El rol de la Unidad Nacional ante la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional

¿A qué juega la Alianza Cívica?

Tal y como se esperaba, esta semana (exactamente el lunes 26 de octubre 2020) la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció su salida de la Coalición Nacional (CN) y, si bien el hecho no causa ninguna sorpresa, vale la pena dedicar unas líneas a evaluar esta jugada en el penoso “ajedrez político” que se juega frente a un adversario que nos tiene encañonados y amordazados, tanto a los jugadores que pretenden retarlo como a los espectadores forzados.

Antecedentes

Como es bien sabido, la ACJD nace de la convocatoria realizada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para intentar un diálogo entre grupos opositores que sostenían una abierta insurrección frente al régimen y que estaban siendo reprimidos con extrema y criminal violencia. La ACJD es un intento de organización fundada por las organizaciones y personas asumidas como representativas de la Sociedad nicaragüense: empresa privada, academia, movimiento campesino, sociedad civil organizada y algunos estudiantes universitarios.

En un aparente intento de ampliar la base social para legitimar a la ACJD como interlocutora frente al gobierno, para el mes de octubre del 2018 un nuevo bloque de organizaciones se suma a la ACJD y crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Durante poco más de un año la ACJD y la UNAB (curiosamente la ACJD nunca se asumió como parte integrante de la UNAB, sino como organización independiente) discutieron la integración de otras organizaciones y partidos políticos para consolidar un solo bloque opositor frente al régimen del FSLN. Y es así como en el mes de febrero nace la Coalición Nacional bajo la presión del Movimiento Campesino y no sin antes producirse una extraña división de la UNAB, con la salida la ACJD en el mes de diciembre del 2019.

Cabe destacar que este extraño proceso de encuentros y desencuentros provocados por la ACJD ha estado siempre acompañado por el “coqueteo” con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, antes Partido Liberal Independiente (PLI)), cuya personería jurídica fue aparentemente otorgada por el régimen del FSLN bajo condición de disolver la alianza que por ese entonces, como PLI, sostenía con el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La causa de las simpatías entre la ACJD y CxL no es nada rebuscada: CxL es en realidad el mismo partido creado por Eduardo Montealegre (empresario/banquero) que ha existido y corrido en elecciones anteriores con distintas siglas y que en el año 2006 estuvo presta a reconocer el “triunfo” del FSLN en las elecciones generales para agenciarse el “segundo lugar” por encima de su rival (de donde sale el mismo Montealegre) Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin la colaboración del PLI de Eduardo Montealegre (antecedente directo de CxL) durante el período legislativo 2007-2011, incluyendo la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y otras iniciativas, el FSLN no habría podido afianzarse en el poder.

Si sumamos a estos antecedentes el hecho de que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hasta el mes de abril del 2018 venía cogobernando con el FSLN bajo un modelo denominado de “diálogo y consenso” elevado a rango constitucional en las reformas aprobadas entre los años 2013 y 2014 por la Asamblea Nacional dominada por mayoría absoluta del FSLN, tenemos los ingredientes necesarios para plantearnos dos escenarios que podrían explicar los aparentemente erráticos movimientos de la ACJD.

Primer escenario: “oxigenar” al régimen

Algunos analistas y comentaristas han planteado, desde la instalación del diálogo nacional, que el COSEP pretendía una salida negociada que garantizara un “aterrizaje blando” al gobierno del FSLN. Esta idea parte de la premisa de que el COSEP necesita garantizar la estabilidad económica de su socio (que implica la estabilidad económica del país, debido a la magnitud del capital que maneja como producto de los negocios con Venezuela) y, al mismo tiempo, impedir que salgan a luz los detalles de sus relaciones de negocios con el FSLN. Una segunda idea fuerte de este razonamiento es que el FSLN estaba “a punto de caer” debido a la presión popular en las calles. Seguramente recordamos a aquellos comentaristas que desde sus programas televisivos gritaban eufóricos: “¡Vamos ganando!”. “¡Los tenemos locos!” o afirmaban que, según sus fuentes, “solo están definiendo quiénes se irán en el avión”.

Aunque en un primer momento este escenario parece razonable y probable (tomando también en cuenta que los empresarios cabildearon en los Estados Unidos en contra de las sanciones que amenazaban al gobierno del FSLN desde el 2017), la verdad es que desde la entrada en escena del COSEP como grupo opositor le fue asignada la denominación de “traidor” por el gobierno del FSLN y eso nos tiene que llevar a pensar que la ruptura es (o era) real. En tal caso, el COSEP no buscaba el “aterrizaje suave” del gobierno, sino el propio. Un escalamiento de lo que se planteaba como una rebelión o insurrección popular podría perfectamente redundar en un “ajuste de cuentas” popular en contra de los socios del régimen… los empresarios estaban salvando, o tratando de salvar, su propio pellejo.

Ya de plano confrontados por el gobierno, los empresarios deciden seguir apostando a la unidad con el resto de la sociedad nicaragüense organizada para apoyarse en ella y el respaldo de la comunidad internacional con el ánimo de sobrevivir. Estando absolutamente todos los hilos del poder en manos del FSLN los empresarios privados saben que su situación está seriamente comprometida. Así, una variante de este escenario es que, solapadamente, la empresa privada está tratando de tener en sus manos la capacidad de negociar con el FSLN ofreciéndole lo único que al FSLN le interesa en este momento, que es el control sobre las fuerzas opositoras.

Lo expresado en párrafo antecedente también es concordante con la tradición histórica nicaragüense de conflictos y pactos entre grupos de élite.

Segundo escenario: la toma del poder

La segunda opción posible es que, tomando en cuenta todos los mismos antecedentes y el planteamiento del primer escenario, la empresa privada y resto de la ACJD han definido como objetivo serio, probable y realizable la toma del poder mediante un proceso electoral que sería posible gracias a las sanciones y presiones internacionales en contra del régimen. ¿Por qué tendría la empresa privada que ceder su posición de cogobernante que ya goza de rango constitucional con el actual gobierno?

Aprovechando sus relaciones con los grupos opositores la ACJD ha logrado determinar las debilidades de esos grupos y ha decidido “apostar por lo seguro” (algo natural desde la visión empresarial) que es establecer una alianza con un partido político que ya tiene una “casilla”, programa y estructuras organizadas para hacer frente a un proceso electoral. Aquí vale la pena decir que en este escenario la ACJD asume que irá a elecciones con o sin las condiciones que plantea la Coalición Nacional. Una alianza entre la ACJD y CxL no pone en riesgo el estatus político alcanzado por la empresa privada, más bien lo garantiza. Nótese también que CxL no tendría ningún problema para negociar con el FSLN el ser “la segunda fuerza política de peso” en un posible pacto entre élites, puesto que lo han hecho antes y podría decirse es su “mínima aspiración” histórica, como organización heredera del PLC y a la tradición pactista en la vieja cultura política nicaragüense.

Teniendo en cuenta el fetiche de la “unidad para enfrentar al régimen” que se orienta tradicionalmente hacia la polarización de la sociedad ante la falta de propuestas políticas coherentes, el hecho de que evidentemente el porcentaje de la población que adversa al FSLN es mayor que el porcentaje de quienes apoyan al gobierno, junto con las medidas de presión de la comunidad internacional, parece un escenario factible para que, en cualquier caso, una fuerza opositora unificada logre vencer al FSLN en el futuro proceso electoral. Según este razonamiento, quienes quieran anotarse “al caballo ganador” tendrían que sumarse al proyecto que empuje la ACJD y someterse a sus designios o, más bien, a los designios de la clase empresarial.

El doble conflicto y la apertura de espacios a una Nueva Cultura Política (NCP)

Partiendo de la tesis de nuestro correligionario (en Propuesta Ciudadana) y amigo, Adolfo Hurtado, en Nicaragua a partir de abril del 2018 se vive un “doble conflicto”: un conflicto tradicional (de la VCP) que gira alrededor del ejercicio excluyente del poder político o su “repartimiento” y un conflicto que gira alrededor del establecimiento o restablecimiento de los derechos y de la democracia (de la NCP).

El actual acercamiento de la ACJD al CxL, a instancias de la empresa privada, es una manifestación de la VCP que satisface plenamente la propuesta teórica de Hurtado, pero, todavía hay más: al momento de redactar este artículo llega a mis manos una “proclama” suscrita por personas miembros y enlaces de las estructuras territoriales (departamentales y municipales) de la ACJD que rechazan la decisión y optan por mantenerse dentro de la Coalición Nacional, conservando incluso el mismo nombre. En dicha proclama destacan algunos elementos de la NCP, como el desconocimiento a las decisiones de las élites (caudillismo o verticalismo) así como la disposición de establecer el diálogo como mecanismo de resolución de los conflictos, por encima de las imposiciones o pugnas de poder y protagonismo.

