cultura política

El rol de la Unidad Nacional ante la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional

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¿A qué juega la Alianza Cívica?

Tal y como se esperaba, esta semana (exactamente el lunes 26 de octubre 2020) la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció su salida de la Coalición Nacional (CN) y, si bien el hecho no causa ninguna sorpresa, vale la pena dedicar unas líneas a evaluar esta jugada en el penoso “ajedrez político” que se juega frente a un adversario que nos tiene encañonados y amordazados, tanto a los jugadores que pretenden retarlo como a los espectadores forzados.

Antecedentes

Como es bien sabido, la ACJD nace de la convocatoria realizada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para intentar un diálogo entre grupos opositores que sostenían una abierta insurrección frente al régimen y que estaban siendo reprimidos con extrema y criminal violencia. La ACJD es un intento de organización fundada por las organizaciones y personas asumidas como representativas de la Sociedad nicaragüense: empresa privada, academia, movimiento campesino, sociedad civil organizada y algunos estudiantes universitarios.

En un aparente intento de ampliar la base social para legitimar a la ACJD como interlocutora frente al gobierno, para el mes de octubre del 2018 un nuevo bloque de organizaciones se suma a la ACJD y crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Durante poco más de un año la ACJD y la UNAB (curiosamente la ACJD nunca se asumió como parte integrante de la UNAB, sino como organización independiente) discutieron la integración de otras organizaciones y partidos políticos para consolidar un solo bloque opositor frente al régimen del FSLN. Y es así como en el mes de febrero nace la Coalición Nacional bajo la presión del Movimiento Campesino y no sin antes producirse una extraña división de la UNAB, con la salida la ACJD en el mes de diciembre del 2019.

Cabe destacar que este extraño proceso de encuentros y desencuentros provocados por la ACJD ha estado siempre acompañado por el “coqueteo” con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, antes Partido Liberal Independiente (PLI)), cuya personería jurídica fue aparentemente otorgada por el régimen del FSLN bajo condición de disolver la alianza que por ese entonces, como PLI, sostenía con el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La causa de las simpatías entre la ACJD y CxL no es nada rebuscada: CxL es en realidad el mismo partido creado por Eduardo Montealegre (empresario/banquero) que ha existido y corrido en elecciones anteriores con distintas siglas y que en el año 2006 estuvo presta a reconocer el “triunfo” del FSLN en las elecciones generales para agenciarse el “segundo lugar” por encima de su rival (de donde sale el mismo Montealegre) Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin la colaboración del PLI de Eduardo Montealegre (antecedente directo de CxL) durante el período legislativo 2007-2011, incluyendo la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y otras iniciativas, el FSLN no habría podido afianzarse en el poder.

Si sumamos a estos antecedentes el hecho de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hasta el mes de abril del 2018 venía cogobernando con el FSLN bajo un modelo denominado de “diálogo y consenso” elevado a rango constitucional en las reformas aprobadas entre los años 2013 y 2014 por la Asamblea Nacional dominada por mayoría absoluta del FSLN, tenemos los ingredientes necesarios para plantearnos dos escenarios que podrían explicar los aparentemente erráticos movimientos de la ACJD.

Primer escenario: “oxigenar” al régimen

Algunos analistas y comentaristas han planteado, desde la instalación del diálogo nacional, que el COSEP pretendía una salida negociada que garantizara un “aterrizaje blando” al gobierno del FSLN. Esta idea parte de la premisa de que el COSEP necesita garantizar la estabilidad económica de su socio (que implica la estabilidad económica del país, debido a la magnitud del capital que maneja como producto de los negocios con Venezuela) y, al mismo tiempo, impedir que salgan a luz los detalles de sus relaciones de negocios con el FSLN. Una segunda idea fuerte de este razonamiento es que el FSLN estaba “a punto de caer” debido a la presión popular en las calles. Seguramente recordamos a aquellos comentaristas que desde sus programas televisivos gritaban eufóricos: “¡Vamos ganando!”. “¡Los tenemos locos!” o afirmaban que, según sus fuentes, “solo están definiendo quiénes se irán en el avión”.

Aunque en un primer momento este escenario parece razonable y probable (tomando también en cuenta que los empresarios cabildearon en los Estados Unidos en contra de las sanciones que amenazaban al gobierno del FSLN desde el 2017), la verdad es que desde la entrada en escena del COSEP como grupo opositor le fue asignada la denominación de “traidor” por el gobierno del FSLN y eso nos tiene que llevar a pensar que la ruptura es (o era) real. En tal caso, el COSEP no buscaba el “aterrizaje suave” del gobierno, sino el propio. Un escalamiento de lo que se planteaba como una rebelión o insurrección popular podría perfectamente redundar en un “ajuste de cuentas” popular en contra de los socios del régimen… los empresarios estaban salvando, o tratando de salvar, su propio pellejo.

Ya de plano confrontados por el gobierno, los empresarios deciden seguir apostando a la unidad con el resto de la sociedad nicaragüense organizada para apoyarse en ella y el respaldo de la comunidad internacional con el ánimo de sobrevivir. Estando absolutamente todos los hilos del poder en manos del FSLN los empresarios privados saben que su situación está seriamente comprometida. Así, una variante de este escenario es que, solapadamente, la empresa privada está tratando de tener en sus manos la capacidad de negociar con el FSLN ofreciéndole lo único que al FSLN le interesa en este momento, que es el control sobre las fuerzas opositoras.

Lo expresado en párrafo antecedente también es concordante con la tradición histórica nicaragüense de conflictos y pactos entre grupos de élite.

Segundo escenario: la toma del poder

La segunda opción posible es que, tomando en cuenta todos los mismos antecedentes y el planteamiento del primer escenario, la empresa privada y resto de la ACJD han definido como objetivo serio, probable y realizable la toma del poder mediante un proceso electoral que sería posible gracias a las sanciones y presiones internacionales en contra del régimen. ¿Por qué tendría la empresa privada que ceder su posición de cogobernante que ya goza de rango constitucional con el actual gobierno?

Aprovechando sus relaciones con los grupos opositores la ACJD ha logrado determinar las debilidades de esos grupos y ha decidido “apostar por lo seguro” (algo natural desde la visión empresarial) que es establecer una alianza con un partido político que ya tiene una “casilla”, programa y estructuras organizadas para hacer frente a un proceso electoral. Aquí vale la pena decir que en este escenario la ACJD asume que irá a elecciones con o sin las condiciones que plantea la Coalición Nacional. Una alianza entre la ACJD y CxL no pone en riesgo el estatus político alcanzado por la empresa privada, más bien lo garantiza. Nótese también que CxL no tendría ningún problema para negociar con el FSLN el ser “la segunda fuerza política de peso” en un posible pacto entre élites, puesto que lo han hecho antes y podría decirse es su “mínima aspiración” histórica, como organización heredera del PLC y a la tradición pactista en la vieja cultura política nicaragüense.

Teniendo en cuenta el fetiche de la “unidad para enfrentar al régimen” que se orienta tradicionalmente hacia la polarización de la sociedad ante la falta de propuestas políticas coherentes, el hecho de que evidentemente el porcentaje de la población que adversa al FSLN es mayor que el porcentaje de quienes apoyan al gobierno, junto con las medidas de presión de la comunidad internacional, parece un escenario factible para que, en cualquier caso, una fuerza opositora unificada logre vencer al FSLN en el futuro proceso electoral. Según este razonamiento, quienes quieran anotarse “al caballo ganador” tendrían que sumarse al proyecto que empuje la ACJD y someterse a sus designios o, más bien, a los designios de la clase empresarial.

El doble conflicto y la apertura de espacios a una Nueva Cultura Política (NCP)

Partiendo de la tesis de nuestro correligionario (en Propuesta Ciudadana) y amigo, Adolfo Hurtado, en Nicaragua a partir de abril del 2018 se vive un “doble conflicto”: un conflicto tradicional (de la VCP) que gira alrededor del ejercicio excluyente del poder político o su “repartimiento” y un conflicto que gira alrededor del establecimiento o restablecimiento de los derechos y de la democracia (de la NCP).

El actual acercamiento de la ACJD al CxL, a instancias de la empresa privada, es una manifestación de la VCP que satisface plenamente la propuesta teórica de Hurtado, pero, todavía hay más: al momento de redactar este artículo llega a mis manos una “proclama” suscrita por personas miembros y enlaces de las estructuras territoriales (departamentales y municipales) de la ACJD que rechazan la decisión y optan por mantenerse dentro de la Coalición Nacional, conservando incluso el mismo nombre. En dicha proclama destacan algunos elementos de la NCP, como el desconocimiento a las decisiones de las élites (caudillismo o verticalismo) así como la disposición de establecer el diálogo como mecanismo de resolución de los conflictos, por encima de las imposiciones o pugnas de poder y protagonismo.

Visto de este modo, la salida de la ACJD de la Coalición Nacional abre un espacio importante para la conformación y consolidación de un bloque político que puede perfectamente presentarse a un proceso electoral con un discurso de cambio de sistema, habida cuenta de que los socios principales del modelo de gobierno actual (ambos claros representantes de la VCP) nos plantean más de lo mismo, con algunas componendas entre las élites para un nuevo reparto del poder. Ni en sueños pasa por la mente de CxL o el COSEP un cambio del modelo constitucional actual de cogobierno, por ejemplo, y tampoco la necesidad de un cambio hacia la verdadera democratización de la economía.

El rol de la Unidad Nacional (UNAB) en la Coalición Nacional

Desde Propuesta Ciudadana, como organización miembro de la UNAB, hemos sido promotores y parte activa de los procesos de construcción y consolidación de sus estructuras, por lo que puedo afirmar con toda seguridad que la UNAB es actualmente el espacio ideal para que germine la semilla de la NCP que se manifestó con mucha fuerza a partir de abril del 2018 en nuestro país. Hasta este momento; con todas las dificultades que nos plantean la represión del gobierno del FSLN, la pandemia del COVID 19 y las dificultades económicas consecuentes; está bien encaminada a ser una fuerza política trascendente en la historia de Nicaragua, sin embargo, para lograrlo, tiene que terminar de solventar tres aspectos que me parecen fundamentales:

1.- La consolidación de una institucionalidad fuerte que garantice que las normas debidamente consensuadas y aprobadas estén por encima de las voluntades de las personas o de grupos de élite dentro de sus estructuras, la interpretación de las normas solo puede pertenecer a la Asamblea Ciudadana, como máximo órgano para el ejercicio de la soberanía de sus miembros y la expresión de su voluntad soberana. La UNAB tiene que asumir el estandarte de la Nueva Cultura Política no desde el discurso, sino desde la práctica cotidiana.

2.- La construcción de una visión de nación incluyente, integradora y segura que vaya más allá del simplismo “democracia vs. Dictadura” o de la metafísica “lucha del bien contra el mal”, tomando conciencia plena de la complejidad del problema sistémico de la sociedad nicaragüense para aportar propuestas de solución factibles y medibles en el corto, mediano y largo plazos; propuestas que necesariamente involucren a, y cuenten con, la participación de las bases en los territorios. Un primer paso positivo en esta dirección ha sido la decisión asamblearia de incorporar a los Consejos Municipales de cada municipio de Nicaragua en la Asamblea Ciudadana de la UNAB, todas las estructuras territoriales de base contarán con voz y voto en el plenario de la organización para la toma de sus decisiones.

Se hace necesario abandonar el discurso confrontativo y polarizante que, como he dicho antes, es característico de la VCP en sus tradicionales “luchas por el poder”, la ciudadanía nicaragüense, sin distingo de colores políticos, debería de poder sentirse identificada con las propuestas de la Unidad Nacional; sin temor a represalias, exclusión o confrontación violenta.

3.- El diseño y puesta en práctica de un plan estratégico acorde con la visión de corto, mediano y largo plazos que, entre otras cosas, logre posicionar y potenciar dos aspectos sustanciales de la NCP que sustentan el programa o visión de nación:

  • La participación ciudadana
  • La descentralización y desconcentración del poder

Con estas herramientas la Unidad Nacional podrá incidir con fuerza en la construcción de una Coalición Nacional que logre romper la propuesta “bipartita” que se vislumbra puede provenir desde los representantes de la tradicional o vieja cultura política para, mediante la polarización de la sociedad, garantizar el poder (o una mejor posición dentro del esquema de poder) a quien demuestre más músculo el día de las elecciones o tenga menos escrúpulos para aplastar al otro.

La propuesta que la Unidad Nacional tiene que aportar a la Coalición Nacional y a la sociedad nicaragüense tiene que ser una que nos permita “ganar” a todos y todas, establecernos como una Nación democrática, con un verdadero Estado de Derecho y, en definitiva, desarrollarnos como el país civilizado que en realidad somos. La membresía de Propuesta Ciudadana está profundamente comprometida con este esfuerzo y tenemos la certeza de que la inmensa mayoría de las organizaciones miembros de la UNAB también lo están.

Las puertas de nuestra organización permanecen abiertas para trabajar con las y los nicaragüenses que deseen cambiar el destino de nuestra nación hacia un futuro mejor.

Bolivia: Lecciones de Cultura Política para Centroamérica

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Recientemente se han producido las elecciones presidenciales en Bolivia orientadas a la restitución de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La experiencia boliviana contrasta de manera sustantiva con la experiencia de muchos países latinoamericanos en sus mecanismos de resolución de conflictos como Venezuela, Chile, Nicaragua u Honduras. Este contraste toma mayor relevancia considerando la mayor complejidad étnica-cultural de Bolivia comparada con estos otros países, que hacen en principio más compleja y de estabilidad más difícil la gobernanza en Bolivia, al punto de que se vieron forzados a consensuar la construcción de un Estado plurinacional.

Voy a hacer tres reflexiones cortas sobre elementos relevantes que parecen percibirse en la cultura política boliviana ocupando el cuadro electoral de los últimos cinco procesos de elecciones nacionales que presento a continuación.

La inclusión

La inclusión es la condición social que hace ser cuerpo y desarrollar valores y actitudes de corresponsabilidad. Es fundamental para el equilibrio social.

Lo primero que se observa, viendo la tendencia de crecimiento de población y de votantes inscritos de elección a elección, es la emergencia de una agenda políticamente inclusiva, que beneficia en un primer momento al que la promueve (2005 al 2009). Con el desgaste político esperable en un partido que permanece en el poder, ese incremento va luego repartiéndose a lo largo de los espectros políticos como se observa entre el incremento de inscritos y de votos entre 2005 y 2019.

Esta inclusión ciudadana se vio reflejada en otros indicadores relevantes como el de educación o el índice de GINI (distribución de la riqueza), pero que van más allá de la reflexión de este artículo y son de interés estratégico para Centroamérica.

La legitimidad

La legitimidad es el valor social que convierte la obediencia en adhesión, y es fundamental para la gestión de las diferencias y la tolerancia. Es fundamental para el equilibrio político.

El sistema político en general, y el electoral en particular, parecen contar con credibilidad de parte de la población, y esto se observa en la alta participación ciudadana en los procesos electorales. Las políticas de inclusión ciudadana desarrolladas a partir de 2005 incrementaron la participación relativa y de emisión de votos válidos, fortaleciendo la legitimidad del mecanismo de resolución de conflicto y el reacomodo de las relaciones de poder (las elecciones). Honduras y Nicaragua han dilapidado este capital político en las últimas décadas a través de múltiples procesos señalados de irregulares e irrespetuosos de la voluntad del electorado.

Morales degradó este capital político de legitimidad al darle la espalda al proceso de consulta sobre su reelección que se comprometió a respetar y no lo hizo, llegando a tener un resultado relativo por debajo del obtenido en el 2005. Abrió las puertas a que los grupos más radicales y violentos generaran un movimiento político-militar que terminó degradando aún más la institucionalidad. El papel de la OEA como ente legitimador externo fue un agravante de la situación.

