La Alianza Cívica abandona la Coalición Nacional

La salida de la Alianza Cívica deja en manifiesto la deficiente gestión que sus miembros han hecho durante la crisis política. Nunca entendieron y no entienden las necesidades de este país. La enorme influencia o cooptación de la Alianza Cívica por el gran capital los condenó al fracaso. Si ayer la alianza público-privada con Ortega condenó a Nicaragua a destruir su institucionalidad porque la supeditaron sus intereses económicos, no es nada diferente a lo que están haciendo hoy. Si la decisión de la Alianza Cívica de salirse de la Coalición Nacional la tomaron pensando en proteger los intereses del gran capital, ignorando la postura de sus bases territoriales, están repitiendo el modelo que tenían con Ortega antes del 2018. Es difícil de comprender que estén más dispuestos a entenderse con Ortega que a lograr acuerdos con la oposición. Dirigir y solucionar los problemas de una nación no es igual a manejar una empresa. La politica no debe supeditarse a la economia. Nicaragua no es una finca.

La Alianza Cívica debió asumir con humildad que se equivocaron y quedarse para enmendar esos errores, reconfigurar esa Coalición Nacional y hacer de ella un espacio que respondiera a las expectativas de la población. Dejan a la deriva lo que ellos mismos edificaron y sin claridad o transparencia de lo que quieren hacer a partir de su salida. ¿Se van porque la CN no es una opción democrática para los nicaragüenses o porque no satisface sus intereses o expectativas particulares? Hay una diametral diferencia entre una y otra opción.

La salida de la Alianza Cívica solo aumenta la incertidumbre y vuelve más complejo el mapa de actores. A nivel nacional hay una sociedad polarizada, con un alto nivel de hartazgo hacia la clase política que no supo manejar la crisis y lograr la salida de Ortega. Una enorme mayoría quiere la salida del FSLN del poder, pero tampoco se identifica con los grupos opositores. La Comunidad Internacional presiona para que lo interno exista una unificación de la oposición, como también darle una identidad al liderazgo político para movilizar a la gente a unas eventuales elecciones o para presionar la salida de Ortega dependiendo del escenario. ¿A quién va a reconocer la CI como el grupo opositor legitimo contra el gobierno? ¿Alianza Cívica o Coalición Nacional? Una disputa innecesaria que tiene como repercusión que la CI dude del liderazgo de la oposición y alargue la estadía de Ortega en el poder para mantener la estabilidad en la región y el país. ¿A quién va a reconocer Ortega como el grupo opositor? Todas las negociaciones o diálogo con Ortega han sido con la Alianza Cívica. En unas eventuales negociaciones sobre las reformas electorales Ortega podrá elegir entre la Alianza Cívica o la Coalición Nacional. Puede elegir entre sus antiguos socios de cogobierno o los partidos políticos tradicionales aglutinados en la CN. Hay que recordar que el segundo intento de dialogo fue patrocinado por los banqueros. Ortega podrá decidir negociar con el grupo que sea más allegado a sus intereses y le sea menos incómodo.

Es evidente que los nicaragüenses nos habíamos creado grandes expectativas a partir de la crisis de abril 18. Lo que vivimos no es lo que queríamos construir. Estamos cerca de cumplir tres años de crisis con enormes pérdidas en vidas humanas y la economía nacional retrocede a pasos agigantados. Todos coincidimos en que la continuidad de Ortega es insostenible y que la urgencia es lograr su renuncia o salida. Es una urgencia, pero Ortega solo es una parte del problema.

Aunque las cosas marchen mal no podemos condenarnos a vivir en dictadura. Creo que en este momento lo que podemos hacer es exigir y condicionar a la oposición para que no participe en un proceso electoral donde no hay condiciones y garantías previas. El combo de leyes introducidas y aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen más las libertades ciudadanas y el aumento selectivo de la represión nos hace pensar que Ortega cierra toda posibilidad de una salida electoral a la crisis, lo que nos lleva a recurrir a un plan B, pero eso dependerá de la participación activa de la ciudadanía para imponer a la oposición líneas rojas, una ciudadanía organizada para defender sus derechos y luchar contra el autoritarismo de este gobierno.

OEA – Contundente derrota del FSLN

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, en el marco de la quincuagésima Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue aprobada una resolución que en su parte medular insta al gobierno de Nicaragua a garantizar que las elecciones a celebrarse en noviembre del 2021 gocen de todos los requisitos de legalidad y transparencia que exigen los estándares democráticos. Para tales efectos establecen un plazo que expira en el mes de mayo de ese próximo año 2021.

El texto de la resolución fue aprobado con 20 votos de 34 posibles, 12 abstenciones y 2 votos en contra, de los cuales uno, obviamente, corresponde a la representación del FSLN. Previo a la votación el representante del FSLN leyó un documento en el que se destacó la tradicional retórica antiimperialista y se advirtió que quienes votaran a favor estarían incurriendo en una ilegalidad, una violación a los principios de la Carta de la OEA y al Derecho Internacional.

A pesar de que algunas organizaciones y personas nicaragüenses desde el exilio albergaban la esperanza (infundada) de que el gobierno del FSLN fuese declarado ilegítimo, mientras las organizaciones aglutinadas en expresiones como la UNAB esperaban una resolución más contundente en ruta a la aplicación de la Carta Interamericana; en términos políticos, tanto por su contenido como por el resultado de la votación, la resolución de la OEA es una contundente derrota internacional para el FSLN, la más contundente de los últimos años.

Solamente un país, San Vicente y las Granadinas, apoyó abiertamente la posición del FSLN en el rechazo a la resolución. Las doce abstenciones de ninguna manera pueden interpretarse como un espaldarazo al régimen nicaragüense, sus motivaciones van desde un “no es nuestro problema” hasta el temor de ser evaluados con la misma medida en un futuro cercano (caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo). Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos decir que la resolución de la OEA signifique un triunfo para la oposición nicaragüense o el pueblo de Nicaragua. La incapacidad de la oposición nicaragüense (incluyendo a la que está en el exilio) para presentar una propuesta sólida y unificada de solución a la crisis no es algo que le corresponda resolver a la OEA, los Estados Unidos o alguien más. Los problemas de Nicaragua tenemos que afrontarlos y resolverlos los nicaragüenses.

En el esquema emotivo y hasta pasional que caracteriza a la “política” nicaragüense se suele olvidar que es el Estado de Nicaragua quien pertenece o es miembro de la Organización de Estados Americanos y no su Gobierno, mucho menos el FSLN. Es el Estado de Nicaragua, es decir la población nicaragüense, quien en el ejercicio de su soberanía designa dentro de su marco jurídico a las personas que ejercen el Gobierno y le representan en esa y otras instancias internacionales. Debemos entender y aceptar que de ninguna manera corresponde a la OEA, o a alguno de sus países miembros, resolver los problemas internos del Estado de Nicaragua… y que, en el caso extremo de que la OEA decidiera suspender la participación de Nicaragua dentro de la organización, tampoco habría algún tipo de “acción directa” en contra del actual gobierno, la OEA se limitaría a seguir presionando y negociando para que se restablezca el orden constitucional y se legitime la representación del Estado de Nicaragua mediante procesos democráticos fidedignos dentro de Nicaragua, bajo las leyes nicaragüenses.

El mensaje al FSLN es clarísimo: un futuro ejercicio en el poder que sea alcanzado mediante elecciones fraudulentas o poco creíbles expone a Nicaragua a ser suspendida o expulsada del organismo regional. El mensaje a la ciudadanía nicaragüense, especialmente a la oposición organizada, es igualmente claro: la forma de llegar al poder que la OEA reconoce tiene que pasar por los mecanismos democráticos internos reconocidos, es decir, un proceso electoral.

Así planteado, la última resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA conmina no solo al gobierno de Nicaragua para que garantice unas elecciones creíbles el próximo año, sino que también impone a la oposición la obligación de encontrar una ruta cívica y pacífica para resolver el conflicto interno que padecemos. Somos los y las nicaragüenses quienes tenemos que decidir el tipo de Sociedad que queremos construir, el tipo de país en el que queremos vivir… es nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana.

Las elecciones en Bolivia

A propósito de las elecciones en Bolivia, es necesario  hacer un análisis técnico antes que ideológico. La salida de Evo Morales del poder puso en evidencia la influencia que los militares siguen teniendo en América Latina. Desde mi punto de vista, la salida de Evo Morales no fue un golpe de Estado, pero si una intentona golpista.

Ambos términos pueden parecernos iguales, pero no, hay matices. No fue un golpe de Estado porque Evo Morales renunció como Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, fue intento de golpe porque su renuncia se debió a  la presión de los militares, mismos que pusieron la banda presidencial a Jeanine Añez, actual presidenta de Bolivia.