Visto de este modo, la salida de la ACJD de la Coalición Nacional abre un espacio importante para la conformación y consolidación de un bloque político que puede perfectamente presentarse a un proceso electoral con un discurso de cambio de sistema, habida cuenta de que los socios principales del modelo de gobierno actual (ambos claros representantes de la VCP) nos plantean más de lo mismo, con algunas componendas entre las élites para un nuevo reparto del poder. Ni en sueños pasa por la mente de CxL o el COSEP un cambio del modelo constitucional actual de cogobierno, por ejemplo, y tampoco la necesidad de un cambio hacia la verdadera democratización de la economía.

El rol de la Unidad Nacional (UNAB) en la Coalición Nacional

Desde Propuesta Ciudadana, como organización miembro de la UNAB, hemos sido promotores y parte activa de los procesos de construcción y consolidación de sus estructuras, por lo que puedo afirmar con toda seguridad que la UNAB es actualmente el espacio ideal para que germine la semilla de la NCP que se manifestó con mucha fuerza a partir de abril del 2018 en nuestro país. Hasta este momento; con todas las dificultades que nos plantean la represión del gobierno del FSLN, la pandemia del COVID 19 y las dificultades económicas consecuentes; está bien encaminada a ser una fuerza política trascendente en la historia de Nicaragua, sin embargo, para lograrlo, tiene que terminar de solventar tres aspectos que me parecen fundamentales:

1.- La consolidación de una institucionalidad fuerte que garantice que las normas debidamente consensuadas y aprobadas estén por encima de las voluntades de las personas o de grupos de élite dentro de sus estructuras, la interpretación de las normas solo puede pertenecer a la Asamblea Ciudadana, como máximo órgano para el ejercicio de la soberanía de sus miembros y la expresión de su voluntad soberana. La UNAB tiene que asumir el estandarte de la Nueva Cultura Política no desde el discurso, sino desde la práctica cotidiana.

2.- La construcción de una visión de nación incluyente, integradora y segura que vaya más allá del simplismo “democracia vs. Dictadura” o de la metafísica “lucha del bien contra el mal”, tomando conciencia plena de la complejidad del problema sistémico de la sociedad nicaragüense para aportar propuestas de solución factibles y medibles en el corto, mediano y largo plazos; propuestas que necesariamente involucren a, y cuenten con, la participación de las bases en los territorios. Un primer paso positivo en esta dirección ha sido la decisión asamblearia de incorporar a los Consejos Municipales de cada municipio de Nicaragua en la Asamblea Ciudadana de la UNAB, todas las estructuras territoriales de base contarán con voz y voto en el plenario de la organización para la toma de sus decisiones.

Se hace necesario abandonar el discurso confrontativo y polarizante que, como he dicho antes, es característico de la VCP en sus tradicionales “luchas por el poder”, la ciudadanía nicaragüense, sin distingo de colores políticos, debería de poder sentirse identificada con las propuestas de la Unidad Nacional; sin temor a represalias, exclusión o confrontación violenta.

3.- El diseño y puesta en práctica de un plan estratégico acorde con la visión de corto, mediano y largo plazos que, entre otras cosas, logre posicionar y potenciar dos aspectos sustanciales de la NCP que sustentan el programa o visión de nación:

  • La participación ciudadana
  • La descentralización y desconcentración del poder

Con estas herramientas la Unidad Nacional podrá incidir con fuerza en la construcción de una Coalición Nacional que logre romper la propuesta “bipartita” que se vislumbra puede provenir desde los representantes de la tradicional o vieja cultura política para, mediante la polarización de la sociedad, garantizar el poder (o una mejor posición dentro del esquema de poder) a quien demuestre más músculo el día de las elecciones o tenga menos escrúpulos para aplastar al otro.

La propuesta que la Unidad Nacional tiene que aportar a la Coalición Nacional y a la sociedad nicaragüense tiene que ser una que nos permita “ganar” a todos y todas, establecernos como una Nación democrática, con un verdadero Estado de Derecho y, en definitiva, desarrollarnos como el país civilizado que en realidad somos. La membresía de Propuesta Ciudadana está profundamente comprometida con este esfuerzo y tenemos la certeza de que la inmensa mayoría de las organizaciones miembros de la UNAB también lo están.

Las puertas de nuestra organización permanecen abiertas para trabajar con las y los nicaragüenses que deseen cambiar el destino de nuestra nación hacia un futuro mejor.

OEA – Contundente derrota del FSLN

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, en el marco de la quincuagésima Asamblea General Ordinaria de la OEA, fue aprobada una resolución que en su parte medular insta al gobierno de Nicaragua a garantizar que las elecciones a celebrarse en noviembre del 2021 gocen de todos los requisitos de legalidad y transparencia que exigen los estándares democráticos. Para tales efectos establecen un plazo que expira en el mes de mayo de ese próximo año 2021.

El texto de la resolución fue aprobado con 20 votos de 34 posibles, 12 abstenciones y 2 votos en contra, de los cuales uno, obviamente, corresponde a la representación del FSLN. Previo a la votación el representante del FSLN leyó un documento en el que se destacó la tradicional retórica antiimperialista y se advirtió que quienes votaran a favor estarían incurriendo en una ilegalidad, una violación a los principios de la Carta de la OEA y al Derecho Internacional.

A pesar de que algunas organizaciones y personas nicaragüenses desde el exilio albergaban la esperanza (infundada) de que el gobierno del FSLN fuese declarado ilegítimo, mientras las organizaciones aglutinadas en expresiones como la UNAB esperaban una resolución más contundente en ruta a la aplicación de la Carta Interamericana; en términos políticos, tanto por su contenido como por el resultado de la votación, la resolución de la OEA es una contundente derrota internacional para el FSLN, la más contundente de los últimos años.

Solamente un país, San Vicente y las Granadinas, apoyó abiertamente la posición del FSLN en el rechazo a la resolución. Las doce abstenciones de ninguna manera pueden interpretarse como un espaldarazo al régimen nicaragüense, sus motivaciones van desde un “no es nuestro problema” hasta el temor de ser evaluados con la misma medida en un futuro cercano (caso de Guatemala y Honduras, por ejemplo). Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos decir que la resolución de la OEA signifique un triunfo para la oposición nicaragüense o el pueblo de Nicaragua. La incapacidad de la oposición nicaragüense (incluyendo a la que está en el exilio) para presentar una propuesta sólida y unificada de solución a la crisis no es algo que le corresponda resolver a la OEA, los Estados Unidos o alguien más. Los problemas de Nicaragua tenemos que afrontarlos y resolverlos los nicaragüenses.

En el esquema emotivo y hasta pasional que caracteriza a la “política” nicaragüense se suele olvidar que es el Estado de Nicaragua quien pertenece o es miembro de la Organización de Estados Americanos y no su Gobierno, mucho menos el FSLN. Es el Estado de Nicaragua, es decir la población nicaragüense, quien en el ejercicio de su soberanía designa dentro de su marco jurídico a las personas que ejercen el Gobierno y le representan en esa y otras instancias internacionales. Debemos entender y aceptar que de ninguna manera corresponde a la OEA, o a alguno de sus países miembros, resolver los problemas internos del Estado de Nicaragua… y que, en el caso extremo de que la OEA decidiera suspender la participación de Nicaragua dentro de la organización, tampoco habría algún tipo de “acción directa” en contra del actual gobierno, la OEA se limitaría a seguir presionando y negociando para que se restablezca el orden constitucional y se legitime la representación del Estado de Nicaragua mediante procesos democráticos fidedignos dentro de Nicaragua, bajo las leyes nicaragüenses.

El mensaje al FSLN es clarísimo: un futuro ejercicio en el poder que sea alcanzado mediante elecciones fraudulentas o poco creíbles expone a Nicaragua a ser suspendida o expulsada del organismo regional. El mensaje a la ciudadanía nicaragüense, especialmente a la oposición organizada, es igualmente claro: la forma de llegar al poder que la OEA reconoce tiene que pasar por los mecanismos democráticos internos reconocidos, es decir, un proceso electoral.

Así planteado, la última resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA conmina no solo al gobierno de Nicaragua para que garantice unas elecciones creíbles el próximo año, sino que también impone a la oposición la obligación de encontrar una ruta cívica y pacífica para resolver el conflicto interno que padecemos. Somos los y las nicaragüenses quienes tenemos que decidir el tipo de Sociedad que queremos construir, el tipo de país en el que queremos vivir… es nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana.

Amor en tiempos del COVID-19

AFP: Marcha en Nicaragua, COVID-19

Con una actitud inescrupulosa sin precedentes el gobierno del FSLN en Nicaragua continúa abusando del control que ejerce sobre todas las instituciones del Estado para poner en riesgo la vida de miles de nicaragüenses. La fanfarronería de la pareja gobernante frente a la pandemia del COVID-19, que continúa causando estragos alrededor del mundo, ha llegado al extremo delirante de convocar a marchas y anunciar la organización de eventos multitudinarios con motivo de la denominada “Semana Santa”.