Ha habido unas nuevas elecciones que, por acuerdo con los poderes hegemónicos internos y la participación ciudadana, pese a las tensiones y las diferencias profundas, han sentados las bases para restituir la institucionalidad y la legitimidad que había tomado una curva de degradación peligrosa; problema que no han sabido resolver países como Chile, Venezuela, Nicaragua y Honduras, mientras en El Salvador el presidente Bukele más bien parece encaminado a tomar dicha senda de la degradación.

La agrupación política, la agenda y el líder

El MAS es un cuerpo social, que tomó cuerpo y forma teniendo como líder e imagen a Evo Morales y una agenda inclusiva. El referéndum sobre la reelección de Morales y su negativa a aceptarlo, parecía colocar al MAS en la senda viciada latinoamericana de líderes inmortales. Esa cultura política que coloca a una persona “poderosa” por encima de su organización y la agenda de esta (como Ortega y Alemán en Nicaragua, Hernández y Zelaya en Honduras, Chavez y Maduro en Venezuela). Bajo el argumento de “si no es con él, no se puede nada”.

Las últimas elecciones de Bolivia y su resultado levantan preguntas sobre cuál es el orden de los factores políticos. Sin el líder, la agrupación política recogió su agenda inclusiva proponiendo la reconstitución institucional y la legitimidad. Pese al agotamiento político de un partido, que produce la permanencia en el poder, alcanzaron mejores resultados que El Líder en las elecciones anteriores, y mayores que los resultados relativos del primer período electoral.

Honduras y Nicaragua, países hermanos tan parecidos, aunque sus discursos ideológicos nos engañen, podrían aprender de Bolivia antes que sea demasiado tarde.

Nicaragua y el pasado presente

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“El estallido cívico de abril del año 2018 es el acontecimiento más reciente que ha reavivado el interés por re-pensar, re-leer y re-significar la historia nicaragüense, dando paso a un proceso de disputa entre lo nuevo ante lo viejo y lo pendiente ante lo presente. Así, Nicaragua se ubica en un presente histórico que posee una complejidad indecible donde abundan significados particulares simultáneamente semejantes al pasado.

Este ensayo es una invitación para re-leer la Revolución Popular Sandinista desde el presente con el objetivo de comprender no solo cómo los logros, las conquistas, los fracasos y los errores del pasado están condicionando nuestro escenario presente, sino también identificar cuáles han sido los marcos que se han constituido en formas específicas de recordar, olvidar y hacer memoria como nicaragüenses.”  Miguel Angel Navarrete Rivera

 

La degradación del Estado de Derecho en Nicaragua

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“En el presente ensayo se abordan los devenires políticos y constitucionales de los últimos  veintinueve años de la historia de Nicaragua con especial énfasis en la reforma constitucional  de 2000 fruto del pacto entre el entonces Presidente, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, ambos  líderes y caudillos del Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación  Nacional, respectivamente. Esta transacción política le permitió a Daniel Ortega, además de  retornar al poder, ejercerlo de forma autoritaria y concentrada debido al control de las  instituciones que logró en virtud del pacto. Como parte de la deriva autoritaria del régimen  de Ortega se analiza la reforma constitucional de 2014 en la cual se sepulta el Estado de  Derecho y se constitucionaliza la dictadura orteguista no solo desde la perspectiva de la  perpetuación en el poder, sino también pretendiendo legalizar y legitimar las ilegalidades cometidas desde el año 2007, revirtiendo de esa forma las modificaciones constitucionales  realizadas en 1995.” Trabajo de Juan Diego Barberena, si tenés problemas para leerlo en tu dispositivo podés descargarlo en este enlace.

La democracia en Nicaragua

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Panel organizado por la plataforma virtual “Contexto azul y blanco” con la participación de María Teresa Blandón del Movimiento Feminista y Herdy Bravo de Propuesta Ciudadana, ambas organizaciones miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Desde la perspectiva de una organización política emergente, como la nuestra, y un movimiento social de amplia trayectoria e historia de luchas; se aborda el tema específico de las democracias participativas y representativas, los avances dentro de la UNAB y las dificultades para consolidar la Coalición Nacional. Los retos que enfrenta la sociedad nicaragüense y la necesaria transformación de la cultura política de la ciudadanía.

 

Pensamiento sistémico, para construir una nueva realidad

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Existen metodologías que buscan explicar los cambios, eventos y consecuencias que se dan en entornos tan complejos y aparentemente dispares como lo son por ejemplo la Biología, la Cibernética o la Política, estas tres disciplinas tienen algo en común, todas pueden ser descritas como Sistemas, cada una con relaciones de causalidad y con entornos bien definidos, donde sus componentes están unidos por un “interés común”, la sostenibilidad de dicho sistema.

Una de estas Metodologías es el Pensamiento Sistémico que aparece formalmente en 1937 a partir de los cuestionamientos que desde el campo de la Biología hizo Ludwig Von Bertalanffy. como alternativa al “Pensamiento Lineal” predominante, que resultaba insuficiente al no contemplar las interrelaciones entre las partes de un sistema ni sus cambios en el transcurso del tiempo. El Pensamiento Sistémico consiste en la percepción del mundo como un “Todo”, donde todo está relacionado. Postula que para entender e interpretar la realidad debemos incluir la mayor cantidad de perspectivas posibles para crear una visión que tome en cuenta no solo las interacciones mecánicas sino también variables tan subjetivas como las actitudes personales y los modelos mentales, además evalúa el estado de estas variables en el tiempo ya que una perturbación en el sistema podría no ser perceptible en un momento determinado.

Al igual que otros marcos teóricos, el Pensamiento Sistémico cuenta con leyes para su desarrollo y aplicación, algunos de estos principios fueron propuestos por Peter Senge (Director del Centro para el Aprendizaje Organizacional del MIT) en su libro “La Quinta Disciplina” con el fin de que sirvieran como una guía para aquellos que deseen convertirse en Pensadores Sistémicos:

  1. Los problemas de hoy derivan de soluciones de ayer
  2. Cuánto más se presiona, más presiona el sistema
  3. La conducta mejora antes de empeorar
  4. El camino fácil lleva al mismo lugar
  5. La cura puede ser peor que la enfermedad
  6. Lo más rápido es lo más lento
  7. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio
  8. Los cambios pequeños suelen producir resultados grandes
  9. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias
  10. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños
  11. No hay culpa

Esta forma de ver el mundo es especialmente útil en el campo de las Ciencias Sociales, donde es necesaria la observación y el análisis del comportamiento humano y cómo nuestras acciones u omisiones impactan directa o indirectamente los sistemas donde interactuamos, ya sea por ejemplo en nuestro sistema familiar, que a su vez pertenece a un sistema más grande como puede ser nuestra comunidad, grupo étnico, nacionalidad y así sucesivamente.

Como individuos que formamos parte de uno o varios grupos es normal que tendamos a segmentar nuestro entorno, a veces con la idea de que es más fácil comprender aquello que nos atañe directamente, porque no hay un vínculo de comunicación con los que consideramos factores externos, o porque en apariencia no compartimos los mismos intereses. Un ejemplo de esta visión segmentada de la realidad es la total desconexión que experimenta gran parte de la población nicaragüense con lo que sucede en el ámbito político, este esquema de convivencia provoca expresiones tan cotidianas como: “la Política no me da de comer”; obviamos el hecho de que todo está interconectado, se carece de un sentido de pertenencia o de responsabilidad por el rumbo de la Nación cuando la realidad es que ese futuro está íntimamente ligado a nuestro actuar como ciudadanos, la consecuencia de desentenderse del ámbito Político es que otras personas tomaran las decisiones por nosotros y las consecuencias de estas decisiones impactarán directamente en nuestras vidas e incluso las “decisiones” que tomaremos en el futuro ya estarán condicionadas por este curso de eventos.

Nuestro espectro de aprendizaje en la línea temporal es generalmente muy corto, solemos tener problemas para ver y comprender más allá del momento presente. Según establece una de las Leyes del Pensamiento Sistémico formuladas por Senge: la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio, motivo por el cual necesitamos conectar los eventos en una especie de mapa temporal, identificar los comportamientos que dieron origen a esos eventos y ubicarlos en la estructura subyacente, esta es la parte más difícil ya que generalmente esta estructura esta oculta a nuestra vista , es un intrincado andamiaje de conexiones multidireccionales, de interrelaciones entre las diferentes partes del sistema.

El pensamiento sistémico aplicado a la realidad nicaragüense

Tomemos como ejemplo a la organización Opositora “Coalición Nacional”. Pensando Sistémicamente es posible identificar los eventos que la formaron y que siguen moldeándola, verlos en una línea de tiempo que va más allá de su origen, identificar los problemas que surgen a medida que se avanza en su construcción y otros que han sido heredados en lo que se conoce como “desplazamiento de carga”; donde las consecuencias de eventos pasados fueron desplazadas a otros actores en el trascurso del tiempo, producto de acciones correctivas insuficientes o mal orientadas, o como lo describe Senge: los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer.

Una vez identificado el sistema “oposición” es necesario establecer las diferentes relaciones entre sus partes y/o actores y las relaciones con actores externos que actúan o influyen en el sistema, así podremos encontrar intereses comunes o individuales, puntos de inflexión, problemas y oportunidades de mejora. Al armar este esquema se podría por ejemplo gestionar de mejor manera las relaciones con los Partidos Políticos dentro y fuera de la Coalición, estas organizaciones no van a desaparecer, lo queramos o no son parte del sistema y sus intereses, sean loables o mezquinos, deben ser estudiados y gestionados si se quiere que la coalición alcance sus objetivos, obviarlos significaría perder la oportunidad de influir en sus patrones conductuales para el beneficio de la organización.

El Paradigma Sistémico sostiene que los cambios pequeños pueden producir grandes resultados, el objetivo es lograr el mayor impacto en la dirección correcta con el mínimo esfuerzo, se trata de un principio de eficiencia, una acción que provoque una especie de efecto de bola de nieve, pero existe un problema, este punto donde aplicar nuestro esfuerzo no siempre está visible, por lo general las partes del sistema no pueden percibirlo, sin embargo existe una pista para encontrarlos, como nos recuerda Donella H. Meadows: “los mejores puntos de apalancamiento se encuentra en el cambio de los modelos mentales”, estos son los marcos conceptuales a través de los cuales percibimos nuestro mundo, la mayoría de las personas saben dónde están estos puntos instintivamente, pero tienden a ajustarlos en la dirección equivocada, cuando hacemos esto vemos la ocurrencia de otra de las leyes del Pensamiento Sistémico: si presionas al sistema este te presionara a ti, esto significa que todo sistema tiende a mantenerse en un estado que él mismo considera en equilibrio, visto de otra manera, si tomamos el camino fácil, al aplicar soluciones paliativas podremos disimular los efectos adversos temporalmente, pero tarde o temprano el Sistema volverá a acomodarse a su estado de equilibrio ya que ejerce una resistencia contraria a todo cambio que se ejerza sobre él.

Es aquí donde vale la pena preguntarse: ¿cuál es la razón por la que Nicaragua padece de ciclos de crisis políticas y socioeconómicas cada cierto tiempo?, ¿este círculo vicioso de crisis recurrentes significa que el caos es el único mecanismo posible para alcanzar el estado de equilibrio y estabilidad de nuestro sistema sociopolítico?, parece lógico deducir que la solución más duradera a las crisis pasa por cambiar el sistema, nuestra forma de relacionarnos e interactuar políticamente. Este cambio, como dicta el Pensamiento Sistémico, puede generarse con acciones mínimas, pero bien focalizadas, incluso la acción más pequeña realizada en la dirección correcta podría generar el efecto multiplicador que necesitamos.

Todos tenemos un lugar en la dinámica del Sistema, no podemos elegir ser o no parte de él, aceptar este hecho es el primer paso hacia un entendimiento más completo de nosotros mismos y de nuestro entorno, de no ser así continuaremos malgastando nuestros esfuerzos en soluciones temporales y repetitivas que no atacaran la raíz del problema, practiquemos una visión sistémica en nuestras vidas, para modificar nuestros modelos mentales y patrones de conducta, generando cambios positivos individuales sin perder de vista el Todo que queremos construir.

Modelos mentales y cambio cultural

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La habilidad de dibujar es única en los seres humanos. Esta aparentemente inocua habilidad esconde un gran misterio de la mente y su funcionamiento: la representación. Una representación es una imagen que se elabora a partir de nuestra experiencia de la realidad. Si vemos, por ejemplo, uno de los dibujos más antiguos de la humanidad, en la cueva de Altamira; observamos que ellos en efecto reflejan objetos de la realidad cotidiana en la que vivían sus anónimos autores.

Aunque no todos conservamos el hábito de dibujar en la adultez, casi todos los niños y niñas lo hacen habitualmente, algunas veces -para dolor de cabeza de sus padres- en las paredes. Pues bien, lo que hacen los niños y niñas al dibujar es precisamente plasmar una representación de la realidad que observan. Por muy “garabatos” que sean, esos dibujos siempre se refieren a algo presente en la realidad del niño. De hecho, es por esta cualidad que en psicología se usan los dibujos en la recolección de información sobre el estado psicológico de los niños (aquí una nota interesante sobre el tema).

Esta representación que tenemos de la realidad también nos incluye a nosotros en ella, nos sitúa en un contexto y nos otorga un rol específico. Las representaciones se constituyen en modelos mentales que son necesarios para nuestro funcionamiento, para dar respuestas a las exigencias que nos plantea el entorno. No se puede no tener un modelo mental, nadie puede ver la realidad con los ojos desnudos, porque lo que comprendemos como realidad es la interpretación o representación mental que hacemos de los datos o información que perciben nuestros sentidos.

Al mismo tiempo, no todos los modelos mentales son iguales, hay tantos modelos mentales como personas hay en el mundo. Sin embargo, puesto que somos seres sociales y también aprendemos en la interacción social, se puede hablar de la existencia de modelos mentales compartidos. Imágenes del mundo comunes en un grupo específico e incluso en sociedades enteras. La lengua que hablamos, la religión que profesamos y el acceso al conocimiento que hemos tenido condicionan la forma en que interpretamos y valoramos lo que sucede en el mundo, configuran un modelo mental específico.

El hecho de que existan varias formas de ver el mundo abre la pregunta de si es posible declarar su validez para jerarquizarlas e incluso plantearnos si es posible que modelos mentales distintos convivan en un mismo espacio. En efecto, sí es posible comparar los modelos mentales y se puede al menos poner a prueba su consistencia interna, aunque juzgar su nivel de validez  o coincidencia con la realidad sería bastante complicado; desde luego que, como ha sido dicho, cada modelo mental es una interpretación o representación de la realidad que surge como producto de una serie de condiciones propias y muchas veces exclusivas de una persona o un grupo de personas.

En cuanto a la consistencia, podemos asumir que incluso una visión mítica del mundo tendría que tener una coherencia interna, una cierta lógica narrativa que siempre podrá ser discutible; pero al abordar el segundo aspecto, el de la validez, entramos en el peligroso terreno de la imposición, pues, ¿cómo podemos juzgar cuál es el “modelo de modelos”?, es decir, ¿cómo definir el modelo que servirá como medida de los otros?

Modelos mentales y política

Es un hecho que existen en la sociedad un sinnúmero de formas de ver el mundo, que estas formas generan conductas, sistemas de valores e intereses diversos. Cuando estas formas son similares no hay problema, pero cuando son diferentes y entran en un espacio común como lo es una organización, una comunidad o un país; es inevitable que surja el conflicto. ¿Cómo deberíamos operar en esta circunstancia, por demás inevitable? Antes que todo es necesario aclarar un asunto: ningún modelo mental es capaz de reflejar o representar la realidad en su totalidad. Como ilustración de este hecho podemos tomar el cuento corto de J.L. Borges, titulado “Del rigor de la ciencia“, en el que relata cómo los cartógrafos de un imperio se afanaron por trazar un mapa con tanto detalle que llegaba a recubrir el territorio entero, es decir, el mapa era del tamaño del territorio..

