Al margen de la ley: el tránsito del Estado fallido al Estado delincuencial en Nicaragua

Al margen de la ley: el tránsito del Estado fallido al Estado delincuencial en Nicaragua

Desde hace mucho tiempo no espero ver algún rastro de inteligencia en las acciones de la gente que desgobierna Nicaragua, sin embargo tenía ciertas esperanzas puestas en el instinto de conservación, que a veces logra motivar acciones con apariencia de lucidez en los animales más primitivos. La marcha 87 convocada por el Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía era una excelente oportunidad que se le presentaba a la pareja gobernante para "lavarse la cara" ante la ciudadanía nicaragüense y la opinión pública internacional, pero una vez más ganó la torpeza y la prepotencia.

El caso es que recientemente Francisca Ramírez, lideresa campesina que lucha por defender sus derechos patrimoniales y ciudadanos, así como Mónica López Baltodano, la joven abogada que asesora y representa al movimiento campesino en distintos espacios nacionales e internacionales, han sido nominadas a sendos premios internacionales por parte de organizaciones promotoras y defensoras de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta las presiones internacionales de múltiples organismos y países, precisamente por actos dictatoriales y antidemocráticos como la supresión del derecho a las manifestaciones pacíficas de protesta ciudadana, entre otros muchos Derechos Humanos que nos han sido y son arrebatados constantemente a los nicaragüenses. No se necesita ser demasiado inteligente para determinar quién ha ganado y quién ha perdido en este último evento, ni se necesitaba de mucha inteligencia para, simplemente, negociarlo y dejarlo pasar.

Policías antimotines obstaculizando la vía pública

Si bien las acciones del binomio Ortega – Murillo carecen de inteligencia, podemos encontrarles una explicación lógica si revisamos algunos aspectos relevantes de nuestra historia reciente, aspectos que vale la pena discurrir para evitar que Nicaragua vuelva a verse envuelta en un ciclo de violencia que sólo nos traería más dolor y destrucción, hasta enterrar definitivamente cualquier esperanza de futuro.

La mentalidad belicosa ochentera

Hace poco menos de cuarenta años esta gente que hoy detenta el poder (incluyendo a gobernantes y "políticos"-comparsas), en su mayoría, fueron actores de una guerra insurreccional revolucionaria y luego de una guerra contrarrevolucionara que a lo largo de más de una década, entre los setentas y los ochentas, terminaron costando decenas de miles de valiosas vidas nicaragüenses. En la mente de estas personas se encuentra arraigada una concepción violenta de la "lucha por el poder", una lucha violenta que se caracteriza, además, por la idea del "vale todo" con el fin de alcanzar el objetivo final que no es otra cosa que el poder por el poder mismo (aunque todos digan que actúan por supuestas causas nobles, por el pueblo y para el pueblo).

Más allá de los probablemente nobles motivos originales que les impulsaron a la búsqueda del poder, el proceso mismo fue transformando a los guerrilleros, revolucionarios y contras. Bajo la lógica de que "el fin justifica los medios", en su momento llegó a ser natural y justificable, por ejemplo, que un "revolucionario" asesinara a un vigilante dormido, para "recuperar" (robar) el arma que habría de usar para combatir a la dictadura de Somoza. De la misma manera era normal y aceptable asaltar un banco, secuestrar a personas, "ajusticiar" (matar) esbirros, etc. Y para los "contras" exactamente lo mismo. Un poco más adelante se consideró normal apropiarse de bienes del estado para "sustentar económicamente las nuevas formas de lucha" o reclamar tierras e indemnizaciones por haber participado en la guerra, ambos bandos.

Vale decir que esta visión de las cosas no es exclusiva de la gente mayor de 50 años que anda rondando el poder, muchos opositores sinceros y también sandinistas "de a pie" comparten la idea de la violencia para alcanzar el poder y retenerlo, lo cual no deja de ser un peligro latente.

El Estado fallido

La llegada al poder de Violeta Barrios, con el pueblo votando en contra de la guerra más que por la candidata, efectivamente significó el fin de la guerra contrarrevolucionaria, pero al mismo tiempo permitió el surgimiento de grupos "políticos" con un poder económico que afianzó el concepto de "Estado botín". Es con el gobierno de Violeta Barrios que el FSLN logra "legalizar" propiedades y empresas, también aparecen en escena "figuras" como Arnoldo Alemán y una pléyade de "Comandantes" de "la contra" y grupos somocistas reclamando sus respectivas "indemnizaciones". Además, aunque a muchas personas no les guste escucharlo, surgieron las fuerzas antimotines en el formato que hoy conocemos, la represión a las protestas estudiantiles y los primeros muertos y heridos "en democracia". Tampoco podemos olvidar a Antonio Ibarra, como el primer funcionario "democrático" que luego de malversar dinero del pueblo abandonó Nicaragua, con unos cuantos millones en su bolsa, para establecerse impunemente como persona respetable en otro país.

