El rol de la Unidad Nacional ante la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional

¿A qué juega la Alianza Cívica?

Tal y como se esperaba, esta semana (exactamente el lunes 26 de octubre 2020) la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció su salida de la Coalición Nacional (CN) y, si bien el hecho no causa ninguna sorpresa, vale la pena dedicar unas líneas a evaluar esta jugada en el penoso “ajedrez político” que se juega frente a un adversario que nos tiene encañonados y amordazados, tanto a los jugadores que pretenden retarlo como a los espectadores forzados.

Antecedentes

Como es bien sabido, la ACJD nace de la convocatoria realizada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para intentar un diálogo entre grupos opositores que sostenían una abierta insurrección frente al régimen y que estaban siendo reprimidos con extrema y criminal violencia. La ACJD es un intento de organización fundada por las organizaciones y personas asumidas como representativas de la Sociedad nicaragüense: empresa privada, academia, movimiento campesino, sociedad civil organizada y algunos estudiantes universitarios.

En un aparente intento de ampliar la base social para legitimar a la ACJD como interlocutora frente al gobierno, para el mes de octubre del 2018 un nuevo bloque de organizaciones se suma a la ACJD y crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Durante poco más de un año la ACJD y la UNAB (curiosamente la ACJD nunca se asumió como parte integrante de la UNAB, sino como organización independiente) discutieron la integración de otras organizaciones y partidos políticos para consolidar un solo bloque opositor frente al régimen del FSLN. Y es así como en el mes de febrero nace la Coalición Nacional bajo la presión del Movimiento Campesino y no sin antes producirse una extraña división de la UNAB, con la salida la ACJD en el mes de diciembre del 2019.

Cabe destacar que este extraño proceso de encuentros y desencuentros provocados por la ACJD ha estado siempre acompañado por el “coqueteo” con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, antes Partido Liberal Independiente (PLI)), cuya personería jurídica fue aparentemente otorgada por el régimen del FSLN bajo condición de disolver la alianza que por ese entonces, como PLI, sostenía con el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La causa de las simpatías entre la ACJD y CxL no es nada rebuscada: CxL es en realidad el mismo partido creado por Eduardo Montealegre (empresario/banquero) que ha existido y corrido en elecciones anteriores con distintas siglas y que en el año 2006 estuvo presta a reconocer el “triunfo” del FSLN en las elecciones generales para agenciarse el “segundo lugar” por encima de su rival (de donde sale el mismo Montealegre) Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin la colaboración del PLI de Eduardo Montealegre (antecedente directo de CxL) durante el período legislativo 2007-2011, incluyendo la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y otras iniciativas, el FSLN no habría podido afianzarse en el poder.

Si sumamos a estos antecedentes el hecho de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hasta el mes de abril del 2018 venía cogobernando con el FSLN bajo un modelo denominado de “diálogo y consenso” elevado a rango constitucional en las reformas aprobadas entre los años 2013 y 2014 por la Asamblea Nacional dominada por mayoría absoluta del FSLN, tenemos los ingredientes necesarios para plantearnos dos escenarios que podrían explicar los aparentemente erráticos movimientos de la ACJD.

Primer escenario: “oxigenar” al régimen

Algunos analistas y comentaristas han planteado, desde la instalación del diálogo nacional, que el COSEP pretendía una salida negociada que garantizara un “aterrizaje blando” al gobierno del FSLN. Esta idea parte de la premisa de que el COSEP necesita garantizar la estabilidad económica de su socio (que implica la estabilidad económica del país, debido a la magnitud del capital que maneja como producto de los negocios con Venezuela) y, al mismo tiempo, impedir que salgan a luz los detalles de sus relaciones de negocios con el FSLN. Una segunda idea fuerte de este razonamiento es que el FSLN estaba “a punto de caer” debido a la presión popular en las calles. Seguramente recordamos a aquellos comentaristas que desde sus programas televisivos gritaban eufóricos: “¡Vamos ganando!”. “¡Los tenemos locos!” o afirmaban que, según sus fuentes, “solo están definiendo quiénes se irán en el avión”.

Aunque en un primer momento este escenario parece razonable y probable (tomando también en cuenta que los empresarios cabildearon en los Estados Unidos en contra de las sanciones que amenazaban al gobierno del FSLN desde el 2017), la verdad es que desde la entrada en escena del COSEP como grupo opositor le fue asignada la denominación de “traidor” por el gobierno del FSLN y eso nos tiene que llevar a pensar que la ruptura es (o era) real. En tal caso, el COSEP no buscaba el “aterrizaje suave” del gobierno, sino el propio. Un escalamiento de lo que se planteaba como una rebelión o insurrección popular podría perfectamente redundar en un “ajuste de cuentas” popular en contra de los socios del régimen… los empresarios estaban salvando, o tratando de salvar, su propio pellejo.

Ya de plano confrontados por el gobierno, los empresarios deciden seguir apostando a la unidad con el resto de la sociedad nicaragüense organizada para apoyarse en ella y el respaldo de la comunidad internacional con el ánimo de sobrevivir. Estando absolutamente todos los hilos del poder en manos del FSLN los empresarios privados saben que su situación está seriamente comprometida. Así, una variante de este escenario es que, solapadamente, la empresa privada está tratando de tener en sus manos la capacidad de negociar con el FSLN ofreciéndole lo único que al FSLN le interesa en este momento, que es el control sobre las fuerzas opositoras.

Lo expresado en párrafo antecedente también es concordante con la tradición histórica nicaragüense de conflictos y pactos entre grupos de élite.

Segundo escenario: la toma del poder

La segunda opción posible es que, tomando en cuenta todos los mismos antecedentes y el planteamiento del primer escenario, la empresa privada y resto de la ACJD han definido como objetivo serio, probable y realizable la toma del poder mediante un proceso electoral que sería posible gracias a las sanciones y presiones internacionales en contra del régimen. ¿Por qué tendría la empresa privada que ceder su posición de cogobernante que ya goza de rango constitucional con el actual gobierno?

Aprovechando sus relaciones con los grupos opositores la ACJD ha logrado determinar las debilidades de esos grupos y ha decidido “apostar por lo seguro” (algo natural desde la visión empresarial) que es establecer una alianza con un partido político que ya tiene una “casilla”, programa y estructuras organizadas para hacer frente a un proceso electoral. Aquí vale la pena decir que en este escenario la ACJD asume que irá a elecciones con o sin las condiciones que plantea la Coalición Nacional. Una alianza entre la ACJD y CxL no pone en riesgo el estatus político alcanzado por la empresa privada, más bien lo garantiza. Nótese también que CxL no tendría ningún problema para negociar con el FSLN el ser “la segunda fuerza política de peso” en un posible pacto entre élites, puesto que lo han hecho antes y podría decirse es su “mínima aspiración” histórica, como organización heredera del PLC y a la tradición pactista en la vieja cultura política nicaragüense.

Teniendo en cuenta el fetiche de la “unidad para enfrentar al régimen” que se orienta tradicionalmente hacia la polarización de la sociedad ante la falta de propuestas políticas coherentes, el hecho de que evidentemente el porcentaje de la población que adversa al FSLN es mayor que el porcentaje de quienes apoyan al gobierno, junto con las medidas de presión de la comunidad internacional, parece un escenario factible para que, en cualquier caso, una fuerza opositora unificada logre vencer al FSLN en el futuro proceso electoral. Según este razonamiento, quienes quieran anotarse “al caballo ganador” tendrían que sumarse al proyecto que empuje la ACJD y someterse a sus designios o, más bien, a los designios de la clase empresarial.

El doble conflicto y la apertura de espacios a una Nueva Cultura Política (NCP)

Partiendo de la tesis de nuestro correligionario (en Propuesta Ciudadana) y amigo, Adolfo Hurtado, en Nicaragua a partir de abril del 2018 se vive un “doble conflicto”: un conflicto tradicional (de la VCP) que gira alrededor del ejercicio excluyente del poder político o su “repartimiento” y un conflicto que gira alrededor del establecimiento o restablecimiento de los derechos y de la democracia (de la NCP).

El actual acercamiento de la ACJD al CxL, a instancias de la empresa privada, es una manifestación de la VCP que satisface plenamente la propuesta teórica de Hurtado, pero, todavía hay más: al momento de redactar este artículo llega a mis manos una “proclama” suscrita por personas miembros y enlaces de las estructuras territoriales (departamentales y municipales) de la ACJD que rechazan la decisión y optan por mantenerse dentro de la Coalición Nacional, conservando incluso el mismo nombre. En dicha proclama destacan algunos elementos de la NCP, como el desconocimiento a las decisiones de las élites (caudillismo o verticalismo) así como la disposición de establecer el diálogo como mecanismo de resolución de los conflictos, por encima de las imposiciones o pugnas de poder y protagonismo.