El mandato de Añez se suponía era transitorio, pero enseguida fue notorio el cambio de administración gubernamental en Bolivia. El primer giro político fue el reconocimiento a Juan Guaido como presidente legitimo de Venezuela, desconociendo de esta manera a Nicolás Maduro. Apelando al discurso religioso y conservador, restableció las relaciones diplomáticas con Israel y, por último, decidió cortar las relaciones con Cuba. En política interna Añez inició un proceso represivo contra sectores afines al MAS y contra Evo Morales, exiliado primero en México y actualmente en Argentina.

Las estrategias electorales de la oposición al MAS fueron confusas, utilizaron el aparato estatal para perseguir y eliminar la figura de Evo Morales. El bloque opositor al MAS además de dividirse en tres bloques, no logró conquistar al electorado desencantado con Morales, decepcionados con este por no respetar la voluntad popular del referéndum que le negó la reelección presidencial y que el Tribunal Constitucional decidió anular con una sentencia. El desencanto con el mandato de Evo Morales no significó que los sectores indigenistas se retiraran de los espacios de poder conquistados por Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. No es coincidencia que Arce, actual presidente electo, hubiese tenido muchos más apoyos que Morales.

¿Por qué el MAS gana las elecciones?

Hay muchas variables que explican la derrota electoral de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho y el triunfo de Luis Arce. Los candidatos Mesa y Camacho se centraron en discursos alejados de la realidad boliviana, contrario a Luis Arce, que se centró en una campaña apartada de la figura de Evo Morales, con la intención de conquistar a ese electorado descontento con la actuación inconstitucional de Morales de no respetar el resultado del referéndum que prohibía su reelección, pero que a la vez es un electorado favorable al partido MAS por su fuerte discurso obrero, indigenista y favorable a la buena gestión económica de Arce, el ideólogo de la gestión económica del gobierno de Evo Morales. Es importante resaltar las palabras de Luis Arce cuando se le preguntó por el regreso del ex presidente Morales ‘’Dijimos que teníamos que tener renovación en el MAS, para la gente joven. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema’’. Con estas palabras, Arce toma distancia de su antecesor, deja claro que Morales no tendrá una influencia notoria en su Gobierno.

La segunda cuestión a tratar es la falta de estrategia electoral de Mesa y Camacho, al no lograr rentabilizar el gobierno de Añez ni de explotar el discurso del ‘’retorno a la democracia’’ con la salida de Morales del Gobierno. Por ultimo, un elemento decisivo fue la pandemia del COVID-19, la gestión del gobierno de Añez ha sido ineficaz para enfrentar la pandemia y en tiempos electorales una gestión de estas magnitudes se convierte en un elemento importante para inclinar la balanza hacia un candidato u otro.

Las elecciones en Bolivia nos dejan distintas lecturas. Una de ellas es que las crisis políticas pueden ser solucionadas mediante mecanismos de elección popular, por lo menos para devolver la legitimidad política a un Estado y sus instituciones, no es el caso de Venezuela y Nicaragua, países en los cuales la transición política parece más compleja. La crisis política boliviana puso sobre la mesa el  poder que siguen teniendo las fuerzas armadas, como elementos de presión, una cuestión bastante preocupante, dado al temor a los golpes de estado y la no subordinación de los militares al poder civil. Sin embargo, a pesar del poder de los militares, el MAS sale fortalecido por haber dado una enorme batalla institucional, al perder el poder y recuperarlo institucionalmente y no a través de la violencia. Es encantador el marketing electoral de Arce, porque su discurso no solo atrajo a los movimientos indigenistas, sino que fue capaz de atraer a sectores de clase media, poniendo al partido en un tablero ideológico más amplio no solamente identificándose como de izquierda.

Habrá que ver qué papel tendrá Añez una vez deje el poder y cuál será la influencia de Morales en este nuevo gobierno. ¿Se apartará Arce de Evo Morales como lo hizo Lenin Moreno en Ecuador con Rafael Correa? Es imposible saberlo por ahora, pero en cualquier caso hay que estar atentos, porque en política todo cambia con mucha rapidez. De algo que estoy muy seguro es de la derrota de la OEA como organismo garante de la “democracia y el orden Constitucional de sus países miembros” porque su actuación en la crisis boliviana ha sido un desastre, pasaron de acusar a Bolivia de un fraude electoral a desmentirlo meses después, su fracaso no radica en las acusaciones de fraude, sino en su falta de imparcialidad a la hora de tomar decisiones políticas.

Para construir una Nicaragua mejor

La semana pasada vi un maratón documental sobre la Primera y Segunda Guerras Mundiales y en un primer momento saqué la conclusión de que la evolución del Hombre como ser sociable y su incorporación a sociedades regidas por las leyes se dio a través de la violencia. “El Hombre se humanizó a través de la violencia”, pensé. Una contradicción, aparentemente.

La Liga de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas son creadas a partir de ambas guerras para resolver los conflictos entre las naciones. Cada conflicto obligó a desarrollar mecanismos para mediar y solucionar futuros problemas. La guerra o la violencia, por así decirlo, crearon éstas estructuras supranacionales para mantener la paz.

Entre la primera y la segunda guerras mundiales, hay un periodo de 30 años de diferencia y el conflicto nace a partir de la derrota alemana en la primera guerra mundial. La segunda guerra mundial es consecuencia directa de la primera. La Alemania Nazi se alimentó del nacionalismo para crear la guerra y devolverle la “gloria” al país. ¿Por qué Alemania volvería a iniciar una guerra? Para los franceces cuando se firma el Tratado de Versalles lo más importante era castigar a Alemania. La justicia la convirtieron en venganza con impunidad para los vencedores.

Quiero hacer un paralelismo con Nicaragua, aunque sus dimensiones y contextos históricos sean muy diferentes: la crisis de abril del 2018 estalló 30 años después de concluir la guerra contra la revolución armada previa que derrocó a la dictadura de Somoza, y se intentó una transición hacia la democracia que no se cimentó en la justicia, sino en un apartheid político, donde los “sandinistas” por ser “sandinistas” fueron despedidos de sus puestos en el Estado o estigmatizados; diez años antes la revolución había hecho lo mismo con los „somocistas“. Algo semejante a la postura de Francia de castigar hasta la humillación a Alemania: “castiguemos a los sandinistas por la guerra”, que antes había sido „castiguemos a los somocistas por la dictadura impuesta“.

Hitler utilizó el nacionalismo para buscar venganza por la humillación a que fue sometido el pueblo alemán después de la primera guerra mundial. La crisis social y económica que el pueblo alemán padecía, causado por las sanciones impuestas por la alianza que derrotó a Alemania, sanciones que obligaban a Alemania a resarcir económicamente los daños ocasionados por la guerra, ayudó a Hitler a instaurar el tercer reich. Ortega y Murillo hicieron casi lo mismo; utilizaron todo el rezago social que padecía la población para instaurar sus dictaduras. Ese resentimiento y odio fue creado por la impunidad y la venganza. A partir de esa premisa los paramilitares, ex miembros del EPS, salieron a las calles a asesinarnos. Usaron las heridas de la guerra y el desplazamiento social de estas personas en otros gobiernos para convencerlos de asesinar. No hubo atención psicológica a los desmovilizados por la guerra, adoctrinados por el régimen sandinista en los 80’s, ni hubo justicia para castigar los crímenes cometidos durante la guerra.

La justicia tiene que beneficiarnos a todos, imparcialmente. No hacer justicia, es abrir el paso a un nuevo dictador que manipule el resentimiento y el dolor de las masas e irremediablemente volver al clientelismo populista y al autoritarismo. Debemos reconstruir el tejido social desde la justicia poniendo un alto definitivo a la impunidad.

Al punto que quiero llegar es que no se puede repetir el mismo error de pretender construir un país democrático con una sociedad polarizada y violenta, valerse de la “justicia” para buscar venganza. La justicia se trata de no repetir lo mismo. En los juicios de Nüremberg, una gran parte de los altos mandos militares del Nazismo fueron ajusticiados, antes otros murieron en la guerra o se suicidaron. A pesar de que muchos otros casos quedaron en la total impunidad, los alemanes aprendieron a través del dolor, solo a través del dolor entendieron que en la guerra no hay honor ni gloria, ambas guerras suicidas habían sido instigadas por ellos mismos. No solo fue el ajusticiamiento de sus criminales militares lo que llevó a los alemanes a aprender de sus acciones, la magnitud del desastre que crearon y enfrentaron provocó en ellos un cambio de mentalidad. La idea de justicia también es un proceso mental que tenemos que trabajar.

La reflexión sería que tanto Ortega como Hitler son productos de los traumas de la guerra, la violencia institucionalizada y el resentimiento social. Ojalá que no haya un próximo dictador creado también por el dolor que vive el país por los acontecimientos recientes.

