Acerca del concepto de ciudadanía

Acerca del concepto de ciudadanía

Existe una amplia gama de autores que definen y conceptualizan la ciudadanía. Autores como Bárcena conciben a la ciudadanía como un concepto frágil y al mismo tiempo, noble mito; pues es una parte de la herencia clásica. Prueba de ello es que se vive en una sociedad democrática conformada por ciudadanos, la cual se vuelve una forma de vida heredada. En este entendido Lledó (citado por Bárcena, 1997:41) menciona que toda tradición tiene un origen en el que alguien o un grupo de personas puso en marcha planteamientos sobre algún referente. Por lo tanto, comúnmente en la cadena de tradición siempre hay un primer eslabón. Los conceptos como el de ciudadanía requieren identificar la historia en la cual están sumergidos (López P. L., 2013).

Siguiendo con este pensamiento podemos decir que la ciudadanía es un concepto que se ha construido por medio de un proceso socio-histórico, es decir se encuentra en dos dimensiones espacial y temporal, las cuales están en interacción permeando la configuración de esta misma en función de intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Es así pues que las personas conceptualizan y practican la ciudadanía en dos direcciones. Por un lado, está la inclinación por el contacto con el mundo, y por el otro con la intimidad individual; en otras palabras, la orientación dependerá del sentido que los Estados-Nación elijan en determinado contexto y tiempo (Beuchot citado en Arredondo, 2000).

La figura del ciudadano se encuentra íntimamente ligada a los conceptos de individuo, persona y sujeto, debido a su uso frecuente como sinónimos entre sí. Mejía (2005) considera que estos conceptos son los que han dado origen a la figura del ciudadano. Para él, el individuo es el ser singular y concreto, que está dotado de una naturaleza o esencia y una existencia espacio-temporal propia.

Para Diderot y D’Alembert (Citado en Guevara 1998:34), no tiene que ser vista como una característica de todos los hombres, debido a que no es adecuada para quienes viven en estado de naturaleza o son esclavos, estas personas no pueden ser consideradas ciudadanos. Dicha situación trae consigo un problema de doble naturaleza, por un lado el ente moral se reconoce como un sujeto particular y, por el otro, de carácter público.

Los sujetos se encuentran inscritos en un régimen autoritario, en otras palabras, están inscritos a una dictadura y a elementos como el autoritarismo, la represión y el castigo. Por ello, el sujeto no es sinónimo o término adecuado para referirse al ciudadano, ya que el concepto de ciudadanía emerge desde la perspectiva de un régimen liberal, donde los individuos ejercen sus derechos y obligaciones (Kymlicka, 2003).

Podemos decir entonces que “el ser humano tiene tres dimensiones: individuo en sociedad, persona en relación y sujeto como miembro de un régimen opuesto a la democracia” (López P. L., 2013:2).

Al tener una doble naturaleza el concepto de ciudadano, como ya se ha explicado con anterioridad, es necesaria la conceptualización de dicho término en función del espacio y del tiempo hasta llegar a configurarse como ahora se entiende, para ello, López L. P. lo divide en 3 épocas:

1. Época antigua

Los pioneros en cuanto a la ciudadanía son los griegos junto a los romanos. Los griegos plantearon elementos que giran alrededor de la polis, que se configura como la forma idónea de organización social conveniente para el hombre civilizado. Según Aristóteles “el hombre es un ser que vive en una ciudad, la cual está conformada por una unidad política (Estado) y un conjunto de personas que en ella viven, a quienes se les denomina en este contexto polites (lo que actualmente se denomina como ciudadanos).” Los “polites” desarrollaban diferentes actividades, por lo tanto, jugaban diferentes roles. El polites sentía un fuerte compromiso con la polis por una serie de obligaciones imperativas, las cuales le otorgaban derechos que únicamente podía ejercer a través de instituciones de la ciudad. Los polites adquirían su ciudadanía por las obligaciones y derechos que la polis les otorgaba, por el hecho de ser hijos de padre ciudadano (López L. P., 2013)

2. Edad media

Durante la Edad media, la ciudadanía era entendida, asumida y ejercida como un “estatus”, el cual estaba en función del sello de clase y la medida de la desigualdad. Dicha situación se gesta al no existir un conjunto uniforme de derechos y obligaciones para todos – nobles y plebeyos, libres y siervos- en virtud de su pertenencia a la sociedad. Se identifica que algunos elementos que permean la época antigua aún están presentes en el contexto de la sociedad medieval, Esta sociedad se caracterizaba, según Marshall (1950), por no tener una ciudadanía auténtica, esto significa que sus deberes y obligaciones eran estrictamente locales. Dicha situación implicó un doble proceso de fusión y separación. Por un lado, la fusión fue de carácter geográfico, es decir, la justicia real marcaba y definía los derechos civiles del individuo en función del derecho común del país. Por el otro lado, las instituciones nacionales no podían implicarse del mismo modo en la vida de los grupos sociales. Al igual que en la época anterior los derechos y obligaciones que regían la vida de los hombres estaban en función del estrato social al que pertenecían (Ibídem).

