos modos, lo más probable es que no sean ellos quienes apuesten a “renuncia/denuncia” para salvar el pellejo.

Del estado de necesidad al “derecho” de rebelión

Desde del inicio de la crisis nicaragüense es bastante usual escuchar o leer que muchos ciudadanos, incluso profesionales del Derecho y activistas defensores de los derechos humanos, categóricamente afirman la existencia de un denominado “derecho de rebelión” y considero que es necesario hacer algunas aclaraciones importantes al respecto.

En primer lugar es necesario decir que en Nicaragua, como seguramente en la mayoría de los países en el mundo, la rebelión es en realidad un delito debidamente tipificado en los códigos penales en el marco de los delitos en contra de la Constitución y la integridad del Estado. Así, según el artículo 420 de la Ley 641 (Código penal nicaragüense), comete el delito de rebelión quien se alcen en armas con el fin de:

a) Modificar, suspender o derogar la Constitución Política de la República de Nicaragua total o parcialmente.
b) Sustituir cualquier Poder del Estado o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
c) Sustituir al Presidente de la República o al gabinete de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
d) Sustraer a la nación en todo o en parte de la obediencia del gobierno constituido.

Bajo el mismo concepto, pero considerado de menor gravedad, encontramos que el artículo 421 del mismo cuerpo legal establece la existencia del delito de “motín” o amotinamiento en el que incurrirían quienes “sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alzaren públicamente con violencia para impedir el cumplimiento de las leyes o de resoluciones de las autoridades, funcionarios o empleados públicos; obligarles a tomar una medida u otorgar alguna concesión, o impedir el ejercicio de funciones públicas, provocando grave alteración al orden público“.

De la simple lectura de estas disposiciones legales se extrae que cualquier llamado a desobedecer a las autoridades constituidas legalmente es también en sí mismo un acto delictivo (apología). Seamos claros en esto: no es permisible que un grupo de personas, independientemente de su número, quebranten el ordenamiento jurídico para deponer a un gobierno que ha sido electo siguiendo las disposiciones de ese ordenamiento… si esto fuese posible los Estados serían absolutamente inviables y las sociedades perecerían en las constantes pugnas de grupos que quisieran llegar al poder por la fuerza, ejerciendo violencia.

Si la rebelión es un delito, que en caso de ser exitosa podría producir hasta la suspensión del Estado como miembro en organismos como la OEA  (ver artículo 9 de la Carta de la OEA), ¿por qué se persiste en el error jurídico de afirmar que existe un “derecho de rebelión”?

Sucede que en el Derecho Penal se reconoce la existencia de circunstancias o situaciones en presencia de las cuales los seres humanos nos vemos obligados a actuar de forma ilícita, dicho de otro modo: nos vemos obligados a delinquir. Ejemplos clásicos los constituyen la defensa legítima y el estado de necesidad, cuando para salvaguardar la vida propia o ajena podemos lesionar los derechos de otros. La determinación de estas circunstancias, que según su grado de gravedad e inminencia pueden atenuar, o eximir de, la responsabilidad penal, no corresponde al que delinque sino al juzgador.

Es en esa línea de pensamiento que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa:

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…

Así pues, del mismo modo en que no existe un “derecho de herir o matar a otro” o de “robar para alimentar a mi familia hambrienta”, no existe un “derecho de rebelión”; sin embargo, cuando los derechos humanos dejan de ser protegidos por el Estado y cuando, más bien, es el gobierno quien utiliza a las instituciones del Estado para conculcar esos derechos, entonces es comprensible que las víctimas de la tiranía y la opresión se rebelen y se produzca un estallido social penalmente justificado.

El gobierno de Nicaragua ciertamente ha elegido la ruta equivocada y más peligrosa para tratar de impedir una rebelión, porque precisamente la represión y la violencia en contra de la población, o una parte de ella, son el combustible idóneo del que se alimentan las rebeliones y son, al mismo tiempo, su justificación jurídica.  Si el gobierno no modifica su accionar en los próximos días y no deja de comportarse como ejército de ocupación a través de su Policía y sus paramilitares, el peligro de una insubordinación masiva y la confrontación directa estará a la vuelta de la esquina.

A nosotros nos corresponde buscar la ruta correcta para evitar el conflicto, que es la ruta del diálogo y las urnas.

