Contrapropuesta a la agenda de negociación del gobierno de Daniel Ortega

Contrapropuesta a la agenda de negociación del gobierno de Daniel Ortega

En respuesta a la decisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de retirarse definitivamente de la mesa de negociaciones, el gobierno de Daniel Ortega ha hecho pública su “agenda”… misma que, supuestamente, había protegido con un “acuerdo de confidencialidad” suscrito con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Te invito a que le echemos un vistazo y analicemos de qué se trata.

¿Por qué se hace pública la Agenda?

Evidentemente la salida de la CEN y la desconfianza que tenemos los ciudadanos en una ACJD lidereada por la empresa privada (COSEP) hacen que las negociaciones inciadas gocen de una legitimidad y credibilidad casi nulas. En ese sentido creo que hacer público este documento tiene dos finalidades:

  1. Mostrar que lo que se discute es lo mismo de siempre, que no hay nada oculto que temer, es decir, para conseguir algo de legitimidad interna,
  2. Mostrar a la comunidad internacional que estamos dialogando, para detener las sanciones anunciadas en su contra.

Es también obvio que el gobierno de Ortega se encuentra fuertemente presionado en lo económico y necesita de un respiro para poder llegar al 2021 con un mayor respaldo popular. Ortega busca desesperadamente sentar a la “oposición” para forzar una negociación y necesita que dicha negociación esté debidamente legitimada nacional e internacionalmente, pero se queda muy corto con la agenda presentada, dado que lo único medianamente rescatable de su “oferta” es lo relativo a las reformas al Poder Electoral, que en este momento es, de lejos, lo menos importante.

Por otro lado, ocurre también que si la “oposición” no acepta negociar podría seguir siendo acusada frente a la población y la comunidad internacional como causante de la crisis que cada día se profundiza más y si la negociación es aceptada podría producirse un resquebrajamiento del bloque opositor, la ACJD sería vista como traidora, cosa que ya está ocurriendo desde que se sentaron a negociar.

¿Vale la pena continuar con las negociaciones?

Indudablemente, sí. La “agenda” del gobierno de Ortega es una propuesta que admite contrapropuesta, de otro modo no estaríamos hablando de una negociación. Si se ha hecho público el detalle de la propuesta es porque se está dispuesto a discutirla y mejorarla (no olvidemos que se encuentra bajo mucha presión interna y externa). A continuación voy a proceder a analizar cada punto de la propuesta del gobierno y a esbozar algunas opciones para una contrapropuesta, reordenando los puntos planteados según el nivel de importancia real que tienen, a mi juicio.

JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

3. Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados. Se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad. Continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República.

2. Justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua.

La contrapropuesta aquí salta a la vista. En el entendido de que vamos a trabajar punto por punto la agenda planteada por el gobierno y de que en caso de “trabarse” la discusión no se alcanzará ningún acuerdo, la negociación tiene que iniciar con estos dos puntos de agenda, en este orden propuesto y con esta nueva redacción:

  • Liberación inmediata de las personas que han sido detenidas por hechos relacionados con protestas en contra del gobierno entre abril del 2018 y el día de hoy y aún no han sido llevadas a juicio. Crear un modelo nicaragüense de Justicia Transicional con apoyo del GIEI y el Parlamento Europeo. Las personas que han sido condenadas por hechos relacionados con las protestas en contra del gobierno entre abril del 2018 y el día de hoy serán puestas en el régimen de “casa por cárcel” hasta tanto sus casos no sean revisados en el esquema de Justicia Transicional a desarrollar. Garantía de que nadie más va a ser detenido por hechos vinculados con esas protestas hasta no determinar la forma en que serán investigadas y llevadas a juicio.
  • Restablecimiento de las libertades, derechos y garantías consignadas en la Constitución Política de Nicaragua. Desmantelamiento de las fuerzas paramilitares que no han sido absorbidas por la Policía Nacional. Cese del asedio a las universidades y demás organizaciones de la sociedad civil. Terminar con la actitud atemorizante y terrorista de la Policía Nacional en general.

DEMOCRACIA Y LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA

1. Fortalecimiento de las Instituciones Electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes.

Aquí la propuesta reiterada de la ACJD y algunos organismos y organizaciones ha sido la de que se celebren elecciones anticipadas. Considero que unas elecciones en este momento serían contraproducentes, no están dadas las condiciones por la inexistencia de organizaciones políticas serias y creíbles (nosotros apenas estamos en formación) y, en esto tiene razón el gobierno, pedirlas no tiene asidero legal. La Constitución Política de Nicaragua establece que el presidente electo durará en la presidencia por un período de 5 años. Al mismo tiempo, sin embargo, existe la posibilidad de realizar un referendo para que sea “el soberano” quien decida la permanencia de Ortega en el poder o su salida anticipada (para no extender demasiado esta nota abordaré las opciones de referendo en otra entrada). Este punto de la agenda gubernamental admite la siguiente contrapropuesta:

  • Reorganización del Poder Electoral de conformidad con las recomendaciones realizadas por las misiones de acompañamiento de la OEA y la UE para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Facilitar los trámites para la creación de nuevos partidos políticos y retornar la personería jurídica a los que les ha sido suspendida en años anteriores. Organizar un referendo en el mes de noviembre de este año 2019 que determine la necesidad de acortar el período presidencial del actual presidente y de realizar elecciones anticipadas a más tardar en el mes de abril del 2020 si el resultado del referendo es contrario al gobierno.

ESTABILIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4. Realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación y hacer un llamado a la Comunidad Internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.

El modelo de gobierno corporativo implementado por el FSLN y la empresa privada representada por el COSEP, junto con los “sindicatos blancos”, ha posibilitado en gran medida la pérdida de la institucionalidad democrática que hoy padecemos. Las sanciones que preocupan al Gobierno de Nicaragua también afectan a los empresarios que se han coludido en negocios oscuros provenientes de la cooperación venezolana. El tráfico de influencias, clientelismo y diferentes formas de fraudes o malversaciones no facilitan de ninguna manera el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua.

En este momento no contamos con una Contraloría, Fiscalía ni Poder Judicial decentes y es demasiado pedir que los obtengamos en esta negociación, sin embargo, antes de proceder a pedir el levantamiento de las sanciones conviene garantizarnos que durante el período de transición entre esta negociación y la toma de posesión de un futuro nuevo gobierno la Contraloría General de la República sea liberada, despolitizada y trabaje de la mano con las organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la auditoría social y a las políticas públicas. Todas las organizaciones de derechos humanos, las no gubernamentales y los medios de comunicación que han sido afectados por el gobierno durante la crisis tiene que ser rehabilitados y reactivados para que puedan cumplir la función social para la que fueron creados. En ese sentido la contrapropuesta para este punto en la agenda del gobierno sería complementarlo y dividirlo en tres aspectos de suma importancia:

  • Garantizar la rehabilitación y funcionamiento de las organizaciones de Derechos Humanos, organismos no gubernamentales dedicados a la investigación y auditoría social así como de los medios de comunicación que se han visto directamente afectados por la crisis social y política iniciada en el mes de abril del 2018.
  • Despolitizar el nombramiento de contralores en la Contraloría General de la República y garantizar los mecanismos para que la sociedad civil pueda incidir en dichos nombramientos y en el funcionamiento de dicha entidad.
  • Hacer un llamado a la Comunidad Internacional a suspender temporalmente las sanciones decretadas o en curso de formulación en contra del actual gobierno de Nicaragua, para facilitar el cumplimento de los acuerdos alcanzados en esta negociación, garantizando así el derecho al desarrollo humano, económico y social de los nicaragüenses y favoreciendo a sus sectores más vulnerables.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

5. Implementación y cumplimiento de los acuerdos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera el total compromiso con la Reconciliación, el Entendimiento y la Paz de todos los nicaragüenses”.

Si el gobierno actual de Nicaragua realmente tuviera algún tipo de compromiso con la reconciliación, el entendimiento y la paz, pues, no estaríamos lamentando la pérdida de centenares de vidas humanas, no tendríamos a más de 700 personas detenidas y no habrían decenas de miles de personas huyendo de la represión en la clandestinidad o el exilio. Un gobierno que lanzó a grupos paramilitares a asesinar a la población civil y luego lo negó, para después admitirlo e incorporar a miembros de esos grupos dentro de la Policía Nacional, no merece ninguna credibilidad. Mi contrapropuesta para este último punto que cerraría los acuerdos finales es:

  • El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se compromete a trabajar por la reconciliación, el entendimiento y la paz de todos los nicaragüenses. Las partes suscriptoras de los presentes acuerdos solicitamos a la Organización de Estados Americanos que se constituya en garante de los mismos, dando seguimiento y verificando el cumplimiento de dichos acuerdos a través de los mecanismos creados o que puedan crearse para tales efectos con relación a Nicaragua.

Como he dicho antes, cada acuerdo tiene que comenzar a ejecutarse inmediatamente después de ser alcanzado. Así, la aprobación de esta agenda de negociación exige también la organización de comisiones de trabajo específicas para cada punto a abordar, esto con el fin de agilizar los procesos de discusión y aprobación de los detalles para su ejecución inmediata. El mediador de este diálogo o negociación tiene que ser la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de otro modo su credibilidad seguirá siendo escasa y bien puede o no haber testigos. La participación de las organizaciones y organismos internacionales será solicitada para comenzar la ejecución de cada acuerdo que se vaya alcanzando.

Para finalizar, teniendo claro que la simple redacción de la agenda provoca reacciones virulentas de uno y otro extremos de la población que sigue el desarrollo del diálogo, podríamos acudir a un lenguaje neutro y aprobarla en estos términos:

Agenda del diálogo nacional

  1. Justicia y derechos fundamentales,
  2. Democracia y derechos políticos,
  3. Estabilidad económica y cooperación internacional,
  4. Garantías de cumplimiento.