Elecciones generales 2021 – recapitulemos

Elecciones generales 2021 – recapitulemos

El Contexto.

Faltando solamente diez días para la realización de las elecciones generales en Nicaragua se perciben incertidumbre, temor y frustración en el ambiente. Dos encuestas independientes realizadas en septiembre de este año por las firmas M&R y CID Gallup muestran resultados diametralmente opuestos en cuanto a la supuesta intención de voto de la ciudadanía. Y vale decir que cualquiera de los dos resultados representa un muy alto grado de incertidumbre que imposibilita pronósticos y favorece a las campañas de unos en contra de otros, contribuyendo así a la actual polarización y estado de cosas que se describen en este artículo.

La oposición política organizada, tradicional y emergente, ha sido reducida drásticamente mediante la cancelación de personerías jurídicas a partidos políticos, el encarcelamiento de sus personas más visibles, las tradicionales luchas y fraccionamientos internos de las organizaciones y el autoexilio de una buena cantidad de líderes y lideresas que temen ser también llevados(as) a prisión.

En el contexto de la crisis sociopolítica, iniciada en el 2018 y agravada por la pandemia del COVID, con muy pocos medios de comunicación masiva independientes en el interior del país, fueron restringidas las opciones de campaña pública a los partidos políticos que decidieron participar en el proceso electoral programado para este año. Estas agrupaciones, que tradicionalmente atraen a muy pocos(as) votantes, cuentan casi exclusivamente con su presencia y capacidad territorial, porque en las redes sociales y medios digitales independientes es generalizada la desaprobación que les rodea por lo que se considera colaboracionismo para la legitimación del gobierno del FSLN, sus acciones y la posible reelección de Daniel Ortega.

Sumado a todo lo anterior, tenemos que tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos han expresado sus preocupaciones por la falta de condiciones democráticas para el proceso electoral y existe una clara posibilidad de que incrementen las medidas de presión contra el Gobierno una vez consumadas las elecciones y dados a conocer sus resultados. La respuesta del FSLN ha sido confrontativa, acusando a estas organizaciones de injerencistas y buscando crear o fortalecer alianzas estratégicas con países que están fuera de los círculos de influencia de ambas.

Es sumamente difícil analizar objetivamente el escenario arriba descrito, incluyendo las encuestas, peor aún tratar de vaticinar cuál será su evolución más probable, pero es necesario intentarlo con el fin de aportar algunas ideas puntuales que quizás nos permitan encontrar una salida racional del proceso autodestructivo en que nos encontramos, como Sociedad, en este momento.

Irracionalidad de los extremos (paradigma de la contradicción).

En un trabajo colectivo, publicado en el año 2018, Freddy Quezada, Hulasko Meza y otros autores describen la crisis nicaragüense como una “confrontación paradigmática” entre los que ellos definen como paradigmas “de la contradicción” y “de la diferencia”. Según sus reflexiones y definiciones, que comparto plenamente y cito, tenemos que:

  1. La generación de nicaragüenses que dio al traste por la vía armada con la dictadura somocista nació, creció y se multiplicó -ideológicamente y en lo permitido por las circunstancias- en un paradigma predominante en ese momento y cuya principal característica permite identificarlo como un «paradigma de la contradicción».
  2. La esencia de dicho paradigma radica en que el «uno» considera al «otro» como un enemigo al que hay que vencer y, eventualmente destruir pues su sola existencia amenaza y se opone a lo que interesa y conviene al «uno».
  3. Adicionalmente, ese «uno» se considera a sí mismo como el sector más avanzado de la sociedad y está «obligado históricamente» a triunfar sobre el “otro” para poder garantizar un mejor futuro para todos en la sociedad.
  4. Por el contrario, la generación de nicaragüenses, jóvenes, que ha estado a la cabeza de la revuelta social que está estremeciendo Nicaragua a partir del 19 de Abril, ha crecido y se ha formado en otro tipo de paradigma; uno al que podríamos llamar «paradigma de la diferencia».
  5. En este paradigma, lo esencial es que todos los «unos» existentes en la sociedad, reconocen y aceptan la existencia de todos los «otros». No solamente en términos de aceptación como realidad, sino también en términos de “sujetos sociales reales, con derechos iguales”.

