Editorial: La “Nica Act” y la realidad política nicaragüense

Editorial: La “Nica Act” y la realidad política nicaragüense

Ante el anuncio de la aprobación de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como “Nica Act”, por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica; se agitan nuevamente las discusiones y señalamientos en las redes sociales y los medios de comunicación. Por un lado se señala que el único “culpable” es el gobernante Daniel Ortega, porque está en sus manos abandonar el poder y “liberar” a la democracia nicaragüense que tiene actualmente secuestrada. En el bando progubernamental, mientras tanto, se trata de responsabilizar y culpar a los “traidores y vendepatrias” que han cabildeado ante legisladores norteamericanos para lograr la introducción y aprobación de dicha ley.

Independientemente de la determinación de culpabilidades o responsabilidades, economistas como Israel Benavides y Adolfo Acevedo han aclarado que las posibles y actualmente incalculables consecuencias de la Nica Act se verán reflejadas en la reducción de la inversión extranjera, una posible reducción del presupuesto general de la república ante una posible reducción de las recaudaciones y, consecuentemente, una disminución en el gasto público. Es decir, la afectación se vería reflejada en las condiciones de vida de los nicaragüenses que hacen uso de los servicios públicos y de quienes podrían tener alguna expectativa de empleo como producto de la llegada al país de nuevas inversiones.

Ya en nuestro Comunicado del mes de abril del presente año hemos dado a conocer nuestra posición oficial y la misma no ha sufrido cambios a la fecha. Continuamos exhortando a las agrupaciones políticas y organizaciones de la Sociedad Civil nicaragüenses para unir esfuerzos y desarrollar una propuesta viable de nación, para que intentemos brindar respuesta a los problemas reales que enfrenta la población en materia económica, social, ambiental y de institucionalidad democrática. Quienes pretendemos y promovemos la democracia para Nicaragua debemos ser, en primer lugar, demócratas; debemos ser capaces de dialogar y llegar a posiciones concertadas, ejercer la democracia, para confrontar a quienes desde el gobierno tratan de impedirlo. El actual gobierno de Nicaragua, por su parte, está obligado a respetar el Estado de Derecho, la división de los poderes del Estado, garantizar elecciones libres, luchar contra la corrupción etc., es decir, respetar las leyes de nuestro país.

También es necesario decir, sin embargo, que ninguna ley nacional o extranjera puede suplir la falta de compromiso ciudadano en la construcción de un Estado democrático; solo la democratización de las organizaciones políticas y de sociedad civil, solo la participación activa de la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas, logrará que hagamos de Nicaragua un país realmente democrático.

La “democracia” no es algo que alguien nos pueda conceder o suprimir, es una forma de vida social, que cuando existe se ve manifestada en cada expresión organizada de una nación. Corresponde a los ciudadanos nicaragüenses exigir de los partidos políticos y del gobierno el cumplimiento de las leyes, como condición indispensable de un Estado de Derecho. Debemos comprender y asumir que es nuestra obligación ciudadana trabajar activamente en la construcción de nuestra democracia.

Porque otra Nicaragua es posible y solo juntos podemos construirla.