Tal vez la Humanidad hoy no sea mejor que lo que fue ayer, incluso puede que sea peor. No pasaron ni 50 años al finalizar la segunda mundial cuando en la antigua Yugoslavia se llevaba a cabo un genocidio étnico, es decir, hace menos de 25 años. No se aprendió del genocidio realizado por los nazis contra los judíos en campos de concentración como el de Auschwitz y otras zonas de Europa. La Humanidad se sigue deshumanizando y diversos grupos humanos recurren a la violencia para imponer su visión de las cosas. Sociedades supuestamente más avanzadas que las nuestras son las dueñas de las guerras, pero eso no es excusa para nosotros.

Aún estamos a tiempo de cerrar los ciclos de violencia desde nuestra mentalidad nicaragüense, al menos en nuestro pequeño espacio territorial. No hay honor ni gloria en las guerras, las guerras no construyen sociedades ni pueden perfeccionarlas, las guerras nos deshumanizan y nos destruyen socialmente. Nicaragua no será mejor por el hecho de que se vaya Ortega o „extirpemos“ al sandinismo, ellos solo son una parte del problema. El orteguismo, el sandinismo, el somocismo y cualquier otro cacicazgo excluyente, guerrerista y violento no regresarán si, y solo si, los nicaragüenses nos convertimos en mejores ciudadanos; si abandonamos el resentimiento y los deseos de venganza para enfocarnos en un sano ideal de justicia.

Nicaragua será mejor cuando tenga mejores ciudadanos.

La falacia de la salud gratuita desnudada por el COVID 19

Uno de nuestros miembros en Managua, lamentablemente, ya tuvo a tres familiares con síntomas de COVID 19. Una de sus tías sigue muy delicada. La señora padece de diabetes, es cardiópata e hipertensa. Lleva una semana con fiebre y tos. Postrada en su cama, le cuesta respirar y apenas puede hablar.

La señora, de unos 45 años, pide que no la lleven a un hospital público, prefiere morir en su casa que en uno de esos deprimentes lugares, cuenta nuestro amigo miembro. En los primeros tres días de los síntomas la llevaron a un centro de salud en un barrio céntrico de Managua, donde a pesar de que vieron su dificultad para respirar, la mandaron de regreso a descansar y a tomar acetaminofén, sin remitirla a un hospital para hacerle exámenes y descartar el COVID 19.

Otra de las tías de nuestro amigo, es trabajadora de un hospital público. Presentó calentura y tos. La chequearon por primera vez en el hospital Solidaridad, en Managua, donde la devolvieron a su casa, supuestamente solo tenía una neumonía viral. Sin embargo, su salud fue empeorando. La señora fue perdiendo la capacidad normal para respirar. Se puso pálida, casi no podía hablar. Una semana después de presentar sus primeros síntomas, la tía de nuestro amigo, fue internada porque ya no podía respirar por si sola, necesitaba oxígeno.

Su familia reclamó al personal del hospital y los acusó de negligentes. Afortunamente, la señora pudo salir con vida. A ella le aplicaron la prueba de COVID 19, sin embargo, se tardaron dos días para dar los resultados, que fueron negativos. En la hoja de alta del hospital pusieron que ella tenía una neumonía atípica.

Durante los 3 días que estuvo internada, los familiares no podían entrar a verla, ni siquiera les permitían que se quedaran en el hospital. Los médicos afirmaron que darían información de la salud de la señora a través de llamadas telefónicas, pero no fue así.

Lamentablemente, la mamá de nuestro amigo, quien es enfermera, también presentó síntomas, luego de haber tenido contacto con su hermana. Después de un día de fiebre, la señora se fue al hospital Militar, categoría “Diamante”, donde le dijeron que todo estaba bien, que solo era un dolor de garganta. No le hicieron ni una prueba o examen para saber el foco de la calentura y el dolor en la garganta. La mandaron a tomar acetaminofén.

Ante las experiencias de sus tías en los hospitales públicos y la pésima atención en el hospital Militar, nuestro amigo decidió llevarla al hospital Vivian Pellas. Sin embargo, el precio por atención es gigantesco para la clase media. Debía pagar un depósito de 600 dólares como garantía de pago. No obstante, el hospital está facturando hasta 1,500 dolares por atender a una persona que tenga los síntomas de COVID 19. Esta cantidad debe ser pagada una vez que terminen todos los exámenes. Imposible.

Él tuvo que regresar con su mamá al hospital Militar “Diamante” donde nuevamente la devolvieron a su casa y le dijeron que volviera cuando tuviera más síntomas del COVID 19, como tos seca. Esa vez tampoco le hicieron exámenes para encontrar el foco de las dolencias.

No sabía qué provocaba el malestar de su mamá y era angustiante, ya que no sabía si estaba contagiada o no, o si se podría poner peor. Finalmente, tuvo que llevarla al área privada del hospital Salud Integral para que le realizaran una serie de exámenes para saber el posible foco de su síntomas.

Pagó 150 dólares en exámenes que debieron haberle hecho en su hospital de seguro social, el Militar. El resultado de los exámenes indica que ella tenía una neumonía leve, que se presume fue producto de un contagio por COVID 19.

Al final, ¿es gratuita la salud en este país? O, al menos, ¿la buena salud?

Amor en tiempos del COVID-19

AFP: Marcha en Nicaragua, COVID-19

Con una actitud inescrupulosa sin precedentes el gobierno del FSLN en Nicaragua continúa abusando del control que ejerce sobre todas las instituciones del Estado para poner en riesgo la vida de miles de nicaragüenses. La fanfarronería de la pareja gobernante frente a la pandemia del COVID-19, que continúa causando estragos alrededor del mundo, ha llegado al extremo delirante de convocar a marchas y anunciar la organización de eventos multitudinarios con motivo de la denominada “Semana Santa”.

Algunos pequeños colegios privados han tenido la iniciativa de suspender sus clases y han sido advertidos y amenazados con multas y cierre definitivo por el Ministerio de Educación, las universidades públicas también insisten en continuar sus clases con normalidad, pese a las protestas de algunos estudiantes. 

¿Por qué lo hacen?

Lejos de la fortaleza que pretenden mostrar, en realidad siguen siendo acciones desesperadas ante las graves consecuencias económicas que la crisis global provocará en nuestro país. Una de las pocas apuestas que le quedan al gobierno para sostenerse hasta el 2021 con cierta estabilidad es el turismo, quizás la industria más afectada alrededor del mundo por la pandemia. La caída de los precios del petróleo y la reducción del comercio mundial, que a este mes se espera ronde los 300 mil millones de dólares, nos hace suponer una drástica caída en los precios de nuestras de por sí modestas exportaciones y probablemente una disminución en el volumen de las remesas familiares (cerca del 15% del PIB nicaragüense).

En un escenario pesimista como el que se plantea y con la permanente presión de la crisis política interna no resuelta; que solo puede ser contenida con las fuerzas policiales, militares y paramilitares; el gobierno hace una pobrísima exhibición de “fuerza” y fe, rayana en la demencia.

¿En qué se apoyan?

En primer lugar tenemos el hecho de que Nicaragua no necesariamente tiene que decretar la cuarentena para quedar aislada, para ello basta con que las líneas aéreas recorten sus vuelos, los países vecinos cierren sus fronteras y los turistas decidan quedarse en sus casas (esto último está ocurriendo debido a las fuertes medidas que están tomando los países con Gobiernos serios, responsables). Dicho de otro modo: los países con gobiernos serios nos pondrán/tienen en cuarentena forzada. En Centroamérica, según un informe reciente del SICA, Nicaragua es el país que menos acciones ha implementado para hacer frente a la pandemia.

https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2020/03/Tabla-del-SICA-del-coronavirus.jpeg

En segundo lugar está la irresponsable certeza de que en caso de vernos seriamente afectados la comunidad internacional acudirá en nuestro apoyo, y considerando también ciertos factores que podrían atenuar la gravedad de la COVID-19. Recientemente un médico me comentó que “parece estar estadísticamente probado que el tipo sanguíneo ‘O’ resiste bastante bien a esta enfermedad y es tratable con medicamentos que podemos obtener en Cuba“. Es así como un documento del MINSA publicado por Confidencial se asume que habrá alrededor de 800 muertes en un escenario de propagación del virus en nuestro país que, según el mismo documento alcanzaría a unas 32,500 personas.

¿Debería sorprendernos que el sistema de salud que negó la atención médica a las personas que resultaban heridas durante las “operaciones limpieza” muestre tanto desprecio por la vida humana? Esas 800 o más personas que fallezcan a causa de la COVID-19 no serían más que “pérdidas colaterales aceptables” en la abyecta lucha que libra el régimen por sostenerse en el poder.

