Negociaciones AC – gobierno estancadas otra vez. ¿Qué hacemos?

Negociaciones AC – gobierno estancadas otra vez. ¿Qué hacemos?

El reciente “intercambio de comunicados” entre el Consejo Político de la UNAB, la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua con motivo de la suspensión de las negociaciones, ante la pretensión del gobierno de que se suscriba una petición para el levantamiento de sanciones por parte de los EEUU, nos llama a reflexionar sobre el desarrollo de la crisis sociopolítica que enfrentamos y está derivando en una crisis económica de magnitudes aún no determinables.

Insostenibilidad de la posición gubernamental

En primer lugar es necesario destacar que el gobierno de Nicaragua mantiene una posición alejada totalmente de la realidad que ha provocado con sus acciones, en especial con la represión desmedida a que ha sometido a la población nicaragüense, al extremo de provocar la muerte de centenares de ciudadanos, herir y encarcelar a miles de personas e impulsar al exilio a decenas de miles que huyen de la represión o buscan mejores oportunidades en países vecinos.

El estado de negación en que se han sumido el partido en el poder y sus seguidores es extremadamente preocupante, acercándose peligrosamente a la abyección y enajenación patológicas. Mientras el gobierno persista en su intento de convertir las protestas populares en actos de terrorismo e insista en que ha sido víctima de un intento de golpe de Estado inexistente es simplemente imposible intentar cualquier tipo de conversación seria para solucionar la crisis.

Inutilidad de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno

Es evidente que la intervención de “el Gran Capital” para provocar este segundo intento de diálogo o negociación estaba orientado a encontrar una salida a la crisis que minimizara sus repercusiones económicas, conteniendo o evitando de plano la aplicación de más sanciones económicas a personas particulares vinculadas al gobierno de Nicaragua y al gobierno mismo. También parece razonable asumir que este nuevo intento de negociaciones contaba y cuenta con el beneplácito de la máxima representación de la Iglesia Católica en Nicaragua y sectores del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es de suponer que el gobierno ha asumido que ese apoyo al “diálogo” podía capitalizarse a su favor, entendiéndolo quizás como un apoyo a su permanencia en el poder. Esto último solo pueden saberlo a ciencia cierta los mencionados representantes del “Gran Capital”, los EEUU y el Vaticano; pero obviamente sería un craso error de cálculo ante la gravedad de las acciones gubernamentales.

Durante el proceso de negociación ahora en suspenso el gobierno solamente se había comprometido a la liberación de las presas y presos políticos, como también a restablecer los derechos constitucionales de la población; en especial los derechos a la manifestación y concentración pacíficas y a la libertad de expresión. Está de más decir que esos “compromisos” no serían otra cosa que el simple cumplimiento de lo que la Constitución Política de Nicaragua ya obliga a hacer al gobierno, así que no eran siquiera necesarios. Hasta este momento persisten la actitud y actuación ilegales e incluso delictivas de las instituciones y funcionarios del gobierno en contra de la población.

Más allá de las críticas que la población dirige, muchas veces con justa razón, a los representantes de la Alianza Cívica, es el gobierno quien ha hecho imposible que se obtengan resultados positivos del intento de diálogo, que sigue siendo la mejor opción para salir de la crisis.

¿Debería de insistirse en una salida negociada?

Sí, sin lugar a dudas la negociación es la forma más civilizada y rápida para resolver cualquier tipo de conflictos entre seres humanos razonables. Para ello, sin embargo, y fundamentalmente debido a la incapacidad del gobierno para actuar razonablemente, ahora se vuelve indispensable que se impongan las siguientes condiciones a cualquier intento de reanudar el diálogo:

  1. El cumplimiento previo a los acuerdos alcanzados en los dos intentos de diálogo antecedentes, es decir, la liberación de las presas y presos políticos, el levantamiento del estado de excepción de facto a que el gobierno tiene sometida a la población y la presencia de los organismos creados por la CIDH para acompañar el proceso de restablecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua y de una delegación de la OACNUDH que den seguimiento al diálogo y garanticen sus posibles resultados.
  2. La recomposición del equipo dialogante por parte de la ciudadanía. La Alianza Cívica ha sido voluntariamente reducida a una mínima expresión y ya no goza de la legitimidad requerida para cumplir tan importante encargo.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) debería también de reformularse, abriéndose a un mayor número de organizaciones que aún no están representadas en ella y entrar en un proceso de diálogo con los partidos políticos existentes, esto con el fin de consolidar sus capacidades de interlocución y de legitimidad frente a las posiciones gubernamentales.

El actual momento histórico exige de nosotros entereza y humildad para reconocer que no seremos capaces de revertir la crisis y sus posteriores efectos sin antes lograr una verdadera UNIDAD de la ciudadanía nicaragüense alrededor de un programa mínimo de nación que convoque y aglutine a la más amplia mayoría de organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas. Se hace urgente un proceso de concertación nacional incluyente que abarque a todo el espectro político y económico de la nación, es momento incluso de abandonar la polarización y los ataques pseudoideológicos a las personas.

Programa mínimo de nación

Una propuesta programática de la UNIDAD tendría que girar, como mínimo, alrededor de tres ejes fundamentales:

  1. Refundación del Estado de Nicaragua. El modelo actual es absolutamente insostenible, la ilegalidad y la corrupción han corroído la base institucional del Estado y han logrado hacer del ordenamiento jurídico un instrumento de dominación en contra de la población. No podrá haber una verdadera transición a la democracia mientras no se realice una depuración profunda y extensa de todas las instituciones y poderes del Estado. Para lograrla es necesario convocar a una Asamblea Constituyente.
  2. Justicia Transicional. Ante la negativa del gobierno actual para asumir sus responsabilidades e iniciar los procesos de pacificación y democratización que la ciudadanía demanda, cualquier nuevo gobierno deberá de priorizar la creación y aplicación de un modelo de Justicia Transicional que garantice la transición a un estado de paz social sin revanchismo, pero sin impunidad.
  3. Concertación económica nacional. Para hacer frente al estado en que se encontrará Nicaragua una vez el gobierno actual abandone el poder será necesario un proceso concertado de democratización de la economía y la elaboración de un plan nacional de recuperación de corto y mediano plazos.

Por último, tenemos que reconocer que la comunidad internacional tiene razones fundadas para dudar de nuestra capacidad para salir de la crisis, por nuestra incapacidad evidente para organizarnos y llegar a acuerdos. En lugar de preocuparnos porque el gobierno esté “ganando tiempo” en las negociaciones, deberíamos de apresurarnos y aprovechar ese mismo tiempo para terminar de organizarnos.