OEA – Contundente derrota del FSLN

Opiniones

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, en el marco de la quincuagésima Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue aprobada una resolución que en su parte medular insta al gobierno de Nicaragua a garantizar que las elecciones a celebrarse en noviembre del 2021 gocen de todos los requisitos de legalidad y transparencia que exigen los estándares democráticos. Para tales efectos establecen un plazo que expira en el mes de mayo de ese próximo año 2021.

El texto de la resolución fue aprobado con 20 votos de 34 posibles, 12 abstenciones y 2 votos en contra, de los cuales uno, obviamente, corresponde a la representación del FSLN. Previo a la votación el representante del FSLN leyó un documento en el que se destacó la tradicional retórica antiimperialista y se advirtió que quienes votaran a favor estarían incurriendo en una ilegalidad, una violación a los principios de la Carta de la OEA y al Derecho Internacional.

A pesar de que algunas organizaciones y personas nicaragüenses desde el exilio albergaban la esperanza (infundada) de que el gobierno del FSLN fuese declarado ilegítimo, mientras las organizaciones aglutinadas en expresiones como la UNAB esperaban una resolución más contundente en ruta a la aplicación de la Carta Interamericana; en términos políticos, tanto por su contenido como por el resultado de la votación, la resolución de la OEA es una contundente derrota internacional para el FSLN, la más contundente de los últimos años.

Solamente un país, San Vicente y las Granadinas, apoyó abiertamente la posición del FSLN en el rechazo a la resolución. Las doce abstenciones de ninguna manera pueden interpretarse como un espaldarazo al régimen nicaragüense, sus motivaciones van desde un “no es nuestro problema” hasta el temor de ser evaluados con la misma medida en un futuro cercano (caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo). Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos decir que la resolución de la OEA signifique un triunfo para la oposición nicaragüense o el pueblo de Nicaragua. La incapacidad de la oposición nicaragüense (incluyendo a la que está en el exilio) para presentar una propuesta sólida y unificada de solución a la crisis no es algo que le corresponda resolver a la OEA, los Estados Unidos o alguien más. Los problemas de Nicaragua tenemos que afrontarlos y resolverlos los nicaragüenses.

En el esquema emotivo y hasta pasional que caracteriza a la “política” nicaragüense se suele olvidar que es el Estado de Nicaragua quien pertenece o es miembro de la Organización de Estados Americanos y no su Gobierno, mucho menos el FSLN. Es el Estado de Nicaragua, es decir la población nicaragüense, quien en el ejercicio de su soberanía designa dentro de su marco jurídico a las personas que ejercen el Gobierno y le representan en esa y otras instancias internacionales. Debemos entender y aceptar que de ninguna manera corresponde a la OEA, o a alguno de sus países miembros, resolver los problemas internos del Estado de Nicaragua… y que, en el caso extremo de que la OEA decidiera suspender la participación de Nicaragua dentro de la organización, tampoco habría algún tipo de “acción directa” en contra del actual gobierno, la OEA se limitaría a seguir presionando y negociando para que se restablezca el orden constitucional y se legitime la representación del Estado de Nicaragua mediante procesos democráticos fidedignos dentro de Nicaragua, bajo las leyes nicaragüenses.

El mensaje al FSLN es clarísimo: un futuro ejercicio en el poder que sea alcanzado mediante elecciones fraudulentas o poco creíbles expone a Nicaragua a ser suspendida o expulsada del organismo regional. El mensaje a la ciudadanía nicaragüense, especialmente a la oposición organizada, es igualmente claro: la forma de llegar al poder que la OEA reconoce tiene que pasar por los mecanismos democráticos internos reconocidos, es decir, un proceso electoral.

Así planteado, la última resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA conmina no solo al gobierno de Nicaragua para que garantice unas elecciones creíbles el próximo año, sino que también impone a la oposición la obligación de encontrar una ruta cívica y pacífica para resolver el conflicto interno que padecemos. Somos los y las nicaragüenses quienes tenemos que decidir el tipo de Sociedad que queremos construir, el tipo de país en el que queremos vivir… es nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana.