Crímenes de lesa humanidad y jurisdicción universal

Crímenes de lesa humanidad y jurisdicción universal

A raíz del reciente informe del GIEI y el discurso del Secretario General de la OEA ante el Consejo Permanente de dicha organización es conveniente hacer algunas observaciones.

Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad se hace referencia a delitos que se caracterizan por un alto grado de atrocidad, delitos que por su gravedad constituyen una ofensa a la Humanidad entera… de ahí que se consideren imprescriptibles e imperdonables, no susceptibles del beneficio de la amnistía. Para la ONU los delitos contra la humanidad comprenden aquellos actos que entrañan un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Son crímenes de lesa humanidad los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un grupo de personas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

El 8 de mayo de 1986 el entonces (y actual) Presidente de la República de Nicaragua, mediante el Decreto 189 declaró su adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre de 1968.

La idea de una jurisdicción o justicia universal nace precisamente del concepto de los delitos de lesa humanidad o “contra la humanidad“, e implica la posibilidad de iniciar procesos judiciales penales en cualquier país del mundo para evitar que tales crímenes queden impunes. No es sorprendente que Nicaragua sea uno de tantos países que ha acogido esta importantísima idea en materia de protección de los Derechos Humanos y la haya incluso incorporado a su ordenamiento jurídico.

En efecto, la legislación nicaragüense establece en artículo 19 del Código Procesal Penal que: “La jurisdicción penal se extiende a los hechos ilícitos cometidos total o parcialmente en el territorio nacional y a aquellos cuyos efectos se producen en él, así como a los cometidos fuera de territorio nacional conforme el principio de universalidad que establece el Código Penal…”; a su vez, en nuestro Código Penal vigente (Ley 641) encontramos que en el artículo 16, bajo la denominación de “Principio de Universalidad” se expresa: “Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: a) Terrorismo; b) Piratería; c) Esclavitud y comercio de esclavos; d) Delitos contra el orden internacional;…” entre varios otros.

La misma tipificación (descripción) de los “Delitos contra el orden internacional” plasmada en el Título XXII del ya citado Código Penal nicaragüense (Ley 641) integra en nuestra concepción jurídica del mundo la existencia de delitos que no solo atentan contra las personas de una determinada jurisdicción territorial, sino que constituyen una afrenta a la Humanidad y son perseguibles, como ya vimos, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, a las voces de las disposiciones legales citadas, cualquier ciudadano sirio o iraquí podría válidamente interponer en Nicaragua una denuncia penal en contra de los miembros del “Estado Islámico” y la justicia nicaragüense estaría facultada para admitir y abrir la causa correspondiente.

El Título XXII de nuestro Código Penal comprende tres capítulos en los que extensamente se abordan delitos que perfectamente pueden ser procesados en cualquier tribunal del mundo que admitiera una denuncia de un ciudadano nicaragüense, en contra de funcionarios de gobierno de Nicaragua, por estar contemplada esa facultad en su propia legislación nacional. De hecho, la Nica Act aprobada recientemente por los Estados Unidos de Norteamérica faculta expresamente a las cortes de ese país para admitir tales denuncias y abrir los procesos penales que corresponda.

Aunque obviamente depende del poderío del transgresor, cuando este es un gobierno, la violación de los Derechos Humanos en el mundo moderno cada vez es menos susceptible de encubrirse esgrimiendo la existencia de las soberanías nacionales.