Crímenes de lesa humanidad y jurisdicción universal

A raíz del reciente informe del GIEI y el discurso del Secretario General de la OEA ante el Consejo Permanente de dicha organización es conveniente hacer algunas observaciones.

Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad se hace referencia a delitos que se caracterizan por un alto grado de atrocidad, delitos que por su gravedad constituyen una ofensa a la Humanidad entera… de ahí que se consideren imprescriptibles e imperdonables, no susceptibles del beneficio de la amnistía. Para la ONU los delitos contra la humanidad comprenden aquellos actos que entrañan un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Son crímenes de lesa humanidad los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un grupo de personas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

El 8 de mayo de 1986 el entonces (y actual) Presidente de la República de Nicaragua, mediante el Decreto 189 declaró su adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre de 1968.

La idea de una jurisdicción o justicia universal nace precisamente del concepto de los delitos de lesa humanidad o “contra la humanidad“, e implica la posibilidad de iniciar procesos judiciales penales en cualquier país del mundo para evitar que tales crímenes queden impunes. No es sorprendente que Nicaragua sea uno de tantos países que ha acogido esta importantísima idea en materia de protección de los Derechos Humanos y la haya incluso incorporado a su ordenamiento jurídico.

En efecto, la legislación nicaragüense establece en artículo 19 del Código Procesal Penal que: “La jurisdicción penal se extiende a los hechos ilícitos cometidos total o parcialmente en el territorio nacional y a aquellos cuyos efectos se producen en él, así como a los cometidos fuera de territorio nacional conforme el principio de universalidad que establece el Código Penal…”; a su vez, en nuestro Código Penal vigente (Ley 641) encontramos que en el artículo 16, bajo la denominación de “Principio de Universalidad” se expresa: “Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: a) Terrorismo; b) Piratería; c) Esclavitud y comercio de esclavos; d) Delitos contra el orden internacional;…” entre varios otros.

La misma tipificación (descripción) de los “Delitos contra el orden internacional” plasmada en el Título XXII del ya citado Código Penal nicaragüense (Ley 641) integra en nuestra concepción jurídica del mundo la existencia de delitos que no solo atentan contra las personas de una determinada jurisdicción territorial, sino que constituyen una afrenta a la Humanidad y son perseguibles, como ya vimos, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, a las voces de las disposiciones legales citadas, cualquier ciudadano sirio o iraquí podría válidamente interponer en Nicaragua una denuncia penal en contra de los miembros del “Estado Islámico” y la justicia nicaragüense estaría facultada para admitir y abrir la causa correspondiente.

El Título XXII de nuestro Código Penal comprende tres capítulos en los que extensamente se abordan delitos que perfectamente pueden ser procesados en cualquier tribunal del mundo que admitiera una denuncia de un ciudadano nicaragüense, en contra de funcionarios de gobierno de Nicaragua, por estar contemplada esa facultad en su propia legislación nacional. De hecho, la Nica Act aprobada recientemente por los Estados Unidos de Norteamérica faculta expresamente a las cortes de ese país para admitir tales denuncias y abrir los procesos penales que corresponda.

Aunque obviamente depende del poderío del transgresor, cuando este es un gobierno, la violación de los Derechos Humanos en el mundo moderno cada vez es menos susceptible de encubrirse esgrimiendo la existencia de las soberanías nacionales.

¿Legítima defensa?

A raíz de un lamentable suceso en el que se declaró culpable de homicidio a un ciudadano que a su vez fue víctima de robo con fuerza e intimidación, dentro de su hogar; las redes sociales se han inundado de comentarios solidarios y, al parecer, la presión ha sido tal que el Ministerio Público está procediendo a retractarse y, bastante ridículamente, pedir la anulación del proceso penal que ellos mismos instaron y ganaron.

En un país donde la inseguridad jurídica campea a sus anchas (donde un kilo de cocaína se convierte milagrosamente en talco) no es de sorprenderse, claro, pero no deja de ser preocupante que en el nivel social con mejor preparación académica y cierto grado de intelectualidad el debate se centre en puras emotividades y apreciaciones subjetivas alejadas de toda noción de Derechos Humanos y del Derecho mismo. Más lamentable es el hecho de que muchos de los comentaristas sean Abogados, supongo que para granjearse simpatías y popularidad, porque no me atrevo a asumir su ignorancia.