Ahora evoquemos de nuevo los dibujos y las representaciones. La pregunta que nos deja el cuento de Borges es: ¿es posible que un mapa (una representación) abarque toda la realidad? Por definición eso es imposible; mientras el tiempo exista la realidad es apertura de posibilidades, siempre está dando algo nuevo de sí. Esto quiere decir que nuestro modelo -y el de los otros- siempre estará incompleto (esto es otra razón por la cual no puede haber el “modelo de modelos”). Pero decíamos que en la sociedad conviven varios modos de ver la realidad y muchos de ellos se quieren presentar como únicos, absolutos, como el gran mapa de la realidad.

¡Un mapa del tamaño del imperio! Estos modelos que se asumen únicos y absolutos se cierran en sí mismos y no dejan entrar nada que contradiga su sistema o esquema de pensamiento. Pero una sociedad así se acerca peligrosamente al totalitarismo y lo que queda solo es la lucha a muerte entre estos sistemas cerrados hasta que uno quede con vida para prevalecer sobre los demás. Esto es lo que ha sido la política nicaragüense desde hace dos siglos y es un mal que padece buena parte de la Humanidad. 

Los modelos mentales como decía, no pueden dejar de ser, los necesitamos para responder al mundo que nos rodea. Lo normal es que sean inconscientes, pero es preciso hacerlos cada vez más conscientes, para ensancharlos y que nuestro modelo sea abierto en un constante diálogo con la realidad y con las realidades que otros y otras observan. Esto, por decirlo de alguna manera, no es natural. Lo natural es que nuestro cerebro se contente con lo que le sirve para resolver “el día a día” pues quiere ahorrar energía. Por eso es preciso hacer un esfuerzo y desarrollar una actitud crítica primero que todo con lo que pensamos y después con la forma en que se han establecido los sistemas de pensamiento que nos rodean. Es preciso cuestionarnos y cuestionar. Otra actitud igual de necesaria para la apertura es la aceptación de la pluralidad, solo así será posible la convivencia con lo diferente. 

Paradójicamente, sí es posible decir que hay un modelo base, deseable para todos en la sociedad si queremos convivir en paz, y ese sería un modelo mental abierto. La actitud de apertura a la realidad y a la pluralidad de formas de verla. Solo en organizaciones y sociedades con individuos abiertos al diálogo desde puntos de vista diferentes es posible el aprendizaje, es decir, la inteligencia.

La cultura política del último colapso del sistema político nicaragüense (1987 – 2018)*

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INTRODUCCIÓN

La crisis sociopolítica nicaragüense continúa estancada, sus efectos en el ámbito económico ya causan estragos y gran parte de la población se encuentra desesperada, angustiada ante la falta de voluntad del gobierno para encontrar soluciones y cuyas acciones represivas más bien parecen acercarnos cada día más peligrosamente a un colapso social de magnitudes incalculables. Sin embargo, como se abordará en esta reflexión, es de suma importancia entender que el actual proceso es consecuencia del colapso del sistema político, en su esencia no tiene que ver con el ascenso al poder del FSLN en el 2007 y tampoco es producto de un problema atribuible a personalidades concretas (aunque estas configuran el modo en que se desarrolla el conflicto), sino, más bien, es el resultado del ejercicio de una cultura política profundamente arraigada en nuestra sociedad.

Se ha señalado reiteradamente, en otras ocasiones y foros, que Ortega y Murillo son sólo la expresión visible de los aspectos más negativos de nuestra cultura política tradicional, ellos son la materialización de los problemas de fondo que ahora enfrentamos.

¿Son reconocibles los mecanismos que en este nuevo proceso de colapso del sistema político nos condujeron al problema que se manifiesta en la degradación de la legitimidad, la concentración del poder y el incremento de la exclusión social?

LAS BASES DEL NUEVO COLAPSO A PARTIR DEL COLAPSO DE 1979

Del colapso de 1979 emergió un Estado con legitimidad limitada, por la exclusión automática de toda la población identificada como somocista, que se resquebrajó aún más por las tensiones y las imposibilidades de diálogo entre los actores envueltos en los conflictos de los años inmediatos. En este contexto, la Constitución Política de 1987 nace de una Asamblea Constituyente electa en un período de guerra, con espacios muy reducidos de negociación, dados por la realidad nacional y su contexto internacional[1], que impiden construir la legitimidad plena del Estado constituido (independientemente del argumento de por qué se haya producido esta brecha).

La brecha de la legitimidad limitada del Estado Nacional resultante del colapso de 1979, tendió a cerrarse con las elecciones de 1990 (único proceso documentado en la historia post colonial que ha dado como resultado un Estado legítimo producto de un[2] proceso de paz-negociación-elecciones[3]). Las elecciones permitieron un traspaso del poder al oponente en el marco de una cultura de paz. No obstante, como veremos a continuación, la forma escogida para salir de la crisis y la guerra civil marcó el inicio de la inestabilidad jurídica constitucional y sentó las bases del proceso de degradación del sistema político que nos trajo a la tragedia actual.

LA CULTURA POLÍTICA DEL ÚLTIMO PROCESO POLÍTICO EN SU RUTA HACIA EL COLAPSO

Podemos decir que desde el último colapso (1979) al menos tres mecanismos de nuestra cultura política nos condujeron al proceso de pérdida de la institucionalidad democrática y al consecuente fracaso del sistema político actual: los pactos políticos y las leyes “marco” que produjeron, las salvaguardas democráticas deficientes para aplicar cambios constitucionales y el deficiente ejercicio de la ciudadanía frente a los cambios constitucionales.

1.1. Los pactos políticos y las leyes “marco”

Con el término “ley marco” se conoce al instrumento utilizado en 1990 para adelantar las elecciones y poner fin a una guerra fratricida que se había intensificado por el conflicto internacional conocido como “la guerra fría”, que enfrentaba a las potencias occidentales con el denominado “bloque socialista” encabezado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Concretamente el texto de esa primera ley “marco” de 1990 está contenido en los considerandos de la primera reforma a la Constitución Política de 1987 que literalmente dicen:

I. Que el Presidente de Nicaragua suscribió el 4 de Agosto de 1989, un Acuerdo con dieciocho partidos políticos donde convinieron que las autoridades ejecutivas y legislativas que resulten electas el 25 de Febrero de 1990, tornarán posesión de sus cargos el 25 y 24 de Abril de 1990, respectivamente.

II. Que para el cumplimiento de dicho Acuerdo se hace necesario reformar transitoriamente la Constitución Política de Nicaragua, reforma que se ha realizado en dos legislaturas y en dos debates: El diez de Octubre de 1989 el primero, y el treinta y uno de Enero del corriente año el segundo.

Y es de este modo que se introduce en nuestro sistema político la posibilidad de reformar a conveniencia la Constitución Política como resultado de un pacto entre cúpulas en un período de gobierno. Esto tiene como consecuencia directa que los cambios constitucionales de aquí en adelante responden a intereses de gobierno y no a intereses de Estado.

La justificación de esta primera ley marco de 1990 parece evidente: había que detener la guerra dando cumplimiento a los acuerdos suscritos, sin embargo, la decisión abrió las puertas a una flexibilidad jurídica tal que la Constitución Política de Nicaragua de 1987 ha sido reformada nueve veces para satisfacer las necesidades y caprichos de las élites políticas y económicas de nuestro país. Es así como la misma figura jurídica (ley marco) se volvió a utilizar en los años 1995 y 2005, luego de cambios a la Constitución Política de 1987 que, por falta de un juego político asertivo, generaron gran inestabilidad. De igual manera, aunque no se utilizara el mismo instrumento, comparte la misma naturaleza el “Pacto Alemán – Ortega” de 1998, que provocó las reformas constitucionales que a la postre permitieron al FSLN ganar las elecciones del 2006 en primera ronda (mediante la reducción del porcentaje de votos necesario).