Algunos pequeños colegios privados han tenido la iniciativa de suspender sus clases y han sido advertidos y amenazados con multas y cierre definitivo por el Ministerio de Educación, las universidades públicas también insisten en continuar sus clases con normalidad, pese a las protestas de algunos estudiantes. 

¿Por qué lo hacen?

Lejos de la fortaleza que pretenden mostrar, en realidad siguen siendo acciones desesperadas ante las graves consecuencias económicas que la crisis global provocará en nuestro país. Una de las pocas apuestas que le quedan al gobierno para sostenerse hasta el 2021 con cierta estabilidad es el turismo, quizás la industria más afectada alrededor del mundo por la pandemia. La caída de los precios del petróleo y la reducción del comercio mundial, que a este mes se espera ronde los 300 mil millones de dólares, nos hace suponer una drástica caída en los precios de nuestras de por sí modestas exportaciones y probablemente una disminución en el volumen de las remesas familiares (cerca del 15% del PIB nicaragüense).

En un escenario pesimista como el que se plantea y con la permanente presión de la crisis política interna no resuelta; que solo puede ser contenida con las fuerzas policiales, militares y paramilitares; el gobierno hace una pobrísima exhibición de “fuerza” y fe, rayana en la demencia.

¿En qué se apoyan?

En primer lugar tenemos el hecho de que Nicaragua no necesariamente tiene que decretar la cuarentena para quedar aislada, para ello basta con que las líneas aéreas recorten sus vuelos, los países vecinos cierren sus fronteras y los turistas decidan quedarse en sus casas (esto último está ocurriendo debido a las fuertes medidas que están tomando los países con Gobiernos serios, responsables). Dicho de otro modo: los países con gobiernos serios nos pondrán/tienen en cuarentena forzada. En Centroamérica, según un informe reciente del SICA, Nicaragua es el país que menos acciones ha implementado para hacer frente a la pandemia.

https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2020/03/Tabla-del-SICA-del-coronavirus.jpeg

En segundo lugar está la irresponsable certeza de que en caso de vernos seriamente afectados la comunidad internacional acudirá en nuestro apoyo, y considerando también ciertos factores que podrían atenuar la gravedad de la COVID-19. Recientemente un médico me comentó que “parece estar estadísticamente probado que el tipo sanguíneo ‘O’ resiste bastante bien a esta enfermedad y es tratable con medicamentos que podemos obtener en Cuba“. Es así como un documento del MINSA publicado por Confidencial se asume que habrá alrededor de 800 muertes en un escenario de propagación del virus en nuestro país que, según el mismo documento alcanzaría a unas 32,500 personas.

¿Debería sorprendernos que el sistema de salud que negó la atención médica a las personas que resultaban heridas durante las “operaciones limpieza” muestre tanto desprecio por la vida humana? Esas 800 o más personas que fallezcan a causa de la COVID-19 no serían más que “pérdidas colaterales aceptables” en la abyecta lucha que libra el régimen por sostenerse en el poder.

Otro aspecto que no debe escapar de este breve análisis es que la COVID-19 alcanza sus picos de gravedad y mortalidad entre personas de la tercera edad y/o personas con padecimientos crónicos. En Nicaragua la población es relativamente joven en su mayoría. Algunas personas han destacado este hecho para acusar al gobierno de pretender aprovechar la crisis como una salida al problema de la Seguridad Social, que está llegando a niveles extremos. Dicho crudamente: al gobierno del FSLN le conviene la muerte en masa de personas de la tercera edad.

La tesis de la “inmunidad del rebaño”

Es necesario decir que no solo el demencial gobierno nicaragüense ha contemplado un escenario en el que la propagación del virus podría tener consecuencias “positivas”, el gobierno británico contemplaba inicialmente un abordaje en cuatro fases para enfrentar la pandemia y unas declaraciones del Ministro de Salud de México parecen estar orientadas en la misma dirección. La idea de fondo es que si un número suficiente de personas se contagia el virus dejaría “naturalmente” de propagarse, al no encontrar a más personas a quienes contagiar; esto es lo que se conoce como “inmunidad del rebaño” o inmunidad colectiva y es el principio por el cual se practican las vacunaciones masivas.

Un análisis de riesgo para el escenario nicaragüense realizado por Víctor Gustavo Tercero Gómez, quien es profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, nos muestra un escenario dramático y terrible en el caso de que la COVID-19 se propagase sin ningún tipo de freno o control: cerca de 50,000 muertes esperadas si el contagio alcanza a cerca del 60% de la población, para alcanzar la posible “inmunidad del rebaño”.

Como ya he mencionado, el gobierno británico tenía una estrategia basada en la tesis de la inmunidad del rebaño, sin embargo contemplaba una fase (2) en la que se protegía a las personas de la tercera edad y demás en situación de riesgo, para que el virus atacara a personas que pudiesen resistir la enfermedad. El gobierno de Nicaragua NO TIENE ninguna previsión al respecto y esto nos permite inferir que no está suponiendo realmente esta tesis, que tiene algún asidero científico (aunque débil), y que realmente está buscando provocar la muerte masiva de personas de la tercera edad.

Así pues, conociendo de antemano la falta de capacidad de nuestro sistema de salud y el alto grado de irresponsabilidad y criminalidad de quienes detentan el poder en Nicaragua, nos corresponde como sociedad tomar todas las medidas de precaución posibles y seguir, personal y colectivamente, las recomendaciones que emanen de las organizaciones de salud a nivel regional y mundial. Al final de cuentas lo que está en juego es nuestra propia vida y tenemos que defenderla a cualquier costo.

¿Por qué la vía electoral?

A propósito de una reciente entrevista realizada por Jaime Bayly a un reconocido político nicaragüense y el revuelo que ha causado en algunos sectores de la población, en especial usuarios de las redes sociales que demandan “medidas de presión”, el derrocamiento del gobierno del FSLN o la condición de que Daniel Ortega no sea candidato en el próximo proceso electoral; vale la pena retomar algunas ideas expuestas en un artículo anterior y agregar nuevas observaciones a partir del contexto presente.

Derrocar a Ortega

Comencemos diciendo que el comentarista Bayly esperaba que su entrevistado, por ser promotor y abanderado de un bloque “antisandinista”, le proporcionaría alguna declaración incendiaria. El entrevistado, sin embargo, solo atinó a decir que su apuesta es la vía electoral, la participación masiva de la población y la defensa del voto para evitar un fraude. A despecho de quienes quisieran que exista un mecanismo mágico que haga desaparecer milagrosamente a la dictadura, debo decir que la posición del político en cuestión es correcta, aunque no necesariamente el resultado va a beneficiar a su propuesta.

Pensar en que es posible encontrar un mecanismo que logre la salida anticipada de Ortega antes de noviembre del 2021 es bastante rebuscado, entre otras razones, porque para lograrlo sería necesario activar y movilizar a un número no menor que 300,000 ciudadanos y ciudadanas decididos a ir hasta las últimas consecuencias. La falta de organización y articulación entre los distintos grupos que surgieron a partir de las protestas de abril del 2018 fueron la causa principal de su derrota y, al mismo tiempo, el uso excesivo y criminal de la violencia del régimen no ha cesado. Actualmente miles de policías y paramilitares controlan las calles y reprimen indiscriminadamente cualquier tipo de protesta o reunión. No podemos ni por un momento dudar que en caso de ser necesario volverían a asesinar a quienes intenten acciones rebeldes de tipo insurreccional.

Sumado a lo anterior es también necesario reflexionar acerca del posible resultado de un intento de rebelión similar al ocurrido en el 2018. Asumiendo que la empresa privada se hubiese verdaderamente sumado a la lucha mediante un paro indefinido, simplemente no podemos saber cuál habría sido el desenlace; las probabilidades de victoria o derrota son exactamente desconocidas e indeterminables. El hecho de que Policía, Ejército y fuerzas irregulares, la violencia criminal desatada por el régimen y el alto grado de indefensión de la población me llevan a pensar que el resultado habría sido el mismo, con más muertes y víctimas junto al derrumbe absoluto de la economía nacional, que aunque a algunas personas les parezca sin importancia redundaría en más sufrimiento para millones de personas.

¿Y si la insurrección del 2018 hubiese triunfado?… Sencillamente estaríamos inmersos en una guerra civil, porque es extremadamente ingenuo (y hasta estúpido) suponer que los grupos armados adeptos al régimen se iban a quedar de brazos cruzados ante el pueblo desarmado. Más allá de la victoria insurreccional también habría sido necesario acudir a un proceso de legalización y legitimación de quienes accedieran al poder político mediante negociaciones y acuerdos que desembocarían en un proceso electoral, indefectiblemente, con todas las singularidades que enfrentamos ahora mismo: una clase política carroñera disputándose los restos de Nicaragua y una clase económica depredadora tratando de sobrevivir, en medio del desastre.