Conviene comenzar diciendo que la defensa legítima NO HACE DESAPARECER el ilícito cometido sino que permite eximir de la responsabilidad criminal o atenuar la pena al autor, NO ES UNA JUSTIFICACIÓN LEGAL para actuar en contra de la ley penal. Matar a una persona es siempre un homicidio, independientemente de que esa persona sea un ladrón o un ciudadano honrado. Por otro lado, para que tenga cabida la legítima defensa, debe ocurrir como respuesta inmediata ante una acción agresiva e ilícita que de forma expresa, inminente y factible ponga en riesgo los bienes jurídicos (propios o ajenos) tutelados por la Ley; la inmediatez de la respuesta y la inminencia del peligro para la vida del que se defiende son fundamentales para lograr una eximente completa en un caso de homicidio como el que comentamos.

Concretamente, en Nicaragua el numeral 4 del artículo 34 del Código Penal establece los requisitos para configurar una defensa legítima que son:

  • Agresión ilegítima; en caso de defensa de los bienes se considerará agresión ilegítima, el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de agresión ilegítima a la morada y sus dependencias, se considerará la entrada indebida en una u otras;
  • Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión;
  • Falta de provocación suficiente por parte del defensor.


Según los detalles del caso que han brindado los distintos medios de comunicación, el ciudadano declarado culpable de homicidio logró matar a uno de los ladrones cuando este se disponía a retirarse del lugar de los hechos, alcanzándole con un disparo por la espalda y otro disparo más cuando el ladrón yacía herido en el piso. Veamos la versión del diario "La Prensa":

Los delincuentes primero entraron a una habitación donde tomaron supuestamente dinero, luego Altamirano Hernández entró al cuarto donde estaba el acusado con otro familiar y su sobrino, y les dijo que era un robo y le dieran sus celulares; estos se los entregaron y el delincuente salió del cuarto para ayudarle al otro a cortar un cable con una tenaza para poder llevarse un televisor, momento que aprovechó el acusado para sacar su arma que estaba debajo de la almohada.

“Cuando el ahora occiso voltea hacia donde están ellos, el procesado le dispara en el cuello y este da la media vuelta para retirarse, pero cae inmediatamente boca abajo en el piso, momento aprovechado por el procesado García para realizarle otro disparo por la espalda”, según acta de juicio.

El otro delincuente salió huyendo del lugar y aunque el procesado le disparó dos veces, no logró darle, según la Fiscalía.

El disparo en el cuello perforó el esófago, lesionó la carótida, la yugular y fracturó la primera y segunda cervical y el sujeto murió instantáneamente, según declaró en el juicio Néstor Membreño, médico forense.

Según ese relato el occiso y su acompañante (los ladrones) en ningún momento pusieron en riesgo la vida del defensor, sino que se dieron a la tarea de continuar robando, que era su objetivo original. El segundo disparo era absolutamente innecesario. De este modo, si nos atenemos a la "legítima defensa" vemos que la misma no debería prosperar, en estricto Derecho, salvo que como atenuante o eximente incompleta. Como complemento a esta interpretación jurídica podemos ver que cuando se arguye un "estado de necesidad" (numeral 5 del mismo artículo) el mal causado no puede ser mayor que el que se trate de evitar.

Cabe detenerse un momento a reflexionar y sopesar los bienes jurídicos en juego: cuando lo que está en peligro es tu vida o la vida de otra persona, podés actuar en contra de la vida del agresor… si lo que está en juego es simplemente un bien material, NO. El derecho a la vida de cualquier ser humano es un bien jurídico superior y eso tiene que estar bien claro. Si a alguien sirve de consuelo, el desprecio por la vida humana de un delincuente no es exclusivo de los nicaragüenses, en otros países se organizan verdaderas cacerías humanas… en Brasil, por ejemplo, hace poco tres niños fueron asesinados luego de que supuestamente intentaran asaltar un vehículo y es también conocida la carnicería humana decretada en Filipinas.