Visto de este modo, la salida de la ACJD de la Coalición Nacional abre un espacio importante para la conformación y consolidación de un bloque político que puede perfectamente presentarse a un proceso electoral con un discurso de cambio de sistema, habida cuenta de que los socios principales del modelo de gobierno actual (ambos claros representantes de la VCP) nos plantean más de lo mismo, con algunas componendas entre las élites para un nuevo reparto del poder. Ni en sueños pasa por la mente de CxL o el COSEP un cambio del modelo constitucional actual de cogobierno, por ejemplo, y tampoco la necesidad de un cambio hacia la verdadera democratización de la economía.

El rol de la Unidad Nacional (UNAB) en la Coalición Nacional

Desde Propuesta Ciudadana, como organización miembro de la UNAB, hemos sido promotores y parte activa de los procesos de construcción y consolidación de sus estructuras, por lo que puedo afirmar con toda seguridad que la UNAB es actualmente el espacio ideal para que germine la semilla de la NCP que se manifestó con mucha fuerza a partir de abril del 2018 en nuestro país. Hasta este momento; con todas las dificultades que nos plantean la represión del gobierno del FSLN, la pandemia del COVID 19 y las dificultades económicas consecuentes; está bien encaminada a ser una fuerza política trascendente en la historia de Nicaragua, sin embargo, para lograrlo, tiene que terminar de solventar tres aspectos que me parecen fundamentales:

1.- La consolidación de una institucionalidad fuerte que garantice que las normas debidamente consensuadas y aprobadas estén por encima de las voluntades de las personas o de grupos de élite dentro de sus estructuras, la interpretación de las normas solo puede pertenecer a la Asamblea Ciudadana, como máximo órgano para el ejercicio de la soberanía de sus miembros y la expresión de su voluntad soberana. La UNAB tiene que asumir el estandarte de la Nueva Cultura Política no desde el discurso, sino desde la práctica cotidiana.

2.- La construcción de una visión de nación incluyente, integradora y segura que vaya más allá del simplismo “democracia vs. Dictadura” o de la metafísica “lucha del bien contra el mal”, tomando conciencia plena de la complejidad del problema sistémico de la sociedad nicaragüense para aportar propuestas de solución factibles y medibles en el corto, mediano y largo plazos; propuestas que necesariamente involucren a, y cuenten con, la participación de las bases en los territorios. Un primer paso positivo en esta dirección ha sido la decisión asamblearia de incorporar a los Consejos Municipales de cada municipio de Nicaragua en la Asamblea Ciudadana de la UNAB, todas las estructuras territoriales de base contarán con voz y voto en el plenario de la organización para la toma de sus decisiones.

Se hace necesario abandonar el discurso confrontativo y polarizante que, como he dicho antes, es característico de la VCP en sus tradicionales “luchas por el poder”, la ciudadanía nicaragüense, sin distingo de colores políticos, debería de poder sentirse identificada con las propuestas de la Unidad Nacional; sin temor a represalias, exclusión o confrontación violenta.

3.- El diseño y puesta en práctica de un plan estratégico acorde con la visión de corto, mediano y largo plazos que, entre otras cosas, logre posicionar y potenciar dos aspectos sustanciales de la NCP que sustentan el programa o visión de nación:

  • La participación ciudadana
  • La descentralización y desconcentración del poder

Con estas herramientas la Unidad Nacional podrá incidir con fuerza en la construcción de una Coalición Nacional que logre romper la propuesta “bipartita” que se vislumbra puede provenir desde los representantes de la tradicional o vieja cultura política para, mediante la polarización de la sociedad, garantizar el poder (o una mejor posición dentro del esquema de poder) a quien demuestre más músculo el día de las elecciones o tenga menos escrúpulos para aplastar al otro.

La propuesta que la Unidad Nacional tiene que aportar a la Coalición Nacional y a la sociedad nicaragüense tiene que ser una que nos permita “ganar” a todos y todas, establecernos como una Nación democrática, con un verdadero Estado de Derecho y, en definitiva, desarrollarnos como el país civilizado que en realidad somos. La membresía de Propuesta Ciudadana está profundamente comprometida con este esfuerzo y tenemos la certeza de que la inmensa mayoría de las organizaciones miembros de la UNAB también lo están.

Las puertas de nuestra organización permanecen abiertas para trabajar con las y los nicaragüenses que deseen cambiar el destino de nuestra nación hacia un futuro mejor.

La Alianza Cívica abandona la Coalición Nacional

La salida de la Alianza Cívica deja en manifiesto la deficiente gestión que sus miembros han hecho durante la crisis política. Nunca entendieron y no entienden las necesidades de este país. La enorme influencia o cooptación de la Alianza Cívica por el gran capital los condenó al fracaso. Si ayer la alianza público-privada con Ortega condenó a Nicaragua a destruir su institucionalidad porque la supeditaron sus intereses económicos, no es nada diferente a lo que están haciendo hoy. Si la decisión de la Alianza Cívica de salirse de la Coalición Nacional la tomaron pensando en proteger los intereses del gran capital, ignorando la postura de sus bases territoriales, están repitiendo el modelo que tenían con Ortega antes del 2018. Es difícil de comprender que estén más dispuestos a entenderse con Ortega que a lograr acuerdos con la oposición. Dirigir y solucionar los problemas de una nación no es igual a manejar una empresa. La politica no debe supeditarse a la economia. Nicaragua no es una finca.

La Alianza Cívica debió asumir con humildad que se equivocaron y quedarse para enmendar esos errores, reconfigurar esa Coalición Nacional y hacer de ella un espacio que respondiera a las expectativas de la población. Dejan a la deriva lo que ellos mismos edificaron y sin claridad o transparencia de lo que quieren hacer a partir de su salida. ¿Se van porque la CN no es una opción democrática para los nicaragüenses o porque no satisface sus intereses o expectativas particulares? Hay una diametral diferencia entre una y otra opción.

La salida de la Alianza Cívica solo aumenta la incertidumbre y vuelve más complejo el mapa de actores. A nivel nacional hay una sociedad polarizada, con un alto nivel de hartazgo hacia la clase política que no supo manejar la crisis y lograr la salida de Ortega. Una enorme mayoría quiere la salida del FSLN del poder, pero tampoco se identifica con los grupos opositores. La Comunidad Internacional presiona para que lo interno exista una unificación de la oposición, como también darle una identidad al liderazgo político para movilizar a la gente a unas eventuales elecciones o para presionar la salida de Ortega dependiendo del escenario. ¿A quién va a reconocer la CI como el grupo opositor legitimo contra el gobierno? ¿Alianza Cívica o Coalición Nacional? Una disputa innecesaria que tiene como repercusión que la CI dude del liderazgo de la oposición y alargue la estadía de Ortega en el poder para mantener la estabilidad en la región y el país. ¿A quién va a reconocer Ortega como el grupo opositor? Todas las negociaciones o diálogo con Ortega han sido con la Alianza Cívica. En unas eventuales negociaciones sobre las reformas electorales Ortega podrá elegir entre la Alianza Cívica o la Coalición Nacional. Puede elegir entre sus antiguos socios de cogobierno o los partidos políticos tradicionales aglutinados en la CN. Hay que recordar que el segundo intento de dialogo fue patrocinado por los banqueros. Ortega podrá decidir negociar con el grupo que sea más allegado a sus intereses y le sea menos incómodo.

Es evidente que los nicaragüenses nos habíamos creado grandes expectativas a partir de la crisis de abril 18. Lo que vivimos no es lo que queríamos construir. Estamos cerca de cumplir tres años de crisis con enormes pérdidas en vidas humanas y la economía nacional retrocede a pasos agigantados. Todos coincidimos en que la continuidad de Ortega es insostenible y que la urgencia es lograr su renuncia o salida. Es una urgencia, pero Ortega solo es una parte del problema.

Aunque las cosas marchen mal no podemos condenarnos a vivir en dictadura. Creo que en este momento lo que podemos hacer es exigir y condicionar a la oposición para que no participe en un proceso electoral donde no hay condiciones y garantías previas. El combo de leyes introducidas y aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen más las libertades ciudadanas y el aumento selectivo de la represión nos hace pensar que Ortega cierra toda posibilidad de una salida electoral a la crisis, lo que nos lleva a recurrir a un plan B, pero eso dependerá de la participación activa de la ciudadanía para imponer a la oposición líneas rojas, una ciudadanía organizada para defender sus derechos y luchar contra el autoritarismo de este gobierno.

