¿Injerencia de la OEA en Nicaragua?

¿Injerencia de la OEA en Nicaragua?

A raíz de la creación de un Grupo de Trabajo para Nicaragua en el seno del Consejo Permantente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno del FSLN ha expresado su rechazo y advertido oficialmente que no recibirá a ninguna misión en nuestro país por considerar que tal actividad es injerencista y está siendo promovida por los Estados Unidos de Norteamérica en detrimento de la soberanía nacional. Dada la trascendencia del tema, me parece necesario hacer algunas observaciones al respecto.

En primer lugar conviene decir que hay una confusión de fondo que proviene de la manera de pensar absolutista y totalitaria del FSLN en cuanto a que para ellos Estado, Gobierno, Partido y Daniel Ortega son una misma cosa. El Estado es una abstracción jurídica que comprende un territorio, una población dentro de ese territorio y una forma político-social/institucional de organizarse (generalmente dividiendo el poder entre las estructuras u órganos Legislativo, Judicial y Ejecutivo), el Gobierno es comprendido como la parte que desempeña la función Ejecutiva dentro del Estado (una especie de Administrador). Visto de ese modo, el Estado de Nicaragua lo conformamos igualmente quienes apoyan al gobierno del FSLN y quienes no lo hacemos… juntos todos los nicaragüenses constituimos lo que se denomina “el soberano”.

Así pues, el primer punto a destacar es que Nicaragua es miembro de la OEA como Estado, sea quien sea el gobernante de turno e independientemente de que sea el Gobierno quien ejerza la representación legal del Estado. Al mismo tiempo vale la pena señalar que entre los propósitos esenciales de la OEA, según el artículo 2 de su carta fundacional están: “… a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención…” y el Estado de Nicaragua se ha obligado a cumplir esos propósitos.

En segundo lugar, a las voces del artículo 2 de nuestra Constitución Política: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito…”, es decir, para que haya soberanía es indispensable que existan y se respeten las formas democráticas de expresión y participación ciudadanas. La capacidad legal del Gobierno de Nicaragua para representar al Estado de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos depende directamente de su legitimidad y de la legalidad con que ejerce su mandato, esto es, del propio respeto del Gobierno a la soberanía nacional consagrada en nuestra Carta Magna.

Para entender el segundo punto podemos remitirnos a un ejemplo de la vida cotidiana: si vas a contratar con alguien que dice que actúa en representación de otra persona lo primero que hacés es verificar si cuenta con un poder de representación válido, de otro modo corrés el riesgo de que tu contrato sea anulado, perdás tu dinero o bienes involucrados e incluso podés verte envuelto en graves problemas legales. Una organización como la OEA sigue exactamente la misma lógica al admitir la representación legal de los Gobiernos y es por eso que en el artículo 9 de su carta fundacional tiene prevista la forma de actuar cuando un gobierno “democráticamente constituido” es derrocado por la fuerza:

“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.

a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.

c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General.

d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado.

e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización.

f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros.

g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la presente Carta.”

Un gobierno que para sostenerse en el poder asesina, reprime y encarcela a sus detractores no puede menos que considerarse de dudosa legitimidad. Si a esto le sumamos las constantes denuncias de fraude en los procesos electorales, debido a deficiencias que ya han anotado la OEA y la Unión Europea en su oportunidad, así como el evidente control del FSLN sobre todos los Poderes del Estado, que pone en evidencia la falta de separación que es indispensable en toda organización social democrática… digamos que el FSLN está proclamando a gritos su inconsistencia jurídica, su incapacidad para ejercer un gobierno democrático y, por ende, la irregularidad de su calidad de representante de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos por el irrespeto a nuestra soberanía nacional.

Los ahora “policías voluntarios” apertrechados con armas de guerra, la Policía Nacional desplegada en constantes operativos de rastreo y captura de ciudadanos opositores al régimen y la cantidad de procesos judiciales irregulares a los que no se permite el acceso de organismos de la OEA pese a haber suscrito los convenios correspondientes, son pruebas más que fehacientes de que el gobierno del FSLN se sostiene por la fuerza y no por medios democráticos, de tal suerte que el artículo 9 de la Carta de la OEA es plenamente aplicable y seguramente se aplicará.

Por último, y para mayor abundancia, cabe anotar que la Carta Democrática Interamericana (del 11-09-2001) es más específica en cuanto a la ruptura del orden democrático de un Estado miembro de la OEA y las consecuencias de dicha ruptura, con sustento en las mismas apreciaciones arriba esbozadas:

“Artículo 19: Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20: En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21: Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.”

En términos estrictamente jurídicos el FSLN no tiene ninguna oportunidad de evadir las consecuencias de sus actuaciones en contra de la población nicaragüense, antes bien, cada reacción tendiente a obstaculizar las gestiones de apoyo de la OEA, y los diferentes grupos o comisiones creadas, apuntala su imagen de culpabilidad y responsabilidad, acelerando los procesos para su suspensión de conformidad con las disposiciones citadas. Capítulo aparte merece el análisis de las consecuencias personales que esta crisis acarreará a los principales funcionarios del gobierno del FSLN, incluyendo los procesos penales y civiles de resarcimiento que pueden alcanzar incluso a sus descendientes.