Durante el desarrollo del conflicto actual se continúa proponiendo la negociación de una “ley marco” como un mecanismo válido y necesario para dar solución a la crisis, sin embargo el uso recurrente de una negociación que requiere de una “ley marco” para dar salida a los conflictos de intereses políticos produce inevitablemente el deterioro de la legalidad y la legitimidad institucionales, deterioro que es la verdadera raíz del colapso actual del sistema político nicaragüense por dos razones fundamentales:

  • Primero, está el hecho de que una “ley marco”, resultante de un pacto político, termina siendo más importante que la Constitución Política, es decir, en el sistema político nicaragüense actual la Constitución Política no es la “Ley Suprema” y puede ser modificada a conveniencia de quienes ejercen el poder.
  • Segundo, como consecuencia directa de lo anterior, el Estado y el ejercicio del Gobierno dependen de la voluntad de cúpulas o élites y no de la voluntad popular, desapareciendo la noción de soberanía y, con ella, la legitimidad general del Estado y sus instituciones jurídicas.

1.2. Ciclos legislativos y reformas constitucionales

En Nicaragua a partir de 1989-1990 adoptamos de facto la interpretación del término “legislatura” (que se menciona en la parte final del artículo 192 constitucional) como ciclo administrativo y no como ciclo electivo (duración del mandato alcanzado por la vía electoral) para realizar reformas constitucionales y que las mismas produzcan efectos casi inmediatos. Es decir, se hace suficiente dar por concluido un ciclo administrativo (o período legislativo) de la Asamblea Nacional, cosa que puede ocurrir de un momento a otro pues es potestativo de la Asamblea Nacional abrirlos y/o cerrarlos, para proceder a realizar estos cambios en el Contrato Social y no mediante la ratificación de un órgano legislativo renovado por la vía electoral, que con un posible nuevo balance de poder en su composición permitiría valorar si lo que las reformas entrañan es un verdadero interés del Estado y no del gobierno de turno.

Recordemos que, como parte del proceso de refundación del Estado de Nicaragua y como consecuencia del colapso social de 1979, habían sido derogadas la Constitución Política previa (1974) y con ella las leyes que organizaban los distintos Poderes del Estado. Nicaragua funcionaba con un “Estatuto Fundamental” y con un “Consejo de Estado” que hacía las veces de órgano del Poder Legislativo. Es con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1987 que nace la Asamblea Nacional de Nicaragua y comienza a funcionar con nuevas disposiciones y normativas internas. Este dato es de suma importancia para explicar que el término “legislatura” utilizado en el artículo 192 de la Constitución de 1987 en ese momento no tiene definición legal en el ordenamiento jurídico vigente.

En 1989 el “Estatuto General de la Asamblea Nacional” (Ley No. 26 de 3 de Agosto de 1987) ni siquiera contemplaba el procedimiento a seguir para la reforma parcial a la Constitución Política y tuvo que ser reformado mediante la Ley N° 69 del 21 de noviembre de 1989, luego de un pacto político y para responder a sus exigencias, para incluir los siguientes artículos (nótese que se utilizan bien diferenciados los términos legislatura y período legislativo):

Artículo 53.- En el caso de la iniciativa de Reforma Parcial de la Constitución Política se procederá conforme lo establecido en ésta y en el presente Estatuto, en lo relativo a su presentación, su dictamen y su primera discusión y aprobación.

 Artículo 54.- La Junta Directiva someterá directamente al Plenario, para su segunda discusión, la iniciativa de Reforma Parcial tal como fue aprobada en la primera legislatura, en los primeros 60 días del siguiente período legislativo.

 Artículo 80.- El sexto período legislativo correspondiente al año 1990 dará inicio el día 22 de Enero del mismo, fecha en se efectuará la Sesión Inaugural respectiva.

El término “legislatura” es polisémico y puede referirse, en general, al órgano que legisla como también al período en el que desempeñan sus funciones los legisladores electos (Diccionario Jurídico RAE). Su definición legal en el ordenamiento jurídico nicaragüense aparece hasta en el año 2006 con la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, como: “período en el que se verifican las sesiones de la Asamblea Nacional que comienza el día nueve de enero y concluye el quince de diciembre de cada año”.

Resulta casi evidente que al establecerse la exigencia de que las reformas constitucionales tengan que ser aprobadas en dos legislaturas se está creando una salvaguarda democrática que impide la manipulación de la “Ley Suprema de la Nación”, que es de interés superior del Estado, para favorecer los intereses particulares de quien se encontrara ejerciendo el gobierno. Como antecedentes de esta salvaguarda democrática en la legislación constitucional nicaragüense tenemos que en la Constitución Política de 1948 se establecía:

Art. 287.- La Constitución y las leyes constitutivas sólo podrán ser reformadas en virtud de una ley aprobada en la forma prescrita en los Artículos 149, 150, 151 y 152 en lo que fueren aplicables, y a condición de que la ley reformatoria sea ratificada por el Congreso Pleno en las sesiones ordinarias siguientes a las nuevas elecciones de diputados y senadores. El Ejecutivo solamente podrá vetar la reforma cuando la reciba para su promulgación después de la ratificación del Congreso Pleno, en cuyo caso éste podrá ratificarla constitucionalmente conforme las reglas generales.” (las negrillas son nuestras)

Por su parte la Constitución Política de 1974 no establece la salvaguarda democrática en los mismos términos que la Constitución Política de 1948, para la reforma constitucional en dos legislaturas (entendidas como períodos electivos), pero al menos contemplaba un proceso que involucraba a las dos Cámaras del Congreso (Poder Legislativo de la época) y al Presidente, como representante del Poder Ejecutivo, en dos períodos legislativos. Es también obvio y remarcable que la Constitución de 1974 ya responde abiertamente a los intereses de la dictadura somocista y de ahí su flexibilización.

Más adelante, en el intento frustrado de reforma constitucional de 1994 (Ley 173 del 23 de febrero de 1994), se trata de eliminar absolutamente la salvaguarda democrática de las dos legislaturas contenida en los artículos 192 y 195[4] de la Constitución Política; esto con el fin de allanar el camino a otras reformas constitucionales que provocaron un conflicto de poderes en 1995. Como resultado de este conflicto de poderes, que en realidad era un conflicto de intereses políticos personales y entre facciones de la Unión Nacional Opositora (UNO) se acudió a la figura de la ley “marco”, como ya ha sido relacionado en el acápite anterior.

Esta flexibilidad interpretativa, que parecía de utilidad en 1989-1990 para dirimir el conflicto fratricida, fracturó definitivamente lo que pretendía ser una salvaguarda democrática y ha llevado a que en los últimos casi 40 años las reformas constitucionales se encuentren orientadas por los intereses y la visión del grupo gobernante del momento.

1.3. Constitución, democracia y ciudadanía

A lo largo del ciclo político que colapsó en el año 2018 el ejercicio de la cultura política oportunista de las élites económicas y políticas logró debilitar paulatina e irremediablemente la legitimidad de las instituciones del Estado, de tal suerte que en este momento ninguna goza de la mínima credibilidad.

Haciendo una somera revisión de las reformas hechas a la Constitución Política de 1987, incluyendo su redacción y entrada en vigencia, podemos resumir que:

  • en todo momento han respondido a la visión del gobernante y/o a un pacto entre las cúpulas políticas y económicas,
  • se han empleado mecanismos con apariencia de legalidad que desvirtúan totalmente la noción de la Constitución Política como una “Ley Suprema”,
  • han ocurrido pasando por encima de las salvaguardas democráticas mínimas establecidas y sin contar en ningún momento con un mecanismo de legitimación democrática popular (plebiscito o referendo).

Con relación al último punto, resulta sugerente el hecho de que el planteamiento de un referendo, que promueve Propuesta Ciudadana como la opción democrática idónea para dar solución a la crisis, sea soslayado de plano por la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Desde la cultura política tradicional de las élites y el autoritarismo del gobierno de turno resulta inimaginable la aplicación de esta figura democrática. En su praxis a lo largo de la historia la única opción viable, para quienes detentan el poder y quienes lo pretenden, es una negociación o pacto que desemboque en una adecuación de las leyes a sus pretensiones; es decir, el mecanismo por el cual llegamos al colapso del sistema político y nos enrumbamos a un nuevo colapso social.

La ciudadanía, por su parte, carente de una cultura democrática desarrollada, pero con ciertos liderazgos visibles que practican y promueven elementos importantes de una nueva cultura política emergente, todavía no ha logrado incidir en los procesos y conflictos resultantes del colapso del sistema político descrito que, de no ser resueltos democráticamente, nos conducirán al próximo colapso social.