Otro aspecto que no debe escapar de este breve análisis es que la COVID-19 alcanza sus picos de gravedad y mortalidad entre personas de la tercera edad y/o personas con padecimientos crónicos. En Nicaragua la población es relativamente joven en su mayoría. Algunas personas han destacado este hecho para acusar al gobierno de pretender aprovechar la crisis como una salida al problema de la Seguridad Social, que está llegando a niveles extremos. Dicho crudamente: al gobierno del FSLN le conviene la muerte en masa de personas de la tercera edad.

La tesis de la “inmunidad del rebaño”

Es necesario decir que no solo el demencial gobierno nicaragüense ha contemplado un escenario en el que la propagación del virus podría tener consecuencias “positivas”, el gobierno británico contemplaba inicialmente un abordaje en cuatro fases para enfrentar la pandemia y unas declaraciones del Ministro de Salud de México parecen estar orientadas en la misma dirección. La idea de fondo es que si un número suficiente de personas se contagia el virus dejaría “naturalmente” de propagarse, al no encontrar a más personas a quienes contagiar; esto es lo que se conoce como “inmunidad del rebaño” o inmunidad colectiva y es el principio por el cual se practican las vacunaciones masivas.

Un análisis de riesgo para el escenario nicaragüense realizado por Víctor Gustavo Tercero Gómez, quien es profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, nos muestra un escenario dramático y terrible en el caso de que la COVID-19 se propagase sin ningún tipo de freno o control: cerca de 50,000 muertes esperadas si el contagio alcanza a cerca del 60% de la población, para alcanzar la posible “inmunidad del rebaño”.

Como ya he mencionado, el gobierno británico tenía una estrategia basada en la tesis de la inmunidad del rebaño, sin embargo contemplaba una fase (2) en la que se protegía a las personas de la tercera edad y demás en situación de riesgo, para que el virus atacara a personas que pudiesen resistir la enfermedad. El gobierno de Nicaragua NO TIENE ninguna previsión al respecto y esto nos permite inferir que no está suponiendo realmente esta tesis, que tiene algún asidero científico (aunque débil), y que realmente está buscando provocar la muerte masiva de personas de la tercera edad.

Así pues, conociendo de antemano la falta de capacidad de nuestro sistema de salud y el alto grado de irresponsabilidad y criminalidad de quienes detentan el poder en Nicaragua, nos corresponde como sociedad tomar todas las medidas de precaución posibles y seguir, personal y colectivamente, las recomendaciones que emanen de las organizaciones de salud a nivel regional y mundial. Al final de cuentas lo que está en juego es nuestra propia vida y tenemos que defenderla a cualquier costo.

Coronavirus (COVID-19), dos perspectivas para el análisis

La historia en torno al coronavirus está llena de humareda y paneos mediáticos que como película clase “B” nos inducen al horror sin sentido. Mis comentarios en dos tiempos: El coronavirus como fenómeno de salud y, como fenómeno mediático y posibles trasfondos.

1. El coronavirus como fenómeno de salud.

a. Tres palabras claves para la focalización del fenómeno: transmisibilidad (contagio), morbilidad (expresión de la enfermedad) y mortalidad.
La transmisibilidad dependerá de los mecanismos del virus (medios y resistencia a ambientes hostiles), las prácticas sociales y la concentración de la población.
La morbilidad y letalidad dependerán de las características del virus, características de las personas (nutrición, condición física, la edad), el hacinamiento, y los recursos sociales (calidad y cantidad que cada sociedad cuente para atender y aislar a los enfermos).

b. Sobre la transmisibilidad se sabe que el Coronavirus es altamente infeccioso a través del contacto con los fluidos de los ya contagiados. No se transmite a través del aire. La falta de prácticas higiénicas personales y del ambiente favorecen el contagio. Grandes ciudades, transportes públicos, fiestas populares (como el año nuevo chino o el carnaval occidental) son un ambiente propicio para su propagación. La intensidad de los intercambios y conexiones de diversas índoles entre países funciona como cadena de transmisión.

c. Respecto a la morbilidad, en torno al 80% de los casos se considera de expresión leve. Como una gripe leve, dicen algunos informes médicos. En algunos países pobres esto podría verse afectado por el estado de nutrición y hacinamiento de la población, pero aún en estos casos no se está apreciando, a la fecha, una desviación sustancial en la tendencia actual.

d. En cuanto mortalidad hay diferencias sustanciales según la edad, siendo nula entre los 0 y 9 años, cerca de casi nula entre los 10 y 39 años con 0.02%, y 0.04% entre 40 y 49 años, teniendo un crecimiento exponencial a partir de ahí 1.3% (50-59), 3.6% (60-69), 8% (70-79) y 14% (>80 años). Otro dato que se sabe es que la condición física es importante, afectando más según algunas condiciones como hipertensión y enfermedades respiratorias (>6%), diabetes (>7%) y cardiovascular (>10%).

e. Según las estadísticas la morbilidad y mortalidad del coronavirus son menores que las del SARS, MERS, la influenza e incluso que las gripes invernales, pero con una mayor tasa de contagio. Es decir, no hay razón para el pánico, pero demanda cuidado redoblado con personas mayores.

2. El coronavirus como fenómeno mediático y de cosas que no vemos.

a. El susto inicial en China es comprensible por la novedad de la infección, su desconocimiento y su transmisibilidad. El pánico actual con las estadísticas que ya se conocen parece incomprensible.

b. El pánico y la tragedia venden. Lo confirman los medios de comunicación y los conglomerados farmacéuticos, dos industrias billonarias.

c. Ante este pánico hay dos industrias claramente afectadas: las de transporte y turismo. También se ha visto afectada la cadena global de suministros. Y una industria que ha caído como “daño colateral”: la industria del petróleo (para felicidad momentánea del planeta). Esto empuja a la contracción económica global actual.

d. Se señalan las caídas de las bolsas como impacto del coronavirus, pero la de China ha crecido y se ha mantenido luego de caídas temporarias. El Dow Jones de la bolsa de EUA ha perdido casi el 70% del crecimiento de todo el período del Gobierno del Sr Trump ¿Y si el pánico de las bolsas no fuera por el coronavirus? Durante la Guerra Comercial USA-China los índices de las bolsas de China se mantuvieron estables con leve crecimiento, la bolsa USA fue creciendo a los trancos y barrancos; ¿exuberancia o fragilidad?

e. EUA está en período electoral, posiblemente el más radicalizado y con la institucionalidad más fragilizada de su última centuria. El brote inicial del coronavirus quebró la cadena de suministro de EUA, el Presidente Trump ya no tiene grandes números para presentar en la campaña (¿Crecimiento robusto y se perdió de un plumazo? Material para la oposición). El coronavirus está tocando a sus puertas en medio de un estado de alarma y con el sistema de salud en entredicho, en un contexto que tiende a ser económicamente recesivo sin instrumentos robustos para hacerle frente. Un ambiente favorable a la exacerbación de la polarización política en la actual campaña presidencial. Sociedad polarizada asegura tendencia debilitante a mediano y largo plazo.

f. Europa se verá entre un socio que no parece de fiar, (antiglobalización e inestable) con crecimiento ralentizado (que además fue pro Brexit), o un socio con economía activa, pro comercio y globalización y con el cual tiene inversiones sustanciales a través de la nueva ruta de la seda.

g. En medio de ese macro movimiento hay bolas rodando: ¿Se reposicionará Rusia en el tablero europeo con Reino Unido fuera? ¿El efecto colateral del coronavirus en el mercado del petróleo y la actual guerra comercial de ese mercado y su caída vertiginosa de precio fragilizarán la economía de esquisto de EUA, exacerbando aún más las tensiones económicas y electorales de ese país justo este año? Esto con guerras atávicas de nunca terminar en el medio oriente.

Todo esto si es razón de pánico.

Coalición sin corrupción

Este mes que llevo descansando, retirado de los espacios políticos, me ha dado la oportunidad de escuchar a la gente y percibir esa otra realidad de la población respecto a la crisis política. Es interesante porque la gente no está desconectada de la crisis, tienen mucho conocimiento de los acontecimientos, sobre la oposición y la represión que ejerce el régimen. Incluso hasta simpatizantes sandinistas han hablado conmigo expresándome que el cambio de gobierno es irremediable. Y no son de estos sandinistas fanáticos o serviles, son sandinistas con un alto nivel de formación que conocen la realidad de la estructura de su partido y reconocen las fracturas internas.

No es cierto que existe “apatía” por la cuestión política del país, existe un descontento generalizado por el papel de la oposición para presionar a Ortega por una salida. Pero así como hay sandinistas descontentos con su partido, hay opositores que han dado marcha atrás y no ven con malos ojos al régimen de Ortega.

