Las estrategias electorales

Las estrategias electorales

Las recientes resoluciones del nuevo Consejo Supremo Electoral, nombrado por la Asamblea Nacional (bajo absoluto control del FSLN), cancelando personerías jurídicas a dos partidos políticos opositores, entre ellos el Partido Restauración Democrática (PRD), cuya casilla electoral sería utilizada por la Coalición Nacional, nos permiten entender claramente la estrategia y métodos que utilizará el FSLN durante la contienda electoral, así como hacer algunas lecturas del contexto.

En primer lugar, podemos ver que la resolución que inhibe la participación del PRD no soporta ningún análisis jurídico, por escapar absolutamente del ámbito de lo legal. Sin forma ni figura de juicio, la resolución de marras acoge la solicitud de un grupo de personas ajenas al PRD para determinar, por sí y ante sí, que esa agrupación política debe ser castigada por relacionarse con organizaciones y personas que promueven “antivalores” que atentan contra las creencias de la fe cristiana, cosa que no se relaciona con la materia electoral que es el ámbito de competencia exclusiva del CSE. Esta acción, carente de legalidad o institucionalidad, nos ubica en el espectro de los estados confesionales, con una especie de teocracia fundamentalista y métodos propios de las peores épocas de la “Santa Inquisición” de muchos siglos atrás; absolutamente en el extremo opuesto de los Estados de Derecho modernos. Al contrario de lo que se espera en un Estado de Derecho, ante la convocatoria a un proceso de elecciones generales, el Consejo Supremo Electoral está suprimiendo el derecho de una parte de la ciudadanía, debidamente organizada, a participar en dicho proceso.

Un segundo aspecto de interés, para valorar en este contexto, es que la inhibición del PRD de la contienda electoral ocurre pocos días después de que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se negara a suscribir una alianza opositora que aglutinara a las organizaciones de la Coalición Nacional, de amplia expresión ciudadana. Es decir, se pretende alejar a la ciudadanía del espacio político, negándole así un derecho humano básico para la convivencia social y, por el momento, se intenta concentrar la contienda en las fuerzas políticas representativas de los grupos hegemónicos tradicionales, precisamente los grupos cuya alianza y connivencia han llevado a la crisis actual del sistema político con sus expresiones de profundo deterioro institucional y violación de derechos humanos, hasta el extremo de incurrir en crímenes de lesa humanidad debidamente documentados y denunciados en todos los foros internacionales. Este movimiento del FSLN refuerza lo que hemos venido señalando en Propuesta Ciudadana desde el inicio del conflicto, en abril de 2018: que el actual conflicto no se desarrolla en el formato histórico de conflictos entre grupos hegemónicos (dictadura/intervención externa), sino entre grupos hegemónicos y la ciudadanía emergente que demanda precisamente institucionalidad y respeto a los Derechos Humanos, Ambientales, Económicos, etc.

Todas las últimas decisiones de los operadores del FSLN, desde los distintos Poderes del Estado, nos permiten hacer las siguientes lecturas:

  • La Coalición Nacional, por su composición diversa e inclusiva, es la oposición política real de la ciudadanía a quien el FSLN teme enfrentar en el proceso electoral.
  • La debilidad del FSLN es actualmente tan grande que ha optado por tratar de provocar el abstencionismo en las elecciones en lugar de la tradicional división del voto opositor que, entre las elecciones del 2006 al 2016, le había permitido alcanzar y mantenerse en el poder.
  • Definitivamente, el FSLN no está en condiciones reales de enfrentar un proceso electoral con opciones de triunfo sin acudir a estratagemas y artimañas fraudulentas, aunque dichas maniobras sean escandalosamente absurdas y le terminen de acarrear condenas y sanciones a nivel internacional, tanto como erosionar la poca credibilidad que le pueda quedar en su reducida base social.
  • A diferencia de las irregularidades electorales entre 1996 al 2016, que habían estado orientadas a la concentración del poder sobre la base de una legitimidad relativa, estas irregularidades que observamos se orientan claramente a una abierta usurpación del poder, lo que no se producía en Nicaragua desde 1974, reafirmando la profundidad de la crisis del sistema político y dejándonos a la puerta de un nuevo estallido social y el consecuente colapso nacional.

Teniendo claras estas definiciones, consideramos que, lejos de abandonar la vía electoral, la misión de las organizaciones de la Coalición Nacional y la ciudadanía en general tiene que ser, más que nunca, la de continuar consolidando un amplio bloque ciudadano que sea capaz de incidir de forma decisiva en el proceso electoral, convocándose y convocando a votar masivamente en las próximas elecciones, tanto como a hacer valer los resultados de esas elecciones y evitar cualquier intento de manipulación fraudulenta de los mismos.

La democracia es un proceso permanente de construcción colectiva. El derecho a elegir y ser electos es un derecho consustancial a la democracia que puede ser ejercido voluntariamente por la ciudadanía, pero que, en contextos como el que vive Nicaragua, se convierte en una verdadera obligación moral y cívica, para dirimir los conflictos sociales existentes y para determinar la ruta por la que debe de transitar la vida social civilizada de la Nación.

Ante un escenario electoral en el que el FSLN no tiene ninguna posibilidad de ganar, incluso mediante acciones fraudulentas, no tiene por qué sorprendernos e incluso es de esperar un recrudecimiento de la represión, la inhibición arbitraria de todos los partidos o candidaturas que puedan considerarse peligrosos(as) para el régimen, hasta la cancelación definitiva del proceso electoral y acciones que avergonzarán por generaciones a quienes se siguen considerando sandinistas y acompañan el errático accionar de la familia Ortega – Murillo.

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