COMENTARIOS FINALES

Aunque hay otros posibles mecanismos de nuestra cultura política que aún no han sido suficientemente abordados, este breve análisis nos permite concluir que en una propuesta de salida a la crisis, para evitar el colapso social en proceso de configuración, las actuales fuerzas de oposición tendríamos que:

  1. evitar una negociación política, en el formato tradicional, que culmine en un pacto entre cúpulas y una nueva manipulación de la Constitución Política que pueda significar un reparto de poder y/o la posibilidad de evadir la aplicación de la Justicia a los autores de acciones criminales a partir de abril del 2018 a la fecha, pertenezcan al bando que pertenezcan dichos autores;
  2. intentar un mecanismo de participación ciudadana que permita a la población refrendar o abrogar las reformas constitucionales del año 2014, esto es un referendo, y/o;
  3. adoptar el compromiso de que un futuro gobierno será en esencia transitorio y tendrá en su programa la tarea fundamental de refundar el Estado de Nicaragua en un corto plazo, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que puedan tener participación activa todas las fuerzas políticas de la nación y, principalmente, la ciudadanía.

Actuar de otro modo, pretender aprovechar la crisis para simplemente ir a unas elecciones con ciertas garantías que permitan alcanzar el poder, o defenderlo a ultranza en el caso de una eventual victoria del gobierno actual, para dar inicio a un nuevo proceso de exclusión del segmento de la población que resultare “derrotado” en el futuro, no solo terminaría de configurar el proceso de colapso social que hoy vivimos, sino que sentaría las bases para el próximo colapso del sistema.

Nuestra meta en este momento histórico tiene que ser la corrección de los errores cometidos en el pasado, estableciendo mecanismos de control ciudadano y las salvaguardas democráticas que impidan los abusos de poder y la manipulación de las leyes, en especial los mecanismos que protejan a la ley que contiene y representa nuestro “contrato social”, nuestra Constitución Política. Con la mira puesta en ese horizonte es que tiene sentido ir a elecciones.

* Escrito en colaboración por Adolfo Hurtado y Carlos Pérez Zeledón

[1] El contexto global al momento del colapso en 79 y su no resolución en los ´80, del siglo pasado, tuvo un severo impacto en la intensidad del conflicto, al punto que hoy sigue siendo un análisis dominante en los diversos pensamientos políticos, la guerra fría como motor del conflicto y se aparta la mirada de las contradicciones internas del Estado-Nación que recurrentemente nos devuelven al mismo punto histórico: el colapso del sistema político.

[2] El traslado del poder de manos de quien lo detenta a la oposición no se produce por colapso institucional, ni de se da una exclusión política de una parte de la sociedad, en términos históricos.

[3] Habría que revisar a la luz de criterios de gobernanza si el proceso de Constituyente y elecciones de 1857-1859 es un hito equivalente. Se hace necesario revisar la Constitución 1857-1859, el fraude electoral de 1864 (tercera presidencia de Tomás Martínez elegido por primera vez en la Constituyente de 1857) y los mecanismos de exclusión de los Liberales en este período.

[4]      En la reforma de 1994 fueron eliminadas, del artículo 192 y 195 de la Constitución las referencias a las reformas constitucionales y legislaturas, se cortaron estos fragmentos:      

  • Arto. 192.-… La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas;      
  • Arto. 195.-… con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

Una nueva forma de hacer política para enterrar a la dictadura

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La unión nacida en abril debe organizarse ahora en una coalición. Eso permitirá enterrar a la dictadura y crear las condiciones para que por fin crezca esa criatura que está luchando por nacer y se llama democracia.

El dictador se sentía acosado y se estaba hablando de un posible diálogo. Eran 15 puntos los que se querían tratar, entre los más importantes:

  • Adelantar elecciones recortando el período presidencial en dos años.
  • Elecciones con observación internacional, preferiblemente con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
  • Prohibición absoluta de la reelección y celebrar elecciones municipales.
  • Ejército apolítico, reformas a la Constitución y a la ley electoral, fortalecer la democracia y establecer la justicia social en Nicaragua.

¿La agenda de la Mesa de la Negociación con Ortega en el 2019? Casi la misma, pero con sesenta años de diferencia, esa propuesta a la que me refiero se elaboró en mayo de 1959 y al parecer contaba con la venia de Luis Somoza.

Se le presentó a los que estaban entrenándose en Costa Rica para invadir Nicaragua. La situación en ese momento era algo así como: “mirá Luis, si no aceptas adelanto de elecciones, guerra”. Lo cierto es que lo decían en serio, ya que la propuesta era parte de un plan mayor. La invasión de Olama y Mollejones ya estaba lista y parecía abrirse una última oportunidad para negociar.

La propuesta no prosperó, porque los armados en Costa Rica la consideraron una traición a la causa; también porque sospechaban que era una trampa de la dictadura. La solución tenía que ser por la vía militar. Ya saben, Fidel era el héroe del momento y meterse en la montaña era lo que estaba de moda para botar a los dictadores, cool, como dicen ahora.

Los Somoza al principio se llenaron de miedo al ver dos invasiones militares, que creían eran comandadas por cubanos. También existía el riesgo de una movilización general en las ciudades y un paro que entumecería la economía. Por un momento pareció que los frentes para acabar con la dictadura se habían alineado y que nada detendría el avance de las fuerzas opositoras, apoyadas por un frente político interno cohesionado y bien organizado.

Los muchachos de la invasión, con pobre entrenamiento y peores condiciones político-militares, liderados por Pedro Joaquín Chamorro, se aventaron a invadir Nicaragua el 31 de mayo; y como relata el tercero al mando, Luis Cardenal -que dejó esta historia plasmada en un libro-, la operación fue un fracaso.

Fracasó porque las fuerzas opositoras, que habían formado nunca dejaron los celos y la desconfianza. No se pusieron de acuerdo en la coordinación de una huelga general ni de protestas generalizadas.

El líder político del momento, el doctor Enrique Lacayo Farfán, en vez de persuadir a los militares somocistas de unirse a ellos, amenazó con fusilar a gran parte de la oficialidad y esto generó más cohesión entre las tropas.

Esta lección nos enseña, la importancia de la organización y de la buena planificación; pero también de la unión. Además, es fundamental en el contexto actual, en el que promovemos una nueva forma de hacer política.

Porque cuando decimos que es indispensable transformar el modelo, lo hacemos con el conocimiento de los estragos negativos causados por la vieja cultura política y con el compromiso ineludible de cambiarla.

Porque esta antigua forma de hacer política siempre estuvo plagada de personalismo, sectarismo y caudillismo. Todos ellos defectos, que únicamente conducen a la desunión y por tanto a la debilidad.

La dictadura del 198 está débil y moribunda, como terminan todos los regímenes autoritarios, pero ese estado la vuelve más peligrosa.

Desde abril de 2018, la unión de todos los demócratas apuró el fin de este régimen, cuya muerte dará paso al nacimiento de una nueva criatura, la democracia. Sin embargo, para que este nuevo ser crezca sano, debemos alimentarlo con nuevos valores y una nueva cultura política de tolerancia y respeto, en un ambiente de paz. Pero con justicia y sin impunidad.

Para acelerar el proceso del parto, debemos consolidar esta unión en una coalición que nos cobije a todos. Con ello reduciremos el rango de maniobra de ellos y su capacidad de acosar, torturar, encarcelar y matar impunemente.

También si coordinados y unidos nos manifestamos en todo el territorio nacional, lograremos las ansiadas reformas democráticas. Y la dictadura llegará a su fin, cuando todos juntos defendamos el voto que garantizará el cambio.

Esta unión nacida en abril debe organizarse ahora en una coalición donde alcancemos todos, con el compromiso de no repetir los errores del pasado. Eso permitirá enterrar a la dictadura y crear las condiciones para que por fin crezca esa criatura que está luchando por nacer y se llama democracia.

Texto original del blog: https://juansebastian.ch/

Tomado de 4tomono.com
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¿Por qué la vía electoral?

