Resolución 02-2019 PN: delitos contra el orden constitucional

Resolución 02-2019 PN: delitos contra el orden constitucional

El día de hoy, mediante la resolución 02-2019, la Policía Nacional de Nicaragua (PN) nuevamente prohíbe a la ciudadanía la realización de una manifestación pacífica solicitada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Una vez más la Policía trata de sustentar su decisión en una interpretación errada y antojadiza de las leyes, amparada en su investidura y en la fuerza de las armas con que ahora se desplaza por el territorio nacional para amedrentar a la población.

El artículo 30 de nuestra Constitución Política vigente establece que los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. En concordancia con lo anterior, el artículo 54 constitucional establece que los nicaragüenses tenemos derecho a la concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Al decir “de conformidad con la ley” efectivamente se pretende que el ejercicio de este derecho no entre en conflicto con el derecho de otros ciudadanos a su libre movilización y al mantenimiento del orden público, por lo cual se debe acudir a la Policía Nacional para lo de su cargo, es decir para que garantice el ejercicio ordenado de todos los derechos involucrados.

La función de la Policía Nacional, según el literal “p” del numeral “7” del artículo 1 de la Ley 872, muy claramente dice que la Policía Nacional está obligada a otorgar permisos y autorizaciones a las solicitudes de actividades especiales estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales, previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas. Del mismo modo el numeral 6 del artículo 17 de la citada Ley 872 establece que corresponde a “Seguridad Pública” regular, supervisar y controlar eventos o actividades cuya autorización legal le corresponda a la Policía Nacional. Ninguna de ambas disposiciones dice o puede ser interpretada en el sentido de que la Policía pueda prohibir el ejercicio de un derecho constitucional, más bien el artículo 1 inicia diciendo que las funciones de la Policía Nacional están orientadas a garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas.

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política los pobladores en general, sin discriminación alguna, tenemos derecho de organizarnos con el fin de lograr la realización de nuestras aspiraciones según nuestros propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines. Este derecho fundamental no está sujeto a normativa alguna, la Policía Nacional no puede restringir el ejercicio de los derechos constitucionales, que son establecidos para cada ciudadano o ciudadana nicaragüenses, con el argumento de que no se posee una personalidad jurídica colectiva.

Según el artículo 130 de nuestra Constitución, ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquéllas atribuidas por la Constitución y las leyes, asumir que la función de “autorizar” implica la atribución de “prohibir” es una interpretación extensiva que viola la Constitución y no corresponde a la Policía Nacional que, por definición legal es un cuerpo profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que se regirá en estricto apego a la Constitución Política, que es a la que debe su respeto y obediencia.

Los artículos 182 y 183 de la Constitución Política íntegra y literalmente dicen: “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.”

La Policía Nacional no puede pretender que está dentro de sus facultades obligar a la ciudadanía a constituir alguna organización o adquirir personalidad jurídica para poder ejercer sus derechos constitucionales. La Policía Nacional no puede prohibir u obstaculizar el ejercicio de un derecho ciudadano constitucional, aunque esté entre sus facultades regular la forma en que ha de ejercerse.

Estando debidamente explicados los alcances de nuestros derechos constitucionales y los límites que la misma Constitución establece a funcionarios y autoridades, tenemos que concluir advirtiendo que con la emisión de la resolución 02-2019 la Policía Nacional está incurriendo una vez más en acciones debidamente tipificadas en los artículos 427, 431, 432 y 433 de nuestro Código Penal vigente (Ley 641), los cuales a su letra dicen: