Editorial: Ley de Amnistía del FSLN, un obstáculo para la paz

Editorial: Ley de Amnistía del FSLN, un obstáculo para la paz

El día de ayer, 8 de junio del 2019, los diputados del FSLN en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con mayoría absoluta de 70 votos la Ley de Amnistía presentada con trámite de urgencia por el Presidente Daniel Ortega Saavedra como un intento por detener las presiones y sanciones internacionales en contra de su gobierno a causa de la violenta represión con que mantiene sometida a la población nicaragüense.

Como todas las decisiones que toma el Presidente Ortega, y como es característico de los sistemas dictatoriales, la propuesta de Ley fue rápidamente aceptada y aprobada en tan solo 24 horas, sin consultar a las bases de su propio partido ni a las asociaciones de madres y víctimas de la represión de abril, mucho menos a la población en general. Así, esta ley es una nueva imposición de carácter arbitrario, oscuro y carente de compromisos en materia de justicia, reparación y no repetición.

Cabe destacar que el uso del término “no repetición” en la Ley de Amnistía del FSLN es una tergiversación del Principio del mismo nombre que contempla la Justicia Transicional y aplica exclusivamente al Estado, como garante del orden, el respeto a los Derechos Humanos y la estabilidad social.

Implicaciones de la Ley de Amnistía

En primer lugar, más allá de exonerar de responsabilidad penal a los posibles e indefinidos autores de crímenes contra la población nicaragüense, la ley ordena suspender todas las investigaciones por los hechos ocurridos a raíz de las protestas iniciadas en abril del 2018. Evidentemente, aunque el régimen trata de ocultarlo, esta disposición se convierte en un manto protector para los grupos paramilitares, parapoliciales y efectivos de la Policía y el Ejército que reprimieron con armas de grueso calibre a la población causando centenares de muertes y miles de personas lesionadas con distintos niveles de gravedad. El cierre de las investigaciones implica la denegación de justicia y reparación a las víctimas directas e indirectas del conflicto.

Un segundo elemento maliciosamente formulado es el que otorga una libertad condicionada a las actuales presas y presos políticos, dado que la condición consiste en que estas personas “liberadas” se abstengan de volver a repetir las conductas por las cuales están siendo procesadas. Lo que el régimen parece establecer es que las personas serán liberadas, pero deben de abstenerse de volver a protestar en contra del gobierno. Es evidente que al cerrarse las investigaciones, incluso las que no hayan sido iniciadas, y los expedientes procesales, la determinación de esas conductas queda al arbitrio de las autoridades policiales y judiciales del régimen, esto es una espada de Damocles que permanecerá dispuesta a ser activada por el gobierno de Ortega y el FSLN en contra de estas personas, supuestas beneficiarias de la amnistía.

Cultura de impunidad

El efecto jurídico de una amnistía, en términos generales, puede traducirse en “perdón y olvido” y es un recurso bastante utilizado por los regímenes dictatoriales para “pasar la página” cuando han cometido abusos y crímenes como los perpetrados por el gobierno del FSLN desde abril 2018 a la fecha. En Nicaragua, tierra de dictadores y dictaduras (tanto como de lagos y volcanes), contamos ya más de medio centenar de amnistías que han desarrollado una cultura de impunidad y resignación junto a la connatural rebeldía y violencia que genera el rechazo a ser gobernados por criminales despóticos.

El caso nos recuerda mucho a la Ley de Amnistía promulgada en Chile en 1978 con el fin de proteger a los colaboradores de la dictadura militar encabezada por Pinochet. Esta ley era necesaria puesto que la dictadura había operado sin marco legal, violando la constitución y los derechos humanos desde el 11 de septiembre 1973. Hasta su Constitución de 1980 Chile se mantuvo de facto bajo un estado de sitio.  Al momento de entrar en vigencia la Ley de Amnistía, en abril de 1978, gran parte de los tribunales se declaró incompetente en materia de derechos humanos, trasladando estos casos a la justicia militar que mantuvo hasta los años 2000 un silencio absoluto sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. La Ley de Amnistía fue uno de los principales obstáculos para la investigación de los hechos ilícitos cometidos durante la dictadura. Fue solo en 1998 que el Tribunal Supremo de Chile resolvió no aplicar esta ley para los casos de violaciones a los derechos humanos. Su paralelo con el caso nicaragüense, es que el gobierno, además de ser responsable de crímenes de lesa humanidad, decide concederse la amnistía a sí mismo para mantenerse en el poder e impedir el trabajo de la Justicia.

Enfrentamos una situación compleja que no puede ser soslayada por un nuevo gobierno, entre cuyas tareas principales deberá estar la creación y ejecución de un modelo de Justicia Transicional y Restaurativa que ponga fin a estas prácticas que atentan contra la paz y la armonía social.