Para volver al diálogo nacional

Para volver al diálogo nacional

Pese a la obcecada y absurda resistencia que opone el gobierno de Nicaragua a comenzar un proceso de cambios democráticos que nos permitan ir saliendo de la crisis sociopolítica, que inició en el mes de abril del año pasado, es evidente que las presiones internacionales, así como el deterioro de nuestra economía, hacen inminente la necesidad de una negociación seria, responsable y sincera. Al mismo tiempo, es necesario decir que no solamente el gobierno del FSLN, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, carga con la responsabilidad por el diálogo nacional sino que es una verdadera obligación de la sociedad nicaragüense encontrar la ruta, generar las condiciones, para que dicho diálogo sea posible.

Hasta el día de hoy veo con mucha preocupación que las organizaciones aglutinadas en las denominadas “Alianza Cívica” y la “Unidad Azul y Blanco” se han concentrado en sus gestiones ante las organizaciones y organismos internacionales, descuidando absolutamente los procesos de organización interna y el establecimiento de alianzas con otros actores que han solicitado un acercamiento. Por otro lado, muy irresponsablemente, se persiste en la creencia infundada de que el gobierno actual en algún momento se verá obligado a abandonar su posición y renunciará al poder que asume estar ejerciendo al amparo de las leyes y la Constitución.

Ciertamente el gobierno actual ha perdido legitimidad y es moral y jurídicamente condenable por la represión excesiva a la que está sometiendo al pueblo de Nicaragua. Efectivamente es condenable que el gobierno actual haya terminado de demoler la institucionalidad democrática de nuestro país y persista en la destrucción total de nuestra frágil economía, esgrimiendo argumentos tan absurdos como el de ser víctimas de una conspiración o golpe de Estado o asumiendo que el hecho de haber sido “electos” en procesos con apariencia democrática, pero extremadamente dudosos, es una patente de corso que protege todos sus excesos y arbitrariedades. También es cierto, sin embargo, que en ese proceso de demolición de la institucionalidad democrática el FSLN contó con la colaboración expresa o tácita de un sinnúmero de actores de la sociedad nica, como los partidos políticos tradicionales (especialmente el PLC), la empresa privada (especialmente el COSEP y AMCHAM), parte del clero católico, iglesias evangélicas y una buena parte de la ciudadanía en general (especialmente los que “no se meten en nada porque si no trabajan no comen”).

Para poder alcanzar la estabilidad económica nuevamente y restablecer la paz social deseada es indispensable que entendamos que la situación actual no tiene soluciones inmediatas y que nadie puede salir “ganando”, más bien tenemos que buscar la forma de no seguir perdiendo. El gobierno tiene que comprender que no puede imponer la paz a punta de balas y cárcel sin continuar comprometiendo su legitimidad interna y externa, sin llevarnos a una confrontación violenta en el mediano o largo plazo y sin terminar de destruir lo poco que queda de nuestra economía. Las fuerzas opositoras emergentes tienen que comprender que la simple salida del poder del gobierno actual, aun siendo una condición quizás necesaria, es insuficiente para obtener democracia, justicia y paz para nuestro país.

La paz, la justicia y la democracia, lejos de poder considerarse metas o lugares de destino, son en realidad procesos a los que las sociedades deben aplicarse de forma permanente, fundamentalmente estableciendo sistemas u ordenamientos jurídicos que rijan para todos sin excepción y, sobre todas las cosas, con mecanismos que permitan distribuir y controlar el ejercicio del poder desde la ciudadanía. Es hacia esa dirección que debe orientarse el diálogo nacional y se hace urgente que nos pongamos de acuerdo, en primer lugar quienes nos autodenominamos “democráticos” o “azul y blanco”.