¿Diálogo nacional o continuación del monólogo gubernamental?

¿Diálogo nacional o continuación del monólogo gubernamental?

Arribamos hoy al tercer día de negociaciones entre representantes del gobierno de Nicaragua y representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con dificultades para lograr acuerdos de forma. Lo que se discute son apenas las condiciones en que sería manejado el posible diálogo nacional entre ambas partes, así que de antemano debe de preocuparnos seriamente lo que está sucediendo.

En primer lugar tiene que preocuparnos que hayan sido “liberados” un centenar de presos y presas que en muchos casos no habían sido llevados formalmente a los tribunales de justicia, no enfrentaban cargos penales o incluso tenían órdenes de libertad a su favor. La figura empleada, sea de arresto domiciliar o casa por cárcel, tiene que entenderse como un abuso más de autoridad y otra palada de tierra sobre el cadáver de la institucionalidad en nuestro país. En estricto Derecho estas personas estaban ilegalmente detenidas y están siendo ilegalmente condenadas de facto, no es un “gesto de buena voluntad” del gobierno para sentarse a negociar sino el replanteamiento de una medida extorsiva en contra de la población y su contraparte en el posible diálogo.

En segundo lugar me parece preocupante la composición de la delegación gubernamental para preparar las condiciones del posible diálogo. Memes y bromas aparte, es de sobra conocido que dentro del FSLN y del Gobierno ninguna persona tiene poder real de decisión, no tiene ningún sentido continuar un diálogo con personas que tienen que llamar constantemente para reproducir lo que se les solicita y luego responder lo que se les ordene, obviamente esto duplica innecesariamente los tiempos de la discusión. Asumiendo que esta delegación gubernamental termine de organizar las condiciones del posible diálogo, no es conveniente que sean quienes participen en él, es decir, en las discusiones sobre los temas de fondo.

La Alianza Cívica tiene que entender y asumir que quienes tienen la urgencia de retomar un diálogo nacional son los principales actores económicos de este país: la empresa privada independiente y los empresarios del FSLN, juntamente con el gobierno. Esto con el fin de impedir sanciones económicas al gobierno y a individuos concretos que han posibilitado la instalación de un gobierno corporativo y la demolición de la institucionalidad democrática. El gobierno NO ESTÁ EN CONDICIONES de seguir imponiendo su agenda autoritaria y no hay que facilitarle las cosas.

Como fuera expresado en nuestro Comunicado del 21 de febrero de este año: “la reanudación del diálogo no es viable ni aceptable si el Gobierno no se compromete de previo a respetar los derechos humanos; las libertades individuales, como el derecho de reunión, de manifestación y la libertad de prensa. Exigimos que se suspendan las capturas de ciudadanos, demandamos la libertad de los presos políticos que no han sido procesados y, en especial, la de aquellos que aún están detenidos cuando tienen órdenes de libertad emitidas a su favor. Exigimos que se detenga el trato inhumano a que son sometidas las personas que han sido injustamente condenadas y sus familiares“. Sin ese mínimo de garantías el diálogo nacional estaría condenado al fracaso y solamente serviría para evitar que las presiones internacionales continúen actuando, tomando en cuenta también que son las únicas efectivas, porque las formas de presión cívica internas ya han sido aplastadas por la represión.

Estoy absolutamente a favor de un diálogo como mecanismo para resolver la crisis nicaragüense, pero para que el diálogo sea posible tiene que existir la intención real de deponer posiciones, el FSLN tiene que entender que su conducta en el poder es inadmisible. No es negociable la represión, no es negociable la violación a los derechos humanos de la ciudadanía, no es negociable la dignidad humana y no son negociables los principios democráticos sobre los que se funda el Estado de Nicaragua según su Constitución Política. El gobierno tiene que ceder a esas condiciones previas no como un “gesto de buena voluntad” sino porque la Ley así lo impone y la representación de la Alianza Cívica NO TIENE ninguna potestad para hacer concesiones en ese sentido.

Desde Propuesta Ciudadana seguimos insistiendo en que la ruta para resolver la crisis nacional pasa por la instauración de un sistema de Justicia Transicional que investigue y resuelva todos los casos de violencia ocurridos desde el 18 de abril del 2018 a la fecha, la realización de un Referendo que determine la permanencia del FSLN en el poder y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que nos permita desmontar el sistema imperante y recomponer la institucionalidad perdida del Estado. Para nosotros esta es la agenda lógica, completamente legal y factible, que debería de estar sobre una mesa de negociaciones.

La población está atenta a las decisiones que se tomen y no legitimará cualquier resultado, con ninguna excusa. Tanto el FSLN como la Alianza Cívica deben de tener claro que para que el diálogo nacional, en caso de ocurrir, sea válido y efectivo tiene que generar una solución rápida y aceptable, en el marco de lo legal, para todos.

Por el momento, tengo que decirlo, solamente se están perdiendo el tiempo y las oportunidades del bando azul y blanco a favor del bando rojinegro, el gobierno está imponiendo su monólogo y haciéndolo parecer una conversación.