Coalición sin corrupción

Este mes que llevo descansando, retirado de los espacios políticos, me ha dado la oportunidad de escuchar a la gente y percibir esa otra realidad de la población respecto a la crisis política. Es interesante porque la gente no está desconectada de la crisis, tienen mucho conocimiento de los acontecimientos, sobre la oposición y la represión que ejerce el régimen. Incluso hasta simpatizantes sandinistas han hablado conmigo expresándome que el cambio de gobierno es irremediable. Y no son de estos sandinistas fanáticos o serviles, son sandinistas con un alto nivel de formación que conocen la realidad de la estructura de su partido y reconocen las fracturas internas.

No es cierto que existe “apatía” por la cuestión política del país, existe un descontento generalizado por el papel de la oposición para presionar a Ortega por una salida. Pero así como hay sandinistas descontentos con su partido, hay opositores que han dado marcha atrás y no ven con malos ojos al régimen de Ortega.

La crisis no es lineal, se mueve vertiginosamente en varias direcciones, desde posiciones políticas extremistas a puntos coincidentes entre bandos aparentemente irreconciliables, pero me resulta interesante que estos sandinistas que están casi en la disidencia se estén alejando del partido por la crisis económica y la corrupción dentro de las estructuras del gobierno y no por la represión descarnada. Y, por el otro lado, que opositores que durante abril participaron en las protestas en este contexto valoren más su estabilidad económica y para eso se hayan visto “obligados” a cambiar su posición política y obvien las consecuencias de la represión. Puedo equivocarme con esta aseveración, pero pareciera que son los simpatizantes del régimen los que van a determinar la caída de la dictadura.

Hace unos días se lanzó “la gran Coalición Nacional” en medio de un Estado de sitio descomunal. Cualquier intento de unificar a la oposición debe ser aplaudido, por supuesto. La interrogante de siempre es: ¿unidos alrededor de qué? Aparentar unidad no sirve de nada. La gente desconfía de la UNAB, la Alianza Cívica, los campesinos, los partidos políticos y los estudiantes; que todavía son percibidos con respeto, pero dicen que “les falta experiencia”. Y sobre todo hay un reclamo exigiendo “soluciones”. La oposición no ha sido capaz de catalizar las demandas de los nicaragüenses. Eso es algo que lo dije en muchas ocasiones, que estábamos construyendo un país desde nuestra visión como opositores y no desde las aspiraciones de los nicaragüenses de a pie.

Entiendo perfectamente por qué la gente no se siente identificada con las propuestas hasta ahora planteadas, porque no ven plasmadas sus demandas en esas propuestas. Otro dato interesante es que el tema económico sea más importante que los derechos humanos y la democracia.

La gente percibe mucho más importante la parte económica. Ese debe ser un tema a trabajar: concientizar y hacerle entender a los nicaragüense que para lograr un desarrollo económico y social de calidad necesitamos defender los derechos humanos y construir y defender una democracia fuerte, sin ambos elementos no tendremos un desarrollo económico sostenible o se repetiría el caso de que el crecimiento económico solo beneficiaría a una pequeña cúpula allegada al poder político y económico. Esa desconfianza podría ser erradicada si la oposición fuera capaz de construir un plan de nación para reconstruir el país en la etapa post-Ortega y de tener un plan de acción para reactivar la resistencia contra la dictadura.

Azahalea Solís, dijo en el programa Esta Noche, que: era “impensable construir una Coalición Nacional sin la participación de la Contra”. Yo sigo pensando que siguen apostando por acercarse a estas organizaciones que la población identifica como anti-sandinistas y eso en aras de eliminar esa idea de que se quiere un orteguismo sin Ortega. No me molesta la participación del FDN, pero se le está dando un peso político que no tiene.

Hace poco se le rindió homenaje a Enrique Bermúdez como “héroe de la democracia”, con puros fines politiqueros. Yo no podría estar más en desacuerdo, cuando la contra cometió delitos de lesa humanidad en los años 80’s y firmó en los acuerdos de Sapoá una amnistía general que les absolvía a ellos y al sandinismo de ser investigados y juzgados por estos crimenes. La Contra también es responsable de que no haya habido un proceso de reparación, verdad y justicia al concluir la guerra.

No me molesta la participación de la Contra, sino esa imagen que quieren verder de la Contra. Quieren utilizar las heridas de la guerra para derrotar a Ortega y esa es la peor estrategia que se puede usar, sobre todo en los más jóvenes (60% de la población de Nicaragua es joven). No están trabajando en una visión hacia el futuro. Los más jóvenes trabajamos nuestro presente pensando en el futuro y si van a revivir a reliquias de la guerra no nos va interesar.

También estuvo presente María Fernanda de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán en el acto de la Coalición. En lo particular no estaba de acuerdo con la participación de los partidos políticos tradicionales, pero fui madurando esa idea y creímos necesario que las bases de los partidos fueran parte de la Coalición Nacional, por supuesto proponiamos vetar a las cúpulas de dichos partidos. Miembros jóvenes del PLC nos han expresado que el partido no está controlado por Alemán y su esposa, y que hay mecanismos democráticos internos. El PLC que pactó en el 98 con el FSLN no es el mismo, pero queda ese estigma de que a partir del pacto es que se le permite a Ortega llegar al poder.

A partir de aquí tenemos la participación de una organización implicada en crimenes de lesa humanidad y facilitador de una amnistía, cuando se trata de conseguir justicia, y la inclusión de un partido político pactista, cuando se trata evitar un pacto con el régimen. Todas esas incongruencias que percibe la población en la oposición desalientan la esperanza de encontrar una solución a la crisis política.

La cultura política del último colapso del sistema político nicaragüense (1987 – 2018)*

INTRODUCCIÓN

La crisis sociopolítica nicaragüense continúa estancada, sus efectos en el ámbito económico ya causan estragos y gran parte de la población se encuentra desesperada, angustiada ante la falta de voluntad del gobierno para encontrar soluciones y cuyas acciones represivas más bien parecen acercarnos cada día más peligrosamente a un colapso social de magnitudes incalculables. Sin embargo, como se abordará en esta reflexión, es de suma importancia entender que el actual proceso es consecuencia del colapso del sistema político, en su esencia no tiene que ver con el ascenso al poder del FSLN en el 2007 y tampoco es producto de un problema atribuible a personalidades concretas (aunque estas configuran el modo en que se desarrolla el conflicto), sino, más bien, es el resultado del ejercicio de una cultura política profundamente arraigada en nuestra sociedad.

Se ha señalado reiteradamente, en otras ocasiones y foros, que Ortega y Murillo son sólo la expresión visible de los aspectos más negativos de nuestra cultura política tradicional, ellos son la materialización de los problemas de fondo que ahora enfrentamos.

¿Son reconocibles los mecanismos que en este nuevo proceso de colapso del sistema político nos condujeron al problema que se manifiesta en la degradación de la legitimidad, la concentración del poder y el incremento de la exclusión social?

LAS BASES DEL NUEVO COLAPSO A PARTIR DEL COLAPSO DE 1979

Del colapso de 1979 emergió un Estado con legitimidad limitada, por la exclusión automática de toda la población identificada como somocista, que se resquebrajó aún más por las tensiones y las imposibilidades de diálogo entre los actores envueltos en los conflictos de los años inmediatos. En este contexto, la Constitución Política de 1987 nace de una Asamblea Constituyente electa en un período de guerra, con espacios muy reducidos de negociación, dados por la realidad nacional y su contexto internacional[1], que impiden construir la legitimidad plena del Estado constituido (independientemente del argumento de por qué se haya producido esta brecha).

La brecha de la legitimidad limitada del Estado Nacional resultante del colapso de 1979, tendió a cerrarse con las elecciones de 1990 (único proceso documentado en la historia post colonial que ha dado como resultado un Estado legítimo producto de un[2] proceso de paz-negociación-elecciones[3]). Las elecciones permitieron un traspaso del poder al oponente en el marco de una cultura de paz. No obstante, como veremos a continuación, la forma escogida para salir de la crisis y la guerra civil marcó el inicio de la inestabilidad jurídica constitucional y sentó las bases del proceso de degradación del sistema político que nos trajo a la tragedia actual.

LA CULTURA POLÍTICA DEL ÚLTIMO PROCESO POLÍTICO EN SU RUTA HACIA EL COLAPSO

Podemos decir que desde el último colapso (1979) al menos tres mecanismos de nuestra cultura política nos condujeron al proceso de pérdida de la institucionalidad democrática y al consecuente fracaso del sistema político actual: los pactos políticos y las leyes “marco” que produjeron, las salvaguardas democráticas deficientes para aplicar cambios constitucionales y el deficiente ejercicio de la ciudadanía frente a los cambios constitucionales.

1.1. Los pactos políticos y las leyes “marco”

Con el término “ley marco” se conoce al instrumento utilizado en 1990 para adelantar las elecciones y poner fin a una guerra fratricida que se había intensificado por el conflicto internacional conocido como “la guerra fría”, que enfrentaba a las potencias occidentales con el denominado “bloque socialista” encabezado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Concretamente el texto de esa primera ley “marco” de 1990 está contenido en los considerandos de la primera reforma a la Constitución Política de 1987 que literalmente dicen:

I. Que el Presidente de Nicaragua suscribió el 4 de Agosto de 1989, un Acuerdo con dieciocho partidos políticos donde convinieron que las autoridades ejecutivas y legislativas que resulten electas el 25 de Febrero de 1990, tornarán posesión de sus cargos el 25 y 24 de Abril de 1990, respectivamente.

II. Que para el cumplimiento de dicho Acuerdo se hace necesario reformar transitoriamente la Constitución Política de Nicaragua, reforma que se ha realizado en dos legislaturas y en dos debates: El diez de Octubre de 1989 el primero, y el treinta y uno de Enero del corriente año el segundo.

Y es de este modo que se introduce en nuestro sistema político la posibilidad de reformar a conveniencia la Constitución Política como resultado de un pacto entre cúpulas en un período de gobierno. Esto tiene como consecuencia directa que los cambios constitucionales de aquí en adelante responden a intereses de gobierno y no a intereses de Estado.

La justificación de esta primera ley marco de 1990 parece evidente: había que detener la guerra dando cumplimiento a los acuerdos suscritos, sin embargo, la decisión abrió las puertas a una flexibilidad jurídica tal que la Constitución Política de Nicaragua de 1987 ha sido reformada nueve veces para satisfacer las necesidades y caprichos de las élites políticas y económicas de nuestro país. Es así como la misma figura jurídica (ley marco) se volvió a utilizar en los años 1995 y 2005, luego de cambios a la Constitución Política de 1987 que, por falta de un juego político asertivo, generaron gran inestabilidad. De igual manera, aunque no se utilizara el mismo instrumento, comparte la misma naturaleza el “Pacto Alemán – Ortega” de 1998, que provocó las reformas constitucionales que a la postre permitieron al FSLN ganar las elecciones del 2006 en primera ronda (mediante la reducción del porcentaje de votos necesario).

Durante el desarrollo del conflicto actual se continúa proponiendo la negociación de una “ley marco” como un mecanismo válido y necesario para dar solución a la crisis, sin embargo el uso recurrente de una negociación que requiere de una “ley marco” para dar salida a los conflictos de intereses políticos produce inevitablemente el deterioro de la legalidad y la legitimidad institucionales, deterioro que es la verdadera raíz del colapso actual del sistema político nicaragüense por dos razones fundamentales:

  • Primero, está el hecho de que una “ley marco”, resultante de un pacto político, termina siendo más importante que la Constitución Política, es decir, en el sistema político nicaragüense actual la Constitución Política no es la “Ley Suprema” y puede ser modificada a conveniencia de quienes ejercen el poder.
  • Segundo, como consecuencia directa de lo anterior, el Estado y el ejercicio del Gobierno dependen de la voluntad de cúpulas o élites y no de la voluntad popular, desapareciendo la noción de soberanía y, con ella, la legitimidad general del Estado y sus instituciones jurídicas.

1.2. Ciclos legislativos y reformas constitucionales

En Nicaragua a partir de 1989-1990 adoptamos de facto la interpretación del término “legislatura” (que se menciona en la parte final del artículo 192 constitucional) como ciclo administrativo y no como ciclo electivo (duración del mandato alcanzado por la vía electoral) para realizar reformas constitucionales y que las mismas produzcan efectos casi inmediatos. Es decir, se hace suficiente dar por concluido un ciclo administrativo (o período legislativo) de la Asamblea Nacional, cosa que puede ocurrir de un momento a otro pues es potestativo de la Asamblea Nacional abrirlos y/o cerrarlos, para proceder a realizar estos cambios en el Contrato Social y no mediante la ratificación de un órgano legislativo renovado por la vía electoral, que con un posible nuevo balance de poder en su composición permitiría valorar si lo que las reformas entrañan es un verdadero interés del Estado y no del gobierno de turno.

Recordemos que, como parte del proceso de refundación del Estado de Nicaragua y como consecuencia del colapso social de 1979, habían sido derogadas la Constitución Política previa (1974) y con ella las leyes que organizaban los distintos Poderes del Estado. Nicaragua funcionaba con un “Estatuto Fundamental” y con un “Consejo de Estado” que hacía las veces de órgano del Poder Legislativo. Es con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1987 que nace la Asamblea Nacional de Nicaragua y comienza a funcionar con nuevas disposiciones y normativas internas. Este dato es de suma importancia para explicar que el término “legislatura” utilizado en el artículo 192 de la Constitución de 1987 en ese momento no tiene definición legal en el ordenamiento jurídico vigente.

En 1989 el “Estatuto General de la Asamblea Nacional” (Ley No. 26 de 3 de Agosto de 1987) ni siquiera contemplaba el procedimiento a seguir para la reforma parcial a la Constitución Política y tuvo que ser reformado mediante la Ley N° 69 del 21 de noviembre de 1989, luego de un pacto político y para responder a sus exigencias, para incluir los siguientes artículos (nótese que se utilizan bien diferenciados los términos legislatura y período legislativo):

Artículo 53.- En el caso de la iniciativa de Reforma Parcial de la Constitución Política se procederá conforme lo establecido en ésta y en el presente Estatuto, en lo relativo a su presentación, su dictamen y su primera discusión y aprobación.

 Artículo 54.- La Junta Directiva someterá directamente al Plenario, para su segunda discusión, la iniciativa de Reforma Parcial tal como fue aprobada en la primera legislatura, en los primeros 60 días del siguiente período legislativo.

 Artículo 80.- El sexto período legislativo correspondiente al año 1990 dará inicio el día 22 de Enero del mismo, fecha en se efectuará la Sesión Inaugural respectiva.

El término “legislatura” es polisémico y puede referirse, en general, al órgano que legisla como también al período en el que desempeñan sus funciones los legisladores electos (Diccionario Jurídico RAE). Su definición legal en el ordenamiento jurídico nicaragüense aparece hasta en el año 2006 con la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, como: “período en el que se verifican las sesiones de la Asamblea Nacional que comienza el día nueve de enero y concluye el quince de diciembre de cada año”.

Resulta casi evidente que al establecerse la exigencia de que las reformas constitucionales tengan que ser aprobadas en dos legislaturas se está creando una salvaguarda democrática que impide la manipulación de la “Ley Suprema de la Nación”, que es de interés superior del Estado, para favorecer los intereses particulares de quien se encontrara ejerciendo el gobierno. Como antecedentes de esta salvaguarda democrática en la legislación constitucional nicaragüense tenemos que en la Constitución Política de 1948 se establecía:

Art. 287.- La Constitución y las leyes constitutivas sólo podrán ser reformadas en virtud de una ley aprobada en la forma prescrita en los Artículos 149, 150, 151 y 152 en lo que fueren aplicables, y a condición de que la ley reformatoria sea ratificada por el Congreso Pleno en las sesiones ordinarias siguientes a las nuevas elecciones de diputados y senadores. El Ejecutivo solamente podrá vetar la reforma cuando la reciba para su promulgación después de la ratificación del Congreso Pleno, en cuyo caso éste podrá ratificarla constitucionalmente conforme las reglas generales.” (las negrillas son nuestras)

Por su parte la Constitución Política de 1974 no establece la salvaguarda democrática en los mismos términos que la Constitución Política de 1948, para la reforma constitucional en dos legislaturas (entendidas como períodos electivos), pero al menos contemplaba un proceso que involucraba a las dos Cámaras del Congreso (Poder Legislativo de la época) y al Presidente, como representante del Poder Ejecutivo, en dos períodos legislativos. Es también obvio y remarcable que la Constitución de 1974 ya responde abiertamente a los intereses de la dictadura somocista y de ahí su flexibilización.

Más adelante, en el intento frustrado de reforma constitucional de 1994 (Ley 173 del 23 de febrero de 1994), se trata de eliminar absolutamente la salvaguarda democrática de las dos legislaturas contenida en los artículos 192 y 195[4] de la Constitución Política; esto con el fin de allanar el camino a otras reformas constitucionales que provocaron un conflicto de poderes en 1995. Como resultado de este conflicto de poderes, que en realidad era un conflicto de intereses políticos personales y entre facciones de la Unión Nacional Opositora (UNO) se acudió a la figura de la ley “marco”, como ya ha sido relacionado en el acápite anterior.

Esta flexibilidad interpretativa, que parecía de utilidad en 1989-1990 para dirimir el conflicto fratricida, fracturó definitivamente lo que pretendía ser una salvaguarda democrática y ha llevado a que en los últimos casi 40 años las reformas constitucionales se encuentren orientadas por los intereses y la visión del grupo gobernante del momento.

1.3. Constitución, democracia y ciudadanía

A lo largo del ciclo político que colapsó en el año 2018 el ejercicio de la cultura política oportunista de las élites económicas y políticas logró debilitar paulatina e irremediablemente la legitimidad de las instituciones del Estado, de tal suerte que en este momento ninguna goza de la mínima credibilidad.

Haciendo una somera revisión de las reformas hechas a la Constitución Política de 1987, incluyendo su redacción y entrada en vigencia, podemos resumir que:

  • en todo momento han respondido a la visión del gobernante y/o a un pacto entre las cúpulas políticas y económicas,
  • se han empleado mecanismos con apariencia de legalidad que desvirtúan totalmente la noción de la Constitución Política como una “Ley Suprema”,
  • han ocurrido pasando por encima de las salvaguardas democráticas mínimas establecidas y sin contar en ningún momento con un mecanismo de legitimación democrática popular (plebiscito o referendo).

Con relación al último punto, resulta sugerente el hecho de que el planteamiento de un referendo, que promueve Propuesta Ciudadana como la opción democrática idónea para dar solución a la crisis, sea soslayado de plano por la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Desde la cultura política tradicional de las élites y el autoritarismo del gobierno de turno resulta inimaginable la aplicación de esta figura democrática. En su praxis a lo largo de la historia la única opción viable, para quienes detentan el poder y quienes lo pretenden, es una negociación o pacto que desemboque en una adecuación de las leyes a sus pretensiones; es decir, el mecanismo por el cual llegamos al colapso del sistema político y nos enrumbamos a un nuevo colapso social.

La ciudadanía, por su parte, carente de una cultura democrática desarrollada, pero con ciertos liderazgos visibles que practican y promueven elementos importantes de una nueva cultura política emergente, todavía no ha logrado incidir en los procesos y conflictos resultantes del colapso del sistema político descrito que, de no ser resueltos democráticamente, nos conducirán al próximo colapso social.

COMENTARIOS FINALES

Aunque hay otros posibles mecanismos de nuestra cultura política que aún no han sido suficientemente abordados, este breve análisis nos permite concluir que en una propuesta de salida a la crisis, para evitar el colapso social en proceso de configuración, las actuales fuerzas de oposición tendríamos que:

  1. evitar una negociación política, en el formato tradicional, que culmine en un pacto entre cúpulas y una nueva manipulación de la Constitución Política que pueda significar un reparto de poder y/o la posibilidad de evadir la aplicación de la Justicia a los autores de acciones criminales a partir de abril del 2018 a la fecha, pertenezcan al bando que pertenezcan dichos autores;
  2. intentar un mecanismo de participación ciudadana que permita a la población refrendar o abrogar las reformas constitucionales del año 2014, esto es un referendo, y/o;
  3. adoptar el compromiso de que un futuro gobierno será en esencia transitorio y tendrá en su programa la tarea fundamental de refundar el Estado de Nicaragua en un corto plazo, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que puedan tener participación activa todas las fuerzas políticas de la nación y, principalmente, la ciudadanía.

Actuar de otro modo, pretender aprovechar la crisis para simplemente ir a unas elecciones con ciertas garantías que permitan alcanzar el poder, o defenderlo a ultranza en el caso de una eventual victoria del gobierno actual, para dar inicio a un nuevo proceso de exclusión del segmento de la población que resultare “derrotado” en el futuro, no solo terminaría de configurar el proceso de colapso social que hoy vivimos, sino que sentaría las bases para el próximo colapso del sistema.

Nuestra meta en este momento histórico tiene que ser la corrección de los errores cometidos en el pasado, estableciendo mecanismos de control ciudadano y las salvaguardas democráticas que impidan los abusos de poder y la manipulación de las leyes, en especial los mecanismos que protejan a la ley que contiene y representa nuestro “contrato social”, nuestra Constitución Política. Con la mira puesta en ese horizonte es que tiene sentido ir a elecciones.


* Escrito en colaboración por Adolfo Hurtado y Carlos Pérez Zeledón

[1] El contexto global al momento del colapso en 79 y su no resolución en los ´80, del siglo pasado, tuvo un severo impacto en la intensidad del conflicto, al punto que hoy sigue siendo un análisis dominante en los diversos pensamientos políticos, la guerra fría como motor del conflicto y se aparta la mirada de las contradicciones internas del Estado-Nación que recurrentemente nos devuelven al mismo punto histórico: el colapso del sistema político.

[2] El traslado del poder de manos de quien lo detenta a la oposición no se produce por colapso institucional, ni de se da una exclusión política de una parte de la sociedad, en términos históricos.

[3] Habría que revisar a la luz de criterios de gobernanza si el proceso de Constituyente y elecciones de 1857-1859 es un hito equivalente. Se hace necesario revisar la Constitución 1857-1859, el fraude electoral de 1864 (tercera presidencia de Tomás Martínez elegido por primera vez en la Constituyente de 1857) y los mecanismos de exclusión de los Liberales en este período.

[4]      En la reforma de 1994 fueron eliminadas, del artículo 192 y 195 de la Constitución las referencias a las reformas constitucionales y legislaturas, se cortaron estos fragmentos:      

  • Arto. 192.-… La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas;      
  • Arto. 195.-… con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

Posicionamiento de la Coordinadora Universitaria (CUDJ) sobre la Coalición Nacional

Sobre la Coalición:
1- El núcleo fundacional de la Coalición deberá ser exclusivamente entre la Unidad Nacional y Alianza Cívica.
2- La Coalición tendrá como prioridad que se cumpla a cabalidad las reformas electorales consensuadas entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, para reestablecer la confianza a los nicaragüenses y tengan el pleno derecho a elegir y ser elegidos. Las reformas electorales, son el primer paso para lograr los cambios estructurales que necesita el país y romper con las paralelas históricas de leyes marcos a través de pactos políticos entre el gobierno y las élites.
3- La Coalición no participará en un escenario electoral que no cumpla con las condiciones y garantías que respete la voluntad de los nicaragüenses. Eso implica lo siguiente;

a- Reformas electorales profundas.
b- Un nuevo CSE.
c- Desarme de los grupos paramilitares.
d- Cese de la represión.
e- Reestablecer nuestras garantías constitucionales
f- Respeto a nuestros derechos humanos.
g- Liberación de los presxs politicxs.
h- Retorno seguro de los exiliados.

4- Consideramos que es de gran importancia la unidad de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y estudiantiles para encontrar una salida a la crisis sociopolítica por vías pacíficas y constitucionales.
5- El sector estudiantil debe formar parte de la Coalición, no solo como fiscalizadores del proceso, también como actores claves en las tomas de decisiones.
6- Establecimiento de un soporte social fuerte, a través de la creación de mecanismos de inclusión que permita una amplia participación ciudadana, con un enfoque hacia las bases y no únicamente hacia las cúpulas.
7- La Coalición no es el repartimiento del Estado (Estado-botín), ni se trata de llegar al poder por la vía rápida. El problema apremiante es Ortega-Murillo, pero no el origen del problema. Los cambios deben ser estructurales para que le den cabida a un sistema político sostenible en el tiempo. La participación de la ciudadanía en la solución a los problemas sociales, políticos, económicos y culturales es indispensable. La ciudadanía es el mejor fiscalizador y constructor de la democracia.
8- La Coalición debe girar entorno a un plan de nación. Presentarle a los nicaragüenses planes para solucionar los problemas planteados. Este plan de nación deberá ser asumido por el próximo gobierno y de obligatorio cumplimiento.
9- No puede haber ningún acuerdo con las élites y la dictadura a espalda de los nicaragüenses.

