Informe final GIEI – Nicaragua (resumen ejecutivo)

Informe final GIEI – Nicaragua (resumen ejecutivo)

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SOBRE HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS
ENTRE EL 18 DE ABRIL Y EL 30 DE MAYO EN NICARAGUA
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI)
21 DICIEMBRE 2018

El presente Informe fue elaborado en virtud del mandato contenido en el “Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Nicaragua para la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril a la fecha en Nicaragua” (El Acuerdo) (1). El GIEI destaca la voluntad de las partes que suscribieron el Acuerdo del 30 de mayo de 2018 de conformar un mecanismo internacional de coadyuvancia para el esclarecimiento de los hechos de violencia.

El GIEI quiere manifestar su profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron con su labor y que participaron en diferentes reuniones y talleres en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, México y España, quienes, con valentía entregaron sus testimonios, así como a los organismos que colaboraron con el GIEI, en particular CENIDH y CPDH, sin estas contribuciones el trabajo no habría sido posible. El GIEI agradece a la cooperación internacional por sus aportes y cooperación que facilitaron su labor dentro y fuera del de país. Asimismo, el GIEI quiere agradecer, en especial, al equipo de trabajo y a las personas y organizaciones que compusieron su equipo extendido.

El contenido del informe es el resultado de seis meses de trabajo en Nicaragua y de contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas, organizaciones de derechos humanos, revisión de miles de documentos y de constante consultas con expertos internacionales de diferentes disciplinas. Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos, lo que planteó retos metodológicos y la incorporación de nuevas herramientas de investigación y de especialistas en la materia.

Desde el inicio de sus labores, el trabajo del GIEI se desarrolló sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, quien negó en forma sistemática la información requerida y en un contexto de violencia y represión estatal que continuó después de su instalación en Nicaragua, lo que significó una seria limitación para el trabajo encomendado.

El hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI, representó una seria limitación para el trabajo que le había sido encomendado, así como el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. La represión a las protestas y manifestaciones pacíficas, así como la persecución y el acoso a los líderes estudiantiles, campesinos, indígenas y otros líderes sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado se mantuvo durante todo el mandato del GIEI.

A pesar de los obstáculos por la falta de cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar posibles responsables.

Caracterización de los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo de 2018

Las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril, como se observó, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en las figuras del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque.

En el mes de abril de 2018 dos hechos detonaron una serie de protestas sociales: un incendio en una reserva natural y las reformas al sistema de seguridad social. La información recolectada demuestra que el día 18 de abril manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por una modalidad de violencia que ya tenía antecedentes en los últimos años, hasta el punto de haberse convertido en una modalidad habitual. Se trata de la represión de la protesta por medio de grupos de choque afines al gobierno que llegan al lugar de la manifestación y agreden a los manifestantes para disolver la actividad de protesta. En esta modalidad represiva, la Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan y omitiendo detener a agresores.

Las acciones de represión desarrolladas durante el 18 de abril, tanto en Managua como en León, muestran las mismas características que han tenido en ocasiones anteriores, solo que esta vez los eventos fueron difundidos mientras sucedían y causaron gran indignación en amplios sectores de la población, probablemente por afectar a personas mayores y porque existía una enorme indignación acumulada.

La represión por medio de grupos de choque el 18 de abril no logró el efecto esperado, sino todo lo contrario: se produjo un aumento notorio en la cantidad y masividad de las protestas a partir del 19 de abril.

Frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización armas de fuego, entre ellas armas de guerra. Las armas se dirigieron directamente contra los manifestantes. Esto se verificó en diversos escenarios en los que la población civil desarrollaba acciones de protesta: en marchas o concentraciones en la vía pública, en tomas de universidades y en cortes de calles (barricadas y “tranques”).

A su vez, pudo observarse, como característica central, la articulación entre sí de diversas estructuras del Estado o vinculadas al Estado: la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, que van desde los grupos de choque recién mencionados hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”. Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales.

Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas vinculadas al contexto, más de 1400 heridos y más de 690 detenidos. De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en cráneo, cuello y tórax. Tal como surge de los eventos narrados en el informe y de la información disponible sobre cada una de las víctimas, la gran mayoría de las muertes por disparo de arma de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales.

Con relación a los heridos, de las cifras oficiales se desprende que de un universo de 1400, al menos 599 son por herida de arma de fuego, lo cual da una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto. A su vez, la información disponible permite observar que las fechas en las que se registra mayor cantidad de heridos se corresponden exactamente con eventos en los que hubo una fuerte represión. Estas cifras de heridos, sin embargo, no reflejan el universo total, dado que, como el GIEI pudo comprobar, muchas personas heridas no figuran registradas en las cifras oficiales, aún cuando recibieron atención en hospitales públicos. Por otra parte, muchas personas han recibido atención médica en instituciones privadas, no incluidas en las cifras oficiales, y otras han sido atendidas en puestos médicos improvisados, a cargo de médicos, paramédicos y otros voluntarios.

El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país. La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de gobierno frente a ellas refleja que no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales, o bien por la actuación de grupos de civiles que por su cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de las protestas, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.

El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales. Estas acciones por parte de la Policía Nacional fueron llevadas a cabo tanto por la Policía de Managua o de las secciones departamentales correspondientes a los lugares donde ocurrieron los hechos, como por unidades especiales de la estructura central de la PN. La dimensión de la represión determinó que se hayan utilizado prácticamente todos los recursos de la Policía Nacional. La información recolectada demuestra la coordinación entre diversas áreas de las Policía en la represión, básicamente entre los elementos policiales de cada región o departamento y agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), estructura que ha tenido un papel central en la represión en todo el territorio.

Este nivel de articulación entre las distintas área de la Policía Nacional, de manera reiterada, solo se puede explicar por una decisión tomada por las máximas autoridades y mantenida en el tiempo, por lo que el GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente de la Nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional; las autoridades de las distintas Delegaciones Departamentales y Regionales; de las autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina y los jefes de las unidades especializadas que integran la DOEP, entre otros funcionarios.

Desde el inicio mismo de las protestas el gobierno sostuvo un encendido discurso de construcción de un enemigo y de descalificación de los manifestantes. Fueron presentados como jóvenes manipulados, personas vandálicas, desestabilizadoras, llenas de odio, golpistas, terroristas, entre muchos otros calificativos que implican negarles su entidad de ciudadanos plenos y de sujetos capaces de decidir autónomamente participar de protestas cívicas. Paralelamente, el discurso del gobierno frente a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal consistió en negarles esa condición. Incluso se intentó llevar a cabo una apropiación política de algunas víctimas para hacerla pasar como afectadas por la violencia de grupos opositores. Al mismo tiempo, el gobierno avaló políticamente la actuación de la Policía Nacional, no solo al omitir toda referencia a los graves abusos, sino también mediante gestos activos que incluyeron nombramientos y ascensos de los principales responsables de las acciones llevadas a cabo en la represión de las protestas.

El GIEI constató, asimismo, que la Policía Nacional llevó una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes en contexto de razzias policiales. Asimismo, se registró un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza sobre las personas detenidas, y denuncias sobre sometimiento a condiciones inhumanas de detención en centros de reclusión policiales y penitenciarios. Por otro lado, se registran relatos que describen diversas formas de tortura y agresiones sexuales que merecerán ser investigados cuando existan condiciones institucionales adecuadas. La situación de los detenidos se vio agravada aún más por la inefectividad del recurso de exhibición personal y del control judicial de tales prácticas abusivas.
Conforme la documentación a la que tuvo acceso el GIEI, existió un patrón de denegación del acceso a la justicia de las personas víctimas de las arbitrarias detenciones masivas ejecutadas por la Policía Nacional, tanto en el trámite como en la resolución de los Recursos de Exhibición Personal (REP).

