Escenarios de salida a la crisis nicaragüense

Escenarios de salida a la crisis nicaragüense

La crisis nicaragüense, iniciada con las protestas populares en el mes de abril del 2018 y la violenta represión gubernamental que persiste a la fecha, ha hecho visibles dos conflictos que responden a la existencia de dos visiones o perspectivas socioculturales contradictorias de la realidad. Para encontrar una solución estable y duradera a la crisis conviene analizar y dar respuesta a cada uno de ambos conflictos.

Fuerzas reales en pugna

En primer lugar es necesario decir que las protestas populares del mes de abril del 2018 obedecieron a demandas puntuales en materia de propiedad (Movimiento Campesino) protección al medioambiente, seguridad social, derechos humanos y democratización de los espacios sociales, especialmente las universidades públicas. Todas estas demandas acumuladas e insatisfechas durante la última década responden a lo que podemos denominar una “nueva cultura política” (NCP) emergente que, alejada de los partidos y movimientos políticos tradicionales, representaba y representa una amenaza a los poderes fácticos de la nación, una amenaza al sistema.

La excesiva violencia gubernamental con que se reprimieron las protestas justificadas de la población provocó que las demandas iniciales se transformaran y se pasara a exigir la dimisión del gobierno por los crímenes cometidos. Así las cosas, la lucha popular generadora del primer conflicto por las reivindicaciones sociales mencionadas, con la “ayuda” de organizaciones de empresarios, organismos no gubernamentales y  partidos y movimientos políticos tomó el rumbo del conflicto tradicional o lucha por el poder político que es característico de lo que en Propuesta Ciudadana denominamos “vieja cultura política” (VCP).

Anulación de la fuerza de la Nueva Cultura Política (NCP)

Ante la convocatoria del gobierno para un diálogo nacional, con la Mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los líderes populares de las protestas en las calles fueron relegados y sustituidos por personajes representativos de los distintos espacios de poder tradicional (económico y político) y organizaciones existentes que no siempre representaron o representan los intereses originales de la población en general y ni siquiera de los sectores a los que pertenece cada uno de dichos representantes. En el caso de los estudiantes universitarios los y las jóvenes convocados al primer intento de Diálogo Nacional tampoco fueron electos desde las bases estudiantiles y poco a poco han sido llevados a defender intereses genéricos, en cierta medida ajenos a su interés gremial particular, con la plausible justificación de que en este momento lo que importa es “salvar a Nicaragua”. Así nació la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Posteriormente, y para suplir la falta de legitimidad de la ACJD, fue creada la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dejando claramente establecido en su documento fundacional que no disputaría la representación en el diálogo nacional a la ACJD, pese a que su composición es mucho más amplia y representativa. En teoría la UNAB sería la organización que aglutinaría a las organizaciones de pobladores nacidas durante las protestas populares y todas aquellas que quisieran sumarse al nuevo escenario de protestas y diálogo demandando la “salida de Ortega”.

La lucha por el poder político

Abandonadas las demandas iniciales en las negociaciones, se pretende lograr unas “elecciones anticipadas” como única solución viable a la crisis. Así, todos los esfuerzos de la clase política tradicional, empresarios y algunos grupos y organizaciones para lograr un proceso electoral anticipado, entrañan el mantenimiento del status quo (retorno a la “estabilidad”) que se ha visto alterado durante el último año. Esto provoca un fuerte rechazo en una buena parte de los grupos de ciudadanos que participaron activamente en las protestas y reclaman por la manipulación y el aprovechamiento oportunista del sacrificio de miles de nicaragüenses que aspiraban y aspiran a verdaderos y profundos cambios en el sistema político.

En este momento las negociaciones de la Alianza Cívica con el gobierno se han paralizado y todo parece indicar que no tiene ningún sentido retomarlas, dado que el gobierno no ha dado muestras de pretender soluciones reales al conflicto. No podemos saber, ni depende de nosotros, cuál será la reacción de la comunidad internacional ante los incumplimientos del gobierno y la continuidad de la represión a la población… tampoco es claro que en caso de aplicarse más sanciones y aun más severas al gobierno este vaya a salir del poder. La tendencia parece ser que se abrirá un compás de espera para dar continuidad a las “negociaciones”.

Un nuevo intento de rebelión, sea cívico o violento, podría tener éxito o ser aplastado nuevamente de forma violenta por el gobierno. En ambos casos los resultados serían desastrosos para el país en materia económica y de estabilidad social. No podemos saber qué papel jugarían las Fuerzas Armadas y si la Policía Nacional continuaría hasta el final al lado del gobierno en contra de la población, pero en todo caso la existencia de grupos armados a favor y en contra del FSLN, la guerra, estaría casi garantizada.

Conclusiones

En caso de que hubiese elecciones, adelantadas o no, el conflicto entre la VCP y la NCP hace difícil la conformación de un bloque único opositor. Una gran parte de la población resiente el oportunismo de grupos como CxL y la fuerte presencia del COSEP (socio del FSLN hasta abril del 2018) en la organización y toma de decisiones de la oposición. La UNAB, que en teoría debería de representar a la NCP, está también permeada por la presencia de personas y organizaciones que de una u otra manera persiguen obtener posiciones y beneficios particulares (agendas ocultas). No sería remoto que a un futuro proceso electoral se presenten, como mínimo, tres contendientes; aunque obviamente no sería lo más deseable.

De cualquier manera que el FSLN lograra mantener el poder, Nicaragua seguiría el rumbo de Venezuela o Cuba y en el peor de los casos el de Haití. Si la oposición (unida o en dos bloques) lograra vencer de forma aplastante al FSLN (70% o más de los votos) podríamos pensar en una verdadera salida del conflicto y tener esperanzas de una relativamente pronta recuperación. Una victoria de la oposición con menos del 70% de los votos nos expone a un “gobierno desde abajo” que el FSLN podría lograr exactamente como lo hizo a partir de 1990.