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Acerca del delito de "terrorismo"  

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12/10/2018 11:10 pm  

Aunque no es una figura jurídica novedosa, la discusión acerca del delito de terrorismo ha venido ganando notoriedad alrededor del mundo, especialmente a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica y más recientemente con el surgimiento del Estado Islámico y las actividades de sus miembros en oriente medio y algunas ciudades europeas. En Nicaragua, con motivo de las acciones de protesta de la población iniciadas en el mes de abril de este año y la respuesta excesiva del aparato represor del Estado en conjunto con grupos armados irregulares (paramilitares o parapoliciales), se ha reformado el Código Penal en un intento por criminalizar todo tipo de protesta ciudadana que pretenda ejercer presión sobre las autoridades para obtener algún tipo de beneficio o cambio en las políticas públicas que implemente el gobierno; al mismo tiempo se está procediendo a encarcelar y juzgar a centenares de ciudadanos y ciudadanas que han tenido participación activa en las manifestaciones de protesta de abril a la fecha, acusándoles por diversos delitos, entre ellos el de terrorismo.

A simple vista la cuestión plantea una suerte de elección entre seguridad y libertades (o garantías constitucionales), siendo evidente que en situaciones extremas como las planteadas por el Estado Islámico (por ejemplo) la tendencia será hacia una concesión cada vez más marcada a la supresión de garantías o libertades ciudadanas individuales en aras de obtener la protección de la seguridad y la paz social de parte del Estado. El caso nicaragüense, sin embargo, nos muestra la otra cara de la moneda, con un Estado bajo el control absoluto de un régimen que ha eliminado cualquier posibilidad de acceder a un proceso judicial justo y ecuánime; un gobierno que ha instrumentalizado a las fuerzas del orden público, al ejército y a todo el sistema judicial para garantizarse su permanencia en el poder.

Siendo evidentemente necesario establecer las normas jurídicas, en este caso de tipo penal, que nos permitan hacer frente a la existencia de grupos o individuos que, efectivamente, hacen uso de distintas formas de terror para alcanzar sus objetivos, ¿qué mecanismos podemos implementar para que se mantenga el balance entre garantías a los derechos ciudadanos individuales y la sanción/prevención de las conductas delictivas, antisociales?, ¿cómo evitar que el gobierno de un Estado pueda hacer uso de los instrumentos legales establecidos para reprimir injusta y criminalmente a sus detractores u opositores políticos?

 

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