El GIEI, a lo largo de todos estos meses de trabajo recopiló numerosa y variada información que da cuenta de la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas durante los hechos de violencia producidos en el marco de las protestas sociales realizadas en el país a partir del día 18 de abril.

Numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicio en los puestos de emergencia fueron despedidos de sus puestos de trabajo y hasta incluso tuvieron que irse del país por temor a sufrir represalias. El despido y desplazamiento de los médicos también se dio con aquellos que, sin formar parte de estos puestos de emergencia, cumplieron el juramento hipocrático de su profesión y atendieron igualmente a los heridos en contextos en los cuales pretendía negarse la atención o que simplemente fueron considerados disidentes u opositores. Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. En este sentido el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad de la Ministra de Salud, Sonia Castro, y de la Dirección de cada hospital público, qué rol tuvo la estructura sindical FETSALUD en los hechos, y qué medidas se tomaron -o no- para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad.

El GIEI también ha constatado que, si bien las manifestaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del gobierno, que se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada. El GIEI no encontró evidencia de que estos actos violentos hubieran sido planificados o coordinados. El GIEI recogió información de actos aislados de violencia en algunas manifestaciones. Actos de los cuales se mantuvieron ajenos la inmensa mayoría de participantes. Los actos de violencia ejecutados por personas vinculadas con las protestas se dieron invariablemente en escenarios represivos de la protesta o durante incidentes vinculados con su desarrollo -cuando las marchas eran reprimidas, cuando las universidades tomadas intentaban ser desalojadas o cuando se ejecutaban acciones dirigidas a despejar los tranques-. Resulta elocuente que el GIEI no ha registrado hechos de violencia contra marchas o actos oficialistas.

A partir del análisis de los hechos relatados, el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución.

Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma.

Actuación del sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal -Ministerio Público y Poder Judicial- ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho uso ilegitimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. El GIEI ha constatado la existencia de patrones de comportamiento en los procesos de criminalización, en donde la congruencia entre los hechos y la adecuación típica de las conductas es inexistente.

En todos estos procesos ha habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención arbitrarias, hasta el uso generalizado de la prisión preventiva, sin cumplir con la necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de plazos para el control judicial de la privación de libertad. La prisión preventiva se utiliza sin acreditar la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como, la ausencia de prueba que permita acreditar los hechos que se les atribuye a los imputados; o bien, la utilización de prueba que no cumple con los estándares de legalidad y pertinencia.

Asimismo, son notorias las restricciones sin justificación a la publicidad de los juicios y al derecho a la defensa. Finalmente, se ha establecido que el hábeas corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz. En síntesis, los procedimientos iniciados en contra de las personas acusadas de haber infringido la ley en este contexto no satisfacen los estándares mínimos del debido proceso  (2).

De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad. En estas investigaciones también se evidencian graves debilidades. La fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas. Situación no solo injusta para los acusados, sino también para las víctimas y familiares al no obtener una respuesta verdadera.

En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la ausencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de la realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales en la materia. A pesar de la obligatoriedad de la práctica de estas diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco se ha incorporado prueba digital a los casos, como información de telefonía o de geolocalización. A pesar de existir abundantes videos que registraron los graves crímenes, estos no se han presentado como prueba en los juicios sino en una mínima parte. Ni se han realizado en todos los casos pruebas de correspondencia balística. Las investigaciones no han sido exhaustivas ni imparciales. En síntesis, para el GIEI el Estado de Nicaragua ha infringido su deber de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

Experiencia de las víctimas y propuesta de un Plan de Reparación Integral

La violencia desatada a raíz de la protesta social ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares.

Otro mandato que le fue solicitado al GIEI fue la de presentar recomendaciones para elaborar un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. Para ello era imprescindible partir del impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos en las víctimas y familiares y recoger su experiencia y sus expectativas desde sus propias voces. En este sentido, el GIEI desarrolló una serie de reuniones con la sociedad civil, incluyendo grupos de víctimas y sus familiares y organizaciones de derechos humanos, lo que permitió recoger valiosas informaciones que le permitieron evaluar el impacto personal y social de los hechos.