Para no extender demasiado esta nota, cabe decir que la defensa jurídica del procesado no radica en una legítima defensa, como ha sido visto, sino que, muy probablemente habría prosperado basada en dos causales, también eximentes de la responsabilidad penal, que están contenidas en los numerales 2 y 6 del mismo artículo 34 (que es lo que la gente intuye en este caso concreto); la primera relacionada con el estado de perturbación que obviamente provoca ver a dos desconocidos, presuntamente armados, robando dentro de tu casa y la segunda consistente en el miedo insuperable causado por la incertidumbre en cuanto a las posibles siguientes acciones de los delincuentes. Es menester decir que las causales no son aplicables arbitraria o antojadizamente y varían de caso en caso, dependiendo de las condiciones personales y habilidades de los involucrados; no te recomiendo creer que siempre podés matar a un ladrón impunemente.

El Abogado defensor erró en su cálculo de lograr convencer al jurado que, para mi sorpresa, ha actuado en estricto apego al espíritu de la Ley. Cualquier Abogado con mediana experiencia sabe que estos casos es mejor ventilarlos en un juicio técnico, para poder contar con los recursos correspondientes en caso de una sentencia desfavorable. Ahora todo el sistema entra en un juego absurdo de ilegalidades para ganar legitimidad.

La actual solicitud de nulidad impulsada por el Ministerio Público tampoco tiene asidero jurídico aparente, habrá que esperar para ver con qué número continúa la triste función circense. Lo "bueno" es que el público está contento y aplaude muy alegremente convencido de su "poder". La institucionalidad y la seguridad jurídica de este país hace rato fueron debidamente sepultadas, una palada más de tierra o una menos no harán mucha diferencia y no podemos aspirar a mucho, pensando y actuando como lo hacemos y con la calidad de profesionales del Derecho que nos gastamos.

 

Acerca del “premio” al embarazo adolescente

El recién pasado 30 de mayo, “Día de la Madre Nicaragüense”, muchos dedicamos unas cuantas horas o minutos de ese día a celebrar a la nuestra.  Usualmente los establecimientos comerciales y los medios de comunicación aprovechan la festividad para lanzar promociones y realizar actividades publicitarias.  En ese contexto, este año ha causado revuelo en las redes sociales la premiación a “la madre más joven” organizada por la progubernamental emisora de radio conocida como “Nueva Radio Ya”, publicando las fotografías de la “favorecida” con las etiquetas #MamaMasJoven de la #MadrePanza.

Desde que en el año 2007 el aborto fuera completamente ilegalizado en Nicaragua algunas personas y organizaciones de sociedad civil tenemos el temor y la incertidumbre acerca de un posible incremento de los embarazos en jóvenes adolescentes. De hecho, según algunas afirmaciones realizadas en el programa “Evas Urbanas” en el mes de octubre del año recién pasado, Nicaragua podría ocupar el primer lugar de embarazos adolescentes en América Latina… ¡y segundo lugar en el mundo!… con un estimado de 35,000 adolescentes embarazadas por año.

Pese a que algunas y algunos jóvenes recibimos clases en ciencias naturales y luego en otras materias relacionadas, alrededor del 5to o 6to grado de primaria hasta el 3er año, clases en que nos explican la anatomía básica del aparato reproductor masculino y femenino, las distintas funciones y algunos métodos anticonceptivos y preservativos; esta no es la realidad de la mayoría de los jóvenes en cuanto a la educación que reciben en zonas rurales o en los colegios públicos.

Debido fundamentalmente a la influencia religiosa en la cultura nicaragüense, en muchos lugares se insta a no pensar ni hablar abiertamente acerca de las relaciones sexuales, se trata de imponer que estas solamente deben ocurrir dentro del matrimonio (esta presión se ejerce más en las niñas ya que si un joven se acuesta con alguien se le dice que es "machito", mientras que de la muchacha se dice que es “fácil”) aunque vistas las estadísticas mencionadas el método no está dando resultado. Pero bueno, debemos entender que estos son puntos de vista que no son fáciles de modificar ya que se encuentran bien arraigados en la mentalidad quizás de la mayoría de nicaragüenses, sin embargo debemos seguir presionando para lograr cambios positivos desde nuestro sistema educativo.