3. El renacimiento

Esta es una época que también hereda elementos para la configuración de lo que hoy se entiende y se ejerce como ciudadanía. Se identifica que la concepción de persona toma mayor auge. Con dicha característica se empieza a delinear y entender la ciudadanía con los elementos que hoy en día la integran y definen. Es decir, la autoridad política se vuelve menos rígida y empieza a reconocer los atributos de la persona como tal, desde los aspectos subjetivos hasta los elementos objetivos que socializa e incorpora a su práctica (Ibídem).

En este periodo se puede resaltar que la característica más relevante es que la persona se ve como un ser con un deber político, social y moral, es decir, la persona posee mayor sensibilización como un ser vivo y actuante primordialmente con una referencia moral.

Evolución histórica de la ciudadanía en las constituciones de Nicaragua

La historia constitucional de Nicaragua está caracterizada por la constante abogacía a la independencia de los poderes del Estado, al menos en su parte teórica debido a que la realidad puede que haya sido muy diferente a lo estipulado en las leyes. Con bastante frecuencia el poder legislativo se ha visto subyugado por el jefe de Estado, de tal manera que muchas veces los legisladores del país se someten a los designios del representante de la nación.

Esta corta historia comienza en los albores de la Federación Centroamericana, de la que formaba parte el Estado de Nicaragua, el congreso nacional de aquel entonces manipuló la propia constitución, haciendo contradictorio el enjuiciamiento de las elecciones presidenciales de 1825 y 1830, anteponiendo intereses de grupos minoritarios organizados en partidos elitistas. Esta es una de las primeras evidencias en donde lo político determinó lo jurídico o “lo jurídico fue medido con el rasero de lo político” (Esgueva, s.f.).

El amor por el caudillismo que tiene Nicaragua es referenciado por su historia como lo expone Esgueva, también la parte militar ha tenido su influencia en el destino constitucional en algún momento. Los intereses creados han hecho que, a veces, se haya dado una legislación o se haya corregido la existente más en función de esos intereses particulares que de los colectivos.

La República Federal o Federación Centroamericana promulgó su constitución en 1824. Esa Magna Ley demarcaba el territorio federal; mencionaba los Estados que la componían, a la vez que mostraba su preocupación sobre el concepto de ciudadanía y en cuanto a los derechos de los ciudadanos para elegir las autoridades de los respectivos poderes. La insistencia en dicho tema se veía reflejada en el prólogo, que esboza: “afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad… establecer el orden público y formar una perfecta federación” (Ibídem).

La constitución de Nicaragua de 1826, fue reemplazada cuando la Asamblea Nacional Constituyente del presidente José Núñez, optó por separar a Nicaragua de la Federación y hacer una nueva constitución (1838), en la que se daban amplias garantías a los ciudadanos. La novedad radicaba en el poder legislativo, era bicameral, residía en la cámara del senado y en la de diputados.

La idea principal de la constitución Non Nata de 1848 era conceder más poder al ejecutivo. Sustituía también el nombre de “supremo director” por el de “presidente”, en cuya persona se fundirían facultades civiles y militares al convertirse en “el comandante de las fuerzas del Estado” Este era un punto esencial, debido a la preponderancia del militarismo de la época (Ibídem).

Lastimosamente, cuando la asamblea se disponía a aprobar esta nueva constitución, los asambleístas fueron presionados por el general Trinidad Muñoz, para que no asistieran a la sesión. Al no haber “quórum”, la constitución quedó en “Non Nata” (no nacida). Es así que vemos como el militarismo triunfaba una vez más sobre el poder ejecutivo y el legislativo.

Con el chamorrismo gobernante en Nicaragua, se pretendió el establecimiento de una nueva constitución (1854), la cual descartaba a la mayoría de los nicaragüenses para ser elegidos a ciertos cargos públicos. Mermaba las garantías y desechaba muchas de las igualdades ciudadanas que estaban en la de 1838. Se había establecido un capital mínimo para optar por algunos cargos, reservados a los plutócratas.

La constitución Libérrima de 1893 aumentó el número de electores, impuso la obligatoriedad de votar y el sufragio se convirtió en directo y secreto. El liberalismo nicaragüense se puso a la vanguardia de las ideas liberales preponderantes en el mundo, para aquella época. Abolió el sufragio censitario e implementó el universal.

