Acerca del delito de “discriminación” y la institucionalidad perdida

Acerca del delito de “discriminación” y la institucionalidad perdida

El sábado recién pasado, 16 de marzo de 2019, nuevamente fuimos testigos de la represión gubernamental a un intento de marcha pacífica convocada por la Unidad Nacional. La violencia con que fueron atacados grupos de personas que apenas se estaban congregando en distintos puntos del recorrido establecido para marchar produjo alrededor de 200 capturas solo en Managua, mientras se informaba que hubo también capturas en algunos departamentos.

Desde abril del 2018 el FSLN, desde el gobierno, ha criminalizado los símbolos patrios. Portar los colores de la bandera nacional, o la bandera en sí, abre al portador o portadora la posibilidad de ir a parar a las celdas del régimen y de ser acusado(a) de vándalo(a), golpista o terrorista. En realidad toda persona que no esté de acuerdo con el gobierno actual corre ese riesgo de ser llevado a la cárcel sin mayor justificación y ser procesada y condenada de forma expedita por los operadores del FSLN en el Ministerio Público y la autoridad judicial.

Los partidarios del régimen argumentan que las marchas no autorizadas por la Policía Nacional son ilegales y deben ser reprimidas por cuanto generan violencia y caos en las calles por donde transitan. Los opositores al régimen argumentan que no vale la pena pedir autorización policial porque la Policía no la concede, cosa que en efecto hemos visto en los últimos meses y con el agravante de que la Policía esgrime como justificación la misma absurda versión de “golpismo”, “terrorismo” o “vandalismo”.

Desde una perspectiva jurídica (que algunas personas acusan de ser extremadamente “legalista”) he sostenido en todo momento que el permiso se tiene que solicitar, porque es el mecanismo para configurar y dejar probado el delito en el que incurren el FSLN y su Policía Nacional. Lo triste del caso es que incluso profesionales del Derecho justifican que no se tienen que seguir las reglas porque el partido en el poder es el primero en violarlas. ¿Así vamos a construir un Estado de Derecho?

Según el Secretario General, el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos) Documento PDF (S/2004/616).

Según el artículo 54 de nuestra Constitución Política: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley“; y ese de conformidad con la ley se refiere a la función policial de “Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas“; es decir, la Policía Nacional no tiene entre sus funciones denegar un permiso para ejercer un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política, sino la de regular que se ejerza sin afectar el derecho de otros ciudadanos, como efectivamente hacen cuando quien marcha son los empleados públicos acarreados por el FSLN.

Asumiendo que la Policía Nacional tuviera la función u obligación de impedir una marcha “no autorizada” (y ya vimos que no), tendría que hacerlo en el proceso de darse inicio a la marcha y no cuando la gente apenas se concentraba en distintos lugares de la ruta anunciada, esto porque según el artículo 53 de nuestra Constitución Política dice: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo“. Claramente la invasión de espacios como centros comerciales (Metrocentro) y edificios particulares (LAFISE – BANCENTRO) es un abuso policial flagrante y repudiable desde cualquier perspectiva legal. La Policía Nacional bajo el mando directo del Presidente de la República se sigue comportando como un ejército de ocupación, reprimiendo a la población civil, aterrorizándola con armas de guerra que lucen sin ningún pudor.

¿Pedir o no seguir pidiendo permisos para marchar?

Si lo que realmente nos anima es la construcción de un Estado de Derecho donde todos y todas estemos sometidos(as) al mandato de la ley, comenzando por las instituciones del Estado, la respuesta es obviamente que sí, pero, además, con cada permiso que se solicita y es denegado por la Policía Nacional esta última incurre en abuso de autoridad y delitos contra el orden constitucional. En nuestro Código Penal vigente encontramos:

CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Art. 427 Discriminación

Quien impida o dificulte a otro el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, reglamentos y demás disposiciones, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal u otras condiciones, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o de trescientos a seiscientos días multa.

Art. 428 Promoción de la discriminación

Quien públicamente promueva la realización de los actos de discriminación, señalados en el artículo anterior, será penado de cien a quinientos días multa.

TÍTULO XIX

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD

Art. 432 Abuso de autoridad o funciones

La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años.

Art. 433 Incumplimiento de deberes

La autoridad, funcionario o empleado público que sin causa justificada omita, rehúse o retarde algún acto debido propio de su función, en perjuicio de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período.

Pienso que una de las intenciones que persigue el gobierno con su grotesca y absurda represión es la de provocar brotes de violencia que de alguna manera logren justificar su increíble versión del “terrorismo” y el “golpe de Estado”, fraguados por quien sabe qué seres imaginarios. Hasta el día de hoy, salvo raras excepciones, los nicaragüenses hemos mantenido una actitud ejemplar, realmente cívica… persistamos en ella, hay que pedir permisos e ir archivando las denegatorias para seguirle mostrando al mundo quienes son los delincuentes en esta triste historia.