Más adelante, estos autores acertadamente expresan su preocupación en cuanto a que las características del conflicto “… ponen en crisis al «paradigma de la diferencia», cuando comienza a arraigarse en la conciencia de los que lo abrazan la convicción de que hay «un otro» tan excluyente que amenaza la existencia de todos “los otros” y que, por tanto, es incompatible con la democracia. Haciendo emerger praxeológicamente, de esta manera, el «paradigma de la contradicción» entre los partidarios del «paradigma de la diferencia». Los empeños por evitar esta reproducción manteniendo el carácter cívico de la lucha pueden llegar a ser insuficientes, si el «uno» se empeña en una estrategia de exterminio de los «otros» …”.

Es evidente que ya estamos en un momento en el que, por el accionar del gobierno, parece imposible la coexistencia pacífica entre los simpatizantes del FSLN y sus adversarios políticos. Paulatinamente la polarización “política” va generando extremos radicalizados de personas desesperadas que, como efecto colateral, son una amenaza para quienes abogamos por soluciones cívicas, pacíficas, al conflicto y, finalmente, para la población en general. Con relación a esto conviene recordar que las acciones producto de la desesperación suelen ser irracionales, por tanto, inesperadas y de resultados incalculables.

Disfuncionalidad del sistema político (el doble conflicto).

La virtual aniquilación de la oposición organizada que ha emprendido el FSLN, en el marco del paradigma de la contradicción ya mencionado, tiene como consecuencia la extinción de los mecanismos sociales que permiten la sana administración del poder público. Un rasgo característico de la sociedad nicaragüense poscolonial (a propósito del recién cumplido bicentenario de la “independencia”) lo constituyen los ciclos de ejercicio de un poder excluyente que derivan hacia un colapso social y la ruptura violenta del sistema. Tradicionalmente, hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado, ha ocurrido que, como producto de la explosión de violencia, los grupos de poder logran pactar un reacomodo y reparto de cuotas que les permitiera seguir coexistiendo.

En esta tradición conflictiva nicaragüense, hasta 1979, los grupos antagonistas eran exclusivamente dos: liberales y conservadores (“legitimistas y democráticos” o “timbucos y calandracas”), ambos representativos de las élites económicas y/o poderes fácticos (grupos hegemónicos). Estas agrupaciones son las llamadas “paralelas históricas” que, en 1979, son desplazadas del poder por una insurrección popular que logra derrocar a la denominada “dictadura somocista”. Es importante destacar que hasta ese momento histórico “el pueblo” nicaragüense era un sujeto pasivo del sistema político establecido.

No siendo el objetivo de este artículo hacer un recuento histórico o una apología del denominado “período revolucionario” de la década de los 80 del siglo pasado, quiero destacar que la noción de “ciudadanía” y la apropiación del concepto de “Derechos Humanos” comienzan a surgir y afianzarse en esa época (aunque sea por la simple situación coyuntural en el contexto global). Es así que, guerra civil e intervención extranjera mediante, en 1990 la ciudadanía nicaragüense “estrena” un proceso electoral realmente democrático y participativo… sin embargo, y a partir de ese mismo momento histórico, los grupos hegemónicos (de viejo y nuevo cuño) retoman la “tradición” de los pactos y componendas para el reparto del poder, comenzando así el intento de restablecer el formato de las “paralelas históricas” (las luchas intestinas y el fraccionamiento de los partidos por ser una de las dos fuerzas políticas hegemónicas en el reparto del poder).

Ya en 1996 aparece en la escena política el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ganando las elecciones generales, con Arnoldo Alemán a la cabeza, y las primeras denuncias comprobables de un fraude electoral. La ciudadanía políticamente activa, emergente, se articula en distintas organizaciones de sociedad civil, movimientos y/o partidos políticos. El Movimiento Vamos con Eduardo (disidencia del PLC), el Movimiento Renovador Sandinista (disidencia del FSLN), la Coordinadora Civil (con alrededor de 1000 organizaciones integrantes, entre sociedad civil y empresas sociales nacidas en el ‘boom’ de la industria de la cooperación) y el Movimiento por Nicaragua, en distintos momentos, llegaron a convocar y aglutinar a decenas de miles de nicaragüenses bajo las ideas de la democracia y el civismo. No obstante, esas mismas organizaciones no lograron superar los vicios de la cultura política tradicional ni estructurar una estrategia de acción común… de tal suerte que, luego de varios intentos fallidos de articulación, fueron reducidas a la mínima expresión.