La libérrima, que había sufrido varias reformas en 1896 por el presidente Zelaya, se encontraba obsoleta ante la dictadura de Zelaya, era necesario legalizar la actuación del dictador. La contradicción entre las ideas liberales y la autocracia era una realidad y Zelaya optó por no seguir violando la constitución. El 30 de marzo de 1905 entró en vigor una nueva constitución, conocida como la Autocrática. Se trataba de una constitución personalista, en donde el presidente Zelaya podía reelegirse indefinidamente y lo hizo en 1906.

Para 1939 se promulga una nueva constitución política, la primera de la era de los Somoza. La carta Magna expresaba que el poder ejecutivo lo ejercía el presidente, quien personificaba la nación, pensamiento de moda en la corriente fascista de la época. Mandaba que las elecciones se hicieran por voto popular directo y prohibía la reelección. No obstante, en las disposiciones transitorias agregaba una ley de la Asamblea, del 17 de agosto de 1938, y se anulaban los artículos referentes a las elecciones presidenciales inmediatas.

A pesar de que ya varias constituciones para ese momento eran renuentes y prohibían la reelección, siempre existía una excusa que contradecía dicha prohibición. Una historia bastante repetitiva, puesto que sucedió en 1854 en la elección de Fruto Chamorro, 1896 en la reelección de Zelaya, 1911 con el nombramiento de Luis Mena.

La constitución de 1948 se aseguró de que su verdadera función fuera la de evitar las elecciones populares, la de nombrar a dedo a los candidatos impuestos por Somoza García, y la de justificar luego su existencia promulgando una constitución intranscendente, como lo demuestra su breve existencia. Una asamblea que iba a estar sometida a la voluntad del hombre, el poder y militarismo seguían siendo una realidad inherente a Nicaragua.

Después de las reformas de 1955, y con posterioridad a la dictadura de los Somozas llegó el periodo del sandinismo en Nicaragua. La constitución de 1987, que actualmente se encuentra en vigor con reformas, expresa la inclusión ciudadana de todos los nacionales mayores de edad que dentro de sus facultades físicas y/o psíquicas puedan y deseen ayudar al desarrollo del Estado-nación nicaragüense, al menos en teoría.

Conclusión

El concepto de ciudadanía ha sido variado a lo largo de la historia, y ha tenido diferentes definiciones según el contexto en el cual se veía inmerso. Se ha expuesto su doble naturaleza tanto espacial como temporal. La ciudadanía, el ciudadano y el individuo se encuentran inscritos en la sociedad humana. El ejercer ciudadanía ha implicado cambios en cuanto a deberes y derechos y su complicación implica que sus manifestaciones van más allá del ejercicio del sufragio.

La historia constitucional del Estado de Nicaragua está plagada de constantes reformas, transiciones, personificaciones y transformaciones que beneficiaban a un grupo elitista del poder político o militar. El poder legislativo se ha visto subyugado al político, haciendo que los legisladores se sometan a los designios del representante del ejecutivo.

La actual situación de Nicaragua demanda la ampliación de la democracia política y social en función de lograr articular unas relaciones Estado-Sociedad armoniosas y funcionales que tienen como reto principal lograr un modelo de ejercicio de ciudadanía que profundice las conquistas democráticas.

La ciudadanía nicaragüense tiene hoy en día la gran responsabilidad de agotar todos los espacios públicos con el fin de generar insumos para el desarrollo del aparato estatal y el sistema político. La misión de la ciudadanía moderna no se encuentra limitada por el ejercicio del voto, sino por la trascendencia de la acción y el pensamiento para beneficio de la sociedad.

Bibliografía

  • Barcena, F. (1997). “El oficio de la ciudadanía. Introducción a la educación política”. España: Paídos.
  • Esgueva, A. G. (S.F.). “Contexto histórico de las constituciones y sus reformas en Nicaragua”. Instituto de historia de Nicaragua y Centroamérica.
  • Guevara, G. (1998). Democracia y educación. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral.
  • Kymlicka, W. (2003). La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. España: Paídos.
  • López, L. P. (2013). “Una breve revisión del concepto de ciudadanía”. Revista de Educación, Cooperación y Bienestar Social, IEPC. Disponible en: http://www.revistadecooperacion.com/numero2/02-04.pdf
  • Mejía, H. (2005). “Persona e individuo”. Artículo publicado en el boletín electrónico del CIPAE No1, Julio 2005.
  • Romero, J. L. (2008). Globalización y ciudadanía en Nicaragua a nivel municipal. CIELAC-UPOLI. Disponible en: http://wwwcielacupoli.blogspot.com/2008/05/globalizacin-y-ciudadana-en-nicaragua.html

Autor: Marco Aurelio