Sobre los partidos políticos:
1- Que el ingreso de los partidos sea al sector político de la Alianza Cívica o Unidad Nacional, como cualquier otra organización que forman parte de estas plataformas.
2- No pueden ingresar a la Coalición los dirigentes de partidos políticos que tengan antecedentes en actos de corrupción, fraudes electorales o hayan tenido vínculos con el Frente Sandinista. Esto no limita la participación de la ciudadanía que, dentro de sus derechos, continua siendo integrante de alguna entidad partidaria. No se les puede excluir, siempre y cuando, no se hayan visto involucrados en los históricos actos de corrupción y
violaciones a los derechos humanos.
3- Una vez ingresen al sector político de la Unidad Nacional o Alianza Cívica, deberá crearse una coalición interna de partidos político, de igual manera, los movimientos políticos dentro de la Unidad Nacional, serán parte de esa coalición una vez reciban su personalidad jurídica. Esa coalición de partidos tendrá la labor de poner a disposición sus
estructuras territoriales para organizar a la población, así como elegir la casilla que participará en la contienda electoral.
4- Establecimiento de pautas sólidas y novedosas de competencia contra el status quo político en Nicaragua, mismo que fue establecido a través de la corrupción imperante en el sistema de partidos políticos, lo que llevó al colapso del mismo.
5- No buscar poder ni imposición sobre las demás organizaciones, sino,estar unidos, para alcanzar un mismo beneficio, es decir, que todos mantengan el objetivo de salir de la dictadura.
6- Elecciones primarias para la elección de candidatos con aspiraciones a cargos públicos.
7- No podemos pensar en cambiar el sistema con los mismos actores ya desgastado. Los partidos y organizaciones que estaban antes de abril deben reconocer que sus propuestas, métodos y acciones, no han producido ningún resultado. Deben depurar su alta dirigencia partidaria.
Tuvieron la oportunidad durante tantos años, no impulsaron propuestas de cambios  estructurales que favorecieran el establecimiento de una democracia solida, sino que favorecieron el retroceso de la institucionalidad en nuestro país.

Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia

Cambiar todo para que nada cambie

Desde abril 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, Nicaragua se ha visto envuelta en una crisis permanente. A diario miles de nicaragüenses huyen del país y la crisis no parece tener solución. La oposición, llámese UNAB o ACJD, tiene un plan para salir de la crisis y del propio régimen orteguista; el plan consiste en ir a elecciones en 2021 y derrotar al FSLN.

Las críticas y las alarmas llueven sobre la “oposición” nicaragüense, porque hay serias dudas de las estrategias electorales que llevan a cabo. Ninguna ha sido efectiva, porque se basan en denunciar al régimen internacionalmente y promover sanciones en su contra. El problema de fondo es que las estrategias dentro del país no existen, no hay proyecto de nación y parece ser que su único propósito es ir a elecciones. Es urgente hacer reflexiones históricas del tremendo error que están cometiendo los grupos de oposición en Nicaragua, en primer lugar porque no se puede ir a elecciones sin tener claras las estrategias electorales y políticas internas, porque participar en el proceso electoral con este régimen significa no competir en igualdad de condiciones.

En 1990 el FSLN perdió el Gobierno en unas elecciones vigiladas por la Comunidad Internacional, la UNO (Unión Nacional Opositora) fue capaz de ganar al sandinismo a pesar de todas las trampas institucionales. Sin embargo, aunque el sandinismo perdió el Gobierno no perdió el poder. Recordemos el discurso de Ortega y el famoso “vamos a gobernar desde abajo”, que dio lugar a dos ejes de poder, uno el institucional que representaba Violeta Barrios y otro el FSLN a través de la utilización del poder judicial. Durante estos años, ese poder en la sombra del orteguismo fue capaz de paralizar el país a través del monopolio de la violencia, obligando a los gobiernos de turno a aceptar condiciones del sandinismo.

¿Son las elecciones una salida a la crisis? Efectivamente, es la salida más razonable que puede haber, el problema consiste en creer que si cambiamos de gobierno cambiamos de régimen. Hoy somos testigos de que el sandinismo tiene el control total de todos los poderes del Estado, Policía y Ejército. Por lo tanto el cambio y las estrategias tienen que abarcar más allá del compromiso de ir a elecciones; hasta la fecha ninguna formación política se plantea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las estructuras de poder en Nicaragua, con o sin proceso electoral previo, pese a que grupos emergentes, como Propuesta Ciudadana, han hecho el planteamiento reiteradamente.

Ya no solo es la falta de estrategia de la UNAB y ACJD, sino la falta de confianza de una buena parte de la población en los líderes opositores. Algunos medios de comunicación como La Prensa y 100% noticias han insinuado que quienes critican a la oposición son divisionistas y el principal argumento de muchos de los “líderes” contra quienes cuestionan sus estrategias, es que se necesita la unidad para poder ganarle al orteguismo. Yo no diría que la población sea divisionista, sino más bien que el pueblo tiene una enorme desconfianza en los “líderes” de oposición. Muchos de los miembros de la UNAB y la Alianza Cívica tuvieron en el pasado responsabilidades políticas en el accionar del FSLN y del PLC, ambos partidos responsables del pacto entre Ortega y Alemán. Otro socio incómodo es el COSEP, actor que ahora apoya a la oposición, pero que genera desconfianza porque hasta abril de 2018 ha sido socio del gobierno de Ortega y ambos se han beneficiado de sus alianzas.  El régimen durante la última década otorgó numerosas exenciones fiscales a empresas y en su momento el COSEP cabildeó en Washington a favor de Ortega para evitar las sanciones.

No se es divisionista por ser crítico con aquellos que tuvieron responsabilidades políticas, al contrario, el pueblo es prudente al desconfiar de personajes que no han dudado en repartirse el país o venderlo al mejor postor.

La cúpula política y económica nicaragüense, tanto detrás de la ACJD como de la UNAB, está compuesta por personajes de reconocidos apellidos, esa cúpula ha logrado desplazar, cuando no cooptar, a los movimientos sociales y personas destacadas que lucharon en abril 2018 en contra del orteguismo, pero para que la famosa unidad pueda tener apoyos la oposición tiene la obligación moral de democratizar sus filas. La gente no es ingenua para confiar nuevamente en personas que obviamente quieren utilizar al pueblo como un arma que obligue al régimen a negociar. La lógica política no debe ser que el pueblo ponga los muertos y una élite de la oposición se siente con el dictador a negociar para repartirse cuotas de poder.

Es urgente la necesidad de construir alternativas políticas a la ACJD-UNAB, aun sabiendo que nos enfrentamos a fuerzas poderosas, porque si el orteguismo tiene una maquinaria capaz de destruir físicamente a sus adversarios, esos grupos “opositores” cuentan con financiamiento del exterior, empresa privada y tienen medios de comunicación a su disposición. Es difícil hacer frente a ambas fuerzas al mismo tiempo, pero hay algo que tanto el Gobierno como la oposición no tienen y es que no gozan de la legitimidad popular.

Nosotros, la ciudadanía, sabemos muy bien cual es la ruta a seguir; todos pedimos democracia con justicia social, ver a nuestros presos políticos libres, que los exiliados puedan regresar al país sin que sus vidas corran peligro y que los ciudadanos que viven en el exterior puedan votar.  Aspiramos a reformas electorales, sí, pero sobre todo a una Asamblea Nacional Constituyente que cambie las estructuras del Estado. No nos basta con cambiar la cara de nuestros gobernantes, porque no es conveniente cambiar todo para que nada cambie.

La Gran Coalición Nacional

El pasado 15 de enero desde la Coordinadora Universitaria invitamos a una conferencia de prensa para expresar nuestro posicionamiento político como estudiantes respecto a la “Gran Coalición Nacional”. A pesar que se enfocaron mas en nuestra salida de la Alianza Cívica y nuestra permanencia en la Unidad Nacional, no es fácil para nosotros como estudiantes lidiar con los problemas que enfrenta la oposición, porque incluso sabemos que tampoco estamos exentos de esos problemas. No representamos en su totalidad a los estudiantes del país y todavía tenemos el reto de organizar las universidades y materializar nuestra demanda sectorial en una agenda universitaria.

Es necesario aclarar que no estamos ahí para legitimar a ningún espacio u organización, ni estamos supeditados a los intereses de ningún grupo. El trabajo que realizamos como colectivo desde la Coordinadora Universitaria, aún con todas las limitaciones y los peligros que enfrentamos, es autónomo e independiente. No seremos parte de ningún acuerdo que represente la continuidad del actual modelo país, también propugnamos por un cambio de sistema. Debido al contexto nos hemos visto en la exigencia de involucrarnos directamente en las cuestiones políticas del país. Es una lucha continua tratar de no ser absorbidos por los intereses que existen alrededor de la solución a la crisis. Es por esa razón que anticipadamente hicimos público nuestro posicionamiento.

La Coalición Nacional debe tener como prioridad la organización territorial. La crisis de representatividad y legitimidad que enfrenta la oposición nicaragüense es porque no existen espacios de participacion ciudadana directa. Es entendible porque hay un riesgo de que operadores del gobierno se infiltren en los procesos que realiza la oposición y por el estado de sitio impuesto. La Coalición tendrá esa labor de construir estructuras que tengan presencia en los municipios, departamentos y regiones de todo el país. No se debe limitar únicamente para organizarnos ante un posible escenario electoral, también deberá coadyuvar a recopilar las demandas de la población y las propuestas que los mismos nicaragüenses tengan para reconstruir Nicaragua. Además, debe tener como objetivo cambiar la correlación de fuerzas que permita una mayor presión interna para obligar al régimen a cumplir las condiciones para un proceso electoral.

La Coalición no deberá participar en un escenario electoral sin las condiciones propicias. Antes de irnos a unas elecciones debe liberarse a los presos y presas políticas, mejor dicho, no deben existir presos políticos. El gobierno tiene que reestablecer todas nuestras garantías constitucionales; libertad de expresión y movilización, levantar el estado de sitio, desarmar a los grupos paramilitares, propiciar el regreso seguro de los exiliados y por supuesto hacer reformas electorales profundas y un nuevo Consejo Supremo Electoral.

En nuestro posicionamiento dejamos claro que las reformas electorales son el primer paso para lograr los cambios estructurales que necesita el país. No aceptaremos que estas reformas sean parte de un acuerdo entre la élite y el gobierno. Las reformas electorales son para que los nicaragüenses recuperen su soberanía, que el futuro del país esté en su libertad de ser electos y elegir a sus nuevas autoridades de gobierno. No debe existir la posibilidad de un Estado-Botín; el repartimiento del Estado a través de un acuerdo a espaldas de los nicaragüenses, tampoco para la reconfiguración entre el poder político y los poderes fácticos, mucho menos para darle continuidad a un “Orteguismo sin Ortega”. Es mentira que unas elecciones resolverán la crisis política, servirán para salir de Ortega, pero los problemas del país son estructurales. Unas simples elecciones no le devolverán a los nicaragüenses la democracia y su institucionalidad, este es un trabajo permanente que cada ciudadano tiene que construir y preservar.

La Coalición debe girar en torno a un plan de nación. Todos los nicaragüenses estamos esperando una propuesta programática que garantice que, una vez tomado el poder político, habrá un plan para reconstruir el país, reconstruir el tejido social que está completamente fracturado.

Nicaragua enfrenta muchos retos. Seguimos siendo un país con un alto índice de pobreza, con problemas de democracia e institucionalidad, pésimo acceso a la educación, salud, vivienda, falta de tierras, salarios mínimos rezagados. No somos un país competitivo económicamente; poseemos una economía extractivista y agroexportadora, una gran parte de la población trabaja en el sector informal y la industria es muy pequeña. Dependemos de actores externos, enfrentamos retos medioambientales, la seguridad social en la quiebra.

Para reconstruir de nuevo el tejido social es necesario que las victimas tengan acceso a la justicia, reparación y verdad. No hacerlo representaría fallar nuevamente en una transición hacia la democracia. Unos de los ejes principales será la justicia, no solo a las víctimas de abril, también habrá que hacer una retrospectiva del pasado. Los nicaragüenses no necesitan depositar su confianza en la UNAB, la ACJD, la CN o los partidos políticos tradicionales. No hace falta que pertenezca a estas organizaciones para hacerse responsable y ejercer su ciudadanía.

Ninguna organización o persona resolverá la crisis, somos los nicaragüenses en conjunto quienes podemos sacar adelante una transformación hacia un nuevo país. La pregunta no es si la oposición representa un verdadero cambio, yo la cambiaría por: ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano nicaragüense para cambiar la realidad de Nicaragua? ¿Qué puedo hacer para que tengamos justicia y libertad? ¿Qué puedo proponer para hacer posible que nos escuchen? Ya pasamos del fenómeno autoconvacado a la organización de la comunidad como colectivos con incidencia. Solo organizados podemos salir de la dictadura y eso inicia por usted como ciudadano. ¿Qué es lo que quiere para Nicaragua?

Hay que preguntarnos si estamos dispuesto a vivir en un país donde violan nuestros derechos humanos, nos meten presos por pensar diferentes, roban nuestros impuestos y los utilizan para reprimirnos, matan a los campesinos en las montañas, nos niegan el derecho a la educación de calidad y salud. ¿Estamos dispuestos a vivir así? Nos basta necesitarnos a nosotros como ciudadanos para cambiar Nicaragua. Ya es momento de los hechos, de materializar nuestras propuestas y demandas, acciones concretas. La critica por si sola no basta cuando no va acompañada de la acción. Criticar y no hacer tampoco debilitará al régimen, ni evitará que la oposición siga haciendo más de lo mismo. Es momento de que nosotros como nicaragüenses nos hagamos responsables de Nicaragua. En definitiva, la Coalición opositora debe girar en torno a un plan de nación y no alrededor de las reformas electorales para lograr una salida electoral.

Es hora de poner las cartas sobre la mesa

Autor: Jimmy Gómez*

Se observa de nuevo cuestiones que no superamos en la cultura política nicaragüense, nos sigue costando debatir sobre temas que son necesarios para definir la rutas que vamos a dinamizar, por lo cual se opta simplemente por argumentos ad hominem, falacias, adjetivos y repeticiones mecánicas para lograr la estigmatización y capear el debate, sin dar argumentos. Se nota que aún no se diferencia entre opinión a secas y opinión informada.

Esto no contribuye al debate, que debe ser sobre planteamientos y posiciones, donde se centre cualquier dialéctica y crítica. Las contradicciones son necesarias y ayudan, cuando el debate es de altura, aunque no se llegue a acuerdos y se mantengan las diferencias. Con esto me refiero a lo que está sucediendo alrededor del movimiento campesino y sus distintas posiciones.

Desde el principio, se parte de una perspectiva paternalista, folclorista y clasista, que niega la capacidad de agencia de los y las campesinas. Todas sus acciones son porque alguien los maneja o los mal asesora. Doña Francisca como Medardo, tienen agencias en sus propias prácticas y declaraciones, que surgen de sus dinámicas y agendas, nos gusten o no, hay que escucharlas.

La posición de doña Francisca, es clara desde hace años, el Movimiento Campesino no debe subordinarse ni convertirse en un brazo social de ningún partido político. En todas sus declaraciones lo ha dicho sin ninguna ambigüedad y sin guardar silencio por el miedo del coste político. A la gente se le dice lo que se piensa para que luego pueda valorar y decidir.

Medardo y su equipo consideran lo contrario, su postura en el pasado y que aún parece que mantiene es la de estar cerca o ligado con el PLC. Es legítimo que decidan con quien tener sus alianzas y sus cercanías. La diferencia es que esto no lo dice claramente, siempre sus declaraciones son ambiguas, un día dice estar en la ACJD y otro día parece que no, igual ahora en la Coalición. Creo que debe decirlo claramente, para que la gente valore, forme su opinión y decida.

No sé si su tesis incluye “desalemanizar” el PLC, algo necesario, porque desde el pacto ese partido manejado por una familia está claramente cooptado y convertido en una quinta columna. No es casual la forma en que el FSLN se apoderó del poder electoral, fue primero coludido con los magistrados liberales que luego se pasaron a las filas del orteguismo, igual que otros diputados y otros funcionarios del Estado. Bajo toneladas de pruebas de corrupción Arnoldo y los suyos están atrapados, por tanto, el orteguismo les ha dado la tarea de torpedear desde adentro a la oposición, desde hace años. Y como vemos, su hija es una funcionaria del Estado que desde la contraloría es cómplice de la corrupción orteguista. Yo creo que esa tarea de rescatarf al PLC ya no es posible, igual que en el FSLN, en el PLC el poder del caudillo y sus prácticas están muy fuertemente enraizadas. Es desde allí que las voces de doña Francisca y Mónica López le han pedido recapacitar.

Y de esto sale otro tema, cuando alguien pone un tópico en debate las redes arden contra estas personas. Y allí está la diferencia entre los que son activistas sociales y los que son políticos profesionales o aspiran a ello: a los primeros, aún sabiendo los costes que puede acarrear, nos toca decirlo, asumiendo todos los riesgos, no somos candidatos, ni buscamos desesperadamente un carguito; en tanto, el político de profesión busca no meterse en rollos que dañen su futuro de candidato o aspiración, simplemente se maneja, guarda silencio o hace declaraciones ambiguas y enrevesadas. Lo mismo que pasa con aquellos que quieren alianza con Alemán o que están decididos a elecciones con Ortega. Para este caso muchos saben que se ha estado moviendo con el tema del PLC y guardan silencio.

Creo que no es necesario recurrir a las falacias y entrar en descalificativos, todos los sectores deben exponer lo que piensan o ya han definido como sus tesis estratégicas, no se debe tratar a la población como que padeciera de una minoría de edad política, especialmente desde una clase política que ha fracasado, que se niega a reconocerlo e insiste en ser la vanguardia y en sus prácticas.

