Editorial: El derecho a la protesta no es ilegal en Nicaragua

Editorial: El derecho a la protesta no es ilegal en Nicaragua

El sábado 22 de abril, del presente año 2017, el gobierno de Nicaragua por medio de la Policía Nacional una vez más ha obstaculizado el ejercicio del derecho ciudadano a la movilización pública. La marcha número 87 de los ciudadanos afectados por la Ley 840, y otros ciudadanos nicaragüenses que les apoyan desde distintos lugares de nuestro país, logró ser casi completamente desmontada mediante el despliegue de fuertes contingentes de tropas antimotines que obstaculizaron las vías de acceso a la ciudad de Juigalpa.

En una nota de prensa hecha circular entre los medios de comunicación la Policía Nacional afirma que los días 21 y 22 de abril del 2017 "personas identificadas como miembros del denominado Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía provocaron graves alteraciones al orden público, obstaculizando el derecho constitucional a la libre circulación", afirmando además que la "denominada marcha número 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales".

Nota de Prensa 06-2017 Policía Nacional de Nicaragua

Más allá de que las innumerables pruebas documentales (fotografías y videos) y testificales demuestran fehacientemente que quien obstaculizó la libre circulación de la ciudadanía en las fechas indicadas fue la misma Policía Nacional, es incoherente y hasta abiertamente ilógico que se incurra en la violación de un derecho humano, constitucional, para supuestamente salvaguardar otro. La Constitución Política de la República de Nicaragua, en los artículos correspondientes dice:

Artículo 53 Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.

Artículo 54 Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

Se hace necesario destacar que cuando el precitado artículo 54 constitucional dice "de conformidad con la ley", de ninguna forma quiere decir, o puede interpretarse como, que alguna ley o autoridad puede válidamente impedir el ejercicio del derecho que esa misma norma suprema ha dejado establecido, sino que la concentración, manifestación y movilización pública deben estar enmarcadas en lo que nuestro ordenamiento jurídico considera lícito, concretamente nuestra legislación penal tipifica los delitos de motín y rebelión que implican el uso de la violencia y la alteración del orden público con el fin de romper el orden constituido.

La Policía Nacional omite decir, en su Nota de Prensa, que la información acerca de la marcha número 87 vino de la propia dirigencia del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, mediante carta que contiene el sello y firma de recibido correspondientes:

Solicitud de acompañamiento a la marcha 87

A la vista del documento antecedente, de conformidad con la Ley 872 (Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional), las autoridades policiales estaban obligadas a garantizar al petente "el libre ejercicio de sus derechos", estableciendo en conjunto con él los "horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales" que garantizaran el mantenimiento del orden público y previnieran la comisión de cualquier posible delito o se alterara la normal convivencia de la población. Esto es lo que literalmente dice la Ley 872 al respecto:

Art. 7 Funciones: Para el cumplimiento de su m1s1ón constitucional, la Policía Nacional, desempeñará sus funciones generales en los siguientes ámbitos:

1) En el ámbito de prevención y seguridad ciudadana y humana. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a garantizar la vida, la seguridad e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus derechos, el mantenimiento del orden público y la prevención de los delitos, estas funciones son:

p) Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas.

A la luz de los documentos y las disposiciones legales citadas podemos apreciar que la Policía Nacional no sólo ha incumplido la ley, sino que ha actuado abiertamente en su contra, incurriendo por enésima vez en abuso de su autoridad para reprimir a un grupo de ciudadanos nicaragüenses que se aproximaron solicitando correctamente la tutela de un derecho constitucional que les asiste .

Los miembros de Propuesta Ciudadana nos solidarizamos con la lucha justa y válida que promueven los pobladores de las zonas que han sido afectadas directamente con la Ley 840 e instamos una vez más al gobierno de Nicaragua para que se abstenga de manipular las leyes de nuestro país para tratar de justificar medidas represivas, ilegales e injustas en contra de quienes no estamos obligados a someternos a sus arbitrariedades y desatinos.

La única forma civilizada y conveniente de resolver los problemas es la negociación y el diálogo, sólo acudiendo a estos mecanismos democráticos es que podremos garantizarnos la estabilidad y la paz social, que son indispensables para poder aspirar al desarrollo humano sostenible que nuestro pueblo merece.