El programa curricular nacional debería incluir y fortalecer los temas sobre sexualidad desde el nivel primario, con un abordaje que permita a la niñez y la juventud comprender plenamente las posibles consecuencias que acarrean las relaciones sexuales, en edades tempranas, para su vida y su futuro. Las cosas naturales, meramente biológicas y elementales de nuestro cuerpo, para qué y cómo funcionan nuestros órganos, no deben ser motivo de censura o vergüenza, es algo de lo que se debe hablar claramente y con mucha responsabilidad, para evitar no solamente los embarazos adolescentes sino una gran cantidad de abusos y delitos sexuales que se cometen porque, sencillamente, nuestra niñez y juventud desconocen de esos temas.

Se puede y se debe hablar abiertamente de los temas sexuales sin entrar en confrontación con las creencias religiosas o las tradiciones culturales, la sociedad nicaragüense en su conjunto está llamada a reflexionar sobre estos problemas, que son reales y no teóricos o doctrinarios, para encontrarles una pronta solución, es cuestión de unir voluntades y esfuerzos. Nuestra niñez y juventud, que a diario sucumben como víctimas de nuestra ineptitud para emprender acciones colectivas consensuadas, nos lo demandan.

Capítulo aparte merece la discusión acerca de las consecuencias económicas que tiene para la sociedad nicaragüense la falta de una correcta educación sexual, que vemos parcialmente reflejada en los embarazos adolescentes. En el sitio “lo que debe ser penoso” podemos encontrar abundante información y estudios formales al respecto.

Es verdaderamente penoso que desde un medio progubernamental con cobertura nacional y una enorme audiencia, irresponsablemente, se desarrollen actividades que no sólo no contribuyen a la formación integral de la ciudadanía sino que festejan con bombos y platillos algo que según nuestra legislación penal puede ser incluso producto de un acto delictivo. Según las imágenes publicadas por la “Nueva Radio Ya”, la jovencita “ganadora” de su “concurso” cuenta con apenas quince años de edad, lo que hace pensar que el embarazo “premiado”, en dependencia de la edad y estado civil del hombre que la embarazó, podría ser resultado de un estupro (artículo 170 del Código Penal).

Esperemos que el caso planteado abra la oportunidad para la discusión más amplia posible del tema. Esperemos y exijamos que las instancias y autoridades gubernamentales encargadas de la aplicación de las leyes y la protección de la juventud actúen e investiguen el caso para proteger los derechos de la menor involucrada y que impongan las sanciones que deben ser impuestas al medio y a quienes corresponda. ¿Acaso esperaremos a ver llegar a decenas de niñas aún menores que "se dejen embarazar" o sean embarazadas para recibir su premio el próximo "Día de la Madre"?


El abuso policial: un llamado a la reflexión (parte 1)

Con mucha preocupación he dado seguimiento a la noticia de que, una vez más, miembros de la Policía Nacional se ven involucrados en la muerte de ciudadanos nicaragüenses, en esta oportunidad una pequeña niña y su padre. Este lamentable hecho coincide con la reciente presentación a juicio de dos ciudadanos, con señas visibles de haber sido golpeados fuertemente en sus rostros, presuntamente dichos ciudadanos están involucrados en el homicidio perpetrado contra dos miembros de la Policía Nacional, durante un operativo policial en que fuera abatido otro presunto delincuente (ex miembro de la Policía Nacional) en el barrio San Luis de Managua. Debo decir que me preocupan tanto los hechos violentos mencionados, como las reacciones de una parte de la población que avala, justifica y aprueba la violencia policial, asumiendo a priori que, efectivamente, todas las personas a quienes los policías intentan capturar o golpean son delincuentes.

En realidad, gracias al principio de presunción de inocencia, ninguna persona puede ser considerada delincuente hasta tanto no recaiga una sentencia penal que lo declare y dicha sentencia solamente será válida si concurren todos los elementos de juicio necesarios (pruebas), en un marco de tramitación conocido como "debido proceso". Lejos de lo que comúnmente se afirma o se cree, las reglas garantistas, establecidas en las leyes penales de casi todos los países del mundo, no han sido pensadas para "proteger al delincuente", sino que a la inmensa mayoría de la población. Y es que, por ejemplo, si analizamos la última estadística ofrecida por la Policía Nacional de Nicaragua, correspondiente al año 2015, en nuestro país cada año se cometen unos 66 delitos por cada 100,000 habitantes, lo que es igual a decir que solamente un 0.066% de los nicas (ni siquiera la décima parte de uno) es delincuente (asumiendo que cada delito es cometido por una persona distinta).