Pedro Joaquín Chamorro Jr., hijo de la presidenta, desempeñaba un papel similar al que ahora se critica en Laureano Ortega, aunque en menor escala, y Antonio Lacayo, yerno de la presidenta, era el símil de Rosario Murillo, o sea, el poder tras el trono. La "democracia", impuesta a balazos al pueblo nicaragüense, produjo un acomodamiento "pragmático" entre los antiguos contendientes armados y de ese acomodamiento, que no fue otra cosa que un reparto del poder económico y político, surgió una buena parte de la nueva oligarquía, clase política y dominante actual.

Un poco más adelante vinieron las distintas componendas entre facciones de derecha, entre la derecha tradicional (el PLC de Arnoldo Alemán y sus vástagos ALN, APRE y PLI) con la nueva derecha representada por los nuevos empresarios del FSLN, encabezados por el grupo de Daniel Ortega. A través de múltiples artimañas y negociaciones el FSLN fue logrando desmontar el endeble andamiaje jurídico – institucional para llegar nuevamente al poder.

El Estado delincuencial

Es evidente que el arribo al poder de personas acostumbradas a quebrantar la ley no puede producir otra cosa que un Estado delincuencial, con todo lo que ello implica. ¿Será acaso sorprendente que el Ejército envíe una "mochila bomba" a un grupo de delincuentes "alzados", en lugar de capturarles y procesarles como en Derecho corresponde? ¿Por qué habría de asustarnos que un grupo de policías embosque y acribille "accidentalmente" a toda una familia inocente? ¿Qué de raro tiene que Edén Pastora haya invadido territorio tico, por sus pistolas, o que ahora amenace con marcar puertas de ciudadanos nicas a quienes acusa de "traidores"? ¿Y qué decir de la organización de grupos delincuenciales para golpear y robar a los jóvenes que protestaban a favor de los adultos mayores en el INSS?

En efecto, ya nada nos sorprende. Peor aún, una buena parte de la población no se sorprende ni se indigna sino que incluso justifica estos procederes, es nuestra realidad nacional, es nuestra normalidad. Ayer, hablando de infracciones y multas, un taxista me decía que él no puede andar tratando de cambiar el mundo, tiene que llevar la comida a su casa, así que si un "pesca" lo quiere multar, con razón o sin razón, le da sus "cien varitas" y "todo el mundo contento", "comé y comamos", "tengamos la fiesta en paz". "Así como manejamos, sólo multados viviríamos, yo hasta agradezco que la policía sea corrupta", me dijo. Y me puso a pensar, ¿cuántos nicaragüenses agradecen que la corrupción imperante les permite pagar menos impuestos, tener una conexión ilegal (agua, energía, cable), recibir mejor atención en un hospital o institución del Estado, comprar las notas de su hijo, etc.?… quiero creer que no mucha gente.

Revisando el capítulo II del Título XVIII de nuestro Código Penal vigente, hasta llegar al Título XXI, encontraremos la descripción expresa de muchas de las acciones del gobierno actual. Con relación a la marcha 87, podemos encontrar lo siguiente:

Art. 427 Discriminación Quien impida o dificulte a otro el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, reglamentos y demás disposiciones, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal u otras condiciones, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año o de trescientos a seiscientos días multa…

Art. 432 Abuso de autoridad o funciones La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años.
Art. 433 Incumplimiento de deberes La autoridad, funcionario o empleado público que sin causa justificada omita, rehúse o retarde algún acto debido propio de su función, en perjuicio de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período….

Art. 437 Denegación de auxilio
La autoridad, funcionario o empleado público que, requerido por un particular a prestar el auxilio al que venga obligado por razón de su cargo para impedir un delito será castigado de acuerdo a la gravedad del mismo con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público de seis meses a dos años…

Art. 468 Omisión del deber de perseguir delitos La autoridad, funcionario o empleado público que, faltando a la obligación de su cargo, deje ilegalmente de promover o proseguir la persecución de los delitos de que tenga noticia, será sancionado con doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de uno a tres años.

Obstaculizar e impedir las manifestaciones de un segmento de la población nicaragüense es un delito; negarse a acompañar una manifestación ciudadana, cuando ha sido debidamente solicitado, es un delito; peor aún, discriminar a un segmento de la población porque no avala o comparte la supuesta idelogía del partido en el poder es un delito… El círculo vicioso se cierra cuando las autoridades encargadas de perseguir los delitos mencionados son quienes los cometen.

Pese a que el escenario mostrado es desesperanzador, la solución no puede ser que nos convirtamos todos en delincuentes. Acudir a la violencia para combatir la violencia sería llevar a Nicaragua por la ruta del desastre definitivo, hay quienes estiman que las revueltas y guerras de finales de los 70 y la década de los 80 significaron un retroceso de 50 años para el desarrollo de nuestro país. Por otro lado, a falta de inteligencia, la apuesta del partido en el poder es precisamente esa: llevar a sus detractores al extremo en que sólo les quede intentar una salida violenta, para aplastarlos, recordemos que "la fuerza es el derecho de las bestias".

La única salida viable para la situación actual es resistir y persistir, tomar responsabilidades y ayudar a construir una verdadera fuerza democrática que alcance el poder político pacíficamente; haciendo uso de las herramientas del diálogo, la negociación y el convencimiento, con inteligencia y no con violencia. Para alcanzar el poder político es necesario ejercer el poder popular, es en esa dirección que debemos trabajar.