La crisis no es lineal, se mueve vertiginosamente en varias direcciones, desde posiciones políticas extremistas a puntos coincidentes entre bandos aparentemente irreconciliables, pero me resulta interesante que estos sandinistas que están casi en la disidencia se estén alejando del partido por la crisis económica y la corrupción dentro de las estructuras del gobierno y no por la represión descarnada. Y, por el otro lado, que opositores que durante abril participaron en las protestas en este contexto valoren más su estabilidad económica y para eso se hayan visto “obligados” a cambiar su posición política y obvien las consecuencias de la represión. Puedo equivocarme con esta aseveración, pero pareciera que son los simpatizantes del régimen los que van a determinar la caída de la dictadura.

Hace unos días se lanzó “la gran Coalición Nacional” en medio de un Estado de sitio descomunal. Cualquier intento de unificar a la oposición debe ser aplaudido, por supuesto. La interrogante de siempre es: ¿unidos alrededor de qué? Aparentar unidad no sirve de nada. La gente desconfía de la UNAB, la Alianza Cívica, los campesinos, los partidos políticos y los estudiantes; que todavía son percibidos con respeto, pero dicen que “les falta experiencia”. Y sobre todo hay un reclamo exigiendo “soluciones”. La oposición no ha sido capaz de catalizar las demandas de los nicaragüenses. Eso es algo que lo dije en muchas ocasiones, que estábamos construyendo un país desde nuestra visión como opositores y no desde las aspiraciones de los nicaragüenses de a pie.

Entiendo perfectamente por qué la gente no se siente identificada con las propuestas hasta ahora planteadas, porque no ven plasmadas sus demandas en esas propuestas. Otro dato interesante es que el tema económico sea más importante que los derechos humanos y la democracia.

La gente percibe mucho más importante la parte económica. Ese debe ser un tema a trabajar: concientizar y hacerle entender a los nicaragüense que para lograr un desarrollo económico y social de calidad necesitamos defender los derechos humanos y construir y defender una democracia fuerte, sin ambos elementos no tendremos un desarrollo económico sostenible o se repetiría el caso de que el crecimiento económico solo beneficiaría a una pequeña cúpula allegada al poder político y económico. Esa desconfianza podría ser erradicada si la oposición fuera capaz de construir un plan de nación para reconstruir el país en la etapa post-Ortega y de tener un plan de acción para reactivar la resistencia contra la dictadura.

Azahalea Solís, dijo en el programa Esta Noche, que: era “impensable construir una Coalición Nacional sin la participación de la Contra”. Yo sigo pensando que siguen apostando por acercarse a estas organizaciones que la población identifica como anti-sandinistas y eso en aras de eliminar esa idea de que se quiere un orteguismo sin Ortega. No me molesta la participación del FDN, pero se le está dando un peso político que no tiene.

Hace poco se le rindió homenaje a Enrique Bermúdez como “héroe de la democracia”, con puros fines politiqueros. Yo no podría estar más en desacuerdo, cuando la contra cometió delitos de lesa humanidad en los años 80’s y firmó en los acuerdos de Sapoá una amnistía general que les absolvía a ellos y al sandinismo de ser investigados y juzgados por estos crimenes. La Contra también es responsable de que no haya habido un proceso de reparación, verdad y justicia al concluir la guerra.

No me molesta la participación de la Contra, sino esa imagen que quieren verder de la Contra. Quieren utilizar las heridas de la guerra para derrotar a Ortega y esa es la peor estrategia que se puede usar, sobre todo en los más jóvenes (60% de la población de Nicaragua es joven). No están trabajando en una visión hacia el futuro. Los más jóvenes trabajamos nuestro presente pensando en el futuro y si van a revivir a reliquias de la guerra no nos va interesar.

También estuvo presente María Fernanda de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán en el acto de la Coalición. En lo particular no estaba de acuerdo con la participación de los partidos políticos tradicionales, pero fui madurando esa idea y creímos necesario que las bases de los partidos fueran parte de la Coalición Nacional, por supuesto proponiamos vetar a las cúpulas de dichos partidos. Miembros jóvenes del PLC nos han expresado que el partido no está controlado por Alemán y su esposa, y que hay mecanismos democráticos internos. El PLC que pactó en el 98 con el FSLN no es el mismo, pero queda ese estigma de que a partir del pacto es que se le permite a Ortega llegar al poder.

A partir de aquí tenemos la participación de una organización implicada en crimenes de lesa humanidad y facilitador de una amnistía, cuando se trata de conseguir justicia, y la inclusión de un partido político pactista, cuando se trata evitar un pacto con el régimen. Todas esas incongruencias que percibe la población en la oposición desalientan la esperanza de encontrar una solución a la crisis política.

Programa urgente para Nicaragua

Antes del 18 de abril de 2018 en Nicaragua ya se realizaban esfuerzos por evitar la instauración de un Gobierno autoritario. Decenas de organizaciones políticas y de sociedad civil habían construido los primeros puentes de unidad para enfrentar el desmantelamiento de las instituciones del Estado, la recuperación de la democracia, el retorno de la confianza en los procesos electorales y las mejoras a la calidad de vida de los nicaragüenses.

En ese trayecto una decena de organizaciones se dieron a la tarea de construir un programa de nación mínimo que abordara las futuras crisis políticas y económicas que ya se proyectaban en un horizonte cercano. Si bien no había claridad de que habría un estallido social de la magnitud del que se vivió desde abril de 2018 y sus consecuencias, se vislumbraba ante las demandas ciudadanas, exigencias que forzaban la apertura al sistema político, y soluciones a una crisis económica que se veía venir producto de la corrupción promovida por los agentes del Estado, en contubernio con las nuevas élites económicas y las establecidas entre 1990 y 2006, así como la centralización del poder de las fuerzas armadas y de seguridad bajo el mando absoluto del Ejecutivo.

La anterior “reseña” es para introducir la presentación de un plan de nación que fue elaborado en junio de 2013 por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), el Grupo Patriótico de Militares Retirados (GPMR), el Grupo de Reflexión de la Izquierda (GRI), el Grupo de Reflexión, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (RESCATE), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Movimiento Patriótico por la República (MPR) y el Partido Socialista de Nicaragua (PSN). Hoy día algunos de estos actores forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este artículo presento cuáles fueron las propuestas concretas para encontrar la salida a la crisis económica y que para mí son tan válidas de abordar en este momento como la necesidad de adelantar elecciones.

Cambios que necesitamos en las diferentes esferas de la vida nacional

Algunas características del modelo económico e institucional propuesto:

El modelo económico debe tener como centro y principal sujeto a la persona humana, el fortalecimiento de su dignidad, sus valores, sus derechos y sus libertades. La inversión más importante del Estado debe centrarse en el desarrollo del capital humano, condición vital para el incremento de la productividad y la competitividad, sin descuidar la inversión productiva y de infraestructura.

El Estado debe centrar esfuerzos para potenciar las capacidades de formación asignando como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y garantizando la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa, por medio del fortalecimiento en coherencia a los sub-sistemas educativos, diversificando ofertas en los diferentes niveles educativos y brindando opciones técnicas para aprovechamiento del bono demográfico.

Las políticas económicas deben propiciar la inversión y la generación de empleo, consensuadas entre el sector privado, los representantes de la clase trabajadora, la sociedad civil y las universidades, a fin de generar consensos sobre el rumbo económico y social del país y la necesidad de construir un Estado con la participación de toda la ciudadanía.

La institucionalidad democrática debe hacer énfasis en la construcción de un sistema político que permita la libre elección de las autoridades nacionales y locales, respetando la voluntad de la ciudadanía, garantizando la igualdad de participación de todas las organizaciones políticas y la incidencia efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en la selección de personal idóneo para los poderes del Estado y para la definición de políticas públicas.

Institucionalidad y Estado de Derecho:

La construcción y establecimiento de un pacto social para el establecimiento de un nuevo Estado de Derecho, y por tanto de la institucionalidad democrática, es indispensable para garantizar el desarrollo de una sociedad moderna y para construir una nueva cultura política basada en el pleno funcionamiento de la gobernabilidad. Instituir un Gobierno de instituciones, racionales, inclusivas y con independencia entre los poderes del Estado, fomentando la cultura de legalidad y diálogo. Para estas acciones se propone:

  • Despartidización e independencia de los distintos Poderes del Estado e instituciones de control de la gestión pública.

  • Reducción del número de magistrados y altos funcionarios en las instituciones del Estado y reducción de privilegios de acuerdo a la crítica situación del país.

  • Restablecimiento de los contrapesos entre las instituciones en base a los preceptos constitucionales y el respeto pleno al marco Constitucional para el funcionamiento de las instituciones.