Ya he señalado que 300,000 personas permanentemente activadas son suficientes para tener posibilidades reales de triunfo en una lucha cívica, al FSLN le bastaría con 10,000 delincuentes armados para truncar cualquier intento de establecer un gobierno postinsurreccional… y el problema es que los tiene y tiene suficientes recursos económicos para mantenerlos. Así planteado, derrocar a Ortega en un escenario no electoral no solo no es la solución a la crisis, sino que se convierte en un verdadero colapso social del cual no podemos saber cuántas décadas nos costará levantarnos.

La salida electoral

Frente al posible escenario electoral los detractores oponen como principales argumentos la obvia posibilidad de que Ortega y el FSLN intenten un fraude, el hecho de que la campaña y las elecciones ocurrirían en un ambiente de violencia y hostilidad del que seguramente resultarán víctimas fatales y que en definitiva lo único que se lograría sería la legitimación del resultado fraudulento. A este negativismo le agregan que es “inadmisible” la candidatura de Ortega, por su innegable condición criminal… Ortega es un asesino, eso nadie lo duda, por lo tanto, según los “genios” de la “propuesta insurreccional”, no podemos admitir que compita en unas futuras elecciones. Está de más decir que, como suele suceder, los críticos no tienen la mínima idea para salir de la crisis por una vía que no sea la electoral, asumen que mágicamente desaparecen todos los obstáculos mencionados en el capítulo anterior y luego de no sé qué milagro llega no sabemos quién al poder sobre los hombros de las masas populares sublevadas.

Debo decir que la negatividad de los detractores de la vía electoral está bien justificada. Ortega y el FSLN van a intentar mantenerse en el poder por todos los medios a su alcance, habrá un intento de fraude y seguramente nuestras vidas correrán peligro durante la campaña y mientras se luche por evitar el fraude, pero… ¿no correríamos igual o más peligro intentando nuevamente una insurrección?… ¿acaso estamos seguros ahora?

Si el éxito de una insurrección cívica es altamente probable cuando tenemos a trescientas mil personas protestando en las calles, ¿qué pasaría si logramos movilizar al menos a un millón de personas en el marco de un triunfo electoral opositor?… ¿Y si se desbordan dos millones de personas en protesta por el fraude?… ¿Cuál sería la reacción del Ejército y la Policía?… ¿Cuál sería la reacción de quienes hasta el día de hoy justifican los crímenes del FSLN con el pueril argumento del “golpismo”?

Si bien es cierto no podemos dar una respuesta positiva tajante a las preguntas anteriores, también lo es que hay un cambio radical de contexto favorable a quienes queremos terminar con la dictadura. Las insurrecciones, nos guste reconocerlo o no, están fuera del marco legal de todos los países del mundo… los fraudes electorales también. En este nuevo escenario a nosotros nos asiste no solo la razón, sino que también la ley… y eso es mucho más importante de lo que parece a simple vista, si pretendemos enrumbar a Nicaragua por el camino de la democracia.

Los escenarios posibles

Resumiendo este análisis, tenemos que estamos frente a cinco posibles escenarios, que en realidad son cuatro (ya expliqué que el triunfo de un intento de insurrección nos llevaría, indefectiblemente, a una guerra civil y/o a un escenario electoral):

  • El escenario haitiano: Que ocurriría si el FSLN logra perpetrar el fraude electoral y se organizan grupos fuertes de oposición que le impidan gobernar.
  • El escenario cubano: Que ocurriría si el FSLN ganara limpiamente las elecciones o si un nuevo intento de rebelión fuera nuevamente aplastado por la fuerza.
  • El escenario venezolano: Que tendría lugar si la oposición no logra ganar con la cantidad de votos suficientes para controlar y reorganizar los Poderes del Estado actualmente bajo el dominio total del régimen. Este escenario es factible tanto si la oposición unificada no alcanza al menos el 70% de los votos como si los votos se distribuyen entre grupos opositores divididos.
  • El escenario boliviano: Donde una victoria aplastante de la oposición obliga al Ejército y a la Policía a reconocer los resultados y someterse a la voluntad popular.

Para concluir, remitiéndome nuevamente a mi artículo anterior, tengo que decir ahora que aunque exista una serie de condiciones exigibles y deseables es altamente probable que dichas condiciones no sean facilitadas por la dictadura y nos correspondería a nosotros, la ciudadanía organizada, decidir cómo actuar. Los escenarios, invariablemente, serán los mismos, con o sin las condiciones a que aspiramos.

Yo apuesto por la vía democrática, por el civismo y el apego a lo legal; es evidente que mientras los criminales sigan en el poder no habrá manera de hacer que enfrenten a la Justicia y respondan por sus acciones. Creo que la ruta electoral es donde tenemos la mejor oportunidad de salir de la crisis con menores costos en vidas humanas y menos sufrimiento para más familias nicaragüenses, que, al final de cuentas es lo que tiene que importarnos.

Nayib Bukele, un clásico de la vieja cultura política (VCP)

Este domingo 9 de febrero del 2020 los ojos del mundo se posaron en “el Pulgarcito de las Américas”, nuestra hermana y vecina República de El Salvador. El recientemente electo Presidente Nayib Bukele, quien goza de alta popularidad entre la población de su país y fuera de él, había conminado a la Asamblea Legislativa a presentarse para aprobar un préstamo que el Ejecutivo requiere para dar continuidad a la Fase 3 de su “Plan Control Territorial” en contra de los grupos delincuenciales (maras).

El llamado a una “insurrección” realizado por Bukele y la ocupación del edificio de la Asamblea Legislativa por tropas regulares sonaron las alarmas de la comunidad internacional, dada la evidente agresión de un poder del Estado sobre otro que abre la posibilidad de estar presenciando un golpe de Estado técnico.

De momento Bukele ha “concedido” un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa para que aprueben su plan, es de suponer que si el plan no es aprobado sigue abierta la opción de que veamos un “fujimorazo” en versión milenial. Según la nota de la BBC, Bukele literalmente dijo:

“Si estos sinvergüenzas no aprueban el plan control territorial los volveremos a convocar el día domingo. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Una semana les vamos a dar”, dijo el mandatario ante sus seguidores concentrados a las afueras del Parlamento.

Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia“, remató el mandatario.

Más allá del fondo del asunto y de la forma elegida por Bukele para abordarlo (cosas que corresponde resolver a la ciudadanía salvadoreña), el caso es ejemplar para ilustrar algunos de los elementos de lo que denominamos “vieja cultura política”; elementos que debemos identificar y combatir en nuestro propio entorno nicaragüense.

Así, en apenas nueve meses de gobierno hemos visto a un Bukele que:

  • publica sus órdenes a través de sus redes sociales,
  • niega el acceso a la prensa incómoda,
  • amenaza a los ciudadanos que quieren protestar en contra de sus decisiones,
  • desconoce los límites constitucionales a los poderes del Estado,
  • es capaz de utilizar a las fuerzas armadas para imponer su voluntad,
  • tiene comunicación directa con Dios, escucha su voz,
  • puede provocar un estallido social y destruir el orden constitucional manipulando la emotividad de sus adeptos.

Leyendo las reacciones de los seguidores de Bukele (tanto en El Salvador como en Nicaragua), fácilmente encontramos rasgos del fanatismo que rodea y construye a los liderazgos mesiánicos. La visión maniquea de la política, como una lucha entre el bien y el mal,  hace ver a Bukele como el bueno, el protector que trata de liberar a su pueblo de las garras del mal, personificado en las maras y los corruptos diputados que las defienden y, según Bukele, hasta las sostienen económicamente. Ahora Bukele incluso es capaz de interpretar la voluntad divina: él escucha directamente la voz de Dios.

El llamado insurreccional y el acompañamiento de las fuerzas armadas al espectáculo escenificado en el edificio de la Asamblea Legislativa personifica también en Bukele la imagen arquetípica del macho alfa, el caudillo a quien las tropas obedecen y por cuya causa son capaces de entregar sus vidas.

Otro rasgo característico de la vieja cultura política alrededor del ejercicio del poder, apreciable en el caso de Bukele, consiste en la facultad autoconferida de interpretar las leyes. Esto es así porque la noción de autoridad, en el imaginario popular, no depende de las reglas establecidas en un contrato social sino de una voluntad superior.

En efecto, la construcción mental del poder político autoritario en nuestros países se encuentra fuertemente influenciada por la religiosidad de la gente, que se refleja en expresiones como “hay que someterse a las autoridades de los hombres” porque “es Dios quien pone y quita a los reyes” desde las cuales no es difícil colegir que si el voto es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces el elegido puede crear/modificar las leyes como mejor le parezca, para eso es “el que manda“.*

Como podemos apreciar en este somero análisis; ser joven, popular en las redes sociales y tener un discurso aparentemente progresista no te exime de ser portador de los vicios tradicionales de la cultura política latinoamericana. La propuesta “política” de Bukele no es nada novedosa. A decir verdad, y como bien lo ilustra la siguiente caricatura tomada de El Faro, Bukele cada día se parece más a cualquier mandamás autoritario de los que abundan en la historia antigua y reciente de nuestra América Latina.


*En realidad, y pese a lo que afirma Bukele, en el ordenamiento jurídico salvadoreño (como en el nicaragüense y seguramente en la mayor parte del mundo) la facultad de interpretar las leyes corresponde al órgano emisor de las mismas, que, en el caso que nos ocupa, sería la Asamblea Legislativa.

Los dilemas de la Unidad Nacional (Parte 2)

En mi artículo anterior hice una breve exposición de los hechos a los que se enfrenta la Unidad Nacional (UNAB). En esta segunda parte voy a intentar un análisis de los mismos y sus posibles consecuencias.

Aproximación a la composición “ideológica” de la UNAB

Al analizar los resultados del proceso electoral interno de la UNAB lo primero que salta a la vista es que las dos candidaturas más votadas corresponden a dos personas claramente identificables como representantes de una izquierda y derecha democráticas: Tamara Dávila por el MRS y Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Autoconvocada (UNA), respectivamente. Ambos representantes del sector político lograron apenas un poco más del 50% de los votos posibles (47 y 46 de 91), la tercera persona más votada, Ivania Álvarez (45), representa al sector territorial de la UNAB y es identificada por algunos como representativa de los intereses de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS).

El cuarto lugar en número de votos (40) corresponde a Violeta Granera, quien representa al FAD (Frente Amplio por la Democracia) en el sector político de la UNAB y puede identificarse que es de una tendencia moderada de derecha. Este patrón de votación se repite en las demás posiciones que lograron los votos para estar en el Consejo Político de la UNAB, generando un balance más que aceptable alrededor de un “centro político”. Es necesario reiterar y destacar que NINGUNA de las distintas corrientes de izquierda, derecha o centro logró superar mucho más allá del 50% de los votos, recordando que cada organización podía distribuir hasta 6 votos hacia 6 distintos/as candidatos/as. Es decir que, como quiera que cada organización votante haya distribuido sus votos, la UNAB es una organización ideológicamente plural y balanceada.

Las fuerzas en conflicto

En este apartado tengo que comenzar diciendo que, más allá de su retórica y del discurso obtuso de muchos opositores radicales, el FSLN hace mucho tiempo dejó de ser una agrupación representativa de la izquierda, mucho menos de una izquierda radical (socialista o comunista). Ni siquiera considero que pueda llamársele “sandinista” en el concepto de la agrupación guerrillera original que devino en partido político a mediados de los años ochenta del siglo pasado.

En un artículo anterior dejé señalado que:

… las protestas populares del mes de abril del 2018 obedecieron a demandas puntuales en materia de propiedad (Movimiento Campesino) protección al medioambiente, seguridad social, derechos humanos y democratización de los espacios sociales, especialmente las universidades públicas. Todas estas demandas acumuladas e insatisfechas durante la última década responden a lo que podemos denominar una “nueva cultura política” (NCP) emergente que, alejada de los partidos y movimientos políticos tradicionales, representaba y representa una amenaza a los poderes fácticos de la nación, una amenaza al sistema.

La excesiva violencia gubernamental con que se reprimieron las protestas justificadas de la población provocó que las demandas iniciales se transformaran y se pasara a exigir la dimisión del gobierno por los crímenes cometidos. Así las cosas, la lucha popular generadora del primer conflicto por las reivindicaciones sociales mencionadas, con la “ayuda” de organizaciones de empresarios, organismos no gubernamentales y  partidos y movimientos políticos tomó el rumbo del conflicto tradicional o lucha por el poder político que es característico de lo que en Propuesta Ciudadana denominamos “vieja cultura política” (VCP)…

Esta breve descripción me permite identificar la existencia de cuatro fuerzas en pugna:

  • El FSLN, con su modelo de organización jerarquizado, vertical, violento y autoritario es la máxima expresión de rechazo a la democracia.
  • Quienes se declaran “antisandinistas” y pretenden lograr la “desaparición del sandinismo”. Este bloque es minoritario y tiene las mismas prácticas y vicios tradicionales de las organizaciones políticas nicaragüenses, pero al ser el extremo contrario del FSLN es igualmente antidemocrático.
  • Quienes declarándose también “antisandinistas” han venido pactando y acomodándose al gobierno autoritario del FSLN a cambio de espacios de poder y prebendas. En este grupo naturalmente se encuentra toda la clase política tradicional no extremista y una buena parte de los empresarios privados. Se inclinan hacia un sistema más democrático, pero no tanto como para que llegue a afectar sus intereses y su forma de negociar entre ellos, son practicantes y defensores de la VCP nicaragüense.
  • Quienes van más allá de una lucha por espacios o posiciones de poder y se plantean un verdadero cambio de sistema hacia la construcción de una nueva cultura política. Hasta ahora este grupo se encuentra disperso en las distintas organizaciones y bloques de organizaciones surgidas a raíz de la crisis de abril del 2018 (exiliados, UNAB, ACJD, etc.), tienen claridad de objetivos pero muchas dificultades para romper con los paradigmas de la VCP que redundan en dificultades para organizarse en un solo bloque.

Rutas de salida a la crisis

La primera ruta, que se abrió con motivo de la crisis de abril 2018, es obviamente el Diálogo Nacional. Aunque la actitud del gobierno indica que no piensan retomarlo, no deja de ser una opción viable a tener en cuenta por ser quizás la más indicada en el corto plazo para prevenir una nueva confrontación violenta o incluso por causa de una posible y futura confrontación violenta.

Algunos amigos siguen pensando que existe la posibilidad de provocar la renuncia o el derrocamiento del gobierno por la vía de las protestas pacíficas, un paro nacional y toda la gama de acciones no violentas que indica el manual de Gene Sharp para los “golpes blandos”. Esta ruta es la menos probable de todas y el gobierno lo ha dejado bien claro con sus acciones, mismas que incluyen crímenes de lesa humanidad por los que ha sido y se espera siga siendo sancionado por la comunidad internacional. La propuesta del FSLN es que la población intente derrocarlo por la vía violenta, que es donde se siente más seguro gracias a sus fuerzas paramilitares y militares; que aunadas al control asboluto sobre el sistema judicial le garantizan poder recetar cárcel, hospital o cementerio a los “golpistas”.

Una tercera posibilidad ya ha sido planteada muchas veces por Propuesta Ciudadana y consiste en un referendo abrogatorio para someter a la decisión popular que se dejen sin efecto las reformas constitucionales del año 2014, que son la base legal para la existencia del gobierno actual y su control absoluto sobre la Policía y el Ejército. Abrogar la reforma constitucional deja sin efecto la reelección del Presidente, los Alcaldes y la permanencia en el cargo de muchos funcionarios, como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mismo referendo contendría como segunda pregunta la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, habida cuenta de que toda la institucionalidad se encuentra trastocada. La ventaja evidente de un referendo es que es un mecanismo absolutamente legal y permite que sea la ciudadanía quien ejerza su poder para decidir el rumbo de nuestro país.

La cuarta ruta posible es la que ha planteado la ACJD desde su aparición en el Diálogo Nacional y consiste en un proceso electoral bajo unas condiciones y requisitos que el gobierno debería de aceptar. La fortaleza de esta ruta está en ser la más aceptada por la comunidad internacional, sin embargo, aún una victoria electoral, en diversidad de variantes, no garantiza que se logre desmontar el andamiaje sobre el que descansa el poder del FSLN. Para poder realizar cambios sustanciales desde el gobierno se tendría que obtener una victoria contundente, con más del 70% de los votos de la ciudadanía y ser capaz de defender esos votos.

Las opciones reales de la UNAB

Con todo y los errores cometidos por el Comité Electoral de la UNAB para el proceso de elección del Consejo Político podemos decir, con absoluta certeza y conocimiento de causa, que es la organización más cercana a construir una estructura verdaderamente democrática e inclusiva, capaz de atraer y organizar a los distintos grupos y/o personas que desean construir una sociedad verdaderamente democrática. La primera “prueba de fuego” a ser superada es este innecesario conflicto generado por ineptidud o malicia (es indiferente) de algunas personas.

La salida de la ACJD de la UNAB es una oportunidad de oro para que esta última pueda replantearse una nueva visión y objetivos de cara a la construcción de una propuesta electoral y de gobierno totalmente distinta de la que se plantean los otros tres bloques o grupos arriba señalados. Las discusiones internas de la UNAB, incluso algunas abiertas contradicciones entre sus miembros, son en realidad una fortaleza cuando logran superarse mediante el diálogo y la concertación. Solo una organización que de verdad practique la democracia interna será capaz de ofrecer democracia a la sociedad nicaragüense.

Una vez tomada la determinación de seguir por cuenta propia y correr el riesgo de CONFIAR en la ciudadanía (el pueblo) más que en los círculos de poder económico y político tradicionales o las potencias extranjeras, la UNAB se convertirá en una verdadera fuerza representativa de una nueva cultura política (NCP) y capaz de “golpear la mesa” en cualquier negociación frente a cualquier interlocutor. Si la UNAB no confía y no se apoya en la gente, la gente no va a confiar y mucho menos va a apoyar a la UNAB.

