Del estado de necesidad al “derecho” de rebelión

Del estado de necesidad al “derecho” de rebelión

Desde del inicio de la crisis nicaragüense es bastante usual escuchar o leer que muchos ciudadanos, incluso profesionales del Derecho y activistas defensores de los derechos humanos, categóricamente afirman la existencia de un denominado “derecho de rebelión” y considero que es necesario hacer algunas aclaraciones importantes al respecto.

En primer lugar es necesario decir que en Nicaragua, como seguramente en la mayoría de los países en el mundo, la rebelión es en realidad un delito debidamente tipificado en los códigos penales en el marco de los delitos en contra de la Constitución y la integridad del Estado. Así, según el artículo 420 de la Ley 641 (Código penal nicaragüense), comete el delito de rebelión quien se alcen en armas con el fin de:

a) Modificar, suspender o derogar la Constitución Política de la República de Nicaragua total o parcialmente.
b) Sustituir cualquier Poder del Estado o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
c) Sustituir al Presidente de la República o al gabinete de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus funciones.
d) Sustraer a la nación en todo o en parte de la obediencia del gobierno constituido.

Bajo el mismo concepto, pero considerado de menor gravedad, encontramos que el artículo 421 del mismo cuerpo legal establece la existencia del delito de “motín” o amotinamiento en el que incurrirían quienes “sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alzaren públicamente con violencia para impedir el cumplimiento de las leyes o de resoluciones de las autoridades, funcionarios o empleados públicos; obligarles a tomar una medida u otorgar alguna concesión, o impedir el ejercicio de funciones públicas, provocando grave alteración al orden público“.

De la simple lectura de estas disposiciones legales se extrae que cualquier llamado a desobedecer a las autoridades constituidas legalmente es también en sí mismo un acto delictivo (apología). Seamos claros en esto: no es permisible que un grupo de personas, independientemente de su número, quebranten el ordenamiento jurídico para deponer a un gobierno que ha sido electo siguiendo las disposiciones de ese ordenamiento… si esto fuese posible los Estados serían absolutamente inviables y las sociedades perecerían en las constantes pugnas de grupos que quisieran llegar al poder por la fuerza, ejerciendo violencia.

Si la rebelión es un delito, que en caso de ser exitosa podría producir hasta la suspensión del Estado como miembro en organismos como la OEA  (ver artículo 9 de la Carta de la OEA), ¿por qué se persiste en el error jurídico de afirmar que existe un “derecho de rebelión”?

Sucede que en el Derecho Penal se reconoce la existencia de circunstancias o situaciones en presencia de las cuales los seres humanos nos vemos obligados a actuar de forma ilícita, dicho de otro modo: nos vemos obligados a delinquir. Ejemplos clásicos los constituyen la defensa legítima y el estado de necesidad, cuando para salvaguardar la vida propia o ajena podemos lesionar los derechos de otros. La determinación de estas circunstancias, que según su grado de gravedad e inminencia pueden atenuar, o eximir de, la responsabilidad penal, no corresponde al que delinque sino al juzgador.

Es en esa línea de pensamiento que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa:

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…

Así pues, del mismo modo en que no existe un “derecho de herir o matar a otro” o de “robar para alimentar a mi familia hambrienta”, no existe un “derecho de rebelión”; sin embargo, cuando los derechos humanos dejan de ser protegidos por el Estado y cuando, más bien, es el gobierno quien utiliza a las instituciones del Estado para conculcar esos derechos, entonces es comprensible que las víctimas de la tiranía y la opresión se rebelen y se produzca un estallido social penalmente justificado.

El gobierno de Nicaragua ciertamente ha elegido la ruta equivocada y más peligrosa para tratar de impedir una rebelión, porque precisamente la represión y la violencia en contra de la población, o una parte de ella, son el combustible idóneo del que se alimentan las rebeliones y son, al mismo tiempo, su justificación jurídica.  Si el gobierno no modifica su accionar en los próximos días y no deja de comportarse como ejército de ocupación a través de su Policía y sus paramilitares, el peligro de una insubordinación masiva y la confrontación directa estará a la vuelta de la esquina.

A nosotros nos corresponde buscar la ruta correcta para evitar el conflicto, que es la ruta del diálogo y las urnas.