La deriva del gobierno orteguista: El Estado Policial descarnado

La deriva del gobierno orteguista: El Estado Policial descarnado

No es que sea novedoso para los nicaragüenses el tema del Estado Policial que ha instaurado el gobierno de Daniel Ortega durante los últimos años de su mandato, pero la actual negativa a autorizar una marcha ya tradicional desde años anteriores, convocada por organizaciones políticas y de la sociedad civil para este próximo domingo, expone abiertamente esa triste realidad nicaragüense ante la opinión pública internacional.

La Policía Nacional de Nicaragua, y más concretamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, poco a poco van desperdiciando las oportunidades de tratar de enderezar el rumbo y corregir algunos de los gravísimos errores que han cometido durante su mandato, especialmente los innumerables crímenes y vejámenes en contra de la población que se vieron terriblemente multiplicados desde el mes de abril del presente año. Por otro lado, la Policía nuevamente ocupa el dobre rol de Juez y parte interesada al condenar a priori (la prohibición de marchar equivale a una “condena administrativa”) a personas a quienes no se les ha seguido ningún proceso que les restrinja sus derechos civiles… mucho menos sus derechos humanos. ¿En qué cabeza cuerda cabe que una autoridad decente puede llamar antojadizamente “terroristas” y “golpistas” a ciudadanos y ciudadanas que se presentan personalmente ante ellos con una petición legal de orden constitucional y ni siquiera les detienen o abren proceso en el acto?

Es realmente lamentable el grado de alienación a que se han sometido todas las personas que ocupan cargos dentro del gobierno, se hace desconcertante que no surjan voces críticas desde el mismo gobierno o de entre las filas del partido que detenta el poder. Más aún, el día de ayer circulaba un video en el que Carlos Fonseca Terán profería improperios y era retenido por los asistentes de un “foro mundial del pensamiento crítico” como cualquier parroquiano pasado de tragos en un bar de mala muerte… no hay argumentos, es ya imposible sostener ante personas pensantes la versión de un “golpe de Estado” fraguado por mentes perversas, delincuenciales o imperiales (el discurso oficial varía de vez en cuando y de cuando en vez) ante la abundante evidencia que van recabando los organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros que trabajan en el territorio, dentro del país.

Vendedores ambulantes que trabajaban en las calles durante las distintas expresiones de protesta o marchas pacíficas, un ciudadano de la tercera edad que corre por las calles pidiendo libertad para las presas y los presos políticos, un padre de familia que abogaba por la libertad de su hija, una gran cantidad de estudiantes universitarios y de campesinos… los mismos delegados nombrados por la Conferencia Episcopal para presentarse a un Diálogo Nacional… esos son los reos políticos del régimen. También ayer fuimos testigos del secuestro de un menor de edad en el Colegio República Argentina en la ciudad de Managua, en el video se escucha claramente a los NIÑOS Y NIÑAS reclamar fuertemente a elementos que desde su posición de autoridad les grababan y llegaron incluso a amenazarles con sus armas.

El problema de fondo, que debería de preocupar a los mismos funcionarios de gobierno y sus aliados, aún más allá de las posibles sanciones y condenas internacionales, es que si el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo persiste en manejar a Nicaragua y a los nicaragüenses como se maneja un territorio ocupado, cada vez serán más frecuentes las escenas en las que el pueblo les confronte y se rebele, hasta llegar a un desenlace funesto para todos… No necesita de planificación, como no lo necesitó la insurrección popular de abril de este año, porque la verdadera noción de autoridad no depende de tener las armas o los uniformes ni de tener el control absoluto del aparato judicial, sino de la percepción y hambre de justicia que llegue a tener la ciudadanía.

Al final de cuentas es el pueblo quien decide si obedecer o no, es el pueblo quien confiere la autoridad a los gobernantes y la retira, a las buenas o a las malas, cuando lo estima necesario y conveniente, cuando ya no soporta tanta maldad, injusticia y represión. Como bien lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” y para eso ningún pueblo, nunca, ha necesitado permiso.