La ruta a seguir, de entre las arriba expuestas, NO DEBE SER elegida por la UNAB sin antes haber organizado sus territorios y sometido la discusión a la ciudadanía. El “mesianismo”, “caudillismo” y “vanguardismo”, son también características de la VCP a desterrar, la democracia solo puede ser construida COLECTIVAMENTE, en sociedad… nadie nos la va a dar ni podemos arrebatarla. Por ejemplo, la UNAB no puede llamar a la gente a protestar cuando la gente SABE que no puede hacerlo, que no le conviene y que, incluso, NO VALE LA PENA.

Apostar ingenuamente a una “Gran Coalición”, vistas las declaraciones y acciones de los posibles futuros aliados, a sabiendas de los altos grados de desconfianza con que son vistos por la población y tomando en cuenta los antecedentes recientes (como cuando CxL dejó “colgada de la brocha” a la alianza que tenía con el FAD-MRS o la participación en distintos fraudes electorales, como víctimas complacientes); sería condenarse como organización y arriesgar peligrosamente el futuro de Nicaragua.

Los dilemas de la Unidad Nacional (Parte 1)

El año 2020 inició con una actividad de suma importancia que vendría a consolidar y fortalecer a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB): la elección de su Consejo Político (CP). Muy rápidamente, sin embargo, esta actividad ha desembocado en dos problemas mayúsculos que ponen en riesgo la existencia de dicha organización por las razones que trataré de exponer brevemente en dos artículos consecutivos.

Antecedentes

Es necesario decir, para entrar en contexto, que la Unidad Nacional nace de la necesidad de dotar de legitimidad a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), misma entidad que, a su vez, nació del nombramiento y conformación de los representantes de la oposición que se sentarían a negociar con el gobierno del FSLN la salida de la crisis iniciada en abril del 2018. Esta primera definición de representantes al “Diálogo Nacional” corrió por cuenta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y necesariamente contó con la aceptación del gobierno como contraparte.

Un grupo de organizaciones preexistentes y movimientos surgidos casi espontáneamente durante las protestas, que no estaban representados en el Diálogo Nacional, se unieron a la naciente ACJD para conformar la UNAB. La presencia del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) y AMCHAM (Cámara Americana Nicaragüense) dentro de la ACJD desde siempre ha generado posiciones encontradas entre los distintos grupos opositores al gobierno del FSLN, por el hecho evidente de que hasta el 18 de abril del 2018 venían cogobernando y promoviendo su modelo corporativo sin mayores contratiempos y, desde otra perspectiva, porque a la UNAB se integraron organizaciones como el Partido MRS y de sociedad civil administradas y representadas por personas que son identificadas como sandinistas desde la década de los ochenta del siglo pasado.

Al fracasar el Diálogo Nacional iniciado en el 2018 y un segundo intento por reactivarlo (propiciado por negociaciones del “gran capital” nicaragüense) las contradicciones internas de la UNAB comenzaron a aflorar, básicamente porque en el documento fundacional está establecido el reconocimiento a la ACJD como interlocutor de todo el grupo frente al diálogo. Una vez frustrado el diálogo y siendo casi evidente que enfrentaremos un proceso electoral, en las condiciones impuestas por el FSLN, la membresía de la UNAB (que incluye a varias de las organizaciones de la ACJD) decidió en Asamblea las condiciones para la construcción de una “Gran Coalición”, entre ellas la de que dicha nueva estructura giraría alrededor de UNAB y ACJD como núcleo fundador, la de que la Gran Coalición gestionara su propia personería jurídica como partido político y la de que la UNAB podría en su momento decidir no participar en un proceso electoral si las condiciones no fueran propicias.

Es necesario señalar que dentro de la UNAB siempre existió inconformidad en muchas organizaciones porque la comunicación con la ACJD no era fluida, al extremo de ser necesaria la creación de un grupo de trabajo conformado por 7 miembros de la UNAB y 7 de la ACJD. Por su parte la ACJD dio inicio a conversaciones con partidos políticos tradicionales, considerados colaboracionistas por una buena parte de la población, y cabe destacar las constantes declaraciones de la presidenta de CxL (Ciudadanos por la Libertad) manifestando su rechazo a una alianza que involucrara directamente a la UNAB y exponiendo que la situación de una ACJD dentro de la UNAB era demasiado “confusa”.

Elección del Consejo Político de la UNAB

Con esos antecedentes el mes de enero arrancó para la UNAB con un proceso de elección de representantes para el Consejo Político (CP). El proceso electoral se desarrolló con bastante normalidad y transparencia, sin embargo los resultados no fueron del total agrado de quienes no resultaron electos, destacando los reclamos de Luis Fley (FDN) y otros representantes de agrupaciones con mucho recorrido en la política tradicional nicaragüense. El principal argumento detrás de estos reclamos radica en que su presencia en el Consejo Político “es necesaria para garantizar la pluralidad y representatividad”, que en realidad no es otra cosa que la vieja idea de “reparto de poder” con que se construye la institucionalidad en nuestro país. Estos reclamos no están justificados.

Un segundo momento conflictivo ocurre cuando el Comité Electoral (CE) de la UNAB “descubre” que el candidato Jesús Téfel obtuvo un voto más que Cristhian Fajardo, pero no es el tercer lugar de los candidatos presentados por su sector. Según el reglamento emitido por el CE y aprobado por todas las organizaciones de la UNAB resultarían electos los dos candidatos más votados de cada sector de la UNAB y los dos terceros más votados. Fajardo fue el tercer candidato más votado del sector territorial, mientras Violeta Granera fue la tercera más votada del sector político, seguida por Téfel en cuarto lugar. Para resolver el problema inexistente (dado que la regla es clara y nadie la había objetado) el CE resolvió que se había extralimitado en su interpretación reglamentaria y que no eran los dos mejores terceros lugares sino que simplemente los más votados.

Luego de esa decisión arbitraria el CE ha rechazado una serie de impugnaciones con argumentos legalistas que atañen a supuestas formalidades incumplidas y que dejan de lado las cuestiones de fondo planteadas. Esta manera de imponer las reglas es incoherente, luego de que se ha desechado por sí y ante sí una regla frente a una aplicación “incómoda”, genera mucha tensión e inconformidad innecesarias en un contexto de por sí tenso y preocupante. Y conste que tanto Cristhian Fajardo como Jesús Téfel son excelentes personas que tienen las mismas cualidades y méritos para representar a la UNAB en su Consejo Político, el caso es de INSTITUCIONALIDAD, otro grave problema que tenemos que superar en nuestra cultura política tradicional: las reglas no se pueden acomodar o interpretar a conveniencia, se respetan.

Los temas relativos a la elección del Consejo Político están en proceso de discusión y todavía no sabemos cómo se resolverán. Quizás lo más conveniente sea que se sometan a la Asamblea General de la UNAB para su resolución concertada y definitiva. Lamentablemente un proceso que fue bastante ejemplar termina con discusiones innecesarias, inoportunas y extremadamente incómodas.

La separación de la ACJD de la UNAB

De manera sorpresiva y casi como un rumor, que extrañamente coincidió con la elección del CP de la UNAB, en las redes sociales y medios de comunicación supimos que la ACJD procedería a separarse de la UNAB. Las explicaciones para esta repentina decisión son poco convincentes y contradictorias.

Se dice que ambas organizaciones se separan para luego proceder a unirse en la futura “Gran Coalición”, se menciona también que es un movimiento “estratégico” para terminar de configurar “la identidad” de ambas organizaciones y que no hay una separación real porque van a continuar realizando el trabajo conjunto que vienen desarrollando desde el 2018. Al mismo tiempo, sin embargo, las organizaciones de la ACJD tienen que decidir si continúan en la UNAB o se salen de sus estructuras, como en el juego infantil aquel en que se pregunta: “¿con quién te quieres ir?, ¿con la luna o con el sol?”.

Me parece que ambas entidades quedan muy mal paradas cuando quieren vender a la opinión pública que esta es una decisión conjunta y no se tomaron la molestia de informarlo siquiera a sus organizaciones miembros. Lo menos que uno habría esperado era la emisión de un comunicado conjunto informando tan importante decisión.

Jugar a la corrección política en el contexto nicaragüense para encubrir una decisión unilateral que genera incertidumbre y desconfianza afecta principalmente la imagen de la UNAB, porque es obvio que la decisión la tomó la ACJD. Los motivos no son importantes, pero seguramente están vinculados con la composición del nuevo CP y la posición de CxL (que es la más probable casilla electoral con la que cuenta la ACJD).

(Leer la segunda parte de este artículo)

En el Día de la Constitución Política de Nicaragua (parte 1)

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 201 (LEY DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA) el primer lunes de septiembre es el “Día de la Constitución Política de Nicaragua” y debe aprovecharse para promover su enseñanza.

En términos generales una Constitución Política es el acuerdo social que establece las reglas fundamentales para la convivencia ciudadana, la organización y la administración o gobierno de un país, se le conoce también como “Carta Magna” y se dice que es un “contrato (o pacto) social”. El uso del término “Carta Magna” se debe a que en el año 1215 el Rey Juan I de Inglaterra (conocido como “Juan Sin Tierra”, hermano de Ricardo “Corazón de León”) suscribió un documento para tratar de poner fin a una rebelión de la nobleza, estableciendo límites a su propio ejercicio del poder, en lo que podría considerarse la primera Constitución Política del mundo moderno.

Las primeras Constituciones Políticas, propiamente reconocidas como tales, son la de Estados Unidos de Norteamérica (1787) y la de Francia (1791). En el mismo espíritu de la “Carta Magna” inglesa de 1215, el principal objetivo de las constituciones políticas es el establecimiento de límites al poder mediante el respeto a la dignidad e integridad de las personas.

La primera Constitución Política en Latinoamérica es la de Haití (1801) y podemos decir que con la aprobación de la Constitución de Cádiz (1812) los países centroamericanos inician su vida constitucional. En 1824 es aprobada la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que con ciertas intermitencias estuvo vigente hasta 1839. Cabe recalcar que cada una de las constituciones mencionadas perseguía el objetivo de imponer límites al poder del gobernante sobre los gobernados y establecer garantías y derechos a los ciudadanos, de tal suerte que, por ejemplo, la Constitución de Haití abolió la esclavitud; en tanto la Constitución de Cádiz marcó el fin de la inquisición y la abolición del feudalismo.

El Estado de Nicaragua se funda el 22 de abril de 1826 mediante la suscripción de la primera Constitución Política nicaragüense, en la ciudad de León, con el este preámbulo:

En presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo.

NOSOTROS los Representantes del Pueblo de Nicaragua, congregados en Asamblea Constituyente, autorizados plena y legalmente por nuestros comitentes, y por el pacto federativo de la República, para dar la Ley fundamental que asegure la felicidad y prosperidad del Estado, que consiste en el perfecto goce de los derechos del hombre y del ciudadano, que son: la libertad, la igualdad, seguridad y la propiedad; decretamos y sancionarnos la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.”

En 1838 Nicaragua es el primer país en abandonar la Federación Centroamericana y ese mismo año se redacta una nueva Constitución Política que tiene como novedad el establecimiento de un Poder Legislativo bicameral y mantiene la esencia de las libertades y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución anterior, sin embargo, hacia 1847, las élites granadinas promueven una serie de reformas para conferir mayores poderes al Ejecutivo, creando la figura del “Presidente” como “comandante de las fuerzas del Estado”.

En 1848 y posteriormente en 1854 se hacen intentos de redactar nuevas Constituciones que fracasan ante la férrea oposición de sus detractores. La confrontación entre legitimistas y democráticos produce la coexistencia de dos Constituciones: la de 1838 reconocida por los democráticos (León) y la de 1854 que trata de ser impuesta por los legitimistas (Granada). Tanto el proyecto constitucional de 1848 como del de 1854 descartaban a la mayoría de los nicaragüenses para ser electos a ciertos cargos públicos mediante el establecimiento de un capital o patrimonio mínimo que el candidato debía poseer para optar a dichos cargos. Este conflicto deriva en la guerra civil que posteriormente se convierte en “Guerra Nacional” al entrar en escena William Walker, mercenario contratado por el bando democrático (liberales de León).

Superada la guerra nacional el gobierno provisional bipartito encabezado por Máximo Jerez (democrático) y Tomás Martínez (legitimista) ordena la redacción de una nueva Constitución Política que es promulgada el 19 de agosto de 1858. Esta Constitución es la que crea la figura o institución de “Presidente de la República” y marca el inicio de los denominados “30 años de gobierno conservador” y significa un retroceso en materia de derechos y libertades ciudadanas con respecto a la Constitución de 1838.

En 1893, aprovechando el conflicto interno generado dentro de las filas conservadoras por la elección de Roberto Sacasa, que según algunos de sus correligionarios era ilegal, el General José Santos Zelaya encabeza una revolución que pone fin a los 30 años de gobierno conservador y provoca la redacción de una nueva Constitución Política ese mismo año. La “libérrima” (que es como se conoce a esa Constitución) se inspiró en las ideas más avanzadas de la época en materia de derechos y libertades, sin embargo, y al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente autorizó mediante decreto la suspensión de las garantías existentes a solicitud del Presidente Zelaya.

En 1896, ante los constantes abusos y violaciones a la Constitución Política por parte del Presidente Zelaya, ocurre un intento de rebelión que es sofocado y tiene como consecuencia una reforma constitucional que burla la prohibición de reelección establecida. Así, José Santos Zelaya es reelecto Presidente en 1902 y en 1905 decide que es necesario redactar una nueva Constitución que le permita ejercer el poder irrestricto. De este modo en 1905 se promulga la Constitución que es conocida como “La autocrática” y Zelaya vuelve a reelegirse en el año de 1906.

En 1909. José Santos Zelaya es obligado a dimitir por el gobierno de los Estados Unidos mediante la denominada “Nota Knox”, bajo la excusa de que el gobierno de José Santos Zelaya era instigador de conflictos en la región centroamericana y, sobre todo, por el fusilamiento de dos norteamericanos a quienes el gobierno de Zelaya acusó y condenó por un atentado fallido en contra de soldados del gobierno.

La salida de José Santos Zelaya por las presiones de los Estados Unidos de Norteamérica y el posterior ingreso de tropas norteamericanas, para apoyar a Adolfo Díaz en contra del general Luis Mena (en la denominada “Guerra de Mena”), marcan el inicio de la intervención norteamericana directa en los asuntos internos de Nicaragua. En noviembre de 1911, luego de un intento fallido a inicios del mismo año, es promulgada una nueva Constitución Política que regiría hasta 1939, ya bajo el gobierno de Anastasio Somoza García.

A 40 años, ¿en qué fallamos?

El 19 de julio se ha convertido en nuestro eterno “Día de la Marmota”, cada año repetimos las mismas letanías, consignas y canciones; algunos ven este día con desprecio, otros con despecho y todavía unos cuantos con verdadera nostalgia y fervor revolucionarios. Se celebra el derrocamiento de una dictadura sangrienta, la de Somoza, mientras se termina de afianzar otra no menos peligrosa, cruel y desalmada: la de los Ortega Murillo.

Siendo 40 años una cifra redonda, vale la pena dedicarle unas últimas líneas a la llamada “Revolución Popular Sandinista” (RPS) para pasar definitivamente la página y avanzar. Hasta hace un par de años yo era de los que pensaba que había algunos aspectos rescatables de la insurrección popular y el período revolucionario posterior, pero el accionar del gobierno durante el último año y la cacería que ha desatado en contra de quienes se oponen a sus designios me ha llevado a la conclusión de que el balance final de los últimos 40 años es definitivamente negativo.

La revolución nicaragüense de 1979 fue la última revolución armada victoriosa en Latinoamérica, durante un período fuertemente influenciado por la revolución cubana y la denominada “guerra fría”. Nunca hemos tenido una cifra exacta de la cantidad de vidas humanas que nos costó la revolución, entre 50 y 100 mil muertes según varios estimados, tomando en cuenta la guerra que siguió a 1979 y duró casi una década.

En realidad la RPS comprende dos procesos distintos: el primero es la insurrección popular en la que participó el más amplio espectro de la población, incluyendo a la empresa privada, y el segundo es la toma del poder y posterior establecimiento de un gobierno “revolucionario”. Aquí conviene destacar que hasta 1979 el FSLN contaba con más derrotas que victorias en su accionar guerrillero.y no es sino a partir de 1978 que logra ponerse al frente de los levantamientos populares para capitalizar la lucha a su favor.

El primer fracaso de la Revolución consistió en mantener la visión del poder como un trofeo de guerra, la población nicaragüense miraba con naturalidad que “los muchachos” asumieran el control de la situación y consecuentemente del gobierno, “lo habían ganado”, “les costaba la causa”. Y fue así como un grupo de jóvenes inexpertos asumió las riendas de las instituciones del Estado, quizás con las mejores intenciones en ese momento.

El segundo gran fracaso de la RPS giró en torno a la exclusión. “El que no brinque es contra”, quien se opusiera al proceso (o siquiera manifestara alguna duda) era catalogado como “enemigo del pueblo” y tenía que ser anulado, en casos extremos hasta físicamente. Dentro de la lógica polarizante y polarizada de la “lucha contra el somocismo” hacía sentido quitar cualquier obstáculo para avanzar en la construcción de una nueva sociedad, para afianzar las conquistas populares.

Y un tercer momento, que quizás no dependió tanto de nosotros, fue la militarización de la sociedad. Los sandinistas de la década de los 80s, al igual que quienes participaban en la contrarrevolución o resistencia, nos vimos inmersos en un conflicto bélico que transformó a casi cada nicaragüense en combatiente de uno de los dos bandos enfrentados. No había mucho margen para el pensamiento crítico, las órdenes se cumplían o se cumplían, el autoritarismo y el verticalismo brillaron en todo su esplendor.