  • Reformas a la Constitución y a la Ley Electoral orientadas a la construcción de un sistema electoral que garantice la independencia del poder electoral, la transparencia, imparcialidad y profesionalismo en la administración de los procesos de elección de las autoridades nacionales y locales, así como la inclusividad mediante la eliminación de todas las formas de discriminación o de desventaja a partidos minoritarios, para que se respete la voluntad de los votantes.

  • Despartidizar el Poder Judicial haciendo prevalecer el sumo imperio de la Constitución y las leyes en la administración de la justicia.

  • Garantizar la independencia jurisdiccional de los y las jueces en relación a las instancias superiores del Poder Judicial.

  • Separar el órgano de administración y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

  • Despartidizar y restablecer las funciones de la Contraloría de la República, la Procuraduría y la Fiscalía.

  • Restablecer la autonomía y la descentralización municipal, y garantizar el respeto a la Ley de Municipios y Ley de Participación Ciudadana.

Estado y sociedad civil:

  • Promover y garantizar la participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal.

  • Cumplir con la Ley de Participación Ciudadana y sus instancias de participación tales como el Consejo de Planificación Económica y Social (CONPES), el Consejo de Desarrollo Departamental (CDD), el Comité de Desarrollo Municipal (CDM) y el Consejo Regional de Planificación Económica y Social (CORPES).

  • Reconocer y respetar la libertad de organización, reunión y movilización de los diferentes sectores de la sociedad.

  • Garantizar el respeto y la no discriminación hacia la sociedad civil, independientemente de su sexo, edad, identidad, raza, religión, posición política e ideológica.

  • Respetar los mecanismos establecidos para la participación ciudadana, especialmente de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, personas con discapacidad y otros sectores vulnerados.

Economía y finanzas:

– Modelo económico:

El modelo económico actual basado en la exclusión y la concentración de los ingresos en manos de unos pocos, será transformado por un modelo más justo y equitativo que permita superar la enorme brecha entre la riqueza y la pobreza, fortaleciendo el papel del Estado en las áreas estratégicas que beneficien a los sectores sociales más desprotegidos; para eso se elaborará un plan de concertación con todos los actores nacionales, para con ello:

  • Promover un proceso de cambio estructural de la economía, en el sentido de un proceso de incesante diversificación de la estructura productiva mediante el cual, como resultado de la innovación tecnológica, se irán implantando nuevos sectores, incluyendo de forma creciente los intensivos en tecnología.

  • Aprovechar plenamente el bono demográfico mediante un proceso de permanente cambio estructural, que signifique que la población en edad de trabajar, que está creciendo con fuerza debido al cambio en la estructura de edades y a la creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica, encuentre ocupación en actividades económicas, cada vez con mayor productividad, y cada vez más intensivas en conocimiento.

  • Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, pero el estado debe asumir los costos de la economía del cuidado, la cual recae fundamentalmente en las mujeres, trabajo hasta ahora invisibilizado, no remunerado y con serias implicaciones para la salud y calidad de vida de las mujeres.

  • Desarrollar una base amplia de recursos humanos con los conocimientos y destrezas requeridas para hacer posible este proceso de cambio estructural, y para que los jóvenes que se incorporen a la edad de trabajar, encuentren empleos, cada vez con mayor calidad, para los cuales deberán estar adecuadamente preparados. Ello exige materializar el derecho a una educación de calidad para todos y todas.

  • Desarrollo de un sistema nacional de entrenamiento y capacitación laboral que combine y complemente esfuerzos del sector público y privado. El papel de las empresas es central: el desarrollo del capital humano no solamente requiere educación formal, sino el adecuado entrenamiento y capacitación de la fuerza económicamente activa o trabajadora por parte de las empresas.

  • Desarrollar mecanismos de fomento del desarrollo, convirtiendo al Banco Produzcamos en un verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, para asegurar el financiamiento a bajo intereses de las inversiones de medio y largo plazo a la pequeña y mediana producción.

  • Establecer políticas especiales para fomentar el empleo y formación de jóvenes y mujeres.

  • Desarrollar la capacidad del país para asimilar, adaptar, mejorar y desarrollar el conocimiento y la tecnología, que lo capacite para llevar a cabo su propio esfuerzo de emulación tecnológica orientado a reducir la brecha tecnológica. Esto es lo que hará posible la constante diversificación de la economía hacia actividades con mayor valor agregado y contenido tecnológico, indispensable para generar empleos de cada vez mayor calidad.

  • Coordinar acciones e inversiones Públicas y Privadas, para desarrollar ventajas comparativas dinámicas, basadas en la creciente diversificación del aparato productivo.

– Crear mecanismos de fomento del desarrollo:

  • Instituciones financieras de fomento al desarrollo (Verdadero Banco de Fomento o Desarrollo, cuyos nombramientos dependan de la Asamblea Nacional) para asegurar el financiamiento de las inversiones de medio y largo plazo, indispensables para modernizar y diversificar el aparato productivo, hacia actividades de mayor valor agregado, rendimientos crecientes y elevada densidad de encadenamientos.

  • Otras Instituciones de fomento: investigación y apoyo a la innovación tecnológica, difusión de la tecnología, inteligencia de mercados y apoyo a la comercialización, desarrollo de la infraestructura adecuada y otros servicios de apoyo.

  • Estimular la inversión, en especial aquella que se oriente a desarrollar actividades de alto valor agregado, generación de externalidades tecnológicas, y una mayor densidad de encadenamientos intersectoriales.

  • Establecer políticas crediticias, fiscales, comerciales más eficaces y de fomento de la producción y la comercialización a la pequeña y la mediana producción agropecuaria, artesanal, y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.

  • Invertir en infraestructura vial agrícola durable.

  • Asignar conforme plan nacional, recursos financieros para la pequeña y mediana producción.

  • Elevar producción y productividad, así como darle valor agregado a nuestra producción agrícola en todos los órdenes. Fomento del riego.

  • Desarrollar la agroindustria.

  • Alcanzar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria.

  • Establecer de un banco de tierras estatal para impulsar la reforma agraria que beneficie al campesinado pobre.

– Presupuesto y fiscalidad:

El sistema tributario permite al Estado contar con los recursos indispensables, que luego se incorporan al presupuesto nacional, para financiar las inversiones en capital humano e infraestructura básica requeridos por el proceso de cambio estructural y para lograr un desarrollo con equidad, para lo cual proponemos lo siguiente:

  • Impulso de ley de Justicia tributaria con equidad, con el fin de disminuir la brecha entre los más enriquecido y los mas empobrecidos, asegurando que todos aquellos con capacidad contributiva aporten al financiamiento de los bienes públicos que provee el Estado, y que quienes tengan mayor capacidad contributiva aporten relativamente más.

  • Reducción al mínimo necesario de las exenciones y exoneraciones.

  • Aplicación del principio de progresividad, de manera que quienes ganen más aporten más y los que tengan menos aporten menos.

  • Racionalización del Gasto Público, y pasar a un presupuesto que se convierta en la expresión financiera de programas nacionales orientados a cumplir objetivos y metas de desarrollo en diferentes campos, especialmente en educación, salud, infraestructura básica, protección ambiental y desarrollo de la capacidad nacional para asimilar conocimiento y tecnología.

  • Reducción de los gastos superfluos de las instituciones estatales y combate a la corrupción.

– Derechos de propiedad:

  • Deberá garantizarse el respeto a la propiedad y a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, siempre y cuando se correspondan y cumplan estrictamente con el marco jurídico legal y de soberanía nacional de Nicaragua.
  • La corrupción en las instituciones del Estado será asumida como un delito de lesa humanidad.

  • Política de premio castigo: Premiar la denuncia de la corrupción y castigar a los corruptos.

  • Todos los bienes adquiridos mediante la cooperación internacional que hayan sido privatizados en manos particulares, deben ser restituidos al Estado nicaragüense. Asimismo, toda deuda pública generada por negocios privados no será reconocida como deuda del Estado nicaragüense.

  • Los bienes obtenidos ilícitamente, por tráfico de influencia y por actos de corrupción u otros, serán reinvertidos socialmente en base a las políticas de Estado de desarrollo rural y urbano.

  • Protección y respeto a la legislación existente relacionadas con los derechos ancestrales sobre las propiedades de las comunidades indígenas del Caribe, del pacífico, centro norte y, afro- descendientes .

– Protección del medio ambiente:

  • Aprovechamiento racional y sostenible de nuestros recursos naturales, aplicando las medidas necesarias que la ley establece para su protección.

  • Toda inversión ya sea local o extranjera, debe estar en función de los intereses nacionales, asegurando por la vía institucional y legal, que al país le correspondan márgenes justos de ganancia para la inversión social y se preserve la soberanía nacional y la sostenibilidad ambiental.