El estallido social del mes de abril del 2018 es la consecuencia natural del agotamiento del sistema político nicaragüense y se enmarca fácilmente en el esquema de los conflictos tradicionales originados en el ejercicio excluyente del poder, con la salvedad de que ahora el grupo social excluido es la ciudadanía políticamente motivada para realizar cambios democratizantes en el sistema. Hasta el 18 de abril del 2018 los grupos hegemónicos (políticos y económicos) sostenían un acuerdo (Modelo de Diálogo y Consenso) que les garantizaba la coexistencia mediante el reparto de negocios y alguna que otra cuota de poder.

El creciente movimiento popular, nacido de la indignación y el hartazgo, era un peligro real para todos los componentes del sistema… no solo para el gobierno. Es aquí donde surge lo que, siguiendo a Adolfo Hurtado, denominamos “doble conflicto”: el conflicto uno es el conflicto tradicional de “lucha por el poder” en busca de un nuevo reparto, encabezado por los grupos tradicionales en el marco del paradigma de la contradicción, y el conflicto dos es el que enfrenta a la ciudadanía contra el sistema, en busca del establecimiento de un modelo más democrático, justo e incluyente, en el marco del paradigma de la diferencia. El “error de lectura” (consciente o inconsciente) de este fenómeno social es, en realidad, la esencia de la crisis que padecemos.

Soberanía y dignidad nacional.

Al hablar del conflicto uno, de lucha tradicional por el poder, me refiero a todas las agrupaciones tradicionales, incluyendo al FSLN, a los empresarios privados y a algunas organizaciones que formaban y/o forman parte de la UNAB y de la Alianza Cívica. Es más que evidente que el conflicto de intereses entre UNAB y CxL tiene raíces en la fallida alianza intentada para las elecciones del 2016 por el FAD, MRS (ambas, hoy parte de la UNAB) y CxL (antes PLI, antes ALN y antes “Vamos con Eduardo”), tanto como algunos de los propios problemas internos dentro de la UNAB provienen de las viejas rencillas entre el MRS y el MPRS (presentes en algunas de las estructuras de la Articulación de Movimientos Sociales o AMS), ambos grupos disidentes del FSLN.

En esas disputas, en el caso de la oposición, ante la pérdida del apoyo popular, que tampoco tiene el FSLN, nuestro conflicto sociopolítico, nuevamente a la vieja usanza, ha sido llevado al ámbito internacional… donde se corre el riesgo de caer en los juegos geoestratégicos de las potencias globales, en una reedición de la “guerra fría” o de las intervenciones militares, en todo caso perdiendo soberanía. Las maniobras de las partes enfrascadas en el conflicto uno (por el poder) en realidad no cuentan con ninguna legitimidad, entendida como aprobación mayoritaria de la población o ciudadanía. ¿De qué manera y por cuánto tiempo se puede contener la inconformidad de un 70% de la población que no está de acuerdo con el sistema que se le impone?

Mientras, por un lado, el gobierno asume que tiene bajo control el conflicto uno, por el otro lado, se ha dejado absolutamente descuidado el conflicto dos… sobre el que nadie tiene o puede tener control y cuya natural válvula de escape son los procesos electorales medianamente aceptables, que no es el caso del que actualmente se vive en Nicaragua.

Comunidad y visión compartida.

Un análisis objetivo y desapasionado de nuestros últimos doscientos años de historia nacional nos demuestra, de forma clara y fehaciente, el fracaso del paradigma de la contradicción, que nos tiene ubicados en el mapa como el segundo país más pobre de América. Y aunque no me guste mezclar política y religión, nos viene bien recordar esta expresión atribuida a Jesús en La Biblia: “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

Los grupos hegemónicos no pueden seguir asumiendo que van a regresar a su “normalidad” pasando por encima del 70% o más de la población que adversa al sistema, ni suponer que pueden continuar anteponiendo sus intereses e imponer a la ciudadanía una visión de país que además es obsoleta; considertando los avances científicos, económicos y sociales a los que tenemos acceso a través de las nuevas tecnologías, así como el grado de integración global que las mismas producen. El modelo económico rentista y extractivista tiene que evolucionar, juntamente con el modelo político y social. El “juego político” del antagonismo y la polarización es también insostenible y altamente peligroso, para los grupos hegemónicos y la sociedad en su conjunto. A lo largo de la historia de la Humanidad la gente siempre ha encontrado la forma de deshacerse de los sistemas que les agobian, Nicaragua no es una excepción.