Entre penalistas se suele decir que "es preferible que un culpable esté libre a que un inocente esté en la cárcel", o en el cementerio, me permito agregar. Y seguramente estarás de acuerdo, si tomás en consideración que ese(a) inocente podés ser vos, dada la altísima probabilidad de encontrarte con un policía en la calle al menos unas cuantas veces al mes. Y no se trata aquí de "satanizar" a los agentes del orden, pero a nadie conviene que, debido a su presión por resolver los casos, nuestros policías vean en cada ciudadano o ciudadana a un(a) sospechoso(a) o culpable. No esperés a estar tendido en el piso, con las manos en la nuca y encañonado, o arrinconado contra una pared y siendo vejado, para tomar conciencia de esto.

Por definición legal: la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante… está sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional… y se rige por la más estricta disciplina de sus miembros sometidos al cumplimiento de la ley; al mismo tiempo; tiene por misión en todo el territorio nacional, proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas… el ser humano es el centro y razón de ser de la actividad policial, por tanto constituye un elemento transversal en nuestro modelo policial, el respeto profundo al ser humano y a su dignidad; la protección y defensa de sus derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías consagradas en la Constitución Política y en especial la defensa y protección a los derechos de la mujer, niñez y adolescencia.

Cada día se hace más evidente que nuestro cuerpo policial está perdiendo la perspectiva en lo que se refiere al cumplimiento de sus funciones y los principios que deben regir su accionar, enunciados en párrafo antecedente. Según nuestra legislación vigente, los agentes policiales están facultados para evitar los delitos interrumpiéndolos mediante la detención: 1) de quien sea visto en el acto de cometerlos (flagrancia), 2) se encuentre huyendo del sitio en donde se acaba de cometer un delito e incluso 3) puede emitir (bajo su responsabilidad) una orden de captura dentro de las 12 horas de haber ocurrido un hecho delictivo. Fuera de esos casos la Policía tiene la obligación legal de acudir a un Juez Penal, exponerle el caso que le ocupa y obtener autorización expresa para actuar. Y, aún más, la Policía Nacional ni siquiera es la autoridad encargada de acusar o denunciar delitos, porque para eso existe el Ministerio Público o Fiscalía… la función policial está limitada a investigar, informar a la AUTORIDAD JUDICIAL y/o Ministerio Público para esperar instrucciones y luego proceder.

Es muy importante destacar que, en estricto Derecho, las personas que actúan fuera del marco jurídico (incluyendo a los policías) se ven automáticamente desprotegidas por la Ley, mejor dicho, desde otra perspectiva, existe la posibilidad real de que un ciudadano que está siendo ilegalmente agredido, pues, se defienda. ¿Qué puede hacer un ciudadano si a altas horas de la madrugada despierta por el ruido que provoca un grupo de encapuchados armados que están ingresando violentamente a su propiedad? Es de sentido común suponer que si dicho ciudadano tiene un arma, pues haga uso de ella… y no sólo de sentido común, según nuestro Código Civil: "Arto. 1776.- El poseedor, de cualquiera clase que sea, puede defender su posesión repeliendo la fuerza con la fuerza, o recurriendo a la autoridad competente", al tiempo que, en materia propiamente penal, existen claras eximentes de responsabilidad criminal aplicables a los casos en que por miedo insuperable, por repeler una agresión ilegítima o por defender tu vida o la vida de los tuyos te ves obligado a actuar en contra del agresor.

Así planteado, cumplir con los procedimientos legales no sólo es una obligación de la Policía Nacional, cumplir la Ley hace que los agentes policiales estén jurídicamente protegidos en sus actuaciones… de otro modo pueden, razonablemente, caer en la categoría de delincuentes y ser válidamente repelidos o agredidos por el ciudadano o ciudadana a quien violenten sus derechos… o sea, llegar a convertirse en el monstruo que se supone deben combatir.

Siendo este un asunto de vital importancia para la seguridad ciudadana y demasiado amplio para ser abordado en una entrega, vamos a darle continuidad en notas posteriores. Es un tema sobre el cual tenemos que hablar, largo y tendido… para tomar posiciones y decisiones. Espero tus comentarios.