  • Realizar con inmediatez, rigurosidad y apego a la ley, los Estudios de impacto ambiental a los mega proyectos en función de su viabilidad y pertinencia y la construcción de un consenso nacional en torno a los mismos.

  • Asegurar la sostenibilidad de la reserva hídrica de Nicaragua.

  • Definir una política de Estado referida a los recursos mineros (incluida la minería metálica) en correspondencia con el aprovechamiento sostenible y respeto a la dignidad humana y sus derechos laborales.

En lo social:

– Educación:

La educación es un derecho de todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza. La educación debe caracterizarse por ser una educación liberadora del ser humano y de la sociedad, constructora de ciudadanía. Por se propone:

Garantizar la cobertura y el acceso de la población a la educación:

  • Diversificando la oferta educativa existente, y ampliando la educación básica y superior.

  • Erradicar el analfabetismo y ampliando la educación básica y habilitación laboral para adultos y adultas.

  • Garantizar a los y las más pobres la gratuidad de la educación y las condiciones necesarias para brindarles una educación de calidad.

  • Ampliar la infraestructura educativa en los sectores rurales y la Costa Caribe.

  • Asegurar las condiciones básicas para el funcionamiento de los centros.

  • Asegurar una educación pertinente y de calidad.

  • Universalizando la educación preescolar de tres niveles para niños y niñas de 3 a 6 años garantizando la continuidad del sistema hasta la educación media con salidas intermedias de educación técnica/tecnológica.

  • Asegurar que el personal más calificado y mejor remunerado del MINED, esté en los territorios, especialmente en aquellos donde existe mayor pobreza, adecuando los currículos a las necesidades, potencialidades y planes de desarrollo local.

  • Establecer un sistema de contratación por concurso para el personal técnico del MINED.

  • Garantizando la oferta educativa para personas con Capacidades Diferentes.

  • Fortaleciendo el Sistema educativo autonómico regional (SEAR) de la Costa Caribe.

  • Priorizando la educación rural y el multigrado.

  • Incrementando el salario básico de los y las docentes.

  • Diseñando, consensuando e implementando la carrera profesional de los y las docentes y una política diferencial de remuneración por desempeño.

  • Mejorando la calidad de la formación inicial de los y las docentes y el correspondiente aumento de plazas para asegurar contratación y cobertura.

  • Invirtiendo en una adecuada formación continua y acompañamiento pedagógico para los y las docentes.

  • Dar continuidad y completar las políticas de educación para la primera infancia (0 – 3 años), consensuando con diferentes sectores de la sociedad un currículo para esta etapa del desarrollo.

  • Garantizar la laicidad de la educación pública y la educación no sexista.

  • Articular y generar sinergia entre los tres subsistemas educativos del país y los diversos sectores de la sociedad civil que trabajan y apoyan la educación, promoviendo una cultura de rendición de cuentas basado en un compromiso cuantificado en indicadores y metas a las que la sociedad civil, los medios,

  • Aumentará la inversión pública en educación preescolar, básica y media, incrementando el presupuesto asignado a la educación, pasando paulatinamente del presupuesto actual al 7% del PIB, tal y como lo exigen las necesidades educativas del país y los compromisos internacionales que ha asumido Nicaragua.

  • Asegurar el financiamiento estatal a la educación superior y promover la discusión en torno a la Educación Superior necesaria para el país y el establecimiento de compromisos de las universidades con relación a sus resultados, que la sociedad debe monitorear

– Salud:

La salud es un derecho humano esencial que debe ser compartido por todos y todas. Debe ser un factor fundamental para el desarrollo integral de la persona humana y para la superación de la pobreza, por ello proponemos:

  • Establecer un sistema de salud que garantice la salud de todas las personas.

  • La violencia contra las mujeres debe ser considerada como un problema de estado y de salud pública, la seguridad humana de las mujeres requiere de la aplicación y destinar recursos económicos para la implementación de la ley 779 en su perspectiva integral.

  • El modelo de salud deberá estar acorde a las necesidades de la ciudadanía, en el que la prevención, la atención y la recuperación de la salud sean un bien social que el Estado debe garantizar

  • El Presupuesto General de la República debe disponer de los recursos suficientes para atender las necesidades de salud de la población, con énfasis en la población mas empobrecida.

  • Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios en todo el territorio nacional, dando prioridad a las zonas desprotegidas, carentes de infraestructura y/o de más difícil acceso.

  • Garantizar la atención diferenciada y la calidad de los servicios, en todo el ciclo de la vida de las personas.

  • Los programas deben tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, según sus ciclos vitales.

  • Se deben incluir programas específicos para la niñez, la adolescencia y juventud, las personas adultas y las adultas mayores, con discapacidades, tomando en cuenta las necesidades propias del envejecimiento.

  • Contar con programas nacionales que incorporen la salud sexual y la salud reproductiva de la población, la atención integral y los insumos necesarios para el control de la fertilidad, prevención de las ITS, el VIH y el Sida.

  • Reconocer la feminización de la epidemia del VIH Sida, y el acelerado incremento de la infección en la juventud, desarrollar programas de prevención y atención especializada dirigidos a las mujeres, adolescentes y jóvenes de áreas rurales y urbanas.

  • Contar con programas respetuosos de los derechos reproductivos, procurando que la maternidad y la paternidad sean asumidas responsablemente, contando con información actualizada, respetando su capacidad de tomar decisiones informadas.

  • Los servicios de salud deben garantizar una atención respetuosa de los derechos sexuales, sin discriminaciones de ninguna índole.

  • Nicaragua debe enfrentar el problema de los embarazos en las niñas y adolescentes mediante la educación sexual científica y universal, la lucha contra la violencia y la atención especializada, cuidando del interés superior de las niñas y adolescentes.

  • Promover la más amplia participación comunitaria en las tareas del cuidado y saneamiento del medio ambiente, la prevención de las epidemias y de las enfermedades inmuno-prevenibles.

  • Estimular una mejor nutrición para la niñez y garantizar programas comunitarios específicos para atender las enfermedades crónico degenerativas, la desnutrición, el envejecimiento y asistir a la niñez huérfana y/o a las personas en fase avanzada del Sida.

  • Mejorar la formación universitaria de profesionales de la salud, promover becas de capacitación por méritos y fortalecer los programas docentes para el personal médico y paramédico en ejercicio de su profesión, de modo de lograr su acceso al manejo de las nuevas tecnologías.

  • Garantizar la capacitación continua al personal de sistema de salud, garantizando una salario digno y condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

  • Garantizar el derecho de la población asegurada y en retiro a gozar de buena atención en las Clínicas Previsionales. Controlar los egresos y transferencias del INSS por cada persona que se atiende en este sistema, garantizando el uso racional de los recursos de la seguridad social.

– Seguridad social:

La sostenibilidad del Seguro Social está íntimamente ligada a la transformación del modelo de crecimiento económico, de manera que este se sustente en una cada vez mayor productividad, y que produzca más empleo de calidad y con mayor remuneración. El aumento sistemático en la productividad del trabajo a lo largo del tiempo es la única manera en que un número más reducido de personas en edades productivas, como el que cabe esperar en la fase de envejecimiento, será capaz de generar los crecientes recursos necesarios para sostenerse a sí mismas, incrementando su nivel de vida, y a la vez sostener niveles de vida también crecientes para los menores de edad y el número en rápido aumento de adultos mayores. Para ello proponemos:

  • Recuperación de la capacidad financiera del Seguro Social, y conciliación previa de la deuda del Estado con el INSS, tanto de las instancias nacionales y locales.

  • La ampliación de asegurados está en estrecha vinculación al aprovechamiento del bono demográfico, incremento del presupuesto educativo 7 % del PIB, y a la alineación y armonización de los sistemas educativos para elevar el nivel educativo y logar mejor generación de empleo y una mejor asimilación tecnológica.

  • Crear una pensión mínima, financiada por el Presupuesto, para todos aquellos adultos mayores para quienes su pensión este por debajo del salario mínimo y para aquellas personas que arriben a la vejez sin ningún tipo de respaldo.

Reformas administrativas a través de la ley, dirigidas a:

Independizar el INSS del Ejecutivo, y sus autoridades nombradas por la Asamblea Nacional, quienes no deben tener inmunidad.

– Establecer requisitos para los nombramientos, tales como:

  • No ser dirigente de ningún nivel de partidos políticos

  • Ser profesional de reconocida honorabilidad.

  • Establecer requisitos para los principales cargos del INSS

– Reforma estructural al INSS:

  • Organizar la contabilidad del INSS y corregir todos sus defectos y vicios.

  • Establecer objetiva y claramente la deuda del Estado.

  • Establecer por ley el arreglo de pago, y que ésta se registre como deuda pública.