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A propósito de una reciente entrevista realizada por Jaime Bayly a un reconocido político nicaragüense y el revuelo que ha causado en algunos sectores de la población, en especial usuarios de las redes sociales que demandan “medidas de presión”, el derrocamiento del gobierno del FSLN o la condición de que Daniel Ortega no sea candidato en el próximo proceso electoral; vale la pena retomar algunas ideas expuestas en un artículo anterior y agregar nuevas observaciones a partir del contexto presente.

Derrocar a Ortega

Comencemos diciendo que el comentarista Bayly esperaba que su entrevistado, por ser promotor y abanderado de un bloque “antisandinista”, le proporcionaría alguna declaración incendiaria. El entrevistado, sin embargo, solo atinó a decir que su apuesta es la vía electoral, la participación masiva de la población y la defensa del voto para evitar un fraude. A despecho de quienes quisieran que exista un mecanismo mágico que haga desaparecer milagrosamente a la dictadura, debo decir que la posición del político en cuestión es correcta, aunque no necesariamente el resultado va a beneficiar a su propuesta.

Pensar en que es posible encontrar un mecanismo que logre la salida anticipada de Ortega antes de noviembre del 2021 es bastante rebuscado, entre otras razones, porque para lograrlo sería necesario activar y movilizar a un número no menor que 300,000 ciudadanos y ciudadanas decididos a ir hasta las últimas consecuencias. La falta de organización y articulación entre los distintos grupos que surgieron a partir de las protestas de abril del 2018 fueron la causa principal de su derrota y, al mismo tiempo, el uso excesivo y criminal de la violencia del régimen no ha cesado. Actualmente miles de policías y paramilitares controlan las calles y reprimen indiscriminadamente cualquier tipo de protesta o reunión. No podemos ni por un momento dudar que en caso de ser necesario volverían a asesinar a quienes intenten acciones rebeldes de tipo insurreccional.

Sumado a lo anterior es también necesario reflexionar acerca del posible resultado de un intento de rebelión similar al ocurrido en el 2018. Asumiendo que la empresa privada se hubiese verdaderamente sumado a la lucha mediante un paro indefinido, simplemente no podemos saber cuál habría sido el desenlace; las probabilidades de victoria o derrota son exactamente desconocidas e indeterminables. El hecho de que Policía, Ejército y fuerzas irregulares, la violencia criminal desatada por el régimen y el alto grado de indefensión de la población me llevan a pensar que el resultado habría sido el mismo, con más muertes y víctimas junto al derrumbe absoluto de la economía nacional, que aunque a algunas personas les parezca sin importancia redundaría en más sufrimiento para millones de personas.

¿Y si la insurrección del 2018 hubiese triunfado?… Sencillamente estaríamos inmersos en una guerra civil, porque es extremadamente ingenuo (y hasta estúpido) suponer que los grupos armados adeptos al régimen se iban a quedar de brazos cruzados ante el pueblo desarmado. Más allá de la victoria insurreccional también habría sido necesario acudir a un proceso de legalización y legitimación de quienes accedieran al poder político mediante negociaciones y acuerdos que desembocarían en un proceso electoral, indefectiblemente, con todas las singularidades que enfrentamos ahora mismo: una clase política carroñera disputándose los restos de Nicaragua y una clase económica depredadora tratando de sobrevivir, en medio del desastre.

Ya he señalado que 300,000 personas permanentemente activadas son suficientes para tener posibilidades reales de triunfo en una lucha cívica, al FSLN le bastaría con 10,000 delincuentes armados para truncar cualquier intento de establecer un gobierno postinsurreccional… y el problema es que los tiene y tiene suficientes recursos económicos para mantenerlos. Así planteado, derrocar a Ortega en un escenario no electoral no solo no es la solución a la crisis, sino que se convierte en un verdadero colapso social del cual no podemos saber cuántas décadas nos costará levantarnos.

La salida electoral

Frente al posible escenario electoral los detractores oponen como principales argumentos la obvia posibilidad de que Ortega y el FSLN intenten un fraude, el hecho de que la campaña y las elecciones ocurrirían en un ambiente de violencia y hostilidad del que seguramente resultarán víctimas fatales y que en definitiva lo único que se lograría sería la legitimación del resultado fraudulento. A este negativismo le agregan que es “inadmisible” la candidatura de Ortega, por su innegable condición criminal… Ortega es un asesino, eso nadie lo duda, por lo tanto, según los “genios” de la “propuesta insurreccional”, no podemos admitir que compita en unas futuras elecciones. Está de más decir que, como suele suceder, los críticos no tienen la mínima idea para salir de la crisis por una vía que no sea la electoral, asumen que mágicamente desaparecen todos los obstáculos mencionados en el capítulo anterior y luego de no sé qué milagro llega no sabemos quién al poder sobre los hombros de las masas populares sublevadas.

Debo decir que la negatividad de los detractores de la vía electoral está bien justificada. Ortega y el FSLN van a intentar mantenerse en el poder por todos los medios a su alcance, habrá un intento de fraude y seguramente nuestras vidas correrán peligro durante la campaña y mientras se luche por evitar el fraude, pero… ¿no correríamos igual o más peligro intentando nuevamente una insurrección?… ¿acaso estamos seguros ahora?

Si el éxito de una insurrección cívica es altamente probable cuando tenemos a trescientas mil personas protestando en las calles, ¿qué pasaría si logramos movilizar al menos a un millón de personas en el marco de un triunfo electoral opositor?… ¿Y si se desbordan dos millones de personas en protesta por el fraude?… ¿Cuál sería la reacción del Ejército y la Policía?… ¿Cuál sería la reacción de quienes hasta el día de hoy justifican los crímenes del FSLN con el pueril argumento del “golpismo”?

Si bien es cierto no podemos dar una respuesta positiva tajante a las preguntas anteriores, también lo es que hay un cambio radical de contexto favorable a quienes queremos terminar con la dictadura. Las insurrecciones, nos guste reconocerlo o no, están fuera del marco legal de todos los países del mundo… los fraudes electorales también. En este nuevo escenario a nosotros nos asiste no solo la razón, sino que también la ley… y eso es mucho más importante de lo que parece a simple vista, si pretendemos enrumbar a Nicaragua por el camino de la democracia.

Los escenarios posibles

Resumiendo este análisis, tenemos que estamos frente a cinco posibles escenarios, que en realidad son cuatro (ya expliqué que el triunfo de un intento de insurrección nos llevaría, indefectiblemente, a una guerra civil y/o a un escenario electoral):

  • El escenario haitiano: Que ocurriría si el FSLN logra perpetrar el fraude electoral y se organizan grupos fuertes de oposición que le impidan gobernar.
  • El escenario cubano: Que ocurriría si el FSLN ganara limpiamente las elecciones o si un nuevo intento de rebelión fuera nuevamente aplastado por la fuerza.
  • El escenario venezolano: Que tendría lugar si la oposición no logra ganar con la cantidad de votos suficientes para controlar y reorganizar los Poderes del Estado actualmente bajo el dominio total del régimen. Este escenario es factible tanto si la oposición unificada no alcanza al menos el 70% de los votos como si los votos se distribuyen entre grupos opositores divididos.
  • El escenario boliviano: Donde una victoria aplastante de la oposición obliga al Ejército y a la Policía a reconocer los resultados y someterse a la voluntad popular.

Para concluir, remitiéndome nuevamente a mi artículo anterior, tengo que decir ahora que aunque exista una serie de condiciones exigibles y deseables es altamente probable que dichas condiciones no sean facilitadas por la dictadura y nos correspondería a nosotros, la ciudadanía organizada, decidir cómo actuar. Los escenarios, invariablemente, serán los mismos, con o sin las condiciones a que aspiramos.

Yo apuesto por la vía democrática, por el civismo y el apego a lo legal; es evidente que mientras los criminales sigan en el poder no habrá manera de hacer que enfrenten a la Justicia y respondan por sus acciones. Creo que la ruta electoral es donde tenemos la mejor oportunidad de salir de la crisis con menores costos en vidas humanas y menos sufrimiento para más familias nicaragüenses, que, al final de cuentas es lo que tiene que importarnos.