Crisis nicaragüense en punto muerto… la absurda guerra de desgaste.

Crisis nicaragüense en punto muerto… la absurda guerra de desgaste.

La reciente visita a Nicaragua de una delegación del gabinete del Secretario General de la OEA generó inquietudes, esperanzas y, como siempre, suspicacias entre los nicas que seguimos de cerca la evolución de la crisis. El segmento triunfalista de la población y liderazgo opositor (los “vamos ganando”) trata de interpretar la invitación del gobierno como una señal de desgaste y debilidad, mientras el segmento fatalista, por su parte, asume que nuevamente “Almagro está oxigenando a Ortega”. Aunque la escueta nota de prensa publicada por la Secretaría General de la OEA es bastante clara, sobran las interpretaciones de quienes “leen entre líneas” lo que sus emociones quieren leer.

En realidad lo que refleja la nota de prensa en cuestión es el arribo de la crisis interna a un punto muerto: el gobierno intenta retomar el diálogo con el Secretario General de la OEA ofreciendo “fortalecer el proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la ley“, que es el acuerdo de negociación que ya existía antes de la crisis, dicho de otro modo, para el gobierno “aquí no ha pasado nada“. En ese sentido no cabe hacer ningún cálculo optimista, dado que la propuesta u oferta del gobierno lo que implica básicamente es la aplicación de cambios menores en la constitución del Consejo Supremo Electoral por el vencimiento en el plazo de nombramiento de algunos de sus Magistrados.

Para forzar una “negociación” en los términos de “vuelta a la normalidad” previa a la crisis, el gobierno cuenta con más de 700 rehenes visibles, que son las presas y presos políticos, cuyo número tiende a aumentar en la medida en que las detenciones y condenas arbitrarias e injustas siguen siendo nuestro pan de cada día. Al mismo tiempo, como respuesta a las presiones económicas y sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica, se preparan nuevos golpes a la economía nacional aumentando las cargas impositivas que sacarán de juego a muchos pequeños y medianos empresarios, ahogando a nuestra ya minimizada clase media, que ha sido el principal motor de la rebelión cívica que explotó por la represión gubernamental.

El objetivo del gobierno es simple: preservar el poder a toda costa… y la estrategia también es clara: eliminando física, moral o económicamente a quien se oponga. El gobierno no se plantea otro escenario que llegar a las elecciones del 2021 y hasta “ganarlas”. No me parece necesario o inteligente complejizar esta realidad tratando de ver más allá de lo que hay, mucho menos asumiendo posiciones “optimistas”. Evidentemente la posición adoptada por el gobierno es absurda, pero por desgracia no es insostenible… realmente pueden gobernar por la fuerza hasta el 2021 y seguir, aunque sea sobre una pila de cadáveres y sobre las ruinas de lo que fue nuestro país.

Ante la situación planteada la oposición nicaragüense, organizada o no, carece de una estrategia de respuesta. Muchas organizaciones y personas han apostado todo a las medidas y acciones que puedan tomar los países amigos, las organizaciones y organismos internacionales… todavía hay quienes albergan la vana ilusión de que alguna potencia extranjera vendrá a llevarse a los gobernantes para juzgarlos. Hay un fuerte rechazo a la apertura de un diálogo y negociaciones, se establecen “requisitos o condiciones indispensables” para acceder a un diálogo que, por alguna extraña razón, se asume solamente interesa al gobierno… como si no fuera toda la población quien sufre las consecuencias directas de la crisis.

Como he dicho ya en notas anteriores, los y las nicaragüenses necesitamos desarrollar una cultura del diálogo como condición indispensable para vivir en paz y tener alguna esperanza de desarrollo. En el contexto actual la verdad es que el diálogo es necesario e indispensable para salir de la crisis. Las empresas de los miembros y simpatizantes del FSLN necesitan exactamente lo mismo que las empresas de los miembros del COSEP: paz y estabilidad social. La gente que cree que hubo víctimas del FSLN en el conflicto, tanto como la gente que protesta por las víctimas de los grupos autoconvocados, al igual que los familiares y amigos respectivos de esas víctimas necesitan lo mismo: justicia. Sobre esas bases una negociación es posible.

Por otro lado, Ortega y la cúpula del FSLN necesitan tener opciones de salida y nosotros necesitamos que salgan de tal forma que no se constituyan en un grupo armado rebelde y destructivo… para esto ya demostraron que tienen la voluntad, los recursos y la gente inescrupulosa necesaria; esto hay que negociarlo. La excusa de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la demanda de salida se resuelve negociando un referendo, para que sea la población quien decida si se van o se quedan. Al mismo tiempo, todos y todas necesitamos renegociar las condiciones en que podamos convivir como nación sin revanchismos, sin imposiciones o chantajes… pero esta negociación es demasiado amplia y profunda como para tratar de resolverla con unas “elecciones anticipadas” o en una negociación de unos cuantos meses… y es por eso que en Propuesta Ciudadana hablamos de una Asamblea Constituyente, podemos negociar su convocatoria.

La grave situación de las personas que guardan prisión arbitraria y han sido injustamente condenadas, la suspensión de las detenciones arbitrarias que permita el retorno de las decenas de miles de exiliados también pueden y deben de negociarse. Por ejemplo, los opositores podríamos aceptar y hasta impulsar que se suspendan las sanciones en curso de aplicación por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica si:

1) Se produce la tregua en las detenciones arbitrarias,
2) Se incluye a la UNAB y otros actores políticos nacionales dentro de las negociaciones en cuanto a los cambios en el sistema electoral que el gobierno propone a la OEA,
3) Se invita nuevamente al MESENI y GIEI, así como a una delegación de OACNUDH para que observen in situ el desarrollo de los acuerdos y la crisis nacional,
4) Se conforma, bajo los auspicios de los organismos mencionados, una Comisión Nacional por la Justicia Transicional que organice un sistema de investigación y revisión de casos, así como la instalación, bajo la legislación nacional, de un Tribunal Especializado que nos permita confiar en que se administrará justicia,
5) Se retoma el diálogo nacional con la mediación de la CEN que ha sido abandonado por el gobierno. Este diálogo iniciaría con el replanteamiento de la agenda, en los términos ya indicados: negociar una forma de decidir la salida o permanencia en el poder del FSLN y negociar la forma de convocar a una Asamblea Constituyente.

De nuestra apertura al diálogo depende el futuro de Nicaragua, el futuro de sandinistas y opositores, nuestro futuro.