  • Los pagos futuros del Estado en su conjunto, instancias nacionales y locales, deben hacerse directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deduciendo las cotizaciones del Presupuesto y transfiriendo directamente al INSS.

  • Deberá emitirse un protocolo de las inversiones que garantice que los recursos sean invertidos eficaz y eficientemente.

  • Vigilancia y control serán ejercidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

  • Asunción de mayor responsabilidad social y fiscal del sector empresarial.

  • Ejercer control riguroso del sistema médico previsional, que dé mayores garantías a las personas usuarias.

– Una nación que mira a sus migrantes:

  • Diseñar y ejecutar una política para atender y apoyar a la población migrante.

  • Promover un acuerdo migratorio con Costa Rica, Estados Unidos y los países de destino de la migración nicaragüense que contribuya a la legalización de estas personas en dichos países.

  • Promover acuerdos con el resto de países centroamericanos para legalizar y facilitar el trabajo temporal de los nicaragüenses, con respeto a sus derechos.

  • Desarrollar programas y políticas para facilitar las inversiones de la población migrante y la reincorporación de los que deseen regresar al país.

  • Impulsar el voto de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en el exterior.

Plena incorporación de la Costa Caribe, derechos de los pueblos indígenas y fortalecimiento de su autonomía:

  • Promover y preservar los derechos históricos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y distritos multiétnico de la Costa del Caribe Nicaragüense y del pacífico norte centro.

  • Gozo y respeto de los deberes y derechos que les corresponden como nicaragüenses, de a acuerdo con nuestra Constitución política.

  • Desarrollo de infraestructura vial que conecte de manera efectiva a la Costa Caribe con el resto del país.

  • Respeto a la diversidad cultural y fomento de la educación multicultural y multilingüe

  • Desarrollo de políticas sociales y económicas que articulen la Costa Caribe y demás pueblos indígenas con el desarrollo global del país.

  • Demarcación y respeto de los territorios indígenas y étnicos, Distritos Multiétnicos y comunidades indígenas y afro descendientes, que se establecen y se regirán conforme a sus tradiciones y la ley de la materia en lo que corresponde.

Defensa y seguridad:

– Ejército Nacional y Policía Nacional

  • Restitución institucional de las facultades de los ministerios de Gobernación y Defensa.

  • Restablecer y despartidizar la Policía Nacional.

  • Formación en Derechos humanos, Estado de Derecho y no violencia a la Policía Nacional y el Ejército nacional.

  • El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia.

  • Tanto la Policía como el Ejército, como instancias no deliberantes están obligados a rechazar cualquier intento de partidización.

– Seguridad ciudadana:

Las amenazas del crimen organizado que se cierne sobre los países centroamericanos que cada año tienen mayor presencia en nuestro país, requiere de una política estatal de carácter integral de Seguridad Ciudadana con status de Ley, la que debe ser asumida con urgencia ante los avances de ese flagelo, priorizando la inversión social para el desarrollo e inclusión.

Relaciones exteriores:

– Una nación soberana:

  • Defender la soberanía nacional y desarrollar relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo.

  • De respeto al marco jurídico internacional suscrito por el Estado.

  • Impulsar esfuerzos binacionales para convertir los conflictos fronterizos en oportunidades de desarrollo en esas zonas.

  • Promover el avance de la integración centroamericana en todos los campos, estrechando las relaciones económicas, ambientales, comerciales, de ciudadanía y culturales entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.

  • Participar en todos los foros internacionales promoviendo la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia del derecho internacional.

Integración de la región centroamericana:

  • Fortalecer el proceso de integración desde las personas, y los valores que fomenten una conciencia integradora.

  • Construcción de una estrategia de desarrollo Centroamericana que contribuya a lograr el bienestar de la población en donde lo regional agregue valor.

  • Fortalecer la integración de la Región Mesoamericana y el fortalecimiento de la cooperación y solidaridad Sur-Sur.

Así pues este programa básico para iniciar el camino a la transformación de las fuerzas productivas, económicas, sociales y políticas del país debe ser consensuado como parte de esfuerzos nacionales y debe dar un norte, un sentido estratégico a una propuesta de salida electoral.

Una nueva forma de hacer política para enterrar a la dictadura

La unión nacida en abril debe organizarse ahora en una coalición. Eso permitirá enterrar a la dictadura y crear las condiciones para que por fin crezca esa criatura que está luchando por nacer y se llama democracia.

El dictador se sentía acosado y se estaba hablando de un posible diálogo. Eran 15 puntos los que se querían tratar, entre los más importantes:

  • Adelantar elecciones recortando el período presidencial en dos años.
  • Elecciones con observación internacional, preferiblemente con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
  • Prohibición absoluta de la reelección y celebrar elecciones municipales.
  • Ejército apolítico, reformas a la Constitución y a la ley electoral, fortalecer la democracia y establecer la justicia social en Nicaragua.

¿La agenda de la Mesa de la Negociación con Ortega en el 2019? Casi la misma, pero con sesenta años de diferencia, esa propuesta a la que me refiero se elaboró en mayo de 1959 y al parecer contaba con la venia de Luis Somoza.

Se le presentó a los que estaban entrenándose en Costa Rica para invadir Nicaragua. La situación en ese momento era algo así como: “mirá Luis, si no aceptas adelanto de elecciones, guerra”. Lo cierto es que lo decían en serio, ya que la propuesta era parte de un plan mayor. La invasión de Olama y Mollejones ya estaba lista y parecía abrirse una última oportunidad para negociar.

La propuesta no prosperó, porque los armados en Costa Rica la consideraron una traición a la causa; también porque sospechaban que era una trampa de la dictadura. La solución tenía que ser por la vía militar. Ya saben, Fidel era el héroe del momento y meterse en la montaña era lo que estaba de moda para botar a los dictadores, cool, como dicen ahora.

Los Somoza al principio se llenaron de miedo al ver dos invasiones militares, que creían eran comandadas por cubanos. También existía el riesgo de una movilización general en las ciudades y un paro que entumecería la economía. Por un momento pareció que los frentes para acabar con la dictadura se habían alineado y que nada detendría el avance de las fuerzas opositoras, apoyadas por un frente político interno cohesionado y bien organizado.

Los muchachos de la invasión, con pobre entrenamiento y peores condiciones político-militares, liderados por Pedro Joaquín Chamorro, se aventaron a invadir Nicaragua el 31 de mayo; y como relata el tercero al mando, Luis Cardenal -que dejó esta historia plasmada en un libro-, la operación fue un fracaso.

Fracasó porque las fuerzas opositoras, que habían formado nunca dejaron los celos y la desconfianza. No se pusieron de acuerdo en la coordinación de una huelga general ni de protestas generalizadas.

El líder político del momento, el doctor Enrique Lacayo Farfán, en vez de persuadir a los militares somocistas de unirse a ellos, amenazó con fusilar a gran parte de la oficialidad y esto generó más cohesión entre las tropas.

Esta lección nos enseña, la importancia de la organización y de la buena planificación; pero también de la unión. Además, es fundamental en el contexto actual, en el que promovemos una nueva forma de hacer política.

Porque cuando decimos que es indispensable transformar el modelo, lo hacemos con el conocimiento de los estragos negativos causados por la vieja cultura política y con el compromiso ineludible de cambiarla.

Porque esta antigua forma de hacer política siempre estuvo plagada de personalismo, sectarismo y caudillismo. Todos ellos defectos, que únicamente conducen a la desunión y por tanto a la debilidad.

La dictadura del 198 está débil y moribunda, como terminan todos los regímenes autoritarios, pero ese estado la vuelve más peligrosa.

Desde abril de 2018, la unión de todos los demócratas apuró el fin de este régimen, cuya muerte dará paso al nacimiento de una nueva criatura, la democracia. Sin embargo, para que este nuevo ser crezca sano, debemos alimentarlo con nuevos valores y una nueva cultura política de tolerancia y respeto, en un ambiente de paz. Pero con justicia y sin impunidad.

Para acelerar el proceso del parto, debemos consolidar esta unión en una coalición que nos cobije a todos. Con ello reduciremos el rango de maniobra de ellos y su capacidad de acosar, torturar, encarcelar y matar impunemente.

También si coordinados y unidos nos manifestamos en todo el territorio nacional, lograremos las ansiadas reformas democráticas. Y la dictadura llegará a su fin, cuando todos juntos defendamos el voto que garantizará el cambio.

Esta unión nacida en abril debe organizarse ahora en una coalición donde alcancemos todos, con el compromiso de no repetir los errores del pasado. Eso permitirá enterrar a la dictadura y crear las condiciones para que por fin crezca esa criatura que está luchando por nacer y se llama democracia.

Texto original del blog: https://juansebastian.ch/


Tomado de 4tomono.com
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