Propuesta de solución negociada a la crisis nicaragüense

Propuesta de solución negociada a la crisis nicaragüense

Estando nuevamente estancadas las negociaciones ente el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Comité Coordinador de Propuesta Ciudadana ha hecho llegar al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el día 2 de los corrientes, una propuesta debidamente razonada que permitiría poner fin a la crisis en el marco de la constitucionalidad que irónicamente demanda el gobierno, pese a ser el principal violador de la Constitución Política.

Justificación fáctica

Consideramos que Nicaragua sufre una crisis del sistema político en general, por la pérdida de legitimidad de todas las fuerzas políticas tradicionales, que ha enrumbado al país hacia un colapso social que amenaza con destruir nuestra endeble economía. Este colapso, como los anteriores que han ocurrido en nuestra historia patria, puede significarnos la pérdida de un número sustancial de valiosas vidas humanas, más población desplazada, profundas pérdidas económicas, fuertes divisiones de nuestra sociedad, más dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses y arruinar el futuro a las nuevas generaciones.

La pérdida de legitimidad de las distintas autoridades e instituciones del gobierno por sus violaciones flagrantes y constantes a los derechos humanos de la ciudadanía, la destrucción de la institucionalidad del Estado, sometido al control partidario, y la descomposición de los sistemas de representación social, demandan una solución de corto plazo que, además, permita reconocer y subsanar, en el mediano y largo plazos, las pérdidas hasta ahora sufridas.

El estado del sistema político de partidos en Nicaragua es inadecuado e inepto para gestionar nuestra diversidad cultural, social, política y económica, así como para permitir el reencuentro y la construcción de soluciones de largo plazo. La corrupción, falta de credibilidad y la carencia de propuestas viables de solución a la crisis han minimizado a los partidos tradicionales al extremo de ser despreciables para buena parte de la población. Unas elecciones anticipadas no van a corregir nuestro sistema político, siendo más probable que el conflicto se profundice y termine definitivamente en un estallido violento y derramamiento de sangre.

Las viejas y nuevas heridas abiertas por la pérdida de vidas y los traumas personales sufridos por las víctimas de la violencia, exigen que se haga justicia, pero en este momento Nicaragua no cuenta con una sola institución que pueda ser creíble y garantice realmente que haya justicia. Esto tampoco se resolvería con un adelanto de elecciones.

Propuesta de negociación

Estando así las cosas, no siendo admisible para el gobierno la realización de elecciones anticipadas y tomando en cuenta que las mismas tampoco representarían una verdadera solución a la crisis para la inmensa mayoría de nicaragüenses, proponemos reorientar la discusión hacia los siguientes puntos:

1.- La realización de un referendo que permitiría la salida del gobierno actual y el adelanto de elecciones, previos ajustes al Consejo Supremo Electoral (CSE) como lo ha sugerido la OEA el 17 de diciembre del 2017 y fuera aceptado por el gobierno 01 de junio de 2018, asegurando que desde ya en dichos ajustes se incluya la participación ciudadana a través de nominaciones independientes y el voto uninominal. La realización de un referendo es absolutamente constitucional y plenamente factible en las condiciones actuales. El referendo estaría orientado a la abrogación* de las reformas constitucionales contenidas en la ley 854 aprobada en segunda legislatura en el mes de enero del año 2014.

2.- Convocatoria y conformación de una Asamblea Constituyente (para un período 2 años) que nos permita restablecer las salvaguardas democráticas de un verdadero Estado de Derecho, modelar un sistema de poderes balanceados y hasta decidir si conviene continuar con el modelo de gobierno presidencialista o explorar algunas otras opciones.

3.- Gobierno de transición a manera de Junta de Gobierno, nombrado por la Asamblea Constituyente, para un período de 2 años, con una agenda de reconstitución de la institucionalidad, administración del Estado y de facilitación del proceso de elaboración del nuevo Pacto Social Nacional (Nueva Constitución Política) de por lo menos 30 años (2050) para un desarrollo incluyente, integrado y sostenible;

4.- La conformación de una Comisión Nacional para la Justicia Transicional y Restaurativa que atienda los casos presentados por todas las víctimas del conflicto, por la violencia sufrida. Este equipo deberá contar con apoyo internacional en el marco normativo suscrito por Nicaragua.

Base Jurídica

Más allá de que el reclamo del gobierno en cuanto a la inconstitucionalidad de pedir elecciones anticipadas nos parezca y sea cínico, es verdad que la misma ACJD se ha encargado de confirmar en distintas alocuciones que para alcanzar dichas elecciones anticipadas se tendría que reformar la Constitución Política (que establece taxativamente un período de gobierno de cinco años) e incluso modificar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para que esa reforma constitucional se produjera en este mismo año. En cambio para discutir y llegar a los acuerdos planteados por nosotros no es necesario siquiera tocar ningún artículo de la Constitución Política o leyes en general, pues todo está debidamente sustentado en las disposiciones siguientes:

  • Artículos 2, 173 (numerales 1 y 8) 191 y 193 de la Constitución vigente,
  • Artículos 134 y 136 de la Ley Electoral.

La convocatoria a un referendo puede integrar dos preguntas:

  • ¿Está de acuerdo con las reformas constitucionales contempladas en la Ley 854 del mes de enero del año 2014?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se convoque y conforme una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política?

Los detalles a negociar, concretamente, serían:

  • Que el resultado del referendo sea vinculante, establecer los porcentajes mínimos de participación y decisión.
  • Las preguntas del referendo y sus alcances. Si la respuesta a la primera pregunta es NO, por ejemplo, el efecto sería abrogatorio de las reformas constitucionales y el actual gobierno tendría que abandonar el poder sin posibilidades de reelección.
  • Fechas y procedimientos.

Como puede apreciarse, esta propuesta (que es una profundización de la que fuera realizada por nosotros a la Alianza Cívica en el mes de julio del año pasado) ofrece una salida inteligente a la crisis, resolviendo sus aspectos fundamentales y brindando una oportunidad a la transición pacífica en el marco de la legalidad nicaragüense. Lo más importante, para garantizar la legitimidad y la estabilidad social, es que la respuesta estará en manos de la ciudadanía, quien a la postre es el soberano (según el artículo 2 constitucional) y siempre tendrá la última palabra.


* Abrogar es suprimir, anular, definitivamente una ley o cuerpo jurídico (código, reglamento, etc.) y todos sus posibles efectos. Se diferencia de la derogación en el hecho de que esta última puede ser parcial y deja con efecto los actos realizados al amparo de la norma antes de ser derogada.