El GIEI realizó 23 talleres y reuniones informativas sobre el derecho a la reparación, en los cuales 410 personas afectadas aportaron medidas que, desde su punto de vista, son fundamentales para un proceso de reparación. El GIEI invitó a diversos órganos del Estado de Nicaragua a una reunión informativa para presentarles los contenidos que serían parte del proceso de consulta con víctimas y familiares, así como con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Estado no respondió a la invitación ni se presentó a la reunión.

La obligación de los Estados de resolver los problemas derivados de las violaciones a los derechos humanos está claramente establecida en el derecho consuetudinario, la jurisprudencia internacional y regional y los instrumentos internacionales. En este sentido el informe recoge el cconjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y recuerda cuales son los deberes que le corresponde al Estado en materia de verdad, en su dimensión individual y colectiva; de justicia, en los planos internacional, regional y nacional; de reparación, incluyendo la necesidad de incorporar garantías de no repetición; y de preservación de la memoria colectiva.

Recomendaciones

Consciente de que los períodos de graves violaciones a los derechos humanos tienden a debilitar fuertemente la calidad de las instituciones públicas, más aún cuando el poder político usa dichas instituciones para cometer o refrendar sus abusos, el GIEI recomienda:

1. Al gobierno a asegurar que el derecho de reunión sea plenamente respetado y garantizado a través del debido resguardo de las manifestaciones públicas, de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables.

2. Al gobierno a cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos. En particular, la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

3. Al Estado nicaragüense que inicie en una reforma integral de las instituciones orientada a modificar las condiciones que generaron y ahondaron la represión y la persecución política. Esta reforma se hace necesaria para materializar el compromiso de cambio y garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos, buscando que la violencia sea desterrada como medio para resolver los conflictos y establecer un nuevo pacto social inclusivo de modo que el Estado sea realmente expresión de todos y todas lo/as nicaragüenses.

4. Se recomienda al Estado la implementación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR) que repare y compense la violación a los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Capítulo XII.

De manera genera frente a las actuaciones de los funcionarios públicos de diferentes instancias del aparato estatal que han participado en prácticas violatorias a los derechos humanos durante los hechos de violencia a raíz de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018, el GIEI recomienda:

5. Investigar y eventualmente destituir a los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos. Reformar las instituciones y propiciar la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio nacional. Reconocer a las organizaciones populares, las identidades locales y la diversidad cultural, promoviendo la participación ciudadana desde la pluralidad de las diferentes opciones y posiciones políticas.

6. Disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales y proteger a la población de todo acto ilegal y violento. Determinar a través de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes si éstos han participado en hechos delictivos, especialmente en atentados contra la vida y otros derechos fundamentales, y en su caso procesarles y juzgarles.

En relación con la actuación de la Policía Nacional de Nicaragua, que ha revelado un conjunto de prácticas institucionales violatorias a los derechos humanos que se han extendido en el tiempo y se han incrementado en gravedad; así como considerando la experiencia de otros países y la urgente necesidad de dotar nuevamente al Estado de una institución policial que asegure el orden interno a partir de principios de control democrático y respeto a los derechos humanos, el GIEI recomienda:

7. Depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos. Esta separación deberá hacerse luego de una investigación administrativa exhaustiva a fin de deslindar responsabilidades y evitar represalias e independiente de las investigaciones penales correspondientes. Para garantizar la transparencia de esta tarea podrían designarse veedores de la sociedad civil.

8. Revisar el marco jurídico normativo de la institución, simultáneamente al proceso sugerido, a fin de asegurar la garantía de no repetición, considerando: restablecer el retiro obligado del director o directora de la Policía Nacional cada cinco años, una vez que haya cumplido su período; incorporar mecanismos de supervisión y control civiles, externos a la institución; reglamentar la ley 872 conforme pautas profesionales y respetuosas del los derechos humanos; implementar una carrera policial a fin de garantizar el ingreso y ascenso por méritos y la profesionalización policial; eliminar la figura de los policías voluntarios; trasladar los programas de recuperación de jóvenes a otras instancias de gobierno por fuera de la policía; revisar las normativas internas y procedimientos administrativos que regulan la actuación de los agentes.

9. Reformar el artículo 231 párrafo tercero del Código Procesal Penal para que toda privación de libertad sea autorizada por una juez, eliminando la posibilidad que se realicen detenciones con orden policial.

En relación con el sistema de administración de Justicia, las investigaciones muestran que el sistema judicial no utilizó adecuadamente las leyes para defender los derechos de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, se convirtió en una herramienta de criminalización de la protesta social. “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de sus gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público” (3), el GIEI recomienda:

10. Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

11. Establecer una carrera judicial con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de jueces y magistrados, que incluya la Corte Suprema de Justicia. Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de magistrados y jueces. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

12. Realizar el nombramiento de magistrados y jueces, a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.

13. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el sistema judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril sean juzgados por instancias judiciales compuestas por magistrados que garanticen imparcialidad, idoneidad y cuenten con los recursos adecuados. Para ello deberían evaluarse distintas posibilidades que incluyan la eventual participación de jueces internacionales y/o el asesoramiento y apoyo de la cooperación internacional, en particular de países que han tenido que enfrentar y juzgar procesos de represión violenta.

14. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el poder judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar la revisión de las sentencias que fueron dictadas y las que se dicten en el futuro por los actuales tribunales, a fin de determinar si se han violado garantías constitucionales o disposiciones legales en afectación al debido proceso. Este proceso de revisión debe efectuarse con las personas acusadas o condenadas en libertad. Esta labor debe ser llevada a cabo por magistrados debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Se recomienda evaluar la posibilidad de convocar a magistrados de otros países y/o solicitar el apoyo o la cooperación internacional para esta tarea.

15. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

16. Instar al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018, conforme lo establecido en el art. 12 inc. 3 (4).

17. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

El Ministerio Público como institución independiente del poder ejecutivo y a cargo del análisis, investigación y ejercicio de la acción penal de los casos, ha incumplido su deber de representar a las víctimas cualquiera fuese su ideología o el contexto socio político, y realizar investigaciones exhaustivas independientes e imparciales; por lo que el GIEI recomienda para su reforma:

18. Investigar y eventualmente remover a los fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

19. Establecer una carrera fiscal con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de fiscales, que incluya al Fiscal General. Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de fiscales. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

20. Realizar el nombramiento de fiscales a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.

21. Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Por ello, la sociedad civil tiene que participar tanto del proceso de identificación de los perfiles como en el de selección de los fiscales. Asimismo, para fortalecer su independencia y autonomía y asegurar investigaciones imparciales que incluyan a todos los responsables directos e indirectos como su cadena de mando, se recomienda evaluar, al menos en una primera fase, la conveniencia de que se convoquen, junto a los fiscales nacionales, fiscales internacionales para hacer parte de la Fiscalía Especial. Se recomienda en este sentido que los países de la comunidad internacional pongan a disposición del Estado de Nicaragua perfiles de fiscales de su nacionalidad idóneos para tal fin y acompañen el proceso de creación.

Recomendaciones a otros actores:

22. Con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.

23. Se recomienda a la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como las entidades financieras regionales e internacionales, que incorpore un análisis de la situación de derechos humanos del país y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que su contribución sea enfocada en la superación de los desafíos y obstáculos identificados por los órganos de supervisión de tratados y por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

24. Finalmente, el GIEI considera imprescindible que la sociedad nicaragüense en general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen en el reclamo de justicia y reparación.


(1) Anexo 1: Acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018 entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Nicaragua.

(2) OACNUDH, Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua. 18 de abril – 18 de agosto de 2018, pág. 33.

(3) CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. 2013.

(4) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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