Toda la clase política está en deuda con este país, que jamás ha sido república y democrático, porque han prevalecido las oligarquías, la exclusión, el racismo, la explotación, la violencia, el patriarcado, la irresponsabilidad de las élites. Finalmente, desde esas entidades, que más que partidos han sido facciones, que, aunque se autonombren con una ideología, no han dejado de ser calandracas y timbucos, han producido dictaduras, guerras, gobiernos autoritarios y de exclusión y desigualdad.

También la ciudadanía no debemos seguir con el esquema dominante del mito del caudillo que llegará a salvarnos. La historia demostró que eso nos lleva a las dictaduras, bajo esa lógica de culto a la personalidad, que convierte a un ser humano y su familia, en un ser incuestionable e infalible. Abril demostró que cuando la ciudadanía se toma en serio la política y la asume puede mover el mundo.


*El autor no es miembro de Propuesta Ciudadana

Los dilemas de la Unidad Nacional (Parte 1)

El año 2020 inició con una actividad de suma importancia que vendría a consolidar y fortalecer a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB): la elección de su Consejo Político (CP). Muy rápidamente, sin embargo, esta actividad ha desembocado en dos problemas mayúsculos que ponen en riesgo la existencia de dicha organización por las razones que trataré de exponer brevemente en dos artículos consecutivos.

Antecedentes

Es necesario decir, para entrar en contexto, que la Unidad Nacional nace de la necesidad de dotar de legitimidad a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), misma entidad que, a su vez, nació del nombramiento y conformación de los representantes de la oposición que se sentarían a negociar con el gobierno del FSLN la salida de la crisis iniciada en abril del 2018. Esta primera definición de representantes al “Diálogo Nacional” corrió por cuenta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y necesariamente contó con la aceptación del gobierno como contraparte.

Un grupo de organizaciones preexistentes y movimientos surgidos casi espontáneamente durante las protestas, que no estaban representados en el Diálogo Nacional, se unieron a la naciente ACJD para conformar la UNAB. La presencia del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) y AMCHAM (Cámara Americana Nicaragüense) dentro de la ACJD desde siempre ha generado posiciones encontradas entre los distintos grupos opositores al gobierno del FSLN, por el hecho evidente de que hasta el 18 de abril del 2018 venían cogobernando y promoviendo su modelo corporativo sin mayores contratiempos y, desde otra perspectiva, porque a la UNAB se integraron organizaciones como el Partido MRS y de sociedad civil administradas y representadas por personas que son identificadas como sandinistas desde la década de los ochenta del siglo pasado.

Al fracasar el Diálogo Nacional iniciado en el 2018 y un segundo intento por reactivarlo (propiciado por negociaciones del “gran capital” nicaragüense) las contradicciones internas de la UNAB comenzaron a aflorar, básicamente porque en el documento fundacional está establecido el reconocimiento a la ACJD como interlocutor de todo el grupo frente al diálogo. Una vez frustrado el diálogo y siendo casi evidente que enfrentaremos un proceso electoral, en las condiciones impuestas por el FSLN, la membresía de la UNAB (que incluye a varias de las organizaciones de la ACJD) decidió en Asamblea las condiciones para la construcción de una “Gran Coalición”, entre ellas la de que dicha nueva estructura giraría alrededor de UNAB y ACJD como núcleo fundador, la de que la Gran Coalición gestionara su propia personería jurídica como partido político y la de que la UNAB podría en su momento decidir no participar en un proceso electoral si las condiciones no fueran propicias.

Es necesario señalar que dentro de la UNAB siempre existió inconformidad en muchas organizaciones porque la comunicación con la ACJD no era fluida, al extremo de ser necesaria la creación de un grupo de trabajo conformado por 7 miembros de la UNAB y 7 de la ACJD. Por su parte la ACJD dio inicio a conversaciones con partidos políticos tradicionales, considerados colaboracionistas por una buena parte de la población, y cabe destacar las constantes declaraciones de la presidenta de CxL (Ciudadanos por la Libertad) manifestando su rechazo a una alianza que involucrara directamente a la UNAB y exponiendo que la situación de una ACJD dentro de la UNAB era demasiado “confusa”.

Elección del Consejo Político de la UNAB

Con esos antecedentes el mes de enero arrancó para la UNAB con un proceso de elección de representantes para el Consejo Político (CP). El proceso electoral se desarrolló con bastante normalidad y transparencia, sin embargo los resultados no fueron del total agrado de quienes no resultaron electos, destacando los reclamos de Luis Fley (FDN) y otros representantes de agrupaciones con mucho recorrido en la política tradicional nicaragüense. El principal argumento detrás de estos reclamos radica en que su presencia en el Consejo Político “es necesaria para garantizar la pluralidad y representatividad”, que en realidad no es otra cosa que la vieja idea de “reparto de poder” con que se construye la institucionalidad en nuestro país. Estos reclamos no están justificados.

Un segundo momento conflictivo ocurre cuando el Comité Electoral (CE) de la UNAB “descubre” que el candidato Jesús Téfel obtuvo un voto más que Cristhian Fajardo, pero no es el tercer lugar de los candidatos presentados por su sector. Según el reglamento emitido por el CE y aprobado por todas las organizaciones de la UNAB resultarían electos los dos candidatos más votados de cada sector de la UNAB y los dos terceros más votados. Fajardo fue el tercer candidato más votado del sector territorial, mientras Violeta Granera fue la tercera más votada del sector político, seguida por Téfel en cuarto lugar. Para resolver el problema inexistente (dado que la regla es clara y nadie la había objetado) el CE resolvió que se había extralimitado en su interpretación reglamentaria y que no eran los dos mejores terceros lugares sino que simplemente los más votados.

Luego de esa decisión arbitraria el CE ha rechazado una serie de impugnaciones con argumentos legalistas que atañen a supuestas formalidades incumplidas y que dejan de lado las cuestiones de fondo planteadas. Esta manera de imponer las reglas es incoherente, luego de que se ha desechado por sí y ante sí una regla frente a una aplicación “incómoda”, genera mucha tensión e inconformidad innecesarias en un contexto de por sí tenso y preocupante. Y conste que tanto Cristhian Fajardo como Jesús Téfel son excelentes personas que tienen las mismas cualidades y méritos para representar a la UNAB en su Consejo Político, el caso es de INSTITUCIONALIDAD, otro grave problema que tenemos que superar en nuestra cultura política tradicional: las reglas no se pueden acomodar o interpretar a conveniencia, se respetan.

Los temas relativos a la elección del Consejo Político están en proceso de discusión y todavía no sabemos cómo se resolverán. Quizás lo más conveniente sea que se sometan a la Asamblea General de la UNAB para su resolución concertada y definitiva. Lamentablemente un proceso que fue bastante ejemplar termina con discusiones innecesarias, inoportunas y extremadamente incómodas.

La separación de la ACJD de la UNAB

De manera sorpresiva y casi como un rumor, que extrañamente coincidió con la elección del CP de la UNAB, en las redes sociales y medios de comunicación supimos que la ACJD procedería a separarse de la UNAB. Las explicaciones para esta repentina decisión son poco convincentes y contradictorias.

Se dice que ambas organizaciones se separan para luego proceder a unirse en la futura “Gran Coalición”, se menciona también que es un movimiento “estratégico” para terminar de configurar “la identidad” de ambas organizaciones y que no hay una separación real porque van a continuar realizando el trabajo conjunto que vienen desarrollando desde el 2018. Al mismo tiempo, sin embargo, las organizaciones de la ACJD tienen que decidir si continúan en la UNAB o se salen de sus estructuras, como en el juego infantil aquel en que se pregunta: “¿con quién te quieres ir?, ¿con la luna o con el sol?”.

Me parece que ambas entidades quedan muy mal paradas cuando quieren vender a la opinión pública que esta es una decisión conjunta y no se tomaron la molestia de informarlo siquiera a sus organizaciones miembros. Lo menos que uno habría esperado era la emisión de un comunicado conjunto informando tan importante decisión.

Jugar a la corrección política en el contexto nicaragüense para encubrir una decisión unilateral que genera incertidumbre y desconfianza afecta principalmente la imagen de la UNAB, porque es obvio que la decisión la tomó la ACJD. Los motivos no son importantes, pero seguramente están vinculados con la composición del nuevo CP y la posición de CxL (que es la más probable casilla electoral con la que cuenta la ACJD).

(Leer la segunda parte de este artículo)

Acerca de la reorganización de la Alianza Cívica

Conversación en el programa del Movimiento por Nicaragua en Radio Corporación entre Max Jerez de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Carlos Pérez Zeledón de Propuesta Ciudadana.

Se abordó el tema de la legitimidad de la ACJD, el modelo organizativo que han adoptado y la necesidad de crear un programa mínimo que permita la unidad de los distintos sectores que se oponen al régimen del FSLN.