En un artículo anterior (que podés leer en este enlace) exponía que “cultura política” es el subconjunto de las ideas, creencias, valores, comportamientos, símbolos y prácticas de la cultura general de una sociedad que se manifiesta en el ámbito de los procesos políticos y, más concretamente, alrededor del ejercicio del poder. Es así como podemos decir que en 1979 la sociedad nicaragüense logró derrotar a Somoza, pero no venció al somocismo como máxima expresión de la cultura política tradicional.

Concretamente la cultura política tradicional nicaragüense, entre otros, tiene estos elementos destacables:

  • La visión del Estado como botín de guerra y el ejercicio del poder como “premio” al vencedor,
  • El mesianismo y la predestinación de los liderazgos, el “poder” es inherente a las personas, no se obtiene por delegación o legitimación popular,
  • La necesidad del heroismo y el sacrificio como condición indispensable para acceder al “poder”,
  • El miedo a las diferencias, la necesidad de uniformidad so pena de exclusión,
  • El caudillismo, entendido también como autoritarismo y verticalismo, ciertas personas pueden estar por encima de las leyes,
  • La resolución violenta de los conflictos, las posiciones no se negocian, tiene que haber vencedores y vencidos,
  • La necesidad de legitimación externa, los líderes normalmente sirven o tratan de agradar a una potencia extranjera.

No es difícil identificar estas características en el Somocismo y el Sandinismo que le sucedió hasta desembocar en el régimen que tenemos hoy. Dichas características persistieron y persisten en los partidos políticos tradicionales y aún entre una buena parte de la población, incluso entre las organizaciones y movimientos nacidos a raíz del proceso iniciado en abril del 2018.

A 40 años, el enemigo sigue siendo el mismo… y está quizás en nosotros mismos. ¿Seremos tan torpes para volvernos a equivocar?

Hacia un necesario diálogo entre opositores

El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) leído durante la sesión 41 del Consejo de Derechos Humanos expone nuevamente y de forma explícita la existencia en Nicaragua de una dictadura que viola los mínimos derechos humanos de la población, en especial los derechos de quienes intentan protestar ante dichas violaciones. Más grave aún, en el campo y la ciudad continúan los asesinatos selectivos de ciudadanos que de alguna manera estuvieron vinculados con las protestas iniciadas en abril del año pasado.

La Policía Nacional se ha convertido en un aparato represor cuyas acciones desde hace mucho tiempo se alejaron de la legalidad, el accionar policial es abiertamente criminal y el “Jefe Supremo” (Daniel Ortega) no da muestras de querer enderezar el rumbo de la institución. En este contexto y condiciones parece inexplicable que la representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) pretendan “continuar el diálogo” con el gobierno del FSLN.

La ruta del “golpe suave”, recapitulemos

Como ya he explicado en ocasiones anteriores, existe una “tecnología social” conocida como golpe suave (o blando) mediante la cual una parte de la población debidamente organizada provoca a un régimen opresor para desestabilizarlo y, de ser posible, derrocarlo. El éxito de esta tecnología depende directamente de la capacidad del régimen para gestionar su legitimidad como gobierno y maniobrar sin caer en excesos de violencia que producirían la condena internacional y la deslegitimación interna.

Con las primeras protestas espontáneas a mediados de abril del 2018 el gobierno de Daniel Ortega se vio sorprendido y rebasado, fue incapaz de reaccionar ante un escenario que no había podido prever: la represión con grupos de choque y antimotines, lejos de apaciguar a los protestantes, esta vez se salió de los cauces “normales” y las primeras muertes de manifestantes exacerbaron la ira de un mayor número de pobladores que salieron a las calles a pedir su renuncia.

Es evidente que el régimen hizo una lectura incorrecta de la situación y a la postre terminó provocando él mismo los resultados esperados de un golpe blando exitoso. Como expertos que son en acciones desestabilizadoras y subversivas, los viejos cuadros del FSLN que apoyan al régimen montaron escenarios de destrucción de oficinas estatales y violencia que justificaran una reacción violenta de su parte, mientras buscaban afanosamente a los inexistentes “cabecillas” de la rebelión ciudadana para desarticularla.

Un año más tarde, lejos de reconocer su equivocación y tratar de enmendar los errores para estabilizar la situación, el régimen persiste en su búsqueda de “culpables” (inexistentes) y con ello hundiéndose en el pantano que él mismo ha creado. La masacre perpetrada por la Policía Nacional en horas de la mañana del día de ayer contra la familia del joven Bryan Murillo López en la ciudad de León, aunada a la mediocre justificación oficial, nos demuestra que el régimen está dispuesto a seguir asesinando impunemente a la población.

¿A qué aspira el “sandinismo”?

A estas alturas todos los informes de las principales organizaciones y organismos de Derechos Humanos son unánimes y contundentes al señalar la responsabilidad de las autoridades de gobierno en la comisión de hechos delictivos, incluso de crímenes de lesa humanidad. Es claro que en la actualidad el gobierno de Daniel Ortega está sostenido exclusivamente por la fuerza de las armas y su abuso de poder desde todas las instituciones del Estado, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno se ha atrincherado en la caricatura de institucionalidad que ha construido y ha puesto todo tipo de “tranques” para defenderse, encerrándonos a todos junto con él y convirtiendo a Nicaragua en una enorme cárcel de alta peligrosidad. De persistir en su obcecada visión el gobierno está condenándonos al fracaso como nación y lo realmente exasperante es que los seguidores de Ortega no alcancen a ver que están repitiendo patrones históricos que conducen inexorablemente al desastre.

Aún cuando los regímenes de Cuba y Venezuela han logrado sostenerse en el tiempo, ello ha sido a costa de grandes sufrimientos y desgracias para sus respectivos pueblos. A estas alturas quien apoye al gobierno en su accionar represivo es cómplice de los múltiples delitos cometidos desde el poder. El legado del FSLN de Ortega, y con él de todo el “sandinismo” que lo permite, es un legado de corrupción, violencia, abuso de poder y desenfreno.

La respuesta “opositora”

Para desmontar la trama “golpista” creada por el gobierno basta con echar un vistazo a la desarticulada amalgama de actores que se le oponen. Ni una sola de las agrupaciones existentes ha sido capaz de construir una organización coherente que aglutine la diversidad de visiones e intereses opuestos al régimen y mucho menos de elaborar un plan de acción que nos lleve a salir de la crisis. Muchas de estas agrupaciones han abandonado la esperanza de contar con el respaldo de la población y se han empecinado en obtener una solución de parte de la comunidad internacional.

La ACJD muy indignamente persiste ahora en pedir el restablecimiento de un diálogo en el que el gobierno realmente ha puesto muy poco interés y no ha cumplido uno solo de los acuerdos alcanzados. Al mismo tiempo sabemos que existen pretensiones electorales de un sector de la ACJD en alianza con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que en otro contexto podrían ser totalmente válidas y plausibles, pero en el actual estado de cosas es oportunista, vacuo e infame.

Básicamente los distintos grupos de oposición, tradicionales y emergentes, reconocen que el contexto actual representa una excelente oportunidad “para la toma del poder” y ven en un futuro proceso electoral la posibilidad de materializar dicha oportunidad para su propio beneficio. El problema radica en que cada grupo se cree poseedor de una suerte de “verdad absoluta” o predestinación para “salvar a Nicaragua”, en la versión mesiánica de la política tradicional, aunque ninguno tiene claro la forma en que habría de procederse una vez ganada la elección y pese a que ninguno podría actuar o gobernar libremente si no resolvemos de previo muchos de los conflictos existentes y los que se presentarán una vez que el FSLN salga del poder.

Concertación de un plan de nación a 30 años

En un post anterior comentaba que el próximo gobierno tiene que asumirse a sí mismo como un gobierno de transición cuyos objetivos principales serían abrir los procesos de Justicia Transicional, convocar a una Asamblea Constituyente y sentar las bases para la democratización económica. Es en esa dirección que tendría que estar trabajando toda la oposición, tradicional y emergente. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la ruta a seguir para garantizar:

  1. La victoria en un proceso electoral con más del 70% de los votos,
  2. La instalación de un Gobierno de Transición,
  3. Las bases para un plan de nación a un mínimo de 30 años

Siendo absolutamente realistas, tenemos que reconocer que la solución a la crisis nicaragüense no es un asunto de corto plazo y no puede consistir en la exclusión social de quienes hoy, por convicción o necesidad, apoyan al gobierno de Ortega. Una solución inteligente más bien pasa por encontrar puntos de contacto y convergencia incluso con sectores del sandinismo ideológico que puedan aportar a un proceso de rápida pacificación y reorganización del Estado en el ambiente postelectoral, es decir, en el ambiente político post Orteguismo.

Nos estamos jugando el futuro de Nicaragua, nuestro propio futuro, es hora de deponer actitudes e intereses y sentarnos a conversar.