Los sucesos de abril del 2018 no fueron organizados y orquestados por alguno de los grupos que luego aparecieron intentando mediar sinceramente para resolver el conflicto o para aprovecharse de él… y ninguno de los problemas que dieron origen a esos sucesos ha sido resuelto. Necesitamos urgentemente restablecer el tejido social, reconstituyéndonos como comunidad política y construyendo una visión común que brinde soluciones a esos problemas, siempre vigentes, y a los que se nos vienen encima.

¿Qué relevancia tienen, entonces, las elecciones de este año?

Si nos atenemos a los resultados de la encuesta presentada por CID Gallup, con una intención de voto para el FSLN que ronda el 20%, y con una aparente intención de participación de cerca del 70% de la población votante, no habría manera de que el FSLN salga victorioso frente a un 65% de la población que dice que votará por un candidato cualquiera de la oposición. Este escenario es interesante para evaluar la legitimidad del proceso electoral, porque hasta el momento el discurso opositor de los grupos excluidos se sustenta en la “certeza” de que habrá un “fraude masivo”. Objetivamente, aunque a mucha gente no le guste, solo podemos hablar de fraude en presencia de las pruebas correspondientes. De momento lo que hay son “graves irregularidades” que ponen en tela de duda la credibilidad y la legitimidad del proceso electoral.

Al abandonar la organización territorial y depositar la confianza en la comunidad internacional, una parte de la oposición excluida del proceso electoral está haciendo un llamado a “no votar” y, más recientemente, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de promover la anulación del voto. A decir verdad, al no contar con mecanismos de verificación o auditoría del proceso, es imposible demostrar el resultado de la aplicación de cualquiera de esas propuestas y, en términos estrictamente legales y prácticos, no tienen ninguna consecuencia real ante el posible resultado final.

Una eventual “victoria” del FSLN, independientemente de las cifras y reportes en que se ampare, será en todo momento atribuible a la eliminación de los partidos aparentemente competitivos, al encarcelamiento de las personas que representaban candidaturas aparentemente competitivas y a la falta de condiciones democráticas para la participación ciudadana. En consecuencia, apartando el caso en que la oposición obtuviera una victoria electoral, las condiciones para que la comunidad internacional desconozca el proceso ya están dadas… pero… ¿es acaso la opinión de la comunidad internacional lo que importa y tiene que preocuparnos?

A mí lo que realmente me preocupa, y he expresado antes en muchas ocasiones, es que un eventual estallido social caótico y desorganizado, como el del 2018, nos colocaría en la ruta del escenario que he denominado “haitiano”, de degradación profunda de la Sociedad y del Estado, violencia endémica y una espiral descendente del bienestar social, frente a una agenda perentoria que incluye el cambio climático, el control del narcotráfico, las transformaciones geopolíticas y económicas globales post pandemia y el agotamiento del bono demográfico, situaciones que amenazan de manera irreversible las ya limitadas capacidades y posibilidades de nuestro sistema de protección social en un futuro ahora inmediato.

Frente a los problemas de fondo que tenemos que afrontar como nación, nuestro sistema político disfuncional y su expresión electoral no aportan absolutamente nada, independientemente de lo que se haga en su contexto y de sus posibles resultados. Por el contrario, las elecciones de la forma en que están planteadas se presentan como un peligroso catalizador del conflicto, mientras lo que tendríamos que hacer es replantearnos como sociedad y como país. Es hacia esta última dirección que tienen que orientarse nuestros esfuerzos y cualquier intento de diálogo político: hacia la reconstitución de la legitimidad e institucionalidad del Estado, el restablecimiento del sentido de comunidad política y la consolidación de nuevos liderazgos con una clara visión compartida de futuro